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Las pruebas que obran en el expediente

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2. Las pruebas que obran en el expediente.


2.1. Documentales aportadas por la parte demandante.


Los siguientes documentos fueron aportados por la parte demandante en original o en copia auténtica, razón por la cual serán valorados por la Sala:


- Certificados de existencia y representación de la “ASEGURADORA COLSEGUROS S.A.18 y de la “COMPAÑÍA CENTRAL DE SEGUROS S.A.19, así como certificaciones de razón social, naturaleza jurídica, constitución, autorización de funcionamiento y representación legal de ambas sociedades, proferidas por la Superintendencia Bancaria de Colombia20.


- Contrato No. 1317 suscrito por la Red de Solidaridad Social y la Unión Temporal entre la Nacional Compañía de Seguros de Vida S.A., y la Compañía Central de Seguros S.A.21.


- Certificado de pagos efectuados para la cancelación del valor del Contrato No. 1317 de 1996, proferido por la Tesorera de la Red de Solidaridad Social22.


Los siguientes documentos fueron aportados en copia simple:


- Propuesta presentada por la Unión Temporal conformada por la Nacional Compañía de Seguros de Vida S.A., y Compañía Central de Seguros S.A.23.


- Comunicaciones cruzadas entre la Red de Solidaridad Social, la sociedad Multinacional Ltda., y algunos beneficiarios del seguro, acompañadas de solicitudes pago de seguro de vida, relaciones de documentos pedidos por la aseguradora y fichas de seguimiento24.


- Contrato No. 345 de 1997, suscrito entre la Red de Solidaridad Social y la Multinacional S.A.25

Con el recurso de apelación la parte actora aportó los siguientes documentos:


- Documentos relacionados con el proceso de selección correspondiente al Contrato No. 1317 de 1996: pliego de condiciones, Resolución No. 0225 de 1996, a través de la cual se ordenó su apertura, Resolución No. 320 de 1996, por medio de la cual se adjudicó el contrato, propuesta presentada por la Unión Temporal conformada por las demandadas26.


- Sentencia proferida por el Consejo de Estado dentro del expediente No. 2003-00209-0127.


- Autorizaciones de víctimas de la violencia para demandar28.


2.2. Documentales aportadas por la parte demandada.


Con la contestación la parte demandada aportó en original el Certificado de Existencia y Representación de la Compañía “CYBERSEGUROS DE COLOMBIA S.A.29, en consecuencia, será valorado por la Sala30.


Los siguientes documentos los aportó en copia simple:


- Documento mediante el cual se conformó la unión temporal entre la Nacional Compañía de Seguros de Vida S.A., y la Compañía Central de Seguros S.A.31.


- “POLIZA Y CERTIFICADO DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES” No. 2008401, expedida por la Compañía de Seguros de Vida S.A., y anexo que forma parte integral de la misma32.

- Constancias de pago de la publicación del Contrato No. 1317 de 1996 en el Diario Unico de Contratación e Impuesto Nacional de Timbre33.


- Póliza de Seguro de cumplimiento del Contrato No. 1317 de 1996, No. 11765390, expedida por la Aseguradora Colseguros S.A.34.


2.3. Valor probatorio de las copias simples.


En cuanto al valor probatorio de los documentos aportados en copia simple, la Corporación en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013 zanjó el tema y expuso lo que se transcribe a continuación35:


En el caso sub examine, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue aportada por la entidad demandante y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se allegó por el actor, circunstancia que no acaeció, tanto así que ninguna de las partes objetó o se refirió a la validez de esos documentos.

Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas…


En otros términos, a la luz de la Constitución Política negar las pretensiones en un proceso en el cual los documentos en copia simple aportados por las partes han obrado a lo largo de la actuación, implicaría afectar –de modo significativo e injustificado– el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo a la administración de justicia (arts. 228 y 229 C.P.)”.


De conformidad con la cita jurisprudencial que viene de verse y en aplicación de los principios de lealtad procesal y de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, es claro que la prueba documental aportada en copia simple que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad tiene plena eficacia demostrativa y, por tal razón, será tenida en cuenta para resolver el caso puesto a consideración de la Sala.



2.4. Dictamen pericial.


En lugar de la inspección judicial que había sido solicitada tanto por la parte demandante como por la demandada, el Tribunal resolvió decretar un dictamen pericial en relación con los asuntos que pretendía acreditar cada una de ellas a través de la referida inspección judicial, así:


Parte demandante: Solicitó la prueba con el objeto de que, previa revisión de los archivos de Colseguros S.A., respecto de los pagos realizados y pendientes y en relación con los documentos soporte para cada reclamación, se determine i)Organización y tratamiento operativo que se ha dado a cada una de las solicitudes de pago de seguro, ii) Relaciones de pago, de objeciones y de reclamos sin respuesta derechos de petición, iii) Revisión y verificación del trámite dado a los derechos de petición.


Parte demandada: Solicitó la prueba con el objeto de que, previa revisión de los documentos que reposan en Cyberseguros S.A., se verifique la manera en que se celebró el Contrato No. 1317 de 1996, la oportunidad y los pagos que se efectuaron con cargo a la póliza de seguro de accidentes personales No. 2008401.

Con tal objeto, el dictamen pericial se rindió el 29 de mayo de 200136.


2.5. Los documentos allegados por la parte demandante con el recurso de apelación.


Sobre este particular cabe recordar que, de conformidad con el principio de necesidad de la prueba, el cual se encuentra consagrado legalmente en el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, al que se remite la Sala en los términos previstos en el artículo 168 de Código Contencioso Administrativo, “Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso37, aspecto éste que tiene íntima relación con el derecho al debido proceso y sus garantías de publicidad y contradicción de la prueba, en consonancia con la carga probatoria que es consustancial a las partes en aras de sacar avante sus intereses en litigio38.

Al respecto, la jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia ha manifestado39:


Así las cosas, las pruebas producidas, con el objeto de que cumplan con su función de llevar al juez el grado de convicción suficiente para que pueda decidir sobre el asunto materia de la controversia, además de ser conducentes y eficaces, deben allegarse o practicarse en los términos y condiciones establecidos de antemano en el ordenamiento positivo, ya que de lo contrario no es posible que cumplan la función señalada, y así lo estipula el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil al tenor del cual ‘toda decisión judicial debe fundarse en pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso’".


Dicho de otra manera, el postulado de libertad de convicción del juez en el que sin duda tiene inspiración general el texto del artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, se aplica a las pruebas que han sido adquiridas para el proceso respetando la ley que fija el procedimiento para hacerlo, no así a aquellas que si se hubiere tributado a esa misma legislación la observancia debida, no habrían sido siquiera admitidas”.


Por su parte, la H. Corte Constitucional en sentencia de unificación jurisprudencial señaló40:


(...), si bien es cierto que la Constitución en su artículo 228 establece que en las actuaciones de la administración de justicia el derecho sustancial prevalece sobre las formas, también lo es que por el fin que estas cumplen en relación con el primero, no pueden ser desconocidas sin fundamento alguno, ni consideradas como normas de categoría inferior. La finalidad de las reglas procesales consiste, entonces, en otorgar garantías de certeza a la demostración de los hechos que fundamentan el reconocimiento de los derechos sustanciales y este propósito claramente obtiene respaldo constitucional, como así lo ha expresado esta corporación:


''Una cosa es la primacía del derecho sustancial, como ya se explicó, y otra, la prueba en el proceso de los hechos y actos jurídicos que causan el nacimiento, la modificación o la extinción de los derechos subjetivos, vale decir, de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Pretender que el artículo 228 de la Constitución torna inexequibles las normas relativas a la prueba, o la exigencia misma de ésta, es desconocer la finalidad de las pruebas y del proceso en sí”.


Ahora bien, en lo que hace a los procesos que ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se surten, según lo previsto en los artículos 137 – número 5º -, 139 - inciso final - y 144 – número 4 y parágrafo 1 - del Decreto 01 de 1984, en primera instancia la oportunidad para pedir y aportar pruebas se da con la presentación de la demanda y con su contestación, respectivamente, en tanto que en la segunda instancia, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 4º del artículo 212 ibídem, la oportunidad se presenta dentro del término de ejecutoria del auto que admita el recurso, sin embargo, la procedencia de tal solicitud en esta instancia se encuentra restringida a los casos previstos de manera taxativa en el artículo 214 de la misma normativa.


A pesar de que con el recurso de apelación la parte recurrente adjuntó algunos documentos, no encuentra la Sala que respecto de ellos se hubiera realizado solicitud alguna para que fueran decretados como pruebas en segunda instancia, aspecto éste que, debido a los límites de su procedencia, exige de parte de quien lo solicite un mínimo de carga argumentativa que, al menos, permita inferir a cuál de las causales previstas de manera taxativa en el artículo 214 del Código Contencioso Administrativo corresponde.


Así las cosas, en lo que a estos documentos concierne, corresponde indicar que debido a que fueron aportados al proceso de manera extemporánea no pueden ser tenidos en cuenta en este juicio, en tanto que ello desconocería las normas procesales que reglamentan las oportunidades en las que es posible aportar pruebas y, por ende, atentaría contra el derecho de defensa de la parte en contra de la cual pretenden aducirse41.



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