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El congreso de colombia

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PROYECTO DE LEY No. ____ DE 2017 – CÁMARA DE REPRESENTANTES




POR LA CUAL SE MODIFICAN ALGUNAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE TRÁNSITO”



EL CONGRESO DE COLOMBIA



DECRETA:



ARTÍCULO 1°. Adiciónese un inciso al parágrafo 4° del artículo 7° de la Ley 769 de 2002 con el siguiente texto:


En los eventos en que se celebraren los contratos o convenios de que trata el inciso anterior no se podrán establecer cuotas ni número mínimo de comparendos ni condicionar a aquellas o a estos la ejecución o prórroga del contrato o convenio o su pago; el desconocimiento de esta prohibición constituirá falta disciplinaria gravísima.


ARTÍCULO 2º. Adiciónese el parágrafo del artículo 107 del Código Nacional de Tránsito con el siguiente inciso:


Si no existe señalización, se presumirá para todos los efectos que la velocidad de circulación permitida en el respectivo sector será la máxima autorizada en los artículos 106 y 107.


ARTÍCULO 3º. Modifíquese el artículo 112 del Código Nacional de Tránsito, el cual quedará así:


Artículo 112. De la obligación de señalizar las zonas de prohibición. Toda zona de prohibición deberá estar expresamente señalizada y demarcada en su sitio previa decisión del funcionario de tránsito competente. No se podrán establecer zonas de prohibición permanentes, salvo por razones de seguridad debidamente justificadas; en todos los demás eventos, la señalización deberá indicar los días y horas en los cuales no opera la prohibición. 


ARTÍCULO 4º. Modifíquese el artículo 125 del Código Nacional de Tránsito, el cual quedará así:


Artículo 125. Inmovilización. La inmovilización en los casos a que se refiere este código consiste en suspender temporalmente la circulación del vehículo por las vías públicas o privadas abiertas al público. Para tal efecto, el vehículo será conducido a alguno de los parqueaderos autorizados por la autoridad competente, hasta que se subsane o cese la causa que le dio origen, a menos que sea subsanable en el sitio que se detectó la infracción; para este efecto el agente de tránsito concederá un plazo de una hora. Si la causa de la infracción es subsanable y el agente de tránsito no permite la subsanación y ordena la inmovilización del vehículo, responderá penal y disciplinariamente por el abuso de autoridad y patrimonialmente por los perjuicios ocasionados al propietario o poseedor del vehículo.


ARTÍCULO 5º. El artículo 129 de la Ley 769 de 2002, quedará así:


Artículo 129. De los informes de tránsito. Los informes de las autoridades de tránsito por las infracciones previstas en este Código, a través de la imposición de comparendo, deberán indicar el número de la licencia de conducción, el nombre, teléfono y dirección del presunto inculpado y el nombre y número de placa del agente que lo realiza. En el caso de no poder indicar el número de licencia de conducción del infractor, el funcionario deberá aportar pruebas objetivas que sustenten el informe o la infracción, intentando la notificación al conductor; si no fuere viable identificarlo, se notificará al último propietario registrado del vehículo, cuando existan elementos probatorios que permitan inferir que probablemente es el responsable de la infracción, para que dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la notificación rinda sus descargos.


Parágrafo 1°. Las multas no podrán ser impuestas a persona distinta de quien cometió la infracción.


Parágrafo 2°. Las ayudas tecnológicas como cámaras de video y equipos electrónicos de lectura que permitan con precisión la identificación del vehículo o del conductor serán válidas como prueba de ocurrencia de una infracción de tránsito y con base en ellas se podrá efectuar la imposición de un comparendo. Durante el procedimiento sancionatorio el ciudadano podrá aportar en su defensa pruebas conseguidas mediante las ayudas tecnológicas.



ARTÍCULO 6º. Modifíquese el ordinal C 35 del artículo 131 del Código Nacional de Tránsito, el cual quedará así:


Artículo 131. MultasLos infractores de las normas de tránsito serán sancionados con la imposición de multas, de acuerdo con el tipo de infracción así:


C.35. No realizar la revisión técnico-mecánica en el plazo legal establecido o cuando el vehículo no se encuentre en adecuadas condiciones técnico-mecánicas o de emisiones contaminantes, aun cuando porte los certificados correspondientes, además el vehículo será inmovilizado. Esta infracción se causará únicamente cuando el vehículo se encuentre en movimiento o estacionado en vía pública, previo comparendo impuesto por un agente de tránsito o cuando el vehículo haya sido detectado en movimiento por un dispositivo técnico o tecnológico.


ARTÍCULO 7º. Modifíquese el artículo 135 del Código Nacional de Tránsito, el cual quedará así:


Artículo 135. ProcedimientoAnte la comisión de una contravención, la autoridad de tránsito debe seguir el procedimiento siguiente para imponer el comparendo:


Ordenará detener la marcha del vehículo y le extenderá al conductor la orden de comparendo en la que ordenará al infractor presentarse ante la autoridad de tránsito competente dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. Al conductor se le entregará copia de la orden de comparendo.


Para el servicio público además se enviará por correo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes copia del comparendo al propietario del vehículo, a la empresa a la cual se encuentra vinculado y a la Superintendencia de Puertos y Transporte para lo de su competencia.


La orden de comparendo deberá estar firmada por el conductor, siempre y cuando ello sea posible. Si el conductor se negara a firmar o a presentar la licencia, firmará por él un testigo, el cual deberá identificarse plenamente con el número de su cédula de ciudadanía o pasaporte, dirección de domicilio y teléfono, si lo tuviere.


No obstante, las autoridades competentes podrán contratar el servicio de medios técnicos y tecnológicos que permitan evidenciar la comisión de infracciones o contravenciones, el vehículo, la fecha, el lugar y la hora. Solamente se podrá hacer uso de estos medios cuando el vehículo se encuentre en movimiento, cuando el conductor no atienda la orden de detenerse impartida por el agente de tránsito o cuando el vehículo se encuentre estacionado y el conductor no se halle presente.


En el caso de evidencia de la comisión de la infracción o contravención por medio técnico o tecnológico, distinto del comparendo, se comunicará por correo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al propietario, quien, a partir de ese momento, dispondrá de los diez (10) días hábiles siguientes para presentarse ante la autoridad de tránsito competente, conforme a lo previsto en el presente artículo para el comparendo. Para el servicio público además se enviará por correo dentro de este mismo término copia del comparendo y sus soportes a la empresa a la cual se encuentre vinculado y a la Superintendencia de Puertos y Transporte para lo de su competencia.


El Ministerio de Transporte determinará las características técnicas del formulario de comparendo único nacional, así como su sistema de reparto. En este se indicará al conductor que tendrá derecho a nombrar un apoderado si así lo desea y que en la audiencia, para la que se le cite, se decretarán o practicarán las pruebas que solicite. El comparendo deberá además proveer el espacio para consignar la dirección del inculpado o del testigo que lo haya suscrito por este.


Parágrafo 1°. La autoridad de tránsito entregará al funcionario competente o a la entidad que aquella encargue para su recaudo, dentro de las doce (12) horas siguientes, la copia de la orden de comparendo, so pena de incurrir en causal de mala conducta.


Cuando se trate de agentes de policía de carreteras, la entrega de esta copia se hará por conducto del comandante de la ruta o del comandante director del servicio.


Parágrafo 2°. Los organismos de tránsito podrán suscribir contratos o convenios con entes públicos o privados con el fin de dar aplicación a los principios de celeridad y eficiencia en el cobro de las multas.


Sin perjuicio de lo anterior, el SIMIT y los Centros Integrales de Atención CIAS, tendrán la obligación de hacer cobro persuasivo sin generar por dicha acción cobro alguno diferente al que ya le reconoce el Código Nacional de Tránsito a cada uno de ellos. Para tal efecto los organismos de tránsito, DITRA y el RUNT deberán garantizar el acceso a la información en forma gratuita sobre los comparendos impuestos y la información que se requiera para adelantar dicho cobro.


ARTÍCULO 8º. Modifíquese el artículo 136 del Código Nacional de Tránsito, el cual quedará así:


Artículo 136. Reducción de la multa. Una vez surtida la orden de comparendo, si el inculpado acepta la comisión de la infracción, podrá, sin necesidad de otra actuación administrativa:


1. Cancelar el cincuenta por ciento (50%) del valor de la multa dentro de los diez (10) días siguientes a la orden de comparendo y siempre y cuando asista obligatoriamente a un curso sobre normas de tránsito en un Organismo de Tránsito o en un Centro Integral de Atención. Si el curso se realiza ante un Centro Integral de Atención o en un organismo de tránsito de diferente jurisdicción donde se cometió la infracción, a este se le cancelará un veinticinco por ciento (25%) del valor a pagar y el excedente se pagará al organismo de tránsito de la jurisdicción donde se cometió la infracción; o


2. Cancelar el setenta y cinco (75%) del valor de la multa, si paga dentro de los veinte días siguientes a la orden de comparendo y siempre y cuando asista obligatoriamente a un curso sobre normas de tránsito en un organismo de tránsito o en un Centro Integral de Atención. Si el curso se realiza ante un Centro Integral de Atención o en un organismo de tránsito de diferente jurisdicción donde se cometió la infracción, a este se le cancelará un veinticinco por ciento (25%) del valor a pagar y el excedente se pagará al organismo de tránsito de la jurisdicción donde se cometió la infracción; o


3. Si aceptada la infracción, esta no se paga en las oportunidades antes indicadas, el inculpado deberá cancelar el ciento por ciento (100%) del valor de la multa más sus correspondientes intereses moratorios.


Si el inculpado rechaza la comisión de la infracción, deberá comparecer ante el funcionario en audiencia pública para que este decrete las pruebas conducentes que le sean solicitadas y las de oficio que considere útiles. El inculpado podrá solicitar como prueba la declaración del agente de tránsito que le impuso el comparendo, para lo cual la autoridad que conoce del caso dispondrá lo necesario con el fin de asegurar su comparecencia. Si el agente de tránsito no comparece, se exonerará al presunto infractor.


Si el contraventor no compareciere sin justa causa comprobada dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del comparendo, la autoridad de tránsito, después de treinta (30) días calendario de ocurrida la presunta infracción, seguirá el proceso, entendiéndose que queda vinculado al mismo, fallándose en audiencia pública y notificándose en estrados.


En la misma audiencia, si fuere posible, se practicarán las pruebas y se sancionará o absolverá al inculpado. Si fuere declarado contraventor, se le impondrá el ciento por ciento (100%) de la sanción prevista en la ley. Los organismos de tránsito de manera gratuita podrán celebrar acuerdos para el recaudo de las multas y podrán establecer convenios con los bancos para este fin. El pago de la multa a favor del organismo de tránsito que la impone y la comparecencia, podrá efectuarse en cualquier lugar del país.


Parágrafo 1: Para garantizar el debido proceso al infractor, los organismos de tránsito, el SIMIT y el RUNT según sea el caso deberán permitir a los centros integrales de atención el acceso gratuito al registro de infracciones de tránsito a través de medios tecnológicos con el fin de suministrar la información en tiempo real y oportuna y que puedan acceder al curso dentro de los términos acá establecidos. Los centros integrales de atención deberán tener convenio con la casa-cárcel más cercana donde presta el servicio.

Parágrafo 2: Cuando un Organismo de Tránsito pretenda desarrollar actividades propias de los Centros Integrales de Atención o de los demás Organismos de Apoyo, estos deberán cumplir con las mismas condiciones, requisitos y habilitación de quienes, en condiciones normales, realizan la actividad de apoyo.


ARTÍCULO 9º. Modifíquese el artículo 137 del Código Nacional de Tránsito, el cual quedará así:


Artículo 137. Información. En los casos en que la infracción fuere detectada por medios tecnológicos que permitan comprobar la identidad del vehículo o del conductor, el soporte de la comisión de la infracción se remitirá a la dirección registrada del último propietario del vehículo.


La actuación se adelantará en la forma prevista en el artículo precedente, con un plazo adicional de seis (6) días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación respectiva, para lo cual deberá disponerse de la prueba de la infracción como anexo necesario del comparendo.


Si no se presentare el citado a rendir sus descargos ni solicitare pruebas que desvirtúen la comisión de la infracción y una vez agotados todos los medios a disposición de la administración para hacerlo comparecer, se registrará la sanción a su cargo en el Registro de Conductores e Infractores, siempre que aparezca plenamente comprobado que el citado es el infractor.


Parágrafo 1. El respeto al derecho a defensa será materializado y garantizado por los organismos de tránsito, adoptando para uso de sus inculpados y autoridad, herramientas técnicas de comunicación y representación de hechos sucedidos en el tránsito, que se constituyan en medios probatorios, para que en audiencia pública estos permitan sancionar o absolver al inculpado bajo claros principios de oportunidad, transparencia y equidad.



ARTÍCULO 10º. Las restricciones a la circulación de vehículos establecidas por consulta popular no podrán ser modificadas por ninguna autoridad.


ARTÍCULO 11º. Cursos pedagógicos. Cuando la sanción se trate de una amonestación que implica la asistencia obligatoria a un curso, se autorizará a los centros integrales de atención que dicta el curso a generar un cobro por el curso dictado que en todo caso no superara el equivalente a dos días de salario mínimo legal vigente.

La no asistencia al curso será sancionada con la multa correspondiente a la infracción cometida, la cual no podrá ser inferior a diez salarios mínimos diarios legales vigentes.



ARTÍCULO 12º. Amnistía: facultase a los gobernadores y alcaldes municipales y distritales hasta el 31 de diciembre de 2018 para decretar amnistías a los infractores de tránsito aplicando el descuento del 50% contenido en el artículo 136 del Código Nacional de Tránsito, siempre en un Centro Integral de Atención debidamente habilitado por el Ministerio de transporte y cuando se haga un curso por las infracciones que están en mora y cumplan con las condiciones para acceder al beneficio aquí contenido.



ARTÍCULO 13º. Adiciónese un párrafo al artículo 149 de la Ley 769 de 2002, el cual quedará así:

El informe y el croquis se podrán levantar mediante la utilización de medios tecnológicos que permitan la atención del accidente en forma oportuna, segura, con información confiable y mediante el cual se produzca el IPAT como un documento electrónico. Cuando el informe y croquis se produce a través del uso de tecnologías se causará con cargo a los involucrados en el accidente un costo equivalente a diez salarios diarios mínimos vigentes por la tecnología utilizada para producir el informe y croquis y la transmisión de la información a las autoridades que corresponda. Los proveedores de la tecnología tendrán que estar debidamente autorizados o habilitados por el organismos de tránsito quien debe disponer de procedimientos necesarios para articular la función de autoridad con el uso de la tecnología


ARTÍCULO 14º. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga las normas que le sean contrarias.







EXPOSICIÓN DE MOTIVOS




El proyecto de ley presentado a consideración del honorable Congreso de la República busca modificar algunos artículos del Código de Tránsito, con la finalidad de evitar arbitrariedades que en aplicación de la normativa vigente se han generado por permisiones o ambigüedades en su redacción, así como de incorporar el uso apropiado de los medios tecnológicos que hoy se encuentran disponibles para mejorar el servicio.



Considerando que la regulación del tránsito es una manifestación del ejercicio del poder de policía, el Congreso, como titular de la misma, al establecer limitaciones y restricciones al ejercicio de los derechos y las libertades de los ciudadanos, debe procurar que aquellas no terminen haciendo nugatorio el derecho y en esa medida ha de prevenir abusos por parte de la autoridad encargada de verificar el cumplimiento de las normas de policía.



En la medida en que la regulación contenida en el Código, por falta de precisión acerca de su alcance, se ha prestado para extralimitaciones por parte de las autoridades de tránsito, se hace necesario que el legislador, que es quien tiene la legitimidad para hacerlo, delimite la redacción de aquellas normas que regulan situaciones en las que se ha advertido cierta recurrencia hacia el abuso de autoridad frente a la indefensión de los ciudadanos.



Así, se propone que cuando los organismos de tránsito celebren contratos o convenios con los cuerpos especializados de policía urbana de tránsito, mediante contrato especial suscrito con la Dirección General de la Policía, les esté prohibido pactar cualquier cláusula o derivar de su ejecución cualquier exigencia de cuotas o de mínimo de comparendos, como ha sido denunciado en varias ocasiones en algunas de las principales ciudades del país, pues ello propicia un abuso de la función que a tales cuerpos les es trasladada en virtud de tales contratos. Para tal efecto se hace expreso el alcance de la prohibición y se dispone que su desconocimiento comporte la comisión de falta disciplinaria gravísima.



Otra situación que ha sido reiteradamente denunciada en los medios de comunicación y en las redes sociales, la constituye el abuso en el control de los límites de velocidad, ante el incumplimiento en el deber de señalización de los diferentes tramos o sectores. Comoquiera que el ciudadano no puede ser víctima de la falta de diligencia de las autoridades administrativas, la falta de señalización no puede pesar en su contra, y por ello se plantea que si no existe señalización, se presuma para todos los efectos que la velocidad de circulación permitida es la máxima autorizada por el propio código.



Un tercer punto de abuso frecuente ha sido el de ir estableciendo restricciones de manera absoluta para el estacionamiento, cuando, salvo por razones de seguridad, la prohibición no se justifica todos los días ni a todas las horas. En todo el mundo civilizado, las prohibiciones deben establecerse en forma razonable, de manera que ellas operen cuando afectan la movilidad por causa de la cantidad de vehículos en circulación; por ello, se propone que no podrá haber zonas de prohibición permanentes, salvo por razones de seguridad debidamente justificadas, y que en todos los demás casos en los que se establezcan prohibiciones, su señalización deberá indicar los días y horas en los cuales no opera la prohibición.


También es frecuente queja de los destinatarios del Código, que a pesar de que la norma actual permite que, frente a una causa de inmovilización, si la misma es subsanable, el agente del tránsito debe permitir la subsanación y limitarse a la imposición del comparendo, ello no sea así, y se disponga la inmediata inmovilización del vehículo. Para superar esta extralimitación, se precisa el término para que el infractor pueda subsanar la causa de la inmovilización y se indica que si la causa de la infracción es subsanable y el agente de tránsito no permite la subsanación y ordena la inmovilización del vehículo, responderá penal y disciplinariamente por el abuso de autoridad y patrimonialmente por los perjuicios ocasionados al propietario o poseedor del vehículo.



Más recientemente se conoció el anuncio de que con la revisión del registro del incumplimiento de la realización de la revisión técnico-mecánica bastaría para hacer llegar al domicilio reportado en el RUNT del propietario del vehículo el comparendo por su no realización dentro del plazo legal establecido. La razón de ser de esta infracción es garantizar que cuando un vehículo se encuentre en circulación no ponga en riesgo la integridad de los demás usuarios de las vías ni atente contra la movilidad a causa de una avería por la falta de mantenimiento; por ello, si el vehículo no circula no causa ningún riesgo y en esa medida la sanción deviene en irrazonable y desproporcionada, y la única manera de establecer que el vehículo está ocasionando esos riesgos por no cumplir con la obligación de realizar la revisión técnico-mecánica, es cuando el vehículo se encuentra circulando o se halla estacionado en vía pública. Por esta razón se dispone que esta infracción se cause únicamente cuando el vehículo se encuentre en movimiento o estacionado en vía pública y solamente pueda ser impuesta previo comparendo impuesto por un agente de tránsito o detectado en movimiento por un dispositivo técnico o tecnológico.


Precisamente, la introducción de la tecnología no puede constituirse en un aliado de abusos por parte de los agentes de tránsito, y por ello, si bien el código permite la contratación de medios técnicos y tecnológicos que permitan evidenciar la comisión de infracciones o contravenciones, el vehículo, la fecha, el lugar y la hora, se prevé que solamente se pueda hacer uso de estos medios cuando el vehículo se encuentre en movimiento, cuando el conductor no atienda la orden de detenerse impartida por el agente de tránsito o cuando el vehículo se encuentre estacionado y el conductor no se halle presente.



También, como garantía del ejercicio del derecho a la defensa y el debido proceso, que son inherentes a cualquier trámite administrativo, cuando el presunto infractor cuestione el comparendo y asista a la audiencia, en ella podrá solicitar como prueba la declaración del agente de tránsito que le impuso el comparendo, como está establecido para esta clase de procedimientos en todos los países civilizados, para lo cual la autoridad que conoce del caso debe disponer lo necesario con el fin de asegurar su comparecencia, y si el agente de tránsito no comparece, se exonerará al presunto infractor.


Igualmente, y teniendo en cuenta que el propósito del proyecto de ley es la garantía plena de los derechos de los destinatarios de la aplicación de las normas del Código Tránsito, se propone adicionar los artículos pertinentes del procedimiento, elevando a rango legal los condicionamientos conforme a los cuales la Corte Constitucional mediante la sentencia C-530 de 2003 declaró su exequibilidad, pero la sujetó a la efectividad del derecho a la defensa en esta clase de actuaciones.



Por último, y con el fin de garantizar que las decisiones tomadas por la ciudadanía a través de los mecanismos de participación no sean desconocidas por las autoridades elegidas por ella, se establece de manera expresa que las restricciones a la circulación de vehículos establecidas por consulta popular no podrán ser modificadas por ninguna autoridad.


De los Sres. Congresistas,





CARLOS GERMAN NAVAS TALERO

Representante a la Cámara




MARIO ALBERTO FERNÁNDEZ ALCOCER

Senador de la República





VICTOR JAVIER CORREA VÉLEZ

Representante a la Cámara




ALFREDO APE CUELLO BAUTE

Representante a la Cámara








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