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aun conservando su identidad típica y por ende quedando sometidos a la regulación que les es propia, quedan sin embargo coligados entre sí

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aun conservando su identidad típica y por ende quedando sometidos a la regulación que les es propia, quedan sin embargo coligados entre sí, funcionalmente y con relación de recíproca dependencia, hasta el punto de que las vicisitudes de uno, en mayor o menor grado, pueden repercutir en los otros, casos en los cuales es deber de los jueces establecer con cuidado y con base en las pruebas recaudadas si, además de las finalidades de cada uno de los contratos celebrados, existe o no un objetivo conjunto y general querido por las partes.


Así, en los contratos coligados, según enseña la doctrina, no hay un único contrato atípico con causa mixta ‘… sino una pluralidad combinada de contratos, cada uno de los cuales responde a una causa autónoma, aun cuando en conjunto tiendan a la realización de una operación económica unitaria y compleja, luego el criterio de distinción no es aquél, formal, de la unidad o de la pluralidad de los documentos contractuales, ya que un contrato puede resultar de varios textos y, por contra, un único texto puede reunir varios contratos. El criterio es sustancial y resulta de la unidad o pluralidad de causas…’ (Francesco Galgano. El Negocio Jurídico. Cap. IV. Sección 2ª. Núm. 26); en otras palabras, habrá conexión contractual cuando celebrados varios convenios deba entenderse que desde el punto de vista jurídico no pueden ser tratados como absolutamente independientes, bien porque su naturaleza y estructura así lo exija, o bien porque entonces quedaría sin sentido la disposición de intereses configurada por las partes y articulada mediante la combinación instrumental en cuestión” (Destaca la Sala).


En providencia del 25 de septiembre de 2007, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, precisó:


4. Sin pretender elaborar un concepto terminado del fenómeno de que se trata, sino con ánimo, más bien, de destacar los elementos que lo estereotipan, cabe decir que él opera, así parezca obvio señalarlo, en el supuesto inexorable de una pluralidad de contratos autónomos (dos o más), entre los cuales existe un ligamen de dependencia que, jurídicamente, trasciende o puede transcender en su formación, ejecución o validez, o como bien lo puntualiza el doctrinante Renato Scognamiglio, ‘dos elementos se tornan necesarios para que pueda hablarse de negocios coligados: una pluralidad de negocios y la conexión entre ellos mismos78. Cuando el vínculo de dependencia apunta en un solo sentido, de un contrato a los demás, se habla de una subordinación o vinculación unilateral y cuando es bifronte, es decir, va y viene por igual entre los distintos contratos, el lazo es mutuo o recíproco, de interdependencia79.


De suyo pues, que sólo ante la presencia de dos o más contratos, que en sí mismos considerados tienen su propio autogobierno y autonomía, ello es medular, puede darse el referido fenómeno, lo que excluye todos aquellos casos en que existe un sólo o único contrato, ya se trate de uno complejo, mixto o atípico –entre otras tipologías-, bien porque toma elementos de diferentes tipos contractuales preestablecidos legalmente o porque no corresponde a una de las formas contractuales previstas en las normas positivas, pero que, en definitiva, comporta la existencia de un único negocio jurídico (unicum negocial)” (Destaca la Sala).


Más recientemente, en sentencia del 1 de junio de 200980, esa H. Corporación, refiriéndose al tema de la coligación funcional, expuso los siguientes razonamientos:


La diversidad de acuerdos concierne a un conjunto de negocios o contratos con su singularidad estructural y funcional, sin confluir, crear u originar uno sólo. La ligazón funcional o teleológica de los distintos negocios jurídicos es indisociable, imprescindible e inescindible, in toto, in complexu, in globo, y conduce a la única función práctica, económica o social perseguida, siendo necesaria para la concreción definitiva de un interés unitario, propio, autónomo y diferente realizable con la conjunción de los varios actos dispositivos, cada uno, con su identidad, tipología, disciplina y función.


En este contexto, la coligación negocial, se descarta, en presencia de un trato único, ya por tratarse de un acto simple, sea por la combinación de elementos de distintos tipos negociales con tipicidad legal o social, ora por su creación ex novo, bien por enlace de los elementos de contratos típicos con otros originarios (v.gr., los contratos complejos, mixtos y atípicos), donde, estricto sensu, deviene imposible, también por ausencia de pluralidad negocial.


En análogo sentido, la simple pluralidad de negocios, tampoco determina per se la confluencia negocial. Es menester, un nexo, vinculación o unión teleológica o funcional de los distintos acuerdos con relevancia jurídica, de uno sobre otro o respecto de todos, ‘en el sentido de que uno solo de ellos reciba la influencia del otro (dependencia unilateral), o en el sentido de que dicha influencia sea recíproca (dependencia bilateral). El nexo de dependencia puede, además, derivar, ya de un concurso simultáneo, ya de una secuencia de actos dispuestos en orden cronológico. En especial pueden darse: a) una coligación de índole genética, modificatoria o extintiva, que se manifiesta en el hecho de que un negocio ejerce su influencia en la formación, en la modificación o en la extinción del otro; b) una coligación de índole funcional y efectual, que se manifiesta no sólo en el hecho de que uno de los negocios encuentra su fundamento en la relación surgida del otro, sino, más generalmente, en el hecho de que los actos de autonomía privada tienden a la persecución de un resultado común; c) una coligación de índole, por así decirlo, ‘mixta’, o sea al mismo tiempo genética y funcional’ (Lina BIGLIAZZI GERI, Humberto BRECCIA, Francesco D. BUNESLLI y Ugo NATOLI, Derecho civil, Tomo I, Volumen II, trad. esp. Fernando HINESTROSA, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1992, p. 942). (Destaca la Sala).


Ahora bien, de conformidad con lo anterior, para efectos de determinar la existencia, o no, de una coligación o conexión negocial, se hace necesario identificar si las relaciones contractuales que existen determinan el surgimiento de un solo contrato o de varios contratos articulados entre sí. Para tales efectos la doctrina ha propuesto varias soluciones, las cuales han sido agrupadas en tres categorías según el elemento en el que se fundan: subjetivo, objetivo o mixto; sin embargo, el criterio mayoritario es aquel que se inclina a favor de la tesis que se basa en el aspecto objetivo o de la causa del contrato81. Así lo expone el tratadista Luigi Cariota Ferrera:

según que se funden en el elemento subjetivo (voluntad de las partes), o sobre éste integrado con un elemento objetivo (conexión económica de las prestaciones), o sobre un elemento objetivo. Descartadas las dos primeras categorías se debe, en nuestra opinión, entre las tesis reagrupadas en la tercera, decidirse por la que recurre a la causa, mas bien que por la que establece el criterio decisivo de la relación entre las diversas prestaciones. La preferencia se encuentra, en nuestra opinión, en la mayor seguridad que existe al basarse en un elemento objetivo como es, al menos para nosotros, la causa, y además en la mayor amplitud del concepto de causa, respecto al de relación entre prestaciones, el cual, por definición, se limita a los negocios patrimoniales, mientras que el problema puede ir más allá de éstos. Así que, aplicando el concepto de causa, el supuesto de hecho hay que considerarlo como constituyendo un único negocio si la causa es única (aunque conste de la conmixtión o fusión de varias causas) y, por el contrario, constituyendo varios negocios si se presentan varias causas autónomas y distintas82. (Destaca la Sala).


En ese mismo sentido, el tratadista Francesco Messineo expone:


B) Los ejemplos propuestos sugieren un problema diverso: cómo se distingue el contrato unitario con contenido complejo (nominado o innominado) de una suma de contratos que sean materialmente conexos, excluyendo por otra parte que la unidad pueda afirmarse en virtud de la mera unidad de documento contractual o, respectivamente, que se pueda deducir la pluralidad de contratos de la pluralidad de documentos contractuales (…).


Tampoco el criterio de unidad de la contraprestación parece decisivo (22). El criterio al que debe recurrir, aun en el caso de que la voluntad de las partes ofrezca elementos de juicio es - como se sostiene, después de las discusiones al respecto -, el de la causa, considerada como elemento típico que individualiza al contrato; y es un criterio simple, porque donde haya causa única, aunque compleja, habrá unidad de contrato; en cambio, donde hay pluralidad de causas, habrá pluralidad de contratos, y si, como es mucho más frecuente, se tratara de causas correspondientes a otros tantos contratos nominados, habrá pluralidad de contratos nominados, o, en última hipótesis, pluralidad de contratos nominados y de contratos innominados. (…)83. (Destaca la Sala).


En tratándose específicamente de la coligación funcional, la Corte Suprema de Justicia ha expresado que:


“… la causa de cada uno de los contratos coligados o conexos en particular, no puede confundirse con la del negocio, en definitiva, perseguido por los interesados, analizado como una operación jurídica, en sentido amplio. Esta última, de un lado, se ubica por fuera los contratos mismos que, como eslabones, integran la cadena que sirve a ese propósito final y, de otro, opera como el faro que, a la distancia, guía la ejecución de todos los actos necesarios para la obtención de la meta, de suerte tal que la finalidad o propósito general podrá ser otro al de los acuerdos o tipos negociales, en concreto, vale decir a los que se agrupan, articulan o se comunican, sin perder por ello su autonomía tipológica o sustantiva. Entender lo contrario, impondría colegir que en todos los supuestos en que la conexidad contractual campea, se estaría siempre en presencia de una única causa -la realización de la operación económica- y, por lo mismo, de un sólo negocio jurídico, independientemente de la forma que tuviere, lo que significaría, per se, negar la ocurrencia del fenómeno contractual en cuestión.


Por eso bien se ha dicho que ‘Es necesario observar que el coligamento funcional comporta la unidad del interés globalmente perseguido, lo cual no excluye que tal interés sea realizado a través de contratos diversos, que se caracterizan por un interés inmediato, autónomamente identificable, que es instrumental o parcial respecto al interés unitario perseguido mediante el conjunto de contratos. En los contratos coligados debe por tanto identificarse la causa parcial de cada uno de los contratos y la comprensiva de la operación84”. (Negrillas fuera de texto).


Los anteriores razonamientos, aunque principalmente han sido expuestos en torno a la coligación funcional, cuyo alcance como fenómeno jurídicamente relevante es el que en mayor medida ha sido reconocido en el ámbito de la doctrina y la jurisprudencia85, son perfectamente predicables en aquellos casos en los cuales la conexión no solo se da en razón de un vínculo funcional, sino también en aquellos eventos en los cuales el nexo se configura únicamente en virtud de la autonomía contractual de las partes86, pues, en todo caso, la causa de cada contrato que intervenga en la relación negocial debe ser plenamente identificable y diferenciable de los demás, toda vez que, de lo contrario, surgiría un único negocio jurídico y, por contera, esa sola situación excluiría la posibilidad de la coligación o conexión contractual.


Expuesto lo anterior y, con base en ello, descendiendo al caso concreto, encuentra la Sala que en el sub judice existen dos causas contractuales plenamente identificables y diferenciables entre sí, una, la del Contrato No. 1317 de 1996, la cual se dirigió a garantizar que se cumpliera el mandato legal que le fue impuesto a la Red de Solidaridad Social a través del artículo 45 de la Ley 104 de 1993, prorrogada mediante la Ley 241 de 1995 y, posteriormente, derogada por el artículo 131 de la Ley 418 de 1997, en el sentido de obtener “los seguros que se considere necesario contratar para proteger a los habitantes contra las consecuencias de los atentados terroristas87 y, la otra, la del contrato de seguro propiamente dicho, el que quedó contenido en la póliza No. 2008401, tendiente, como le es connatural a esta clase de negocios jurídicos, a amparar un riesgo, en este caso, el de accidentes personales; causas éstas que aun siendo identificables de manera autónoma una respecto de la otra, para la entidad pública contratante perseguían un fin global determinado, brindar ayuda humanitaria a las víctimas de la violencia a través del pago del seguro de accidentes personales contratado.


En este punto valga precisar que si bien la causa del Contrato No. 1317 de 1996 encuentra fundamento en el referido artículo 45 de la Ley 104 de 1993, por medio del cual se impuso a la Red de Solidaridad Social el deber de contratar un seguro de accidentes a favor de las víctimas de la violencia, ésta no puede confundirse con la causa misma del contrato de seguro, pues, como viene de exponerse, una y otra corresponden a finalidades económico-sociales diferentes, lo cual claramente se puede evidenciar a partir del objeto de los referidos negocios jurídicos, por cuanto, como antes se explicó, el objeto del primero de los mencionados contratos, no coincide con aquel que típicamente corresponde al objeto del segundo de ellos.


En lo que a este análisis corresponde, cabe también precisar que si bien el objeto y la causa corresponden a dos elementos contractuales diferentes, para lograr los fines que se persigan según cada convenio, ambos elementos deben ser concordantes, pues, como lo señala la doctrina, “el objeto se puede lograr en los términos y en el ámbito fijados por la causa88; así, por ejemplo, no podría pensarse que si el objeto del contrato recae en el uso y el goce de un bien ajeno, la causa que se persiga sea la tradición del dominio de ese bien.


Del mismo modo, debe tenerse en cuenta que el contrato de seguro, para ser considerado como tal, no puede tener una causa diversa de aquella que consiste exclusivamente en amparar riesgos y fue esto lo único que hicieron las partes a través de la Póliza No. 200840, y no a través del Contrato No. 1317 de 1996, aunque, se insiste, el propósito común o global que persiguió la Red de Solidaridad Social con ambos contratos se dirigió a lograr uno de los mecanismos que legalmente se previeron para prestar ayuda humanitaria a las víctimas de la violencia, lo cual, de suyo, no puede predicarse como la causa del contrato de seguro y tampoco como la causa del Contrato No. 1317 de 1996, pues éste resultaría insuficiente para conseguirla.

Ahora, al revisar el contenido de ambos contratos, observa la Sala que si bien el de seguro - la Póliza No. 2008401 - no se encuentra en relación de dependencia frente al Contrato No. 1317 de 1996, éste último, por voluntad de las partes, sí quedó sujeto, al menos en una de sus obligaciones, a la ejecución y cumplimiento del primero; no a otra conclusión puede arribarse después de analizar lo estipulado por las partes en el literal b) de la cláusula séptima del Contrato No. 1317 de 1996, cuyo contenido es del siguiente tenor: “Pagar, cuando fuere procedente y en los términos establecidos, las indemnizaciones a que hubiere lugar”, y cuyo presunto incumplimiento, dicho sea de paso, es justamente el supuesto que constituye el objeto del presente litigio.


Con el propósito de establecer el vínculo o nexo que las partes crearon entre los dos negocios jurídicos que vienen de mencionarse, el principal interrogante que debe resolverse es a cuáles “términos establecidos” se refiere la estipulación, solución que se encuentra en el mismo Contrato No. 1317 de 1996, más específicamente en su cláusula primera, de donde emerge con meridiana claridad que tales términos no pueden ser otros que aquellos contenidos en el contrato de seguro que se perfeccionó con la Póliza de Accidentes Personales No. 2008401. En efecto, las indemnizaciones a cuyo pago se hizo alusión en la cláusula en estudio, no eran otras que aquellas que debían o podían surgir en razón de la póliza de seguro que la Unión Temporal contratista se comprometió a expedir en virtud del Contrato No. 1317 de 1996, obligación que se concretó con la expedición de la Póliza No. 2008401.


En ese orden de ideas, dado que la obligación que adquirió la Unión Temporal contratista frente a la Red de Solidaridad Social en virtud del Contrato No. 1317 de 1996, en el sentido de pagar las indemnizaciones a que hubiera lugar, quedó sujeta a los términos y condiciones de otro contrato, el de seguro, resulta evidente que, en razón de lo pactado por las partes, de la ejecución y cumplimiento del contrato de seguro, dependía la ejecución y cumplimiento del Contrato No. 1317 de 1996.


Así las cosas, no obstante la pluralidad de contratos que se observa, el vínculo, nexo o conexión que entre ellos existe resulta incuestionable, bien sea que se quiera establecer una coligación o conexión de carácter genético89, en tanto que el Contrato No. 1317 de 1996, tuvo influencia en la formación del contrato de seguro, toda vez que en el primero se establecieron los términos y condiciones en las que se debía expedir la póliza; de carácter voluntario, porque se dio por la mera liberalidad de las partes, pues si bien el contrato de seguro no requería de ningún otro convenio para nacer a la vida jurídica, el Contrato No. 1317 de 1996, quedó sujeto a éste en su desarrollo y cumplimiento; lo que, a su vez, nos lleva a la coligación de carácter funcional90, en tanto que la ejecución del uno - Contrato 1317 de 1996 - quedó subordinada a la ejecución del otro - contrato de seguro -, lo que implica que en este caso la coligación o conexión, además de ser unilateral, tenga efectos jurídicamente relevantes, pues fue la voluntad de las partes la que determinó que el desarrollo y cumplimiento del Contrato No. 1317 de 1996 se verificara a la luz del desarrollo y cumplimiento del contrato de seguro.


Igualmente, puede decirse que la coligación es funcional, dado que tanto la causa del Contrato No. 1317 de 1996 - garantizar el cumplimiento del imperativo legal contenido en el artículo 45 de la Ley 104 de 1993 - como la del contrato de seguro contenido en la póliza No. 2008401 - amparar el riesgo de accidentes personales - se dirigieron a lograr un fin último global, consistente en prestar uno de los mecanismos que legalmente se previeron para brindar ayuda humanitaria a las víctimas de la violencia.


En ese sentido y según lo que se estudió en precedencia con relación a esta figura del derecho, debe también señalarse que, a pesar de la íntima relación contractual que existe entre los dos negocios jurídicos referidos, ello no implica unicidad contractual, sino, por el contrario, pluralidad de negocios que, no obstante estar comunicados o conectados entre sí, preservan su propia estructura, naturaleza y, por tanto, también su régimen jurídico aplicable.


Así entonces y dado que la parte actora solicitó que se declarara el incumplimiento de la obligación contenida en el literal b) de la cláusula séptima del Contrato No. 1317 de 1996, corresponde ahora a la Sala analizar su contenido y alcance, a lo cual procede:



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