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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO


17ma. Asamblea 7ma. Sesión

Legislativa Ordinaria


CÁMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 2895

INFORME

15 de junio de 2016


A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:


La Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado Puerto Rico, RECOMIENDA la aprobación del P. de la C. 2895, con las enmiendas incluidas en el entirillado que acompaña.


ALCANCE DE LA MEDIDA


El proyecto objeto de este análisis propone enmendar el primer párrafo de la Regla 43.1; añadir un segundo párrafo a la Regla 46; añadir un nuevo tercer párrafo y re designar los actuales tercer, cuarto, quinto y sexto párrafos, respectivamente, como cuarto, quinto, sexto y séptimo párrafos de la Regla 47; enmendar los incisos (a), (b) y (c) de la Regla 52.2; enmendar los incisos (a) y (b) de la Regla 65.3; y enmendar el primer párrafo de la Regla 67.1 de las de Procedimiento Civil de 2009, según emendadas, a fin de restaurar el acceso a la reconsideración y revisión apelativa.


ANÁLISIS DE LA MEDIDA


La Medida ante la consideración de esta Comisión tiene como objetivo “desfacer un entuerto”1que con regularidad se comete en el tribunal General de Justicia.


Se menciona en la Exposición de Motivos del proyecto ante nos que en repetidamente se han desestimado recursos legales porque el Tribunal de Primera Instancia ha notificado la sentencia, resolución u orden, acompañada de un formulario incorrecto. De la misma manera, en otros casos, el Tribunal de Primera Instancia ha notificado a las partes el formulario de la Oficina de Administración de los Tribunales (en adelante, “OAT”) sin incluir la sentencia, resolución u orden.

Se resalta, además, entre otras cosas, que la desestimación es costosa en tiempo y dinero de los recurrentes, pues pierden el costo de los sellos de presentación; de la preparación del recurso, más sus copias para el tribunal, así como de los trámites de radicación y envío a las demás partes del pleito.

Conforme declara la exposición de motivos, tal proceder contradice, al menos, las disposiciones de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, según emendadas, así como otras reglamentaciones del Tribunal General de Justicia. Especialmente estos errores rebaten la esencia de las mencionadas Reglas, que claramente establecen que las mismas se “interpretarán de modo que faciliten el acceso a los tribunales y el manejo del proceso, de forma que garanticen una solución justa, rápida y económica de todo procedimiento.”2

Se señala en la medida que para eliminar este tipo de errores oficinescos, se propone que toda resolución, sentencia y orden que resulte de un procedimiento judicial sea acompañada de un solo formulario, a ser desarrollado por la OAT y suplido al Tribunal de Primera Instancia, que contenga advertencias precisas y suficientes para solicitar aquel recurso que le sea apropiado. Además, se propone que las partes puedan someterse voluntariamente por escrito y por acuerdo común a la jurisdicción de un tribunal, no empece una notificación defectuosa.

En un procedimiento judicial en Puerto Rico, la formalidad de la notificación de una sentencia, resolución u orden, acompañada del formulario correcto es uno fundamental para la adecuada consecución de un pleito. Como tal, la misma es parte del precepto constitucional que conocemos como “debido proceso de ley”.

El debido proceso de ley está recogido en la Sección 7 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico, así como en la Quinta y Decimocuarta Enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. En su sustrato, este derecho garantiza que los ciudadanos no perderán su libertad o su propiedad sin la oportunidad básica de ser oído.3

Como es sabido, el debido proceso de ley se manifiesta en dos dimensiones: sustantiva y procesal.

En su vertiente procesal, el debido proceso de ley impide que, al aprobar leyes o al actuar, el Estado afecte de manera irrazonable, arbitraria o caprichosa los intereses de propiedad o libertad de los ciudadanos, instituyendo las garantías procesales mínimas que el Estado debe proveerle a un individuo al afectarle su propiedad o libertad.4 O sea, garantiza que al verse afectado algún derecho de propiedad o de libertad el ciudadano, él tendrá acceso a un proceso justo, equitativo e imparcial. En innumerables ocasiones el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha explicado que, en su concepción abarcadora, el debido proceso de ley se refiere al “derecho de toda persona a tener un proceso justo y con todas las garantías que ofrece la ley, tanto en el ámbito judicial como en el administrativo”.5 Además este principio ha sido catalogado como un “principio esencial de un sistema democrático”.6

La característica medular de esta norma es que el procedimiento que siga el Estado sea justo. “…La garantía esencial de la cláusula de debido proceso es que sea justa. El procedimiento debe ser fundamentalmente justo al individuo en la resolución de los hechos y derechos que sirven de base para aquellas acciones gubernamentales que le privan de su vida, libertad o propiedad. Si bien situaciones diferentes pueden imponer diferentes tipos de procedimientos, siempre está el requisito general de que el proceso gubernamental sea justo e imparcial...” 7 De otra manera, cuando se niega el debido proceso de ley se actúa ilícitamente.8

Por otro lado, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha señalado que un procedimiento adversativo es el que está mejor diseñado para salvaguardar los derechos individuales contra cualquier acción arbitraria del Estado. Así, se han establecido varios requisitos que el Estado debe satisfacer en todo procedimiento adversativo para cumplir con las exigencias del debido proceso de ley, a saber:

(1) una notificación adecuada del proceso,

(2) un proceso ante un juez imparcial,

(3) una oportunidad razonable de ser oído,

(4) el derecho a contrainterrogar testigos y examinar evidencia presentada en su contra,

(5) tener asistencia de abogado y,

(6) que la decisión se base en el récord.9


Nuestro más Alto Foro ha resuelto que en “una sentencia se adjudican las controversias habidas en un pleito y se definen los derechos de las partes involucradas”.10 Una vez se dicta una sentencia, son las Reglas de Procedimiento Civil las que rigen todo lo referente a las formalidades y procedimientos que se deben cumplir para poder presentar un recurso de apelación.11

El centro de la controversia que da paso a la presente medida es el efecto que tienen estos errores clericales sobre los términos de las acciones revisoras de dichas sentencias, resoluciones u órdenes. Según las reglas anteriormente citadas, el término para acudir al foro apelativo intermedio es jurisdiccional.12 Por esa razón es que el Tribunal Supremo ha indicado que el incumplimiento con el referido término es fatal debido a que el mismo es improrrogable, de la misma manera ha determinado que este término, contrario a uno de cumplimiento estricto, tampoco admite ser extendido por justa causa.13

Es debido a ello que Nuestro Más Alto Foro ha sido enfático al precisar que el “carácter fatal de este término” hace “…imprescindible la pronta y correcta notificación…” de las sentencias ya que según dispone la propia Regla 53.1, “…el mismo comienza a decursar a partir del archivo en autos de copia de la notificación...”14

La Comisión de lo Jurídico no solicitó memoriales o ponencias de entidad alguna, debido a que la propuesta contenida en esta pieza legislativa se sostiene en expresiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que sugieren la revisión legislativa de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, relativas a la notificación de sentencias, ordenes o resoluciones.


CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

A la luz de todo lo anteriormente expresado, la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, RECOMIENDA la aprobación del P. de la C. 2895, con las enmiendas incluidas en el entirillado que acompaña.

Respetuosamente sometido,


JOSE L. BÁEZ RIVERA

Presidente Interino

Comisión de lo Jurídico

Cámara de Representantes

1 Frase del insigne escritor Miguel de Cervantes Saavedra, con la que su mítico personaje Don Quijote de la Mancha describía su misión “caballeresca”.

2 Regla 1 de las de Procedimiento Civil de 2009, según enmendadas

3Autoridad de los Puertos de Puerto Rico v. Hermandad de Empleados de Oficina, Comercio y Ramas Anexas (HEO) CC-2009-0635 sentencia del 21 de agosto de 2012.

4 Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, 133 D.P.R. 881, 887-88 (1993) McConell Jiménez v. Palua Grajales, 2004 TSPR 69; P.A.C. v. E.L.A., res. el 25 de febrero de 2000, 2000 TSPR 29, Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., 130 D.P.R. 562 (1992), a la pág. 578; López Vives v. Policía de Puerto Rico, 118 D.P.R. 219 (1987); Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 D.P.R. 265 (1987), a la pág. 273-274

5 Marrero Caratini v. Rodríguez Rodríguez, 138 D.P.R. 215, 220 (1995).

6 Autoridad de los Puertos de Puerto Rico v. Hermandad de Empleados de Oficina, Comercio y Ramas Anexas (HEO) CC-2009-0635 sentencia del 21 de agosto de 2012.

7 Rivera Santiago v. Sec. de Hacienda, 119 D.P.R. 265 (1987), a la pág. 274; López Vives v. Policía de P.R., 118 D.P.R. 219 (1987); Hernández González v. Secretario, 164 DPR 390 (2005).

8 In re Díaz García, 158 DPR 549 (2003).

9 Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, supra, a la pág. 889

10 Falcón v. Maldonado, 138 D.P.R. 983, 989 (1995); Cárdenas Maxán v. Rodríguez, CC-2003-85 12 119 D.P.R. 642, 656 (1987)

11 Pedro Vélez Seguinot, et. als. v. aaa, 2005 tspr 69

12 Pellot v. Avon Mirabella, Inc., resuelto el 7 de agosto de 2003; Véase, además: Hiram Sánchez Martínez, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Apelativo, LexisNexis, San Juan, P.R., 2001, pág. 61.

13 Salinas v. S.L.G., res. el 13 de noviembre de 2003, 2003 T.S.P.R. 165; Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 D.P.R. 1, 7 (2000); Arriaga v. F.S.E., 145 D.P.R. 122, 131 (1998).

14 Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., supra.





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