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Expediente 250002326000 199901860 01 (25645)

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2. Actuación Procesal.


La demanda presentada el 29 de junio de 19992, fue admitida por auto del 22 de noviembre de 19993 y notificada en legal forma al Ministerio Público el día 28 de julio las mismas calendas4, a la Nacional Compañía de Seguros (Hoy Colseguros) el 3 de abril de 20005 y a la Compañía Central de Seguros el 12 de mayo del 20006.


3. Contestación de la demanda.


La Nacional Compañía de Seguros (hoy Colseguros) y la Compañía Central de Seguros, a través de un mismo apoderado judicial, contestaron la demanda para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones. En cuanto a los hechos, negaron unos, aceptaron otros y, respecto de otros, manifestaron estarse a lo que resultara probado en el proceso.


Sostuvieron las demandadas que a pesar de que en el documento que contiene el Contrato No. 1317 de 1996 se indicó que éste era de seguro, en realidad no lo es, por cuanto, para la fecha en que se celebró el acuerdo, el contrato de seguro era solemne y, por expresa disposición legal, debía constar en una póliza que contuviera sus elementos esenciales. En ese sentido, indicaron que la obligación que se pactó en el referido negocio jurídico fue la de “expedir la póliza de seguro de accidentes personales”.


En cuanto a la pretensión de incumplimiento del contrato, la parte demandada, al negar la existencia de la inobservancia alegada por la actora, manifestó que se opone a su prosperidad. Así mismo, pidió que se deniegue la petición porque el contrato en el que ésta se sustentó no es de seguro y, además, porque la unión temporal, que fue la demandada, carece de capacidad procesal.


En lo que concierne a la segunda de las pretensiones, indicó que, dada la naturaleza del contrato y el alcance de sus obligaciones, no es viable liquidarlo. En ese sentido, expresó que “tras la expedición de la póliza y el pago de las primas, no quedaron valores por ajustar, no quedaron sumas pendientes de pago por determinar, no quedó nada más por definir” y que, en lo que se refiere a pagos pendientes de siniestros cubiertos por la póliza, “se trata de sumas que, aún en el evento de llegar a deberse, se les deberían a los beneficiarios de la misma, y ciertamente no a la Red de Solidaridad Social”.


En relación con esta pretensión dijo también que las discusiones sobre posibles incumplimientos y sus consiguientes indemnizaciones no son asuntos que correspondan a la liquidación judicial.


Respecto de la pretensión de indemnización de perjuicios adujo que con ocasión de la ejecución del Contrato No. 1317 de 1996 la Unión Temporal Contratante no le causó daño o perjuicio patrimonial alguno a la Red de Solidaridad Social.


Por último, la parte demandada propuso las siguientes excepciones:


- Falta de legitimación en la cusa por pasiva. Como fundamento de esta excepción señalaron las demandadas que i) la Unión Temporal contratista, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 7º de la Ley 80 de 1993, no es una persona jurídica y, por ende, carece de capacidad para comparecer a un proceso; ii) la Unión Temporal que suscribió el Contrato No. 1317 de 1996, se conformó por la “Nacional Compañía de Seguros de Vida S.A. y la Compañía Central de Seguros S.A.”, y de ella no formó parte la Nacional Compañía de Seguros S.A., hoy Colseguros, la cual no tuvo ninguna relación, ni con el contrato estatal, ni con la póliza que en virtud suya se expidió. Adicionalmente, se informó que la Nacional Compañía de Seguros de Vida S.A., cambió su razón social por la de Cyberseguros de Colombia S.A.


- Falta de legitimación en la causa por activa. Para sustentar esta excepción la parte demandada argumentó que aún en la hipótesis de que las objeciones que se formularon respecto de las solicitudes presentadas por los beneficiarios pudieran calificarse como un incumplimiento del Contrato No. 1317 de 1996, serían únicamente ellos los que tendrían derecho a reclamar las indemnizaciones correspondientes.


Al respecto, mencionó que la póliza que se expidió en virtud del contrato estatal correspondía a un seguro de accidentes personales, cuyos beneficiaros eran “LOS DE LEY”, que, según sus condiciones particulares, “En caso de muerte del asegurado tendrán la calidad de beneficiarios los de Ley” y que “En caso de inhabilitación permanente será beneficiario la víctima o sus representantes legales, según el caso”, designación de beneficiarios en la que se presenta la figura de estipulación a favor de otro prevista en el artículo 1506 del Código Civil.


- “Inexistencia del pretendido incumplimiento del contrato número 1317”. Para sustentar esta excepción, indicaron que las obligaciones que fueron pactadas en el contrato fueron cumplidas a cabalidad por parte de la Unión Temporal, en tanto que expidió la póliza de seguro de accidentes personales No. 2008401, efectuó los pagos correspondientes a la publicación del contrato en el Diario Único de Contratación y al impuesto de timbre nacional y constituyó la garantía única de cumplimiento a favor de entidades estatales, la Póliza No. 11765390 expedida por la Aseguradora Colseguros S.A., e indemnizó a los beneficiarios de la póliza de seguro de accidentes personales que, en los términos del artículo 1077 del Código de Comercio, demostraron la ocurrencia del siniestro y su cuantía7.


4. La sentencia impugnada.


La Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia proferida el 22 de enero de 2003, resolvió declarar “no probada la excepción de FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA. En consecuencia negar las pretensiones de la demanda”.


En cuanto a la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, indicó el Tribunal que no estaba llamada a prosperar, toda vez que, a pesar de compartir el análisis expuesto por la demandada en relación con la naturaleza jurídica de la Unión Temporal, la relación procesal se trabó con las compañías aseguradoras, en tanto que se les notificó en forma independiente el auto admisorio de la demanda.


Respecto de la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, señaló que tampoco tenía vocación de prosperidad, por cuanto, además de que en el Contrato No. 1317 de 1996 se pactó, entre otras, la obligación de pagar las indemnizaciones cuando fuere procedente y en los términos establecidos, su objeto consistió en que “El contratista se obliga para con la Red a expedir la póliza de seguros de accidentes personales para amparar víctimas civiles (…)”.

Con base en lo anterior, señaló que para dar cumplimiento al objeto contractual pactado, la Nacional Compañía de Seguros de Vida S.A., “suscribió un contrato de seguros con la Red de Solidaridad mediante la póliza de accidentes personales No. 20008401”, razón por la cual, en principio, con tal acto se “terminó con cumplimiento de su objeto contractual, que no fue otro, que la expedición de la póliza, toda vez que el cumplimiento dependía única y exclusivamente de la ejecución de ese objeto”, sin embargo, la aseguradora también se obligó a pagar las indemnizaciones cuando fuere procedente, lo cual “sólo puede entenderse en referencia con el contrato de seguros que se iría a celebrar posteriormente para efectos de cumplir con el objeto del contrato No. 1317”.


Finalmente, manifestó el a quo que en la póliza de accidentes personales No. 2008401, expedida en virtud del Contrato No. 1317 de 1996, la Red de Solidaridad Social se constituyó como parte asegurada y que, por tal razón, se encontraba legitimada para exigir el cumplimiento del pago de las indemnizaciones.


En lo que a las pretensiones de la demanda concierne, el a quo indicó que la causa del incumplimiento que habría generado los daños por los cuales se reclama indemnización la constituyó el no pago de las indemnizaciones derivadas del contrato de seguro, no obstante ello, el Contrato No. 1317, en virtud del cual se ejerce la acción, “se celebró con el exclusivo fin de adjudicar el contrato de seguros a una determinada compañía aseguradora, ese fue el objeto del contrato. Por lo tanto, es en este nuevo contrato donde se podían acordar las obligaciones de asegurador y asegurado”.


En ese sentido, señaló que el contrato de seguro se materializó con la póliza de accidentes expedida en virtud del Contrato No. 1317 de 1996, en la cual se identificó a la Red de Solidaridad Social como tomador y, a la vez, como asegurado. Igualmente, refirió que, mas adelante en el mismo documento, a título de observaciones se anotó una clase específica de beneficiario, así: “amparar las víctimas de acuerdo con la ley 104 artículo 18”, lo cual, a juicio del a quo, significa que en la condición de tomador y asegurado se encontraba la entidad demandante y en la condición de beneficiarios las víctimas de los atentados, lo que, según consideró, implica que las partes acordaron designar una persona distinta del asegurado para reclamar la indemnización.


En ese mismo orden de ideas, razonó que, en los términos del artículo 1039 del Código de Comercio, la calidad de asegurado que se le dio a la Red de Solidaridad Social debe entenderse “como el seguro por cuenta de un tercero”, lo cual, según dijo, se corrobora porque a la entidad le correspondía recibir la información del siniestro y formular la reclamación junto con la documentación requerida por el artículo 1040 ibídem, después de lo cual debía pasarla al intermediario del seguro, quien finalmente, si era el caso, cancelaba las indemnizaciones a los beneficiarios.


Con fundamento en lo anterior, manifestó el a quo que aun en el caso de que existieran causales de incumplimiento derivadas del Contrato No. 1317 de 1996, no se logró determinar el perjuicio, por cuanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1039 del Código de Comercio, los únicos legitimados para reclamar el valor de la indemnización eran los beneficiarios y, además, porque los siniestros no pagados fueron objetados por la aseguradora, que estaba facultada legalmente para hacerlo cuando se presentaran las causas legales para ello.


Al respecto, indicó que en este caso las objeciones habían recaído sobre la cobertura del seguro, pero que ese aspecto no había sido objeto del debate judicial y que, además, “los hechos por incumplimiento de un contrato de seguros solo pueden debatirse dentro de un proceso que concretamente se discuta el contrato donde se originaron las obligaciones”, circunstancia que, aseveró, era suficiente para negar las pretensiones de la demanda8.


5. El recurso de apelación.


La parte actora interpuso recurso de apelación en contra de la providencia de primera instancia con el objeto de que se revocara y, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda.


Previo recuento de los antecedentes fácticos y jurídicos del caso, como sustento de su inconformidad la parte actora indicó que la asistencia humanitaria que la aseguradora debía desembolsar a favor de las víctimas no tenía el carácter de indemnización, sino que era una ayuda dirigida a mitigar el daño o perjuicio sufrido por ellas. Explicó que, en razón de esa circunstancia, para efectos del pago por parte del contratista, a la Red de Seguridad Social le correspondía revisar y verificar los requisitos que debían cumplir los beneficiarios y, surtido ese proceso, debía remitir los documentos y la solicitud respectiva a la aseguradora, la cual, a su vez, “estaba en la obligación ineludible de realizar el desembolso del pago inmediato a favor de las víctimas de la violencia”.


Según la parte recurrente, una vez la compañía de seguros recibió el pago de la prima, sin justificación alguna y “de manera arbitraria”, negó los pagos que previamente la Red había verificado a la luz de los documentos requeridos para el efecto, incumpliendo de esta manera la obligación contenida en el literal b) de la cláusula 7ª del contrato.


A continuación manifestó que al desconocer las obligaciones pactadas en el Contrato No. 1317 de 1996 y las que se incorporaron a la Póliza de Seguro No. 2008401, las demandadas causaron graves daños a las víctimas de la violencia, pues se les impidió recibir los recursos que se habían destinado por parte del Estado, a través del pago del mencionado seguro, para mitigar los perjuicios originados en actos de violencia; así como daños directos a la Red de Solidaridad Social que ha tenido que atender un sinnúmero de tutelas que los beneficiarios del seguro promueven en su contra a causa del incumplimiento de las compañías accionadas respecto de la obligación de pagar el monto asegurado correspondiente.


En relación con ese mismo aspecto, reiteró la parte recurrente que el valor asegurado que las accionadas se sustrajeron de pagar en lo que concierne a las víctimas que fueron discriminadas en el libelo introductorio, las cuales cumplieron con todos los requisitos legales y procedimentales para la reclamación, a la fecha de presentación de la demanda ascendía a $2.500’000.000. Así mismo, expresó que son estas mismas personas las que ahora “promueven acciones contractuales y de Tutela contra la Red de Solidaridad Social, sin que la Aseguradora acepte ser parte del conflicto”. Informó también que el Consejo de Estado en procesos iniciados en ejercicio de la acción de tutela dirigida en contra de la Red de Seguridad Social, vinculó en calidad de llamada en garantía a la “ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S.A.” y que la condenó a pagar la suma prevista en la Póliza No. 2008401 a favor del accionante.


Sobre este particular, dijo también que resulta desproporcionado pretender que la entidad demandante cancele nuevamente un valor por el mismo concepto y a los mismos beneficiarios, cuando de manera oportuna pagó la prima en los términos que habían sido fijados en el pliego de condiciones para que fuera la aseguradora la que asumiera los riesgos que le fueron trasladados en virtud del contrato de seguro.


De otra parte, señaló que el fallo de primera instancia carece de lógica jurídica, toda vez que “es un contrasentido que se falle que ‘no ha sido probada la falta de legitimidad por activa y que en consecuencia se nieguen las pretensiones de la demanda’”, por cuanto “la lógica jurídica en este asunto enseña que cuando una persona adolece de LEGITIMIDAD POR ACTIVA, lo que debe hacerse es NEGAR LAS PRETENSIONES DE ACTOR, pero en el caso sub-judice aconteció, inexplicablemente lo contrario, esto es, no obstante estar el Tribunal cierto y claro en el sentido de que mi poderdante


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