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Expediente 250002326000 199901860 01 (25645)

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TIENE legitimidad en la causa por activa, decidió sustraerse de su obligación en el sentido de resolver sobre las pretensiones formuladas”.


Mas adelante, indicó que ante el Incumplimiento de las obligaciones del contratista, la Red de Solidaridad Social previó la situación de absoluta indefensión en la que se encontraban las víctimas de la violencia ante la aseguradora, razón por la cual, en los casos que fueron relacionados en la demanda, contó con su autorización o poder para ejercer la acción pertinente en su contra, sin embargo, expresó que no consideró necesario aportar tales documentos porque “es claro para mi poderdante que es a ella a la que le asiste legitimidad para demandar y no a las víctimas de la violencia”.


En ese mismo sentido, expuso que si bien es cierto que las víctimas de la violencia en algunos casos han ejercido de manera directa acciones de tutela y de reparación directa en contra de la Red de Solidaridad Social, tales demandas se han interpuesto sobre la base del Contrato No. 1317 de 1996, el cual fue suscrito únicamente entre la demandante y la Unión Temporal de la que formaron parte las demandadas.


Seguidamente, argumentó que en caso de llegar a contemplarse la posibilidad de que, como lo consideró el a quo, se tratara de un contrato de seguro por cuenta de un tercero, al analizar los elementos del negocio jurídico se llegaba a la conclusión de que se trató de un “contrato administrativo” y que, por tal razón, tampoco en este evento era necesario adjuntar los poderes y/o autorizaciones otorgados por las víctimas perjudicadas con la omisión y renuencia de la aseguradora respecto de la obligación que había asumido por virtud del referido contrato, no obstante lo cual manifestó que, ante la exigencia del Tribunal, en esta instancia aportaba los documentos para su valoración, cuya fecha de presentación personal es anterior a la de la presentación de la demanda.


Posteriormente, adujo que el Tribunal desconoció que el contrato de seguro se celebró como resultado de un proceso licitatorio y que de él formaron parte el pliego de condiciones y la propuesta presentada por las sociedades demandadas, documento éste último en el que consta que las compañías se comprometieron a pagar a las víctimas de la violencia los amparos y valores asegurados de acuerdo con la escala de desmembración y porcentaje pactado y aceptado por las partes de la relación contractual.


En cuanto a la falta de cobertura que dio origen a las objeciones que fueron presentadas por las demandadas en relación con algunas reclamaciones, aspecto que, según el a quo, no fue objeto del debate, manifestó la parte recurrente que fue la Red de Solidaridad Social la que determinó los móviles de los hechos que la póliza debía amparar, los cuales se enmarcan dentro de los parámetros de las leyes 104 de 1993 y 241 de 1995.


Para finalizar, adujo que en el fallo de primera instancia no se abordó el fondo del asunto, por cuanto lo que se pretendía era que se declarara el incumplimiento del Contrato No. 1317 de 1996 y que, además, en la parte resolutiva de la providencia no se resolvió nada en cuanto a la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la parte demandada9.

6. El trámite de la segunda instancia.


El recurso así presentado10, fue admitido por auto del 5 de diciembre de 200311 y, ejecutoriado éste, mediante proveído del 6 de febrero de 200412 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto de fondo, término procesal dentro del cual se hicieron los siguientes pronunciamientos:


- La parte demandada indicó que se oponía a los argumentos presentados en el recurso de apelación, por cuanto, según aseveró, en el proceso se encontraba demostrado que había cumplido con todas y cada una de las obligaciones consagradas en el Contrato No. 1317 de 1996.


En relación con este aspecto, consideró que, a pesar de que la demandante no reclamó suma alguna con base en la Póliza de Seguro No. 2008401, era menester distinguir el contrato de seguro contenido en ésta del Contrato No. 1317 de 1996. Con tal propósito señaló que el último de los indicados contratos no cumple con los elementos esenciales de un contrato de seguros, que, a la luz de los artículos 1036 - vigente para la fecha de celebración del negocio jurídico - y 1047 del Código de Comercio, tampoco constituyó una póliza de seguros, sino que su objeto consistió en la expedición de una póliza de accidentes personales. Precisado lo anterior, manifestó que sí existió contrato de seguros, pero que éste quedó contenido en la Póliza No. 2008401 y no en el Contrato No. 1317 de 1996.


En cuanto a la obligación que asumieron las aseguradoras de “pagar, cuando fuere procedente y en los términos establecidos, las indemnizaciones a que hubiere lugar”, dijo que ésta se pactó en el Contrato No. 1317 de 1996 y no en el contrato de seguros que quedó contenido en la póliza No. 2008401, pero que, en todo caso, “ni aún analizado el contrato de seguro contenido en la póliza 2008401, expedida por la Nacional Compañía de Seguros de Vida S.A., se encuentra el supuesto incumplimiento que quiere hacer ver la parte actora”.


En ese sentido, expresó que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1054 del Código de Comercio, la obligación de las aseguradoras respecto del pago del monto asegurado se encuentra sometida a una condición suspensiva consistente en el acaecimiento del riesgo amparado. Igualmente, señaló que, según lo previsto en los artículos 1077 y 1080 ibídem, la mora en el pago del siniestro depende de que la reclamación cumpla con los requisitos mínimos dispuestos en la ley.


Bajo ese escenario, aseveró que las aseguradoras demandadas dieron cabal cumplimiento al contrato de seguro contenido en la Póliza No. 2008401, en tanto que indemnizó a todos y cada uno de los beneficiarios que, en los términos de artículo 1077 del Código de Comercio, demostraron la ocurrencia del hecho y su cuantía, de lo cual, dijo, da fe el dictamen pericial rendido dentro del proceso.


En ese mismo orden de ideas, agregó la parte demandada que en el contrato de seguro le es dable al asegurador, según el caso, proceder al pago de la indemnización u objetarlo fundándose en razones suficientes tales como la falta de prueba sobre la cuantía de la pérdida o la falta de cobertura. Así mismo, expresó que la obligación de pago no opera de manera automática, sino que ésta se encuentra condicionada a su procedencia, de tal manera que cuando las demandadas objetaron las reclamaciones presentadas porque no cumplían con los presupuestos del artículo 1077 del Código de Comercio, así como con los requisitos de la póliza, actuaron conforme a derecho, aspecto éste que, según manifestó, lo encontró probado el a quo y lo llevó al convencimiento del cumplimiento cabal del contrato por parte de las compañías accionadas.


De otro lado, alegó la parte demandada que la sentencia condenatoria proferida en contra de las compañías que conformaron la unión temporal, la cual fue allegada en segunda instancia por la recurrente, carece de relevancia jurídica en este proceso, en tanto que se trata de una decisión que sólo produce efectos inter partes, que no guarda relación con los supuestos fácticos y jurídicos debatidos en el sub judice y que, además, responde a la situación particular de un beneficiario cuyo pago fue objetado por razones que se desconocen en este asunto, pero que sí tenía legitimación en la causa por activa para demandar.


Argumentó también que la parte actora pretende subsanar “los defectos de su legitimación para pedir” adjuntado algunas “autorizaciones para demandar”, no obstante haberse ejercido la acción en nombre y representación de la Red de Solidaridad Social.


Para culminar, señaló que no son objeto del debate en este proceso cada una de las objeciones que de manera seria y fundada realizó la aseguradora respecto de algunas reclamaciones presentadas por los beneficiarios del contrato de seguro contenido en la Póliza No. 2008401, por cuanto “no es la RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL la llamada a reclamar las indemnizaciones de los asegurados de la póliza 2008401. Sólo los beneficiarios ‘DE LEY’ tiene ese derecho13.


- Por su parte, la demandante manifestó que lo que pretende es la declaración de incumplimiento del Contrato No. 1317 de 1996, el cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 104 de 1993, prorrogada por la Ley 241 de 1995, incluía “LOS SEGUROS QUE SE CONSIDERE NECESARIO PARA PROTEGER A LOS HABITANTES CONTRA LAS CONSECUENCIAS DE LOS ATENTADOS TERRORISTAS”.


Posteriormente, la parte recurrente hizo alusión a las objeciones que, según dijo, la aseguradora presentó en relación con varias de las reclamaciones, objeciones que discriminó en tres grupos, así:


PRIMER GRUPO DE OBJECIONES: PRESCRIPCION”. Según la demandante, la aseguradora presentó esta objeción con base en que la prescripción que en este caso operaba era la ordinaria, la cual, de conformidad con lo previsto en el artículo 1081 de Código de Comercio, “empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción”. Al respecto, manifestó la parte actora que de adoptarse esta postura los beneficiarios de la póliza podrían presentar reclamaciones en un tiempo indeterminado, pues muchos de ellos “hasta ahora” han venido a tener conocimiento de que en 1997 existía una póliza de seguro de vida y que podían presentar reclamación.


En ese sentido, indicó que por las características del seguro contratado y de sus beneficiarios, la prescripción que debe operar es la extraordinaria y que ésta debe contarse a partir del momento en que nació el respectivo derecho.


SEGUNDO GRUPO DE OBJECIONES: PERTENECER LA VICTIMA A UN GRUPO ARMADO FUERA DE LA LEY”. En lo que a esta objeción concierne, señaló la parte recurrente que la aseguradora la presentó, pero que no aportó prueba alguna que la sustentara ni que desvirtuara la certificación dada por el Alcalde o Personero Municipal.


TERCER GRUPO DE OBJECIONES: ES OBLIGACION DE LA RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL Y NO DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA”. Al respecto, refirió la parte apelante que al presentar la objeción la aseguradora responsable en algunas ocasiones manifestó que “no es su obligación entregar ayuda humanitaria” y que no podía responder por la obligaciones de la Red de Solidaridad Social, frente a lo cual manifestó que el contrato de seguros se hizo única y exclusivamente con las obligaciones que la Ley otorgó a la entidad accionante y que en él no existieron “en términos de ayuda humanitaria otras obligaciones adicionales que la RED esté exigiendo”.


Para finalizar, como soporte de sus afirmaciones hizo alusión a la correspondencia cruzada entre los beneficiarios de la póliza y la aseguradora. Así mismo, transcribió algunos apartes de unas providencias proferidas por esta Corporación en las que se trató el tema de la ayuda humanitaria14.


La Sala, al no encontrar causal de nulidad alguna que pudiera invalidar lo actuado, procede a resolver de fondo el asunto:


II.- CONSIDERACIONES

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca el 22 de enero de 2003, en un proceso con vocación de doble instancia ante esta Corporación, dado que la pretensión mayor se estimó en la demanda en mil quinientos millones de pesos ($1.500.000.000), mientras que el monto exigido al momento de su presentación15 para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción contractual tuviera vocación de doble instancia era de dieciocho millones ochocientos cuenta mil pesos ($18.850.000) (Decreto 597 de 1988).


Sumado a lo anterior, con la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993, más precisamente de las normas que regulan competencias, se observa que su artículo 7516 prescribe, expresamente, que la jurisdicción competente para conocer de las controversias generadas en los contratos celebrados por las entidades estatales es la Jurisdicción Contencioso Administrativa y como quiera que en este caso el contrato en virtud de cuyo incumplimiento se demanda se suscribió entre un particular y la Red de Solidaridad Social, establecimiento público del orden nacional adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República17, dable es concluir que esta Jurisdicción es competente para asumir el conocimiento de la demanda instaurada por dicha entidad.



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