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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL

PROYECTO DE LEY NÚMERO _______ DE 2017

Por medio del cual se modifica el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones en materia de movilidad”




1. JUSTIFICACION.


El aumento en la circulación de vehículos por las vías de Colombia y el continúo crecimiento del número de habitantes en nuestras ciudades constituyen un tema de todos los asociados, desde el ciudadano común, hasta las mas altas esferas del Gobierno Nacional, pero los comentarios, las ideas, y en general la preocupación por el asunto debe dejar de circunscribirse a la realización de charlas, documentos sueltos, estudios sobre accidentalidad y convertirse en soluciones eficientes.



La necesidad de mejorar la gestión del tráfico tanto en las ciudades como en carretera es evidente, no sólo en nuestro país, sino en todo el mundo. La congestión creciente, y la consecuente pérdida de eficiencia de los sistemas implementados para obtener este resultado, junto con el paulatino crecimiento de la preocupación por mejorar la seguridad de los vehículos, impulsa cada día al Gobierno Nacional, de la mano con los principales actores de la movilidad, a propender por lograr la conformación de un sistema de tránsito adecuado para satisfacer tales necesidades.



En Colombia y Latinoamérica existen tres factores que explican el aumento de movilidad: el crecimiento de la población, el aumento de la proporción de adultos y, por supuesto, el acrecentamiento económico; éste último permite la adquisición de vehículos o motocicletas.



La accidentalidad en Colombia resulta ser en término de fallecimientos y heridas más problemática que la violencia que causa lo que se denomina como “orden público” y si el número de muertos y heridos se confronta con el número de vehículos que circula en Colombia, encontramos tasas porcentuales desproporcionadas frente a países del mundo con mucho mayor número de vehículos, en los cuales la velocidad de circulación es definitivamente superior a la medida que se conoce en nuestro país.



La Universidad de los Andes ha efectuado una investigación1 en la que se demuestra que cada vez en Colombia hay más motos y más automóviles. “En los últimos años, de la mano del crecimiento económico, las ciudades colombianas han tenido un aumento significativo del registro de automóviles nuevos. Esto ha venido acompañado en diferentes grados por un crecimiento muy fuerte del número de motos en el país. Sin embargo la motorización de Colombia es baja en comparación con países de desarrollo similar, menos de siete carros y cinco motos por cada cien habitantes”, dice el informe.



Este es el punto de partida clave para empezar a consolidar conceptos, analizar presentes y observar futuros próximos. En el aspecto vial sí que es fundamental tener en cuenta la planificación, partiendo de las necesidades y carencias que tiene la sociedad particular, justificándose, de esta manera, la actualización de las disposiciones legales que pretenden acoger esta realidad.



El papel del Estado como autoridad en la sociedad debe hacerse apreciable en forma diligente, técnica y apegada a la labor pedagógica, a tiempo que enérgica para los infractores, reafirmando su presencia para brindar a la sociedad un marco legal que se adecúe en el tiempo a las constantes transformaciones de los usos sociales, de las características de los vehículos y de las vías y al tiempo prevea y mejora la normatividad existente.



Otro factor determinante en los temas de movilización lo constituye la tecnología, la cual, en forma de electrónica avanzada, sensores, informática y telecomunicaciones está disponible para su utilización en aplicaciones que propicien el mejoramiento de la movilización y la disminución de la accidentalidad vial a lo largo y ancho de la geografía nacional. Sin embargo, el despliegue de esta tecnología requiere de, entre otros factores, el compromiso de las instituciones por efectivizar los mecanismos que propendan a tal fin y la aceptación por parte de los usuarios del sistema.



La Ley 769, que contiene el Código Nacional de Tránsito fue expedida en el año 2002 y pese a sus múltiples modificaciones legales y reglamentaciones gubernamentales aún presenta vacios y defectos que no permiten consolidar un sistema de tránsito adecuado a las necesidades de nuestro país.



La presente iniciativa legislativa tiene como objeto principal, modificar decisiones tomadas en leyes anteriores, con miras de garantizar la conformación de un régimen legal del tránsito que reúna las normas y disposiciones necesarias para tal efecto.




2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.



El proyecto se compone de Setenta y Cuatro (74) artículos que modifican algunas normas de la Ley 769 de 2002 –Código Nacional de Tránsito Terrestre- desarrollando los siguientes temas fundamentales:





2.1. Principios Rectores del Tránsito



Aspecto muy importante del presente proyecto, lo constituye la inclusión de los principios rectores del tránsito.



En la teoría del derecho2 se reconocen a los principios y a las reglas como categorías de normas jurídicas. Ambas se suelen clasificar dentro de dicho concepto pues desde un punto de vista general (principio) o desde otro concreto y específico (regla) establecen aquello que es o debe ser. Así las cosas, tanto los principios como las reglas al tener vocación normativa se manifiestan en mandatos, permisiones o prohibiciones que delimitan y exigen un determinado comportamiento. Así lo ha establecido la Corte Constitucional al manifestar3:



Los principios (...), consagran prescripciones jurídicas generales que suponen una delimitación política y axiológica reconocida y, en consecuencia, restringen el espacio de interpretación, lo cual hace de ellos normas de aplicación inmediata, tanto por el legislador como por el juez constitucional. (...) Su alcance normativo no consiste en la enunciación de ideales que deben guiar los destinos institucionales y sociales con el objeto de que algún día se llegue a ellos; su valor normativo debe ser entendido de tal manera que signifiquen una definición en el presente, una base [deontológico]-jurídica sin la cual cambiaría la naturaleza misma de la Constitución y por lo tanto toda la parte organizativa perdería su significado y su razón de ser. Los principios expresan normas jurídica para el presente; son el inicio del nuevo orden”.



La principal diferencia entre principios y reglas radica en la especificidad de sus órdenes o preceptos, pues mientras los “principios” son típicas normas de organización, mediante los cuales se unifica o estructura cada una de las instituciones jurídicas que dan fundamento o valor al derecho, a través de la condensación de valores éticos y de justicia; las “reglas” constituyen normas de conducta que consagran imperativos categóricos o hipotéticos que deben ser exactamente cumplidos en cuanto a lo que ellas exigen, sin importar el ámbito fáctico o jurídico en el que se producen.



Así las cosas, mientras las “reglas” se limitan a exigir un comportamiento concreto y determinado, los “principios” trascienden a la mera descripción de una conducta prevista en un precepto jurídico, para darle valor y sentido a muchos de ellos, a través de la unificación de los distintos pilares que soportan una institución jurídica. En este aspecto, la doctrina4 ha sostenido que:



[Los principios constituyen los] soportes estructurales del sistema entero del ordenamiento, al que por ello prestan todo su sentido. Son <> por lo mismo, porque trascienden de un precepto concreto y organizan y dan sentido a muchos, y, a la vez, porque no deben confundirse con apreciaciones singulares y particulares que pudieran expresar la exigencia de una supuesta <> (...) Son los principios institucionales los que organizan las distintas normas reguladoras disponibles para el régimen de la institución, los que dan a las mismas todo su sentido y alcance, y a la vez, los que precisan, según una lógica propia, la articulación de todas ellas, así como la solución procedente en caso de insuficiencia de alguna de ellas o de laguna. Los principios institucionales son principios generales del Derecho porque trascienden a las normas concretas y porque en ellos se expresa siempre necesariamente un orden de valores de justicia material; son así, a la vez, nódulos de condensación de valores ético-sociales y centros de organización del régimen positivo de las instituciones y animadores de su funcionamiento”.

Los principios como lo reconoce la doctrina están llamados a cumplir en el sistema normativo los siguientes papeles primordiales: (i) Sirven de base y fundamento de todo el ordenamiento jurídico; (ii) actúan como directriz hermenéutica para la aplicación de las reglas jurídicas; y finalmente, (iii) en caso de insuficiencia normativa concreta y específica, se emplean como fuente integradora del derecho. En estos términos, es indiscutible que los principios cumplen una triple función de fundamento, interpretación e integración del orden jurídico.



Se reconoce a los principios como fundamento, en la medida en que contribuyen a la organización deontológica de las distintas instituciones que dan soporte a la vida jurídica, esto es, fijan los criterios básicos o pilares estructurales de una determinada situación o relación social que goza de trascendencia o importancia para el derecho, como ocurre, por ejemplo, con los contratos, el matrimonio, la responsabilidad o el ejercicio del poder público en sus distintas expresiones. De donde resulta que, en cumplimiento de esta función, los principios se convierten en el punto cardinal que sirve de orientación para la aplicación de las innumerables reglas jurídicas que se apoyan sobre unos mismos valores que las explican, justifican y las dotan de sentido.



En cuanto a su función como instrumento para la interpretación, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que los principios se convierten en guías hermenéuticas para descifrar el contenido normativo de las reglas jurídicas que al momento de su aplicación resulten oscuras, dudosas, imprecisas, indeterminadas o aun contradictorias en relación con otras normas de rango superior, incluyendo dentro de las mismas a los principios de naturaleza constitucional. En sentencia T-005 de 1995, al referirse a la aplicación del principio de solidaridad en materia de seguridad social, se expuso:



Los principios sirven para sustentar soluciones a los problemas de sopesamiénto de intereses y valores, de tal manera que la decisión final no habría sido la misma de no existir dicho principio”.



De igual manera, en sentencia T-058 de 1995, la Corte manifestó que: “Los principios juegan un papel esencial en la interpretación jurídica, en especial cuando se presentan casos difíciles, producto del conflicto de varias normas”.



Finalmente, los principios cumplen una función de integración, ya que asumen el rol de fuente formal del derecho ante la insuficiencia material de la ley para regular todas y cada una de las situaciones que se puedan presentar en el devenir social. El ordenamiento jurídico crea así un mecanismo que le permite a todos los operadores y, en especial, a los jueces, resolver los problemas que escapan a la previsión humana en el momento de expedir los correspondientes estatutos normativos dirigidos a reglar su comportamiento, o que se presentan como nuevos, en atención al desarrollo progresivo de la sociedad y a la exigencia de darle una respuesta jurídica a las múltiples necesidades que en esta se presentan.



Son varios los preceptos que le asignan a los principios las funciones anteriormente descritas. A título meramente ilustrativo, destacaremos los siguientes:

 

- El artículo 230 de la Constitución Política Nacional que al someter a los jueces en el desarrollo de la función jurisdiccional al imperio del ordenamiento jurídico, reconoce a los principios generales del derecho como criterios auxiliares de la actividad judicial.



- El artículo 8 de la Ley 153 de 1887, dispone que cuando haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulan casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas o principios generales de derecho.



Así, cuando hablamos de Principios Rectores del Tránsito aludimos a los postulados generales que sirven de base y orientan la actividad del Estado, considerado en su concepción amplia, en la regulación y ejecución del sistema general de tránsito. También les cabe a estos principios la relevante función de servir como guía de interpretación y aplicación de la Ley de tránsito, indispensables para llenar los vacios que la normatividad existente presenta y evitar la concurrencia de otros regímenes legales para su complementación.



En este sentido, se proponen principios elevados al rango de normas jurídicas con todas las implicaciones que ello importa, empezando por su carácter de obligatoriedad general y su primacía sobre las demás leyes inferiores al momento de resolver cualquier conflicto en materia de interpretación o aplicación de las leyes de tránsito. Y se dice primacía sobre las demás ya que se trata de normas jurídicas que por concretar postulados inspiradores de todo el ordenamiento jurídico del tránsito tienen rango superior a las demás.



De esta manera, los Principios Rectores del Tránsito son las pautas o directrices que debe respetar el operador de las normas de tránsito al aplicarlas y que en la práctica se cristalizan en las garantías y acciones operativas que se desprenden de la intervención en el sistema de tránsito, según las necesidades.



Teniendo en cuenta esta referencia terminológica, el presente proyecto propone los siguientes Principios Rectores del Tránsito: Protección a la vida, Seguridad vial, Accidentalidad como problema de salud pública, Oportunidad, Facilidades tecnológicas, Cubrimiento, Autoregulación, Responsabilidad, Libertad de acceso, Equilibrio entre autonomía territorial y centralización, Trámites efectivos para la protección de la vida, Plena identificación, Libre Circulación, Educación, Descentralización y Movilidad.



Estos Principios Rectores del Tránsito deberán:



  • Orientar al legislador al redactar las normas de tránsito

  • Orientar y regir la actividad de los operadores del sistema de tránsito con los agentes del mismo

  • Orientar a la rama ejecutiva del poder público al momento de establecer políticas de tránsito y movilidad, respetuosas de los principios a la vida y la integridad de las personas

  • Servir de guía de interpretación a los jueces a fin de desentrañar el sentido y alcance de las normas de tránsito y establecer la primacía de estas, declarando la ilegalidad de los reglamentos y de las normas inferiores que se le opongan.






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