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461. LA INEXIGIBILIDAD POR EL ESTIPULANTE.


(…)


Nuestra legislación civil, (…), le niega de modo expreso al estipulante el derecho de exigir el cumplimiento de lo estipulado a favor del tercero. El artículo 1506 preceptúa en forma tajante que ‘solo esta tercera persona podrá demandar lo estipulado’. Suprime así este texto legal toda injerencia y todo poder decisorio del estipulante sobre la suerte de la estipulación…96.


Lo anterior encuentra sustento en virtud de la relación que se genera entre el promitente, en este caso la Unión Temporal contratista, y el beneficiario, en este caso, las víctimas de los hechos descritos en el numeral primero de las condiciones particulares de la Póliza No. 2008401, en donde, por virtud de la estipulación hecha, se constituye en cabeza del primero una obligación de carácter unilateral con respecto al segundo, quien, por tanto, tendrá en cabeza suya un “derecho crediticio correlativo” a dicha obligación97.


No obstante ello, no debe pasarse por alto que, en cuanto a la relación existente entre estipulante, en este caso la Red de Solidaridad Social, y promitente, en este caso, la Unión Temporal contratista, ésta es claramente una relación de tipo contractual, a la que se encuentra ligada la obligación unipersonal del promitente para con el beneficiario.


En razón de lo anterior y si bien la ley le otorga de manera exclusiva al beneficiario la facultad de demandar lo estipulado en su favor, esta previsión legal no excluye los derechos que las normas generales le reconocen a todo contratante, razón por la cual, en caso de incumplimiento del promitente, el estipulante puede, según lo previsto en el artículo 1546 del Código Civil98, pedir que se declare la resolución del contrato que contiene la estipulación con base en su incumplimiento, así como los perjuicios que por tal virtud se le hubieren causado, porque esta acción deriva del contrato mismo y no de la relación entre promitente y beneficiario.


En ese sentido, se ha pronunciado la doctrina nacional e internacional. Sobre el particular los tratadistas Ambrosio Colin y Henry Capitant, en su obra titulada “CURSO ELEMENTAL DE DERECHO CIVIL”, se expresan de la manera que sigue:


Relaciones jurídicas creadas por la estipulación entre los diversos interesados (**481).- ¿Cuáles son, en definitiva, las relaciones jurídicas que la estipulación por otro establece entre los tres interesados?


Entre el promitente y el estipulante.- El promitente y el estipulante están ligados por un contrato que puede variar según los casos. Puede ser una donación, una venta, un seguro sobre la vida, etc. No tenemos para qué estudiar aquí los efectos de este contrato, sino, simplemente, los de la estipulación por otro que el acompaña; y de un modo especial nos preguntamos cuáles son los derechos del estipulante en el caso de que el promitente no cumpla la prestación que se ha obligado a cumplir en beneficio del tercero.


No cabe duda, en primer lugar, de que el estipulante o sus herederos pueden pedir la resolución del contrato, puesto que la estipulación por otro es uno de los elementos del contrato.


(…)


Entre el tercero beneficiario y el promitente-. Sabemos ya que el tercero beneficiario adquiere un derecho de crédito directo contra el promitente. (…). En cambio, no tiene, en caso de incumplimiento, la acción de resolución del contrato celebrado entre el promitente y el estipulante, porque no ha sido parte de dicho contrato99. (Destaca la Sala).


Así mismo, los tratadistas Guillermo Ospina Fernández y Eduardo Ospina Acosta, en su obra “TEORIA GENERAL DEL CONTRATO Y DEL NEGOCIO JURIDICO”, señalan:

461. LA INEXIGIBILIDAD POR EL ESTIPULANTE.


(…)


462. LA RESOLUCION DEL CONTRATO. La privación al estipulante de la acción de cumplimiento de lo estipulado, establecida por el mencionado artículo 1506, es una norma exceptiva que, como tal, no puede ser aplicada por analogía. Por tanto, en caso de incumplimiento del promitente, el estipulante puede ocurrir (sic) a la acción resolutoria del contrato por tal motivo, porque esta otra acción deriva del contrato mismo entre las partes (C.C. art. 1546), y no ya de la estipulación a favor del tercero. Así lo tiene declarado ya unánimemente la doctrina. Además, como la acción de indemnización de perjuicios, complementaria de la resolutoria del contrato, también es distinta de la acción de cumplimiento, no queda excluida por el artículo 1506. De esta suerte, al acumular el estipulante las dos acciones primeramente mencionadas puede defender su interés desconocido por dicho texto legal.


(…)


465. LA RESOLUCION DEL CONTRATO. Si bien es cierto que la doctrina moderna, ya consagrada legislativamente, acepta la validez de la estipulación para otro, a quien le reconoce, por tanto la facultad de exigir lo estipulado, a la vez le niega a este la acción resolutoria del contrato, que solo podría ejercer el estipulante. Fúndase esta solución en que dicha acción nace del contrato en que el beneficiario no ha sido parte, ya que su derecho crediticio proviene del compromiso unilateral adherido a dicho contrato, pero que es distinto a este100. (Destaca la Sala).

En ese orden de ideas, queda claro que el estipulante sí se encuentra legitimado para pedir en vía judicial que se declare el incumplimiento del contrato en razón de la inobservancia del promitente de cumplir la estipulación que se ha pactado a favor de un tercero y, en consecuencia, también para solicitar el reconocimiento de los perjuicios que se le hubieren podido causar en su condición de tal, para lo cual puede intentar la acción resolutoria, que, según la jurisprudencia de esta Corporación101, es plenamente aplicable en tratándose de los contratos estatales, o, según el caso y los intereses de quien demande, la acción de incumplimiento.


Así pues, como quiera que la Red de Solidaridad Social no está reclamando el cumplimiento de lo pactado a favor de las víctimas de la violencia, sino el incumplimiento del contrato en el que ella actuó en condición de estipulante, con fundamento en la presunta inobservancia de la Unión Temporal contratista respecto de tal obligación, resulta evidente que, además de que la acción ejercida fue la apropiada, la entidad pública accionante cuenta con interés propio para invocar dicha pretensión y, además, para pedir el reconocimiento de los perjuicios que, en tal virtud, aseguró le fueron ocasionados.


Establecido entonces que la Red de Solidaridad Social sí se encuentra legitimada para pedir el incumplimiento del Contrato No. 1317 de 1996, procede la Sala a abordar el análisis de la pretensión de incumplimiento propiamente dicha.


Dado que, como ya se expuso, la obligación que adquirió la Unión Temporal contratista frente a la Red de Solidaridad Social en virtud del Contrato No. 1317 de 1996, en el sentido de pagar las indemnizaciones a que hubiera lugar, quedó sujeta a los términos y condiciones de otro contrato, el de seguro, resulta evidente que para establecer el cumplimiento, o no, de esta obligación, es necesario remitirse al otro convenio, en tanto que, como ya se dijo de manera precedente, en razón de lo pactado por las partes, de la ejecución y cumplimiento del contrato de seguro, dependía la ejecución y el cumplimiento del Contrato No. 1317 de 1996.


Ahora bien, al haber establecido el contenido y alcance de la obligación en cuestión, se llega ineludiblemente a la conclusión de que para determinar su incumplimiento hace falta primero resolver los litigios del contrato de seguro contenido en la Póliza No. 2008401, pues el surgimiento de la obligación de pago a la que se refiere el Contrato No. 1317 de 1996, dependía de que se configuraran en el contrato de seguro las condiciones y los términos que daban lugar al pago de las indemnizaciones a favor de los beneficiarios de la estipulación.


En ese sentido, se observa que, al haberse negado la Unión Temporal contratista a pagar las indemnizaciones, sea de manera expresa o tácita, lo que ocurrió fue que en el marco del contrato de seguro se originaron unos conflictos que no pueden ser resueltos en razón de un contrato diverso de aquel en el que encontraron su génesis, pues eso desbordaría por completo las facultades del juez al que se le puso en conocimiento un contrato diferente de aquel y, además, vulneraría las garantías mínimas del debido proceso.


En ese orden de ideas cabe precisar que a pesar de la existencia del vínculo o conexión que une a ambos contratos, éstos, según se analizó, aún mantienen su individualidad, por tanto y en razón a que la parte actora únicamente solicitó el incumplimiento de la obligación contenida en el literal b) de la cláusula séptima del Contrato No. 1317 de 1996, la Sala debe manifestar su incompetencia para pronunciarse en relación con los litigios que corresponden al contrato de seguro contenido en la Póliza No. 200408, pues dicha relación negocial no implica que la competencia que se ha dado a un juez para resolver sobre las controversias de uno de los negocios jurídicos implicados, se extienda a otro, respecto del cual no se ha hecho pretensión alguna.


Bajo el descrito escenario, se llega también a la conclusión de que si bien nada impedía a la parte actora limitarse a demandar únicamente el incumplimiento del Contrato No. 1317 de 1996, era su deber, si quería sacar avante sus pretensiones, traer a este proceso establecido el incumplimiento del contrato de seguro, lo cual, al depender de unos litigios ajenos al de este proceso, no podía acreditarse con la sola relación de las reclamaciones y de la negativa de la aseguradora de proceder al pago, pues ello, de lo único que da cuenta, es de la existencia de unas controversias que sólo pueden ser resueltas por el juez al que se le haya puesto en consideración ese contrato, lo cual lleva también a colegir que la parte no probó, siendo de su cargo hacerlo, el sustento fáctico de sus pretensiones, que no era otro que el incumplimiento del contrato de seguro, y, en consecuencia, a que éstas deban ser resueltas negativamente a sus intereses.


Por último, en cuanto a la pretensión indemnizatoria se refiere, por ser consecuencial a la pretendida declaración de incumplimiento del Contrato No. 1317 de 1996, las razones que vienen de exponerse son suficientes para negar su reconocimiento, sin embargo, agrega la Sala que, en todo caso, al revisar la demanda se observa que la parte actora no precisó cuál era el daño que se le habría ocasionado como consecuencia del pretendido incumplimiento y tampoco obra prueba válida en el proceso que permita establecer que, en efecto, se hubiera generado un perjuicio en contra de la Red de Solidaridad Social como consecuencia de ese presunto hecho.


Es más, si en gracia de discusión se entendiera, como al parecer lo hizo la parte demandante en el recurso de apelación, que el perjuicio cuya reparación reclama consistiera en el pago que la Red de Solidaridad Social habría realizado a favor de algunos beneficiarios del seguro, en razón a la no cancelación de las indemnizaciones por parte de la Unión Temporal contratista102, lo cierto es que, primero, no existe prueba válida acerca de que tales pagos se hubieran efectuado y, segundo, dado que la posición de tomadora que adoptó la Red de Solidaridad Social en la Póliza No. 2008401, no se dio para trasladar un riesgo suyo, sino en observancia de un mandato legal que así se lo impuso, no encuentra la Sala el fundamento para que se hubiera procedido a tal reconocimiento.


Al respecto, es oportuno tener en cuenta lo previsto en el artículo 45 de la Ley 104 de 1993, la cual fue prorrogada y modificada a través de la Ley 241 de 1995 y posteriormente derogada por el artículo 131 de la Ley 418 de 1997, el cual disponía:


ARTÍCULO 45.  En cumplimiento de su objetivo constitucional, y en desarrollo de las facultades que le otorga el Decreto 2133 de 1.992, el Fondo de Solidaridad y Emergencia Social atenderá gratuitamente a las víctimas de los atentados a que se refiere el presente Título, en los términos previstos en los artículos 23 y 26 de la presente ley, los gastos funerarios de las mismas, los seguros que se considere necesario contratar para proteger a los habitantes contra las consecuencias de los atentados terroristas, y subsidiará las líneas de crédito a que se refiere el presente Título, de conformidad con las reglamentaciones que adopte su Consejo Directivo.  Igualmente podrá cofinanciar los programas que adelanten las entidades territoriales para atender a las víctimas de los atentados a que se refiere el presente Título y apoyar los programas que con el mismo propósito realicen entidades sin ánimo de lucro, celebrando para este último efecto los contratos a que se refiere el artículo 355 de la Constitución Política y las normas que lo reglamentan” (Destaca la Sala).


Como se observa, la obtención de seguros necesarios para proteger a los habitantes del territorio nacional frente a las consecuencias de atentados terroristas, es decir, la contratación de un seguro en favor de estos sujetos, correspondió a una obligación legal que se agotaba únicamente con la consecución de la póliza correspondiente.


En ese sentido, como quiera que la Red de Solidaridad Social no trasladó una obligación suya en cabeza de las aseguradoras, como no lo hubiera podido hacer legalmente, no es dable pensar que ante la negativa de pago de las indemnizaciones por parte de éstas, la responsabilidad de tal obligación se hubiera trasladado a la entidad pública demandante, por tanto, tampoco resulta razonable considerar que, en caso de haber procedido al pago, éste pudiera configurarse como un perjuicio en su contra.


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