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Edgardo villamil portilla

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8.8. En ese orden de ideas, el derecho a informarse y la posibilidad de contar con varias alternativas para contratar libremente los aludidos servicios financieros, sumados al hecho de que no se demostró la existencia de pactos restrictivos de la competencia o la realización de procedimientos no autorizados por la ley, arruinan la posibilidad de atribuir responsabilidad alguna al banco demandado, lo cual, de contera, descarta la procedencia de la indemnización rogada.


8.9. En suma, el Tribunal no incurrió en los errores jurídicos que el recurrente denunció, pues ninguno de los preceptos o principios invocados en el cargo aparece quebrantado. Por ende, la conclusión de ese juzgador, según la cual de ninguna de tales normas se deduce la ilegalidad de los cobros que las entidades bancarias realizan a sus clientes por la prestación de los servicios, está fundada en un juicio que debe ser respetado en esta sede, tanto más si se observa que según tiene dicho la Corte, “en sistemas como el colombiano donde no se cuenta con una definición legal del ‘abuso’, sus existencia debe ser apreciada por los jueces en cada caso, en función de los objetivos de la regla de derecho frente a la cual esta figura adquiere relevancia… los Tribunales sabrán en cada caso hacer uso del saludable poder moderador que consigo lleva la sanción de los actos abusivos” (Sent. Cas. Civ. de 19 de octubre de 1994, Exp. No. 3972).


8.10. Así las cosas, al mantenerse enhiestos los pilares jurídicos de la sentencia acusada se frustraba por completo la posibilidad de acceder a las súplicas de la demanda, pues no cabía atribuir ningún abuso o ilicitud a la entidad demandada y, de contera, tal ausencia de responsabilidad cerraba el paso a la indemnización de perjuicios para el grupo representado por las demandantes.


9. Ahora bien, en el cargo segundo, el casacionista aduce que el Tribunal cometió error de derecho por no tener en cuenta las afirmaciones y negaciones indefinidas que realizó en la demanda, ni advertir que en este caso ha debido invertirse la carga de la prueba en razón de que el demandado cuenta con tecnología y personal especializado.


De otro lado, dijo que el juzgado no decretó pruebas de oficio, ni acudió a la equidad o a casos semejantes para determinar el monto del daño, sin contar con que -a su juicio- ese juzgador se abstuvo de requerir al Banco Santander S.A. para que suministrara la información sobre sus clientes, lo cual impidió medir la magnitud del perjuicio padecido.


Allí mismo, sostuvo que la responsabilidad endilgada a la sobredicha entidad financiera corresponde a la extracontractual por abuso del derecho, de suerte que el ad quem hizo mal cuando abordó el caso desde la perspectiva del incumplimiento contractual.


Y En relación con esas quejas la Corte condensa las siguientes consideraciones:


a) Ninguna razón asiste al recurrente cuando acusa al Tribunal por no tener en cuenta las afirmaciones y negaciones indefinidas que hizo desde la demanda acerca de la fijación arbitraria de las tarifas por parte del banco, las cuales -según explica- a la luz del inciso 2º del artículo 177 del C. de P. C., no requerían prueba. Nótese que los enunciados fácticos relacionados en la demanda no tienen el carácter de indefinidos, en tanto que aparecen contextualizados por circunstancias de tiempo, modo y lugar, y se encuentran acompañadas de calificaciones jurídicas de ilicitud, todo lo cual impedía relevar a las demandantes de la carga demostrativa que les incumbía de acuerdo con el artículo 175 ibídem.


De hecho, la atribución de responsabilidad por un acto contrario al ordenamiento jurídico, en un escenario determinado y en un tiempo determinable, lejos está de erigirse en una manifestación indefinida, como alega el casacionista, a lo cual hay que añadir que, por si fuera poco, las inferencias del Tribunal, precisamente, dejaron sin piso esos supuestos fácticos citados en la demanda como causa petendi.


b) En lo que hace relación a la queja porque -según el recurrente- en este caso debió invertirse la carga de la prueba, dada la especialización y experiencia del demandado y la posición de inferioridad de los usuarios, debe apuntarse que el casacionista pasa por alto que la verificación de la responsabilidad endilgada al Banco Santander S.A. era una cuestión que estaba en cabeza de la parte demandante, conforme impone el citado artículo 175 del C. de P. C., máxime cuando no se advierten circunstancias específicas que ameritaran trasladar ese compromiso probatorio al demandado.


Por lo demás, del volumen de operaciones realizadas por el banco -información que extraña el demandante en casación- no se extrae la ilicitud del cobro, ni el abuso del derecho. En suma, la ilicitud de una conducta no es asunto que corresponda demostrar al demandado, pues tal no es la conclusión que se deriva del principio general de permisión establecido en el artículo 6º de la Constitución Nacional.


c) Hay que poner de presente, asimismo, que los reproches que se hacen al Tribunal por la supuesta omisión respecto del decreto de pruebas de oficio, por inobservar casos semejantes y por no conminar al banco cuando se negó a suministrar la información sobre sus clientes, se enderezan a tratar de hacer ver que ese juzgador nada hizo para lograr la demostración de los perjuicios alegados en la demanda. No obstante, ese planteamiento cae en la inanidad, porque según se anotó, al no haber responsabilidad atribuible al demandado, sería intrascendente la subsiguiente indagación sobre la naturaleza y cuantía de los daños alegados. Dicho en breve, la verificación de la cuantía del daño dependía de la declaratoria de responsabilidad, la cual, ya se sabe, no salió avante.


d) En cuanto toca con el reclamo fundado en que la responsabilidad del banco no era contractual sino extracontractual, baste decir que ese es un asunto que escapa por completo al ámbito de la vía indirecta, como que es fruto, en últimas, de una labor intelectiva y de ponderación sobre la fuente legal de la responsabilidad que nada tiene que ver con el rito probatorio. Por ende, la vía escogida para plantear esa acusación no fue afortunada. No obstante, hay que decir que las menciones hechas por el Tribunal en relación con la existencia de contratos de adhesión, en nada impidieron resolver la contienda, en los términos en que fue propuesta en la demanda.


10. Finalmente, en el cuarto cargo el demandante en casación aseguró que el Tribunal incurrió en errores de hecho y de derecho porque no vio que el representante legal del banco confesó que esa entidad había establecido unas tarifas por sus servicios sin consultar a los usuarios, ni observó la certificación del Banco Superior según el cual esa entidad nada cobra por algunos de sus servicios, además de que tampoco percató la evidente “exorbitancia” de las tarifas que cobra el banco, ni la manifiesta inconstitucionalidad e ilegalidad de la mismas.


Para rematar, tuvo como vulnerados el artículo 187 del C. de P. C. -que exige la apreciación conjunta de los medios demostrativos-, así como los artículos 174 y 183 ibídem, que se refieren a los principios de necesidad y oportunidad de la prueba.


Frente a tales reparos hay que anotar que, en últimas, el recurrente no identifica con precisión cuáles de las irregularidades que alega constituyen errores de hecho, y cuáles vicios de derecho. Apenas encabeza el cargo enunciando la comisión de unos y otros, pero se queda corto en cuanto a su desarrollo, sin que la Corte pueda entrar a suplir esa deficiencia para determinar el alcance de la queja casacional, pues no podría sustituir al demandante en la tarea de construcción de esa demanda.


Dígase, igualmente que, a la postre, las pruebas que a juicio del censor no fueron apreciadas, no tendrían la virtud de alterar las conclusiones jurídicas del Tribunal, en la medida en que los reparos a la actividad probatoria no bastarían para abatir la premisa de la que se valió ese juzgador para decidir el litigio, en cuya virtud dejó a salvo la responsabilidad del banco.


Aunado a lo anterior, la valoración de las pruebas, individualmente y en conjunto, no permite llegar a las conclusiones esperadas por el recurrente, porque esa ponderación no tiene la virtud de acreditar que la entidad accionada incurrió en conductas comprendidas por una prohibición legal, ni en abuso del derecho o de la posición dominante.


De todos modos, hay que recalcar que, conforme quedó anotado al resolver el tercer cargo, en este caso quedó en pie el fundamento jurídico del Tribunal según el cual en la actualidad no hay ninguna limitación legal para fijar las tarifas de los servicios que prestan las entidades financieras, conclusión que excluye la ilicitud denunciada.



De ello se desprende que los reproches probatorios que hace el casacionista, no demostrados cabalmente, pierden toda importancia, en la medida en que -se insiste- el fundamento principal de la sentencia del ad quem, que excluyó la responsabilidad del banco demandado, se mantuvo incólume tras el análisis realizado por la Corte.



Para decirlo de otra forma, no cabe abordar ninguna de las críticas hechas al análisis probatorio realizado en la sentencia de segundo grado -en la cual, como se recuerda, se negaron las pretensiones-, porque la conclusión normativa que sirvió de estribo al Tribunal para llegar a esa decisión, permaneció erguida en esta sede, lo cual torna innecesario hacer escrutinio alguno sobre la apreciación de los elementos de juicio que demostrarían la magnitud del daño, o sobre la aplicación de las normas que regentan la disciplina demostrativa en el proceso, en la medida en que esto último en nada afectaría el sentido del fallo.




11. Viene de lo dicho que ninguno de los cargos prospera.

DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 12 de enero de 2007 dentro de la acción de grupo promovida por Mirtha Fabiola Céspedes Espitia y Luz Marina Roa de Romero contra el Banco Santander S.A.


Condénase a la parte recurrente al pago de las costas del recurso. Liquídense en su oportunidad.


Notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.


ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ


JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR



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