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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO


17ta Asamblea 7ma Sesión

Legislativa Ordinaria


SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1710

25 de junio de 2016

Presentado por el señor Pereira Castillo

Referido a la Comisión de lo Jurídico, Seguridad y Veteranos


LEY


Para adoptar el "Código Civil del Estado Libre Asociado de Puerto Rico"; establecer su estructura, delimitar su alcance, disponer su vigencia, derogar el Código Civil de Puerto Rico de 1930; y para otros fines relacionados.


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Código Civil es la pieza fundamental del desarrollo de una sociedad organizada. Su estructura ordena nuestras leyes bajo un solo cuerpo legal que reglamenta las relaciones e interacciones suscitadas entre los miembros de una sociedad. El Código es nuestra institución vinculante a la tradición jurídica civilista que rige en la mayoría de los países del hemisferio occidental. Su valor va más allá de sus efectos prácticos y estructurales de regular las relaciones e intercambios entre los ciudadanos, al reflejar el resultado de prácticas y costumbres jurídicas que ubican a sus propulsores en una de las corrientes de derecho más antiguas de la humanidad. Por esto, el Código Civil no es solo instrumento organizador de relaciones sociales sino que es reflejo de las características que nos constituyen como sociedad y de los valores que en común estimamos y aceptamos como fundamentales en el transcurso de nuestras vidas en comunidad.



El Código Civil que ha llegado a nuestra generación, con fecha de 1930, fue creado en el apogeo de una sociedad con unas realidades muy lejanas a los de la actualidad. El Puerto Rico de los 1930 naturalmente no es el Puerto Rico de hoy. La sociedad de antaño se desarrollaba sobre una base patriarcal, sin una adhesión clara a los derechos fundamentales, plagada por la pobreza extrema, con un sistema de educación diseñado para unos pocos y con oportunidades reservadas para un reducidísimo grupo de la población. Durante la década de los años 1930, Puerto Rico, al igual que gran parte de los países del mundo sufría las consecuencias de la Gran Depresión desatando una época de terrible miseria y pobreza. Estos momentos históricos, previo a la adopción de nuestra Constitución, fueron marcados por la pronunciada división entre clases sociales, un desempleo que había alcanzado cifras históricas, una clase obrera que experimentaba condiciones de trabajo reprobables y por los marcados obstáculos a las mujeres para participar en muchos aspectos de la sociedad, incluyendo los comicios electorales.



A partir de este contexto, el Código Civil ha mantenido su vigencia por los pasados 85 años, sobreviviendo una lucha anacrónica mediante la inclusión de enmiendas que han quebrantado la uniformidad que debe caracterizar a una normativa de esta envergadura, organizada mediante libros independientes que se complementan entre sí. El desarrollo de nuestra sociedad contemporánea ha causado que el Código Civil haya sido desacertado en su esfuerzo por reglamentar temas diversos, como las normas para proteger el mejor interés de un menor durante la adjudicación de custodia, la autoridad parental y la estipulación de alimentos, entre otros.



Desarrollo histórico de nuestra codificación civil

La génesis de nuestro Código Civil se encuentra vinculada al desarrollo doctrinal del derecho civil en la tradición occidental. Nos situamos en los albores de la edad contemporánea, cuando quiebra la concepción ancestral del Código como un mero instrumento recolector y organizador de disposiciones dispersas de derecho antiguo. Surge en su lugar el concepto del Código moderno: una regulación sistemática de una determinada rama del derecho. La codificación moderna ciertamente es de nacimiento europeo. A pesar de sus antecedentes en los territorios germánicos, la codificación moderna pone su pie firme con el Código Francés de 1804, mejor conocido como el Código Napoleónico. Esta pieza de trascendental importancia para el mundo occidental estableció el primer Código Civil moderno que fue esparcido por el continente europeo al paso de las marchas del Grande Armée del Primer Imperio Francés. El Código Napoleónico fue resultado de los extensos desarrollos en materia de derecho en la antigüedad tardía y durante la edad media, adoptando las instituciones del Derecho Romano, estableciendo un sistema de evaluación de evidencia y sobretodo declarando que todas las personas eran iguales ante la Ley.



En la España de la cual Puerto Rico formaba parte, el Código Napoleónico encuentra un terreno fértil que intentaba a punta de sable y bayoneta salir del Antiguo Régimen y arraigarse al liberalismo. La Constitución de Cádiz de 1812 ordenaba que los españoles tuvieran un Código Civil, el cual nunca había existido y por ende había que crear. Sin embargo, el proceso creador para cumplir con este mandato fue uno lleno de obstáculos y desalientos por los cambios y las luchas políticas que plagaron la España del siglo XIX. Luego de notables proyectos durante todo el siglo, setenta y siete años más tarde se concretizaba el fin de un largo camino con el Código Civil de 1889.



El 1 de enero de 1890 entra en vigencia finalmente un Código Civil en España. La Real Orden del 31 de julio de 1889 haría extensivo este Código Civil español a las colonias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Este desarrollo jurisprudencial llevaría a que, por primera vez, todos los derechos individuales de la sociedad civil puertorriqueña se plasmaran en un solo lugar. El Código Civil de 1889 sería el resultado de la continuación de los anteriores proyectos codificadores, principalmente del proyecto de 1851, el cual consistía de cuatro libros y 1976 artículos. El Código Español fue directamente influenciado por el Código Napoleónico en su mayoría y, al igual que por otros códigos europeos, predominando una línea ideológica individualista, centrada en la autonomía de la voluntad. El Código Español de 1889 consistía de cuatro libros, los cuales han subsistido hasta la actualidad en nuestro Código Civil, y cuya organización y forma proviene del Derecho Romano: 1) De las personas; 2) De los bienes, de la propiedad y de sus modificaciones; 3) De los diferentes modos de adquirir la propiedad; y 4) De las obligaciones y contratos.



Con el cambio de soberanía tras la invasión estadounidense en 1898, nuestro derecho entraría en una nueva etapa de profundas transformaciones. El resultado de los primeros años del gobierno militar estadounidense desembocaría en que Puerto Rico dejara de tener un derecho estrictamente civilista y comenzara un largo camino, en ocasiones de pugna, con las influencias del common law. El nuevo gobierno de los Estados Unidos tuvo la intención desde su llegada a la Isla de americanizar el derecho español en Puerto Rico mediante el desmantelamiento de las instituciones jurídicas que nos habían regido por los pasados siglos y su sustitución por el derecho anglosajón. Estos primeros años, que fueron caracterizados por el ex juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, José Trías Monge, como un “choque de culturas jurídicas”, el cual forjó los “rasgos centrales del sistema judicial de las décadas posteriores, a usanza y semejanza de los sistemas norteamericanos”.1



El gobierno militar estadounidense creó la Comisión para Revisar y Compilar las Leyes de Puerto Rico, entre cuyas labores estuvo la de revisar el Código Español vigente. Apenas se habían cumplido veinte años de la vigencia del Código Español cuando fue sustituido por un nuevo Código Civil en 1902. El Código Civil de 1902 añadió disposiciones del Código Civil de Luisiana, que también era de influencia napoleónica. El resultado de la transculturación durante los primeros años del gobierno norteamericano en Puerto Rico fue la mezcla de los dos sistemas principales de derecho en el mundo occidental: el derecho civil y el common law anglosajón. El Código Civil de 1902 sería el pilar de este sistema y regiría en Puerto Rico prácticamente incambiado hasta nuestros días. Luis Muñoz Morales describía que en los cambios introducidos al nuevo Código Civil “predominó el propósito de incorporar a nuestro derecho civil muchos preceptos del Código de Luisiana . . . y no se tuvo en cuenta que la mayor parte de esas modificaciones chocaban sustancialmente con nuestro derecho tradicional y arraigadas costumbres, que no se adaptaban a nuestro ambiente, y que no eran exigidos por ningún estado de opinión” .2



Casi tres décadas más tarde, en 1930, se aprueba una nueva revisión al Código, versión actual que sigue vigente en pleno siglo XXI. Este proyecto de revisión, que comenzó como una reforma codificadora, se quedó muy corto de sus expectativas. Nuevamente se aprobó un Código Civil para regir la sociedad puertorriqueña con la participación limitada de puertorriqueños en el proceso. El Código Civil de 1930 terminó siendo una mera recodificación con leves modificaciones del Código Civil de 1902. Por esto, el paso del tiempo y los cambios en nuestra sociedad han precipitado un inevitable sinnúmero de enmiendas a nuestro Código Civil. Estas enmiendas han intentado poner al día disposiciones decimonónicas para mantener vivo un Código Civil con un espíritu del siglo XIX durante los vigorosos cambios de los siglos XX y XXI. Además, estas enmiendas, aunque algunas muy acertadas, han desarmonizado la esencia de la codificación. Es decir, la multiplicidad de cambios en el Código ha creado un problema en la sistematización del mismo, por lo que ya no contiene un sentido unificado de los elementos fundamentales en nuestra sociedad civil.



El transcurso histórico esbozado anteriormente nos permite concluir que nuestro Código Civil es anticuado y está muy lejos de corresponder a los cambios que vivimos en el Puerto Rico del siglo XXI. La línea de continuidad que podemos marcar a partir del Código Español de 1889 demuestra que la codificación civil vigente en Puerto Rico, a pesar de sus posteriores recodificaciones y enmiendas, tiene más de un siglo de vida. El propio Código Español de 1889 sería acogido con “frialdad y desencanto” y la misma Comisión del Senado en Madrid que trabajó su creación expresaría su convencimiento de que esta legislación no coincidía con los progresos del tiempo y las necesidades de la sociedad. Observamos como desde sus inicios el Código Civil adolecía de imperfecciones que, incambiables a través de estos más de cien años, se han exacerbado con los cambios naturales que ha traído la modernidad. La codificación impulsada por los norteamericanos en 1902 complicó aún más el panorama al traer disposiciones ajenas a nuestro ordenamiento mediante un proceso donde apenas participaron puertorriqueños. Entre las principales críticas a este documento se encuentra que su contenido fue impuesto mediante una transculturación de cláusulas desatinadas, ajenas a nuestras costumbres, valores y realidad social, que han quedado en desuso. Finalmente, el proceso de 1930 fue otro intento fallido por establecer en Puerto Rico un Código de la envergadura histórica requerida. Nuevamente el proceso se llevaría a cabo por estadounidenses sin la participación sustancial de puertorriqueños y continuando con la mayoría de los preceptos establecidos previamente. Surge entonces la necesidad de una revisión completa del Código Civil que componga una recodificación y logre restablecerle armonía en el ordenamiento civilista de Puerto Rico.



Historia reciente: hacia la creación de una Comisión Conjunta

Ante esta realidad, la Decimotercera Asamblea Legislativa aprobó la Ley 85-1997, según enmendada, para crear la Comisión Conjunta Permanente para la Revisión y Reforma del Código Civil de Puerto Rico de 1930. De esta forma, inició una revisión integral de este documento, “atemperando el mismo a nuestros tiempos y prestando, además, especial atención en conciliar todas sus partes con el fin de que resulte en una obra moderna, concordante y armónica”. Ante este mandato, el personal técnico de la Comisión Conjunta dividió el proceso de revisión en varias fases. Por ejemplo, la primera fase de este proceso estuvo centrada en la conceptualización del mismo, incluyendo la teorización de la naturaleza y el alcance de la revisión. Además, se diseñó su estructura y se realizó un diagnóstico de cada materia cobijada en este documento.



Posteriormente inició una segunda fase centrada en la investigación y el análisis legal, durante la cual juristas de primer orden en derecho civil establecieron grupos de trabajo para estudiar profundamente cada materia. En esta fase se realizó un examen profundo del origen y la evolución histórica de cada figura jurídica, su pertinencia en el derecho puertorriqueño, un contraste con otros ordenamientos jurídicos, y una evaluación de nuevas tendencias doctrinales para complementar nuestro desarrollo doctrinal. Los peritos contratados elaboraron informes con recomendaciones específicas para la consideración de los formuladores de política pública, e iniciar la toma de decisiones para emitir una recomendación final.



La Comisión Conjunta entonces recibió el insumo necesario para iniciar la tercera fase, constitutiva de la redacción de un anteproyecto de ley. Sin embargo, contrario al proceso legislativo tradicional, la Comisión optó por publicar el resultado preliminar de su esfuerzo en formato de borradores, como alternativa a la presentación formal requerida en los Reglamentos de ambos Cuerpos Legislativos. Esta determinación estuvo basada en dos propósitos fundamentales: 1) propiciar una discusión sin las formalidades reglamentarias del proceso legislativo; y 2) conceder flexibilidad para atemperar el trabajo realizado a las recomendaciones proporcionadas por la comunidad jurídica. El insumo de esta discusión fue esencial para identificar las determinaciones de política pública que eran necesarias para su oportuna integración a la fase final de los procesos de la Comisión Conjunta.



Sin embargo, al culminar este proceso, la Comisión Conjunta inició un periodo de inactividad e incertidumbre ante la ausencia de un proyecto de ley que validara los esfuerzos realizados durante los años anteriores. Por lo tanto, la Asamblea Legislativa omitió realizar un acto afirmativo que culminara el proceso de evaluación de las recomendaciones de política pública emitidas por la comunidad jurídica e iniciar formalmente el proceso legislativo mediante la elaboración de un documento final con el endoso de los Copresidentes de la Comisión Conjunta. En este contexto, la agenda legislativa para la presentación formal de un nuevo Código Civil que atemperara esta normativa a las necesidades históricas de nuestra sociedad permaneció inconclusa.



Desde esta perspectiva, le corresponde a esta Asamblea Legislativa culminar la revisión y actualización del Código Civil para estructurar los elementos legales que deben regir nuestra sociedad y atemperar su función edificadora a las necesidades del Siglo XXI. Más de cien años de una historia de intentos fallidos por poner el Código Civil a la altura de sus tiempos recaen sobre los miembros de la Decimoséptima Asamblea Legislativa. Por primera vez, nuestro pueblo tiene en sus manos la responsabilidad de elaborar un Código Civil hecho por puertorriqueños para los puertorriqueños. Estar a la altura de esta enorme responsabilidad requiere que los legisladores miembros de esta Asamblea, al igual que sus antecesores decimonónicos hicieron en su momento al crear el Código Civil, entren en pleno entendimiento y comprensión de la diversidad existente en nuestra sociedad contemporánea, de los cambios en las instituciones sociales que ha traído la modernidad y de las necesidades apremiantes que tienen los puertorriqueños del siglo XXI. Para lograr este cometido, será necesario descartar las disposiciones innecesarias, inconsistentes y repetitivas que plagan el Código Civil. El resultado que presentamos es un Código Civil netamente puertorriqueño, sensible a nuestro desarrollo jurisprudencial, atemperado a la evolución que han experimentado los derechos fundamentales en áreas medulares como el derecho a la intimidad y la igual protección de las leyes y que presente unas transformaciones vanguardistas desde la perspectiva amplia del derecho comparado.



El nuevo Código Civil de Puerto Rico

A continuación esbozamos algunos de los cambios más significativos que presenta el nuevo Código Civil de Puerto Rico:

1. Reestructuramos el Código con el propósito de sistematizarlo, para que el esfuerzo de codificación facilite su interpretación. El Código ahora se divide en: Título Preliminar: La Ley, su Eficacia y su Aplicación; Libro Primero: Las Relaciones Jurídicas; Libro Segundo: Las Instituciones Familiares; Libro Tercero: Derechos Reales; Libro Cuarto: De las Obligaciones; Libro Quinto: De los Contratos y Otras Fuentes de las Obligaciones; Libro Sexto: Derecho de Sucesiones; y Libro Séptimo: Derecho Internacional Privado.



2. En el Título Preliminar se disponen los principios generales sobre la aplicación e interpretación de la ley. El Título Preliminar mantiene sustancialmente los principios generales sobre la eficacia de la ley y su aplicación, con excepción de las normas de conflicto de leyes y otras de los Artículos 9, 10 y 11 vigentes, que son objeto de un Libro nuevo y separado, el Libro Séptimo. Desde esta perspectiva, el Título Preliminar proporciona unidad y coherencia a nuestro ordenamiento jurídico. Sus preceptos rigen no solo el ordenamiento jurídico privado sino el ordenamiento jurídico total; esto es, aplican a todas las materias del Derecho.



3. En el tratamiento del derecho subjetivo, no solo es importante la norma que se dicta sino el sujeto para quien se dicta y la cualidad del bien que constituye el objeto del Derecho. El nuevo Libro Primero, titulado “Las Relaciones Jurídicas”, contiene la normativa sobre la persona, los bienes y los hechos y actos jurídicos. Contiene, además, normas generales para todo el Derecho civil, que aplican a cada institución y figura y suplen todo vacío y laguna del cuerpo normativo.



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