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Expediente 250002326000 199901860 01 (25645)

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Expediente 250002326000 199901860 01 (25645)

Actor RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL

Demandada UNION TEMPORAL ENTRE LA NACIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.,(hoy Colseguros S.A.) y COMPAÑÍA CENTRAL DE SEGUROS S.A.

Acción CONTRACTUAL


3-CC-1214-2014


CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

SUBSECCION A


Consejero Ponente: HERNAN ANDRADE RINCON


Bogotá, D. C., diez (10) de septiembre de dos mil catorce (2014)


Expediente 250002326000 199901860 01 (25645)

Actor RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL

Demandada UNION TEMPORAL ENTRE LA NACIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. (hoy Colseguros) y LA COMPAÑÍA CENTRAL DE SEGUROS S.A.

Acción CONTRACTUAL


Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida el 22 de enero de 2003 por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se despacharon negativamente las pretensiones de la demanda.


I.-ANTECEDENTES


1. La demanda.


La RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL, por conducto de apoderado judicial y en ejercicio de la acción contractual instaurada en contra de la “Unión Temporal entre la Nacional Compañía de Seguros S.A. (hoy COLSEGUROS) y la Compañía Central de Seguros S.A., solicitó que, previa citación y audiencia de la parte demandada y del Ministerio Público, se hagan las siguientes declaraciones y condenas:


1. Que se declare el incumplimiento del Contrato de Seguros No. 1317 de 1996, suscrito entre la Red de Solidaridad Social y la Unión Temporal entre la Nacional Compañía de Seguros S.A. (hoy COLSEGUROS) y la Compañía Central de Seguros S.A.


2. Que se ordene y elabore la liquidación del Contrato de Seguro No. 1317 de 1996, suscrito entre la Red de Solidaridad Social y la Unión Temporal entre la Nacional Compañía de Seguros S.A. (hoy COLSEGUROS) y la Compañía Central de Seguros S.A.


3. Condénese a la Unión Temporal entre la Nacional Compañía de Seguros S.A. (hoy COLSEGUROS) y la Compañía Central de Seguros S.A. a pagar el valor de los daños y perjuicios ocasionados a mi poderdante, de conformidad con lo que resulte probado en el proceso, monto que debe ser actualizado en su valor, así como los intereses legales que se causen de acuerdo con certificación de la Superintendencia, y se condene en costas a la demandada de conformidad con la Ley 446 de 1998.


4. A la sentencia que le ponga fin al proceso se le dará cumplimiento en los términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A.”.


1.1. Hechos.


Como fundamentos fácticos de sus pretensiones la parte demandante expuso los que la Sala se permite resumir de la manera que sigue:


Con el propósito de brindar asistencia humanitaria a las víctimas de la violencia, en los términos dispuestos en los artículos 18 y 19 de la Ley 241 de 1995, la Red de Solidaridad Social, previo proceso de selección, suscribió el Contrato No. 1317 del 1 de julio de 1996 con la Unión Temporal integrada por la “Nacional Compañía de Seguros S.A. (hoy Colseguros)” y la Compañía Central de Seguros S.A., cuyo objeto, según la demanda, se pactó en los siguientes términos: “EL CONTRATISTA, se obliga para con LA RED a expedir la póliza de seguro de accidentes personales para amparar víctimas civiles por razón de atentados terroristas cometidos con bombas o artefactos explosivos, ataques guerrilleros y combates que afecten en forma indiscriminada a la población civil y masacres realizadas en la forma discriminada por motivos ideológicos y políticos contra un grupo de población civil en el marco del conflicto armado interno y que causen directamente su muerte real o presunta y su incapacidad total o permanente y su desmembración, en las condiciones del texto (condiciones generales, particulares y anexos) y tarifas que presentó como propuesta en la licitación pública arriba descrita, la cual, para todos los efectos legales, se considera como parte integrante de presente contrato.


De conformidad de con la demanda, el valor del Contrato No. 1317 de 1996 se fijó en “DOS MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($2.200.000.000.oo) M/Cte.”, suma que se canceló en tres pagos, el primero, realizado el 19 de julio de 1996, por valor de doscientos millones de pesos ($200’000.000); el segundo, el 29 de julio de 1996, por valor de mil cuatrocientos millones de pesos ($1.400.000.000) y, finalmente, el 6 de septiembre de 1996, un último pago por valor de seiscientos millones de pesos ($600’000.000). Igualmente, se indicó en el libelo que el plazo de vigencia del contrato se estipuló en 1 año contado a partir del 1 de julio de 1996 y que, entre las obligaciones del contratista, se pactó la de “Pagar, cuando fuere procedente y en los términos establecidos, las indemnizaciones a que hubiere lugar”.


En desarrollo del Contrato No. 1317 de 1996, la “Nacional Compañía de Seguros de Vida S.A.” expidió la Póliza No. 2008401, con el fin de otorgar cobertura a las personas en los supuestos descritos en el objeto del mencionado contrato. En las condiciones generales de la póliza se definieron los hechos materia de cobertura.


Adicionalmente, en la póliza se fijó el monto del seguro en “Diez millones de Pesos, para el caso de muerte y para las desmembraciones un porcentaje de acuerdo con la tabla adjunta”, se contemplaron como excepciones al personal militar, personal de las fuerzas armadas, personal de la Policía Nacional, así como jueces, fiscales, terroristas y guerrilleros y, para efectos del pago del valor asegurado a los beneficiarios de ley, se determinaron los siguientes requisitos:


A. POR MUERTE


- Cédula de ciudadanía, Tarjeta de Identidad o Registro Civil de Nacimiento de la víctima (original o fotocopia autenticada).

- Registro notarial de defunción (original o fotocopia autenticada).

- Certificación de la autoridad competente de la región, en donde conste el nombre de la persona que resultó afectada, su documento de identidad, fecha del evento, lugar de ocurrencia y causa de acuerdo con los amparos de este seguro.


B. POR DESMEMBRACION O INVALIDEZ PERMANENTE


- Cédula de ciudadanía, Tarjeta de Identidad o Registro Civil de Nacimiento de la víctima, original o fotocopia autenticada.

- Certificación de medicina legal, en la que conste la desmembración o invalidez permanente como consecuencia del evento amparado.

- Historia clínica completa en la que se determine la desmembración o invalidez permanente.

- Certificación de la autoridad competente de la región, donde conste el nombre de la persona que resultó afectada, su documento de identidad, fecha del evento, lugar de ocurrencia y causa, de acuerdo con los amparas de este seguro”.


Previa verificación del cumplimiento de los señalados requisitos, la Red de Solidaridad Social, a través del intermediario de seguros Multinacional Ltda., radicó, en nombre de los beneficiarios, las reclamaciones del valor asegurado que quedaron relacionadas en la demanda de manera discriminada, así: i) las que fueron objetadas extemporáneamente por las aseguradoras porque la certificación de autoridad competente no cumplía con los requisitos necesarios; ii) las objetadas extemporáneamente con sustento en que los casos presentados no se encontraban clasificados dentro de los atentados terroristas con bomba o artefacto explosivo, por cuanto, a juicio de la compañía aseguradora, fueron accidentes ocurridos por fuera de esas circunstancias y, en consecuencia, no eran objeto de cobertura y iii) aquellas respecto de las cuales la compañía aseguradora guardó silencio, a pesar de que, según la demandante, fueron presentadas con la documentación completa.


El monto de las reclamaciones se estimó en la demanda en una cuantía aproximada de mil quinientos millones de pesos (1.500’000.000), suma a la que se le adicionaron “las solicitudes que se encuentran en reserva técnica y que no se han radicado por encontrarse en proceso de complementación de documentos por los beneficiarios por un valor [de] MIL MILLONES DE PESOS ($1.000.000.000,oo) M/Cte”.


Adicionalmente, la parte demandante señaló que con el incumplimiento del contrato se violaron las siguientes normas:


El artículo 2º de la Constitución Política de 1991, por cuanto a través del seguro que se contrató se debía proteger “la primera fase del hecho (asistencia humanitaria), por lo tanto esta protección debe ser inmediata, dentro de los tres (3) meses, contados a partir de la ocurrencia del mismo, según las normas del derecho internacional humanitario; para el caso concreto de las víctimas de la violencia se establece que debe ser a la mayor brevedad posible después de entregada la documentación, fue tanta la necesidad de establecer un límite de tiempo para cumplir esta obligación constitucional y legal, que se estableció un término de ocho (8) días hábiles”.


Así mismo, se indicó que con el incumplimiento del contrato por parte de las demandadas se infringieron los artículos 18, 19, 45 y 47B de la Ley 241 de 1995, norma que tiene por objeto la toma de medidas necesarias para la protección de las víctimas de la violencia, incluyendo la asistencia humanitaria que es la principal función de la Red de Solidaridad Social, para cuyo cumplimiento suscribió el Contrato No. 1317 de 1996.


Igualmente, manifestó que se desconocieron los artículos 1080 y siguientes del Código de Comercio, por cuanto, a pesar de que la ley dispone que la aseguradora debe efectuar los pagos dentro del mes siguiente a que el beneficiario acredite su derecho y aunque la compañía se comprometió a hacerlo en el término de 8 días hábiles, incumplió su obligación, en tanto que, en los casos que se efectuaron pagos, éstos se realizaron vencido el mes de que trata la norma; en los eventos en los que presentaron objeciones, se hizo de manera extemporánea y, en los demás casos, se guardó silencio, circunstancia que, a su juicio, implica que las demandadas se vean obligadas a pagar intereses moratorios a la tasa máxima del mercado.


Indicó también la parte demandante que como quiera que es casi imposible tener conocimiento inmediato acerca de que la muerte o desmembración violenta de un familiar genere un derecho y, en tal virtud, que de origen a una acción para su reclamación, el término dentro del cual ésta ha de ejercerse se debe contar dentro de los 5 años siguientes a partir de que surja el respectivo derecho, circunstancia que, según indicó, implica que en este caso las aseguradoras deban responder por todas las reclamaciones de los beneficiarios que se hubieran presentado durante el señalado período.


Adicionalmente, manifestó que para sustentar la razón por la cual no se accede al pago, la objeción que se presente a la reclamación debe ser fundamentada, seria, razonada, debe contener las argumentaciones necesarias sobre el análisis de los hechos probados, coberturas contratadas y vigencia del contrato, de lo contrario, señaló la parte demandante, la objeción “tiene el mismo efecto que el silencio dentro del mes”.


Adujo la parte actora que, debido a la naturaleza del contrato de seguro, no es viable que éste se liquide de manera anticipada al término legal que confiere la ley para el reconocimiento y pago de los siniestros causados durante su vigencia, razón por la cual acude a la vía judicial para tales efectos.


Por último, manifestó que los beneficiarios del seguro de vida de las víctimas de la violencia presentan constantemente derechos de petición, los cuales inmediatamente se trasladan a la compañía aseguradora, sin que de ella se obtenga respuesta alguna1.




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