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No hay lugar a condena en costas

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7. No hay lugar a condena en costas.


Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, debido a que ninguna procedió de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.


En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,



FALLA:



PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 22 de enero de 2003 por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia, la cual quedará así:



1. DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de La Nacional Compañía de Seguros S.A., hoy Aseguradora Colseguros S.A.



2. NO DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa respecto de la Red de Solidaridad Social.



3. NEGAR las pretensiones de la demanda.


SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas.



TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUELVASE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.




COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE





HERNAN ANDRADE RINCON CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA

1 Folios 24 a 37 del expediente.

2 Folio 37 del expediente.

3 Folio 40 del expediente.

4 Reverso folio 40 del expediente.

5 Folio 46 del expediente.

6 Folio 52 de expediente.

7 Folios 54 a 61 del expediente.

8 Folios 155 a 163 del expediente.

9 Folios 196 a 207 del expediente.

10 Folio 177 del expediente.

11 Folios 428 y 429 del expediente.

12 Folio 432 del expediente.

13 Folios 434 a 445 del expediente.

14 Folios 453 s 464 del expediente.

15 29 de junio de 1999 (Folio 37 del expediente).

16 Art. 75, Ley 80 de 1993. “Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, el juez competente para conocer de las controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento será el de la jurisdicción contencioso administrativa.”

17 Así lo disponía el artículo 1º del Decreto 2099 de 1994, vigente para la fecha en la que se suscribió el Contrato No. 1317 de 1996. La naturaleza jurídica de la Red de Solidaridad Social se mantuvo igual con la expedición de la Ley 368 de 1997, vigente en la actualidad.

18 Folios 2 a 11 del expediente.

19 Folios 12 a 14 del expediente.

20 Folios 15 a 18 del expediente.

21 Folios 19 a 23 de expediente.

22 Folio 1831 del cuaderno de pruebas.

23 Folios 91 a 150 de cuaderno de pruebas.

24 Folios 151 a 1830 del cuaderno de pruebas.

25 Folios 1832 a 1835 del cuaderno de pruebas.

26 Folios 209 a 389 del expediente.

27 Folios 390 a 202 del expediente.

28 Folios 399 a 422 del expediente.

29 Folios 77 a 79 del expediente.

30 Remítase pie de página No. 18.

31 Folios 74 a 76 del expediente.

32 Folios 80 a 85 del expediente.

33 Folios 86 y 87 del expediente.

34 Folios 88 y 89 del expediente.

35 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 21 de agosto de 2013, proferida dentro del proceso radicado bajo el número interno 25022.

36 Folios 1 a 12 del cuaderno correspondiente al “Dictamen Pericial”.

37 Al respecto puede consultarse la sentencia de 17 de noviembre de 2011, expediente 20.373.

38 Al respecto el Código de Procedimiento Civil establece:

Artículo 174. Necesidad de la prueba. Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso.”

Artículo 177. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba.”

Artículo 183. Oportunidades probatorias (Antes de la modificación realizada por el artículo 18 de la Ley 794 de 2003). Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados para ello en este Código.”

39 Sala de Casación Civil, Sentencia de 27 de marzo de 1998. Expediente: 4.943. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Esteban Jaramillo Schloss.

40 Corte Constitucional. Sentencia SU-132, de 26 de febrero de 2002. Magistrado Ponente: Dr. Álvaro Tafur Galvis.

41 Al respecto, ver, entre otras, las siguientes providencias proferidas por la Subsección A, de la Sección Tercera, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado: sentencia proferida el 27 de enero de 2012, dentro del proceso radicado bajo el número interno 19.983; sentencia proferida el 8 de febrero de 2012, dentro del proceso radicado bajo el número interno 21.083; sentencia proferida el 7 de marzo de 2012, dentro del proceso radicado bajo el número interno 25.278; sentencia proferida el 11 de julio de 2012, dentro del proceso radicado bajo el número interno 22.818 y sentencia proferida el 20 de mayo de 2013, dentro del proceso radicado bajo el número interno 27.229.

42 El concepto de parte está íntimamente ligado a la legitima­ción para obrar activa o pasivamente, por lo cual debe estudiarse qué se entiende por dicho elemento, llamado también por nuestra jurisprudencia legitimación en causa, que integra la pretensión.

La Corte expresa que no es posible discriminar ni sistematizar los elementos sustanciales de la acción entendida como pretensión, ‘pues aquéllos inciden en el funcionamiento de cada derecho subje­tivo, de cada acción, condicionada por las circunstancias individuales de quien lo ejerce y del fin con el cual lo hace; las condiciones de cada acción difieren como los sujetos de cada una y como las situaciones singulares que cada acción contiene o revela; no obstante en esta multiplicidad hay un fenómeno constante que siempre recoge una buena suma de condiciones de la acción llamada... legitimación pa­ra obrar’ (lxiv, pág. 712).

La legitimación sólo existe cuando demanda quien tiene por ley sustancial facultad para ello, precisamente contra la persona frente a la cual la pretensión de que se trata tiene que ser ejercitada. De modo que la cualidad en virtud de la cual una pretensión puede y debe ser ejercitada contra una persona en nombre propio se llama legitimación para obrar, activa para aquel que puede perseguir judi­cialmente el derecho y pasiva para aquel contra el cual ésta se ha de hacer valer. En síntesis, la legitimación para obrar o en causa determina lo que entre nosotros se denomina impropiamente perso­nería sustantiva. MORALES MOLINA, Hernando. Curso de derecho procesal civil. Parte general. Bogotá: Editorial ABC. 1973, P. 140.

43[P]ara que el juez estime la demanda, no basta que estime existente el derecho, sino se requiere que con­sidere que éste corresponde precisamente a aquel que lo hace valer y contra aquel contra quien es hecho valer; o sea, considere la iden­tidad de la persona del actor con la persona en cuyo favor está la ley (legitimación activa) y la identidad de la persona del demandado con la persona contra quien se dirige la voluntad de la ley (legitimación pasiva). Con el nombre de legitimatio ad processum se indica, por el con­trario, un presupuesto procesal, esto es, la capacidad para presentarse en juicio por sí o por otros.” CHIOVENDA, Giusseppe. Instituciones de derecho procesal civil. Vol. 4. México: Editorial Jurídica Universitaria. 2001, p. 108.

44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia febrero 4 de 2010, Expediente 17720, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

45 Original de la sentencia en cita: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 22 de noviembre de 2001, Consejera Ponente. María Elena Giraldo Gómez, expediente No. 13356.

46 Original de la sentencia en cita: Ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera sentencia de 15 de junio de 2000; Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez; expediente No. 10.171; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veintiocho (28) de abril de dos mil cinco (2005), Consejero ponente: Germán Rodríguez Villamizar, Radicación número: 66001-23-31-000-1996-03266-01(14178).

47 Original de la sentencia en cita: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del treinta y uno (31) de octubre de dos mil siete (2007); Referencia: 13.503; Radicación: 110010326000199713503 00.

48 Original de la sentencia en cita: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veinte (20) de septiembre de dos mil uno (2001); Consejera ponente: María Elena Giraldo Gómez; Radicación: 10973.

49 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia proferida el 25 de septiembre de 2013. Exp. 19.933. Magistrado Ponente: Mauricio Fajardo Gómez.

50 Ibídem.

51 Numeral 2 de artículo 7 de la Ley 80 de 1993.

52 Folio 52 de expediente.

53 Artículo 354 del Código de Procedimiento Civil. “La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla”. (Destaca la Sala).

54 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia de unificación proferida el 9 de febrero de 2012 dentro del proceso radicado bajo el número interno 21060.

55 ibídem.

56 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Plena de la Sección Tercera. Sentencia proferida el 9 de febrero de 2012 dentro del proceso radicado bajo el número interno 20104.

57 Texto original del artículo 1036 del Código de Comercio: “El de seguro es un contrato solemne, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva.

El contrato de seguro se perfecciona desde el momento en que el asegurador suscribe la póliza”.

Texto original del artículo 1046 del Código de Comercio: “El documento por medio del cual se perfecciona y prueba el contrato de seguro se denomina póliza. Deberá redactarse en castellano, ser firmado por el asegurador y entregarse en su original, al tomador, dentro de los quince días siguientes a la fecha de su expedición”.

58 A partir de la expedición de la Ley 389 de 1997, por medio de la cual se modificaron los artículos 1036, 1037 parágrafo y 1046 del Código de Comercio, el contrato de seguro es consensual y se puede probar por escrito o por confesión, sin embargo, “Con fines exclusivamente probatorios, el asegurador está obligado a entregar en su original, al tomador, dentro de los quince días siguientes a la fecha de su celebración el documento contentivo del contrato de seguro, el cual se denomina póliza, el que deberá redactarse en castellano y firmarse por el asegurador”.

59 Definición de JOSEPH HÉMARD, acogida por “PICARD y BESSON, Les assurances terrestres en droit francais, èdition, tome premier, Le contrat d’ assurance, París, L.G.D.J., 1964, PÁG. 2.”. Citado por OSSA G. Efrén en “TEORIA GENERAL DEL SEGURO EL CONTRATO”, Temis 1991, pág. 2.

60 La figura que venimos examinando, en cuanto tal, no tuvo cabida en el Código Civil. Y ello es así, toda vez que la regulación del contrato como figura independiente y autónoma de nuestro Código Civil y de todos los Códigos de la época, correspondió a la realidad del momento histórico de su sanción. Así, las disposiciones del Código que regulan los elementos del contrato, su validez y eficacia, la interpretación de sus cláusulas, la responsabilidad contractual, están concebidas para el supuesto de que las partes hayan celebrado un solo contrato, y no para el caso de que concluyan varios contratos conexos”. Adela Segui. Teoría de los contratos conexos. Algunas de sus aplicaciones, en contratación contemporánea, No. 2, Palestra – Temis, Bogotá, 2001, pág. 186.


61 Las cadenas de contratos o contratos coligados, en Contratación Privada”. “El prototipo del contrato en las leyes, en las sentencias de los tribunales e incluso en libros especializados, ha sido casi siempre el del contrato aislado, que no hace juego con otros contratos. Sin embargo, en época reciente, la doctrina y la jurisprudencia, y a veces también el legislador, se percatan, desde el punto de vista jurídico, del importante fenómeno sociológico de las cadenas o redes de contratos relacionados. Determinadas operaciones económicas, a menudo requieren que sean celebrados varios contratos sucesivos, imbricados o estrechamente vinculados, de los cuales por lo general hay uno que es contrato eje y otros que son contratos subordinados o dependientes”. LOPEZ SANTAMARIA. Jorge. Jurista Editores, Lima, 2002, pág. 305. Cfme: Jorge Mosset Iturraspe, Contratos conexos, Rubizal – Culzoni, Santa Fe, 1999, pág. 24.


62La coligación negocial puede depender directamente de la estructura y de la función del fenómeno, tal como resulta disciplinado de manera típica por el ordenamiento (y se habla en ese caso de coligación necesaria), o puede estar prevista y regulada de manera convencional (y en tal caso se habla de coligación voluntaria)”. BIGLIAZZI GERI. Lina; BRECCIA. Humberto; BUSNELLI. Francisco D.; NATOLI. Ugo. “DERECHO CIVIL. HECHOS Y ACTOS JURIDICOS”. Traducción Fernando Hinestrosa. Universidad Externado de Colombia. 1995, Tomo I. Vol. II, pág. 942.


La coligación es voluntaria cuando “resulta de la intención específica de las partes”, es funcional cuando los contratantes individuales “persiguen un interés inmediato, que es instrumental, con relación al interés final de la operación”; dicho interés, a su turno, “concurre a determinar la causa concreta del contrato”. MASSIMO. Bianca, “Diritto civile”. 3. II contratto, cit. 455. Tomado de Lina Bigliazzi Geri, Humberto Breccia, Francesco D. Busnelli y Ugo Natoli. Derecho civil. Tomo I, Volumen II, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1992, pág. 942.

63 MESSINEO. Francesco. Doctrina General del Contrato. Tomo I. Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1.952. Traducción F. O. Fontarrosa, S. Sentis Melendo , M. Voltera. Págs. 402 y 403.

64 Ibídem.

65 (43) Conforme Casación, 8 de agosto de 1946, en MFI, 1946, n. 1129, col. 259.

66 MESSINEO. Francesco. Op. cit., 403 y 404.

67Francesco Galgano. El negocio jurídico. Tirant lo Blanch, Valencia, 1992, pág. 114.

En la doctrina francesa, en la que se aborda esta temática con arreglo a la expresión ‘grupo de contratos’, el autor B. Teyssie, sintéticamente, pone de relieve que “…si varios contratos tienen un mismo objeto o si ellos participan en la realización de un fin común, por manera que poseen una misma razón de ser, constituyen un verdadero grupo”. Les groupes de contrats, Paris, 1975.

La citada doctrina, también se pronuncia a favor de la causa como criterio determinante de los grupos de contratos. “Prolongando la concepción clásica de la causa, la doctrina contemporánea ha pensado en utilizar la noción de causa de la obligación para justificar un vínculo jurídico entre dos contratos que estén relacionados económicamente. Este vínculo jurídico manifestaría una interdependencia entre esos contratos en tal forma que cuando uno llegara a no existir o se extinguiera, el otro a su vez debería desaparecer. En efecto, cada uno de estos contratos puede considerarse como la causa del otro, de la misma manera que en un contrato sinalagmático, la existencia y la ejecución de la obligación de una de las partes es la causa de la obligación de la otra parte. Más concretamente, en cuanto a las partes de estos contratos se trata de realizar una operación económica que supone la celebración de contratos, no entre las mismas personas, sino entre personas diferentes, ya que una de ellas es parte en los dos contratos”. Christian Larroumet. Teoría general del contrato, Vol. I, Temis, Bogotá, págs. 375 y 376.

Tomado de Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. Sentencia del 25 de septiembre de 2007. Exp. 11001-31-03-027-2000-00528-01.

68 LÓPEZ FRÍAS. Ana. Los contratos conexos. Estudio de supuestos concretos y ensayo de una construcción doctrinal, José María Bosch Editor, Barcelona, 1994, pág. 273.

69 MASSIMO. Bianca. “Derecho Civil 3 el contrato”. Traducción Fernando Hinestrosa, Edgar Cortés. Universidad Externado de Colombia, 2007, pág. 502.

70 119 En jurisprudencia cfr., por ej., Cas. 1007, 12 de febrero de 1980, en GI1981, 1, 1, 1537: las partes en el ejercicio de su autonomía contractual pueden dar vida, con un solo acto, a diversos y diferentes contratos que, aun si mantienen la individualidad propia de cada tipo negocial y aun permaneciendo sometidos a la disciplina respectiva, pueden resultar coligados entre ellos, funcionalmente y en un estado de dependencia recíproca, de modo que las vicisitudes de uno repercuten en los otros, para condicionar su validez y ejecución”.

71 120 Cas. 4645, 27 de abril de 1995, en Gciv. 1996, 1, 1093, con nota de CHINÈ, designa como voluntaria la coligación que es expresión de la autonomía privada, a diferencia de la coligación legal. la coligación contractual puede resultar tipificada legislativamente, como en el caso del subarriendo, o puede expresión de la autonomía negocial; en este último caso se configura como un mecanismo por cuyo trámite las partes persiguen un resultado económico unitario y complejo, no por medio de un contrato individual, sino por medio de una pluralidad coordinada de contratos, cada uno de los cuales, aun conservando una causa autónoma, hace parte de un reglamento unitario de intereses. El subcontrato escapa, por lo demás, a la noción propia de coligación contractual (n.° 402)”.

72 121 Es necesario poner de presente que en algunas máximas de la jurisprudencia la noción de coligación funcional se identifica con la interdependencia misma de los negocios. Esta noción se contrapondría a la de coligación ocasional, entendida como la simple pluralidad de contratos que nacen del mismo acuerdo. Cfr. Cas. 4291, 2 de julio de 1981, en Fl 1982, I, 467: la coligación se debe considerar meramente ocasional cuando las declaraciones individuales, estructural y funcionalmente autónomas. están reunidas solo casualmente, manteniendo la individualidad propia de cada tipo negocial en el que se encuadran, de tal mera que su unión no influye, por lo general, en la disciplina de los negocios individuales en que se sustancian. Por el contrario, la coligación es funcional cuando los diferentes y distintos negocios, a los que las partes dan vida en ejercicio de su autonomía contractual, aun conservando la individualidad propia de cada tipo negocial, están concebidos y queridos como ligados teleológicamente por un nexo de interdependencia recíproca, de tal forma que las vicisitudes del uno deben repercutir sobre el otro, para condicionar su validez y eficacia.”

73 122 Una referencia explícita al elemento de la causa en TEYSSIE. Ob. cit., 33,156”.

74 En este punto debe precisarse que para algunos doctrinantes, como es el caso de Ana López Frías, la coligación como fenómeno jurídicamente relevante únicamente se presenta cuando el vínculo que une a los diferentes contratos es funcional y no cuando se está en presencia de un vínculo meramente genético u ocasional. Op. cit., pág. 273.

75 Para los efectos de la coligación negocial, cuando se habla de negocios jurídicos deben entenderse comprendidos únicamente los contratos, pues es en razón de su unión y no de la de otros negocios jurídicos que puede surgir esta figura de derecho, por lo cual de suyo queda excluida “la vinculación entre negocios jurídicos que no sean contratos (por ejemplo, los casos en que el testamento presenta cualquier tipo de relación con otro negocio jurídico)…”. Al respecto ver LÓPEZ FRÍAS. Ana, Los contratos conexos (estudio de supuestos concretos y ensayo de una construcción doctrinal), España, José María Bosch Editor, 1994, pág. 273.


76 Ver, entre otras, las siguientes providencias: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 25 de septiembre de 2007. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. Exp. 11001-31-03-027-2000-00528-01; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 1 de junio de 2009. Magistrado Ponente: Dr. William Namén Vargas. Exp. 05001-3103-009-2002-00099-01.

77 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 6 de octubre de 1999. Magistrado Ponente: Dr. Silvio Fernando Trejos Bueno. Exp. 5224.


78 Collegamento negociale, en Scritti giuridici, Vol. I, Cedam, Milano, 1996, pág. 119.

79Los negocios pueden estar coligados en el sentido de que uno solo de ellos reciba la influencia del otro (dependencia unilateral), o en el sentido de que dicha influencia sea recíproca (dependencia bilateral). El nexo de dependencia puede, además, derivar, ya de un concurso simultáneo, ya de una secuencia de actos dispuestos en orden cronológico. En especial pueden darse: a) una coligación de índole genética, modificatoria o extintiva, que se manifiesta en el hecho de que un negocio ejerce su influencia en la formación, en la modificación o en la extinción del otro; b) una coligación de índole funcional y efectual, que se manifiesta no sólo en el hecho de que uno de los negocios encuentra su fundamento en la relación surgida del otro, sino, más generalmente, en el hecho de que los actos de autonomía privada tienden a la persecución de un resultado común; c) una coligación de índole, por así decirlo, ‘mixta’, o sea al mismo tiempo genética y funcional”. Lina Bigliazzi Geri, Humberto Breccia, Francesco D. Busnelli y Ugo Natoli. Derecho civil. Tomo I, Volumen II, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1992, pág. 942.


80 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 1 de junio de 2009. Magistrado Ponente: Dr. William Namén Vargas. Exp.


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