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Sobre las Autoridades de Tránsito

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2.2. Sobre las Autoridades de Tránsito.



En aplicación de los principios constitucionales de la distribución de funciones entre las diferentes ramas del poder público, la especificidad en el ejercicio de las funciones que atribuye el ordenamiento y el carácter unitario del Estado Colombiano, si bien es cierto que las autoridades locales gozan de ciertas facultades que le permita la organización y el control de la circulación dentro de su jurisdicción, no es menos cierto que por tener el carácter de actos y decisiones administrativas dichas decisiones adoptadas por las autoridades locales o territoriales, deben respetar la jerarquía normativa que eleva a la Constitución como esfinge superior y tiene seguidamente la Ley y los reglamentos nacionales como instrumentos de ejecución de los postulados supremos.


En virtud de lo anterior, las decisiones, medidas o actos que adopten las autoridades territoriales deben respetar, no solo la Constitución, sino también las leyes adoptadas por el Congreso de la República y los reglamentos que expida el Gobierno Nacional. Una interpretación contraria nos llevaría al absurdo de permitir que a través de un acto administrativo local, se suspenda o deje sin efecto la ley o el reglamento, con lo cual se iría en contravía del propósito perseguido por el legislador en esta materia, que no es otro que cumplir con el cometido de “unificar” las normas sobre policía de tránsito.



La organización y dirección de lo relacionado con el tránsito y el transporte es, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, una competencia de las entidades territoriales, las cuales, con sujeción a la ley y en ejercicio de su autonomía, podrán establecer los mecanismos, crear las dependencias que estimen necesarias o suscribir los acuerdos o convenios que consideren necesarios para el efecto.



Tales autoridades, para el ejercicio de sus competencias y de las funciones que les han sido asignadas por la ley, deberán obrar con estricto apego al principio de coordinación que garantice la articulación de los niveles nacional y territorial. En este sentido, las autoridades públicas poseen la prerrogativa Constitucional de actuar de manera armónica y coordinada en el cumplimiento de sus funciones y en la consecución de los objetivos para los cuales fueron creadas.



Del contenido de las normas propuestas en los artículos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del presente proyecto de ley se desprenden diferentes elementos que es importante tener presentes:


1º. Se establece la posibilidad de revocarse, de oficio por parte del Ministerio de Transporte, de conformidad con las causales señaladas en el Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las decisiones adoptadas por las autoridades locales de tránsito;


2º. Se asigna a la Agencia Nacional de Seguridad Vial la función de vigilar y monitorear las obligaciones que corresponde a las autoridades de tránsito territorial de tener como criterios de planeación y control operativo, las estadísticas de accidentalidad y seguridad vial de su jurisdicción remitiendo informes periódicos a la Superintendencia de Puertos y Transporte a fin de que esta, en cumplimiento de sus deberes legales y reglamentarios, ejerza las funciones de vigilancia, supervisión, control y sanción en caso de incumplimiento.


3º. Se impone la obligación, a las autoridades de tránsito que pretendan implementar medidas restrictivas de la movilidad que superen en el tiempo los seis (6) meses, de obtener concepto técnico, previo y favorable del Ministerio de Transporte, a excepción de las medidas establecidas por consulta popular, las cuales no podrán ser modificadas por ninguna autoridad.


4º. De acuerdo con el contenido del parágrafo del artículo cuarto, los vehículos eléctricos, híbridos, de otras tecnologías ecológicas, así como los antiguos y clásicos y los que transporten personas en condición de discapacidad se encuentran exentos de restricciones a la movilidad, en atención a sus especiales condiciones técnicas operativas, o de la función social que cumplen.


5º En cumplimiento de sus funciones de supervisión que le son propias, a la Superintendencia de Puertos Y Transporte se le asigna la función de implementar mecanismos tecnológicos de información que permitan garantizar la validez y veracidad de la información que generen los organismos de tránsito durante la realización de los trámites delegados a estas entidades.





2.3. Organismos de Apoyo al Tránsito.



Propone el proyecto de ley la inclusión de un título específico, dedicado a los Organismos de Apoyo al Tránsito entendiendo como tales aquellas personas jurídicas, de naturaleza pública, privada o mixta que cumplen con labores de capacitación, evaluación, diagnóstico técnico, colaboración o apoyo en materia de tránsito y seguridad vial a las autoridades de tránsito. En tal sentido, se consideran organismos de apoyo al tránsito los centros de enseñanza automovilística, centros de apoyo logístico para evaluación, centros de reconocimiento de conductores, centros de diagnóstico automotor, centros integrales de atención, organismos evaluadores de la idoneidad para la conducción, operadores de equipos para la detección electrónica de infracciones de tránsito, fabricantes, proveedores y personalizadores de especies venales para los organismos de tránsito, operadores, bajo cualquier modalidad, de servicios de tránsito para los organismos de tránsito o toda aquella entidad que pretenda prestar servicios permanentes a los organismos de tránsito, incluidos los operadores del RUNT y SIMIT, atribuyéndole el carácter de servicio público a la actividad por ellos desarrollada.



Las condiciones de habilitación, contratación, selección, funcionamiento, garantías para la operación de los organismos de apoyo serán reglamentadas por el Ministerio de Transporte, Salud y Protección Social, Comercio Industria y Turismo, Trabajo, Educación, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, según corresponda, en un término no superior a 6 meses. Los Organismos de Apoyo que se encuentran habilitados al momento de expedición de la ley quedan habilitados automáticamente siempre que dentro de los 24 meses posteriores a la expedición de la reglamentación se ajusten a los nuevos requisitos.


Se consagra la facultad de supervisión integral (subjetiva y objetiva) en cabeza de la Superintendencia de Puertos y Transporte, si perjuicio de las labores de supervisión que para los casos específicos deban ejercer la Superintendencia de Industria y Comercio, Superintendencia Nacional de Salud, Secretarías de Salud y Educación del orden municipal, distrital o departamental o las autoridades ambientales o de tránsito contratantes, en materia de metrología legal y competencia, salud, educación, ambiental y contractual.


Los certificados expedidos por los organismos de apoyo al tránsito que constituyen requisito para el trámite de licencia de conducción, como los expedidos por los Centros de Reconocimientos de Conductores, los Centros de Enseñanza Automovilística y los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación, únicamente tendrán validez ante los organismos de tránsito municipal o departamental que operen en un radio de treinta (30) kilómetros del municipio de su domicilio y en caso de no existir organismos dentro de ese radio se le habilitará validez en los tres más cercanos.


En atención a las dificultades de acceso del sector financiero en algunas regiones del país, se introduce la posibilidad de efectuar el recaudo de los servicios y derechos que prestan los organismos de apoyo a través de entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia u operadores postales de pago habilitados o autorizados que tengan convenio con una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera y que se constituyan en aliados de recaudo haciendo parte del Sistema de Control y Vigilancia exigido por la Superintendencia de Puertos y Transporte.


Los Organismos de Apoyo no podrán ofertar ni vender sus servicios en lugares diferentes a los registrados en el alcance de las certificaciones de conformidad e instalaciones habilitadas por el Ministerio de Transporte. Quedan prohibidos los puntos de información o de comercialización de las actividades de apoyo que sean propiedad de los mismos Organismos.


En este sentido, se condensan las condiciones para cada tipo de organismo, de la siguiente manera:


  • Centros de Enseñanza Automovilística (CEA): Tienen como finalidad la instrucción de personas que aspiren a obtener el certificado de capacitación en conducción, recategorización de licencia de conducción, programas de seguridad vial o redención de puntos. En ningún caso podrán realizar los exámenes teóricos o prácticos para obtener la licencia de conducción. El pensum teórico incluirá, como mínimo, Adaptación al Medio, Ética y Seguridad Vial, Manejo Defensivo, Control de Incendios, Primeros Auxilios, Marco Legal e Introducción a Mecánica para las licencias de conducción inicial. Los vehículos en los que se imparta la capacitación podrán estar registrados en el servicio público o particular, siempre que estén registrados a nombre del CEA, en calidad de locatario o propietario y se dediquen exclusivamente a la instrucción y no estarán sujetos a restricciones vehiculares.


  • Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC): Son instituciones de salud de objeto social diferente, inscritas en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud habilitadas para expedir los certificados de aptitud física, mental y de coordinación motriz para conducir o los de aptitud psicofísica. A través de la utilización de medios tecnológicos sistematizados y digitalizados deberán evaluar y certificar, según los parámetros y límites internacionales, entre otros: las capacidades de visión y orientación auditiva, la agudeza visual y campimetría, los tiempos de reacción y recuperación al encandilamiento, la capacidad de coordinación entre la aceleración y el frenado, la coordinación integral motriz de la persona, la discriminación de colores y la phoria horizontal y vertical.


  • Centros de Diagnóstico Automotor (CDA): Constituidos con objeto social exclusivo para la realización de la evaluación y certificación técnico-mecánica de los vehículos automotores y la revisión del control ambiental de los mismos.


  • Centros Integrales de Atención (CIA): Se definen como instituciones educativas informales que cuentan con convenio con casa-cárcel autorizadas por el INPEC, constituidos con la finalidad de realizar la recapacitación y/o rehabilitación de los infractores a las normas del Código de Tránsito que aspiren a obtener descuento en las multas de tránsito, pudendo dictar programas para redención de puntos de licencia de conducción.


  • Centros de Apoyo Logístico para Evaluación (CALE): tienen como finalidad exclusiva la realización de exámenes teóricos y prácticos de conducción.


  • Operadores de Equipos para la Detección Electrónica de Infracciones o Control de Tránsito: Tienen como finalidad el suministro y operación de equipos tecnológicos para que los Organismos de Tránsito y su personal adscrito puedan vigilar y controlar remotamente el cumplimiento de las normas de tránsito en su jurisdicción. Una vez expedida la reglamentación correspondiente, las autoridades de tránsito únicamente podrán contratar el suministro de equipos con empresas habilitadas y solo serán validos los equipos tecnológicos homologados por el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Metrología.





2.4 Licencia de Conducción.



En atención a que el esquema de tránsito está constituido por los vehículos, la infraestructura y los actores de la vía, entre lo que cobran realce los conductores tanto de automóviles como de motociclistas, es claro que el factor humano tiene una mayor incidencia en los siniestros de tránsito y de ahí la indisoluble relación entre siniestralidad vial y formación del conductor. Nadie nace con el derecho a obtener la licencia de conducción, sino que su entrega requiere las máximas garantías para la seguridad de todos los actores de la vía.



Una persona que obtenga la licencia de conducción debe poseer todo el conocimiento y la capacidad para tomar decisiones óptimas y elegir las maniobras más adecuadas para superar las diversas circunstancias que se presentan en la actividad de conducir. Sin embargo, no siempre se cumple con tales requisitos. Es de reconocer que una de las fallas más grandes en nuestro sistema de certificación en conducción reposa en el hecho de que una misma entidad, además de enseñar, es la que está llamada a evaluar lo aprendido por el conductor, de lo que se evidencia un problema de objetividad.

Consideramos que el uso de una licencia de conducción conlleva una responsabilidad por los riesgos propios de la actividad de conducir y por ello exige un mayor compromiso ante los comportamientos y las infracciones a las normas de tránsito, más cuando están comprometidas la seguridad y la vida de los actores de la vía. En consecuencia, considerar el otorgamiento de la licencia de conducción como un privilegio que el Estado otorga a las personas que cumplen con los requisitos previstos en la ley y el reglamento, resulta justo y solidario frente a la ciudadanía en general.



Estas medidas se constituyen en una forma de contribuir a la seguridad vial, asunto que hoy ha sido puesto en la agenda nacional por parte del Ministerio de Transporte y significará la confirmación de la coherencia entre los postulados constitucionales, la política pública y la práctica cotidiana de la conducción.


Partiendo de la indiscutible premisa que el Estado debe exigir el cumplimiento de ciertas condiciones para asumir determinados roles dentro de la movilidad tales como la conducción de vehículos automotores, se reorienta el proceso de obtención de la licencia de conducción a partir de incuestionables postulados como la posibilidad que los reglamentos puedan establecer requisitos adicionales para el otorgamiento de la licencia de conducción de motocicletas en atención al carácter vulnerable de sus conductores; la demostración periódica para todos los titulares de que se mantienen las condiciones necesarias para seguir realizando la actividad; la posibilidad de solicitar y expedir la licencia de conducción por medios virtuales telemáticos o tecnológicos de información.



En este sentido, se discriminan los requisitos para obtención de la licencia de conducción, dependiendo del tipo de vehículo del que se trate así: Motocicletas, motociclos y similares; Vehículos de Servicio Particular con Peso Bruto Vehicular Inferior o igual a 10.5 toneladas o de capacidad de pasajeros igual o inferior a 9 personas; Vehículos de Servicio Particular con Peso Bruto Vehicular superior a 10.5 toneladas o de capacidad de pasajeros superior a 10 personas y Vehículos de servicio público.


Se aumenta la edad mínima para la obtención de la licencia de conducción de vehículos de servicio de 18 a 21 años y se requiere la demostración de un término de 2 años de experiencia mínima en las categorías anteriores a la que se aplica.


Las licencias de conducción para motocicletas y similares tendrán vigencia de 6 años, para vehículos de servicio particular 10 años, las de servicio público de 3 años, los mayores de 60 años deberán renovar anualmente al cabo de los cuales, en cualquier caso, el titular deberá presentar ante el Organismo de Tránsito, un certificado de aptitud física, mental y de coordinación motriz para conducir expedido por un Centro de Reconocimiento de Conductores habilitado por el Ministerio de Transporte, encontrarse a paz y salvo por concepto de pago de multas por infracciones a las normas de tránsito, debidamente ejecutoriadas y no tener vigente una sanción de suspensión o cancelación de la licencia de conducción.



Se propone la adopción de la licencia de conducción por puntos, configurándose como un permiso de confianza que la sociedad otorga al ciudadano para desarrollar la actividad de la conducción que se traduce jurídicamente en otorgarle un crédito de puntos que podrá perder por la realización de determinadas conductas contrarias a las normas que regulan el tránsito y que, cuando se agotan suponen la pérdida de la autorización para conducir, por haberse perdido esa confianza.


Tal sistema tiene por objeto ser complementario con el sistema sancionatorio existente en nuestra legislación, compuesto por un lado, por sanciones pecuniarias que, sin ser de bajo costo, tampoco son tan altas que impidan su pago efectivo y, por otro, con la obligatoriedad de realizar cursos de pedagogía vial a los infractores a las normas de tránsito.



Los cursos de sensibilización y reeducación vial son vitales en el propósito de modificar aquellos comportamientos infractores y constituyen un llamado de atención permanente sobre las consecuencias que tienen, para la seguridad vial y para la vida de las personas, los comportamientos que implican la inobservancia de las normas de tránsito lo que, en consecuencia, ponen en permanente riesgo el derecho fundamental a la vida y a la integridad física de los actores de la vía.



Como complemento, el sistema de la licencia por puntos tendrá un efecto punitivo para esos mismos comportamientos consistente en la disminución o pérdida del total de puntos asignados a los conductores. El sistema de puntos termina representando “el nivel de confianza que un conductor le otorga a la sociedad en un momento dado y cuya pérdida, a su vez, señala el reproche que tales conductas merecen, derivado y con un claro sustento en la reiterada comisión de infracciones5 y generará, en consecuencia, una esperada y necesaria renovación en la mentalidad y los comportamientos como conductores.


La licencia por puntos parte de los siguientes conceptos básicos:


1. Tiene en cuenta solo una parte de las infracciones a la hora de la reducción de los puntos. Las infracciones conducentes son las siguientes y su determinación se debe, fundamentalmente a la peligrosidad que para la seguridad vial comportan.



  1. Se descontarán 20 puntos en los siguientes casos:



a.1. Cuando se conduzca un vehículo automotor con una concentración de alcohol igual o superior a 20 mg de etanol/100 ml de sangre, o la presencia en el organismo de otra sustancia psicoactiva.

a.2. Cuando pese a ser requerido por las autoridades de control operativo de tránsito, no acceda o permita la realización de las pruebas de embriaguez a que se refiere la ley.



  1. Se descontarán 12 puntos, en los siguientes casos:



b.1. Transitar en sentido contrario al estipulado para la vía, calzada o carril;

b.2. Conducir un vehículo automotor excediendo en más de treinta (30) kilómetros porhora, la velocidad máxima permitida;

b.3. No detenerse ante la luz roja del semáforo, una señal de “PARE” o un semáforointermitente en rojo;

b.4. Conducir motocicletas sin utilizar el casco de seguridad de acuerdo a las condiciones y características determinadas por el Ministerio de Transporte;

b.5. Conducir un vehículo infringiendo las normas sobre uso de cinturón de seguridad ysistema de retención de menores;



  1. Se descontarán 6 puntos, en los siguientes casos:



c.1. Usar sistemas móviles de comunicación cuando el vehículo está en operación, excepto si éstos son utilizados con accesorios o equipos auxiliares que permitan tener las manos libres;

c.2. Conducir sin luces en las horas o circunstancias en que lo exige este Código;


2. Se asigna inicialmente un crédito de 24 puntos que se va perdiendo por la comisión de infracciones


3. El descuento de los puntos se aplicará separadamente, por cada una de las infracciones cometidas.


4. Al llegar a cero puntos se decretará la suspensión de la licencia de conducción por el término de 6 meses.


5. Cuando se sancione con la suspensión de la licencia de conducción, ésta quedará retenida por la Autoridad de Tránsito por el término de duración de la suspensión. Una vez cumplida esta medida, se devolverá la licencia y se procederá a reasignar al conductor 24 puntos nuevos, previa acreditación de la asistencia y aprobación, a su costa, de un curso de educación en tránsito y seguridad vial que reglamentará el Ministro de Transporte, fijando los requisitos y demás condiciones que deben cumplir dichos cursos, y que será impartido por un Centro Integral de Atención.


6. Los puntos serán recuperados, por el solo ministerio de la ley, si en dos años calendarios y consecutivos, contados a partir de la ejecutoria de la última sanción, el conductor no ha sido sancionado por violación a las normas de tránsito asignándosele nuevamente los puntos restantes para completar los 24 puntos. Igualmente podrán ser recuperados asistiendo a programas de capacitación de 4 horas en Centros de Enseñanza Automovilística o Centros Integrales de Atención habilitados por el Ministerio de Transporte.





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