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Expediente 250002326000 199901860 01 (25645)

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b) La obligación de “Pagar, cuando fuere procedente y en los términos establecidos, las indemnizaciones a que hubiere lugar”, contenida en el Contrato No. 1317 de 1996.


Como ya se dijo, el presunto incumplimiento de esta obligación por parte de la Unión Temporal contratista, es el que constituye el objeto del presente litigo, razón por la cual la Sala debe analizar su contenido y alcance.


Para tales efectos, resulta oportuno reiterar que los “términos establecidos” a los que se refiere la estipulación en estudio son aquellos contenidos en la póliza que se expidió en cumplimiento de lo pactado por las partes en la cláusula primera de Contrato No. 1317 de 1996, razón por la cual resulta forzoso remitirse a ellos para determinar el contenido y alcance de la obligación cuya declaratoria de incumplimiento se pretende.


- La Póliza de Accidentes Personales No. 2008401.


A partir del contenido de este documento la Sala encuentra que:


El 28 de junio de 1996, la Red de Solidaridad Social tomó con La Nacional Seguros de Vida S.A., una póliza de seguro de accidentes personales, razón por la cual, en su calidad de “tomadora”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1066 del Código de Comercio91, le correspondió la obligación de pagar la prima que, según este mismo documento y la cláusula tercera del Contrato No. 1317 de 1996, correspondió a un valor total de $2.200’000.000.


Como su nombre lo indica, a través del mencionado seguro La Nacional de Seguros de Vida S.A., amparó el riesgo92 de “accidentes personales”, que, según las condiciones particulares de la póliza, pudieran ser ocasionados en razón de “atentados terroristas cometidos con bombas o artefactos explosivos, ataques guerrilleros y combates que afecten en forma indiscriminada a la población civil y masacres realizadas en forma discriminada por motivos ideológicos o políticos contra un grupo de población civil en el marco del conflicto armado interno” y que generaran la muerte o inhabilitación permanente; inhabilitación que, de conformidad con los términos de la póliza, incluyó la incapacidad total y permanente y la desmembración, así:


- Pérdida o inutilización total de ambos brazos o ambas piernas, o de ambas manos, o de ambos pies, o de una pierna y una mano y un pie.

- Enajenación mental incurable que impida todo trabajo.

- Pérdida total o irrecuperable de la vista por ambos ojos.

- Parálisis total y permanente que impida todo trabajo.

- Pérdida total o inutilización de una mano o de un pie, junto con la pérdida total o irrecuperable de la vista por un ojo.

- Pérdida total o irrecuperable de la audición por ambos oídos.

- Pérdida total o irrecuperable del habla.

- Pérdida total o irrecuperable de la vista por un ojo.

- Pérdida total o irrecuperable de la audición por un oído.

- Pérdida o inutilización total y permanente de una mano.

- Pérdida o inutilización total y permanente de un pie.

- Pérdida del dedo pulgar de una de las manos.


- Pérdida del dedo índice de una de las manos.

- Pérdida de uno de los cualquiera de los restantes dedos de las manos.

- Pérdida de cada uno de los dedos del pie”.


En cuanto a la persona asegurada, si bien en la carátula de la póliza se indicó que la Red ocupaba esta posición en la relación jurídica, así lo afirmó la entidad en su demanda y en ese sentido asintió el a quo, lo cierto es que esta posibilidad es física y jurídicamente imposible, por la potísima razón de que sólo las personas naturales pueden ser objeto del riesgo amparado a través de la póliza 2008401, pues las personas jurídicas, como es el caso de la Red de Solidaridad Social, no pueden sufrir la muerte ni la desmembración física, ni su inhabilitación orgánica o incapacidad funcional por causas como las descritas en la póliza, las cuales vienen de ser transcritas.


En ese orden de ideas, aceptar que la Red hubiera sido la asegurada, conllevaría a la necesaria conclusión de que el contrato de seguro no podía haber producido efecto alguno, pues, por la razón antedicha, el riesgo asegurable, que, según lo previsto en el artículo 1045 del Código de Comercio93 es un requisito de la esencia en esta clase de negocios jurídicos, no habría existido jamás.


En todo caso, observa la Sala que el hecho de que en la carátula de la póliza 2008401 se hubiera identificado a la Red de Solidaridad Social en la posición de asegurada es solo una inconsistencia de carácter formal que se resuelve fácilmente al analizar el contenido de las condiciones particulares de la misma, que indican inequívocamente que quienes realmente ocupaban esta posición eran “los civiles residentes dentro del territorio colombiano que resulten víctimas por razón de atentados terroristas cometidos con bombas o artefactos explosivos, ataques guerrilleros y combates que afecten en forma indiscriminada a la población civil y masacres realizadas en forma discriminada por motivos ideológicos o políticos contra un grupo de población civil en el marco del conflicto interno armado”, tal y como en efecto se determinó al redactar el objeto del seguro, lo cual se hizo en el numeral primero del mencionado documento, en los términos que acaban de transcribirse.


Igualmente, la anterior conclusión se desprende a partir de lo consignado expresamente en el párrafo introductorio de las condiciones particulares de la póliza, en concordancia con los numerales 1º, anteriormente reproducido, 2º y 5º que componen el documento, así:


Mediante el presente anexo que forma parte integrante de la póliza de Accidentes Personales expedida para amparar a las personas civiles, víctimas de acciones, según la descripción de Grupo Asegurado, se deja expresa constancia de los siguientes términos y condiciones:


(…)


2. GRUPO ASEGURADO


Esta póliza ampara a todos los civiles residentes dentro del territorio Colombiano, exceptuando al personal militar, de las fuerzas armadas, de la Policía Nacional, así como Jueces, Fiscales, Terroristas y Guerrilleros.


(…)


5. BENEFICIARIOS


En caso de muerte del asegurado tendrán la calidad de beneficiarios los de ley.


En caso de inhabilitación permanente será beneficiario la víctima o sus representantes legales, según el caso”. (Destaca la Sala).


Queda entonces claro que a pesar del error formal consignado en la carátula de la póliza, la voluntad de la Red, que actuó únicamente como tomadora del seguro, era que el amparo recayera sobre las víctimas de los hechos que en el referido documento quedaron relacionados, pues así quedó consignado de manera expresa en las condiciones particulares de la póliza de accidentes personales, razón que explica también por qué son estas personas y no la Red, las llamadas a obtener el pago del valor asegurado.


Adicionalmente, descarta la Sala la posibilidad de que se tratara de un seguro de responsabilidad civil para cubrir las erogaciones patrimoniales de la Red de Solidaridad Social, dada la naturaleza del seguro que tomó – accidentes personales –, así como también en razón a que en ningún caso de los descritos en la póliza se trataría de perjuicios ocasionados por la entidad. Igualmente, se desecha la posibilidad de que el seguro se encuadre en la hipótesis legal contenida en el artículo 1137 del Código de Comercio94, toda vez que, de haber sido ese el caso, no habría quedado estipulado que los beneficiarios del seguro fueran las víctimas, tal como ocurrió.


Así las cosas, es evidente que la Red de Solidaridad Social no tomó un seguro de accidentes personales para cubrir sus propios riesgos, por no ser esto ni física ni jurídicamente posible, sino que lo que aconteció de manera clara, según se desprende del contenido de las condiciones particulares de la póliza, fue que la entidad actuó como tomadora de un seguro cuya cobertura se otorgó específicamente a favor de las víctimas de los hechos en ella descritos.


En ese contexto, forzoso también es concluir que la obligación de la Unión Temporal contratista contenida en el literal b) de la cláusula séptima del Contrato No. 1317 de 1996, en el sentido de pagar, cuando fuere procedente y en los términos establecidos, las indemnizaciones a que hubiere lugar, se circunscribió exclusivamente a indemnizar, según las condiciones del seguro tomado, al grupo amparado, esto es, a las víctimas de los hechos descritos en las condiciones particulares de la póliza o, según el evento, a sus beneficiarios de ley; en ningún caso a la Red.


En ese orden de ideas, se observa que las obligaciones cuyo incumplimiento pretende la entidad demandante, entre ellas la de pago, corresponden típicamente a una estipulación para otro, en tanto que, como viene de verse, su contenido y alcance se enmarcan dentro de la obligación que asumió la Unión Temporal contratista en el sentido de pagar el valor asegurado en la Póliza 2008401, no a favor de la Red, como estipulante, sino a favor de los asegurados y/o de sus beneficiarios de ley, según fuera el caso.


La estipulación a favor de otro, la cual constituye una excepción al principio de relatividad de los contratos, se encuentra consagrada en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 1506 del Código Civil en los siguientes términos:


Cualquiera puede estipular a favor de una tercera persona, aunque no tenga derecho para representarla; pero solo esta tercera persona podrá demandar lo estipulado; y mientras no intervenga su aceptación expresa o tácita, es revocable el contrato por la sola voluntad de las partes que concurrieron a él.


Constituye aceptación tácita los actos que solo hubieran podido ejecutarse en virtud del contrato”. (Destaca la Sala).


De todo lo anterior, no le cabe duda a la Sala en cuanto a que en el Contrato No. 1317 de 1996, en lo que respecta a la obligación objeto del debate, se configuró la relación triangular característica de esta figura del derecho, así: la Red de Solidaridad Social – estipulante - pactó con la Unión Temporal contratista – promitente - que ésta debía pagar unas “indemnizaciones”, según los términos y condiciones de la propuesta y de la póliza, a unas terceras personas – beneficiarios - respecto de las cuales la entidad no tenía derecho para representar y que, por tal razón, no hicieron parte de la relación contractual.


Establecida en esos términos la naturaleza de la obligación contenida en el literal b) de la cláusula séptima del Contrato No. 1317 de 1996, se cuenta ahora con los elementos de juicio necesarios para determinar la legitimación de la Red de Solidaridad Social para reclamar el incumplimiento de lo pactado, aspecto éste que fue cuestionado por la parte demandada y a cuyo estudio debe procederse antes iniciar el análisis del incumplimiento propiamente dicho.


De conformidad con lo previsto en el artículo 1506 del Código Civil que regula la figura de la estipulación a favor de otro, sólo los beneficiarias de la estipulación que en su favor se haga, son los legitimados para exigir el cumplimiento de lo que se hubiere pactado en su interés, y no el estipulante, porque, además de que de manera expresa la ley se lo impide, nada se pacta para sí.


Sobre el tema, el tratadista Luis Claro Solar, en su obra “EXPLICACIONES DEL DERECHO CIVIL CHILENO Y COMPARADO”, al referirse al artículo 1449 del Código Civil Chileno, cuyo contenido es idéntico al del artículo 1506 del Código Civil Colombiano, expresa:

Se refiere, por consiguiente, la ley a una convención en que una de las partes, que no tiene derecho de representar a una tercera persona, estipula a favor de ella que la otra parte le dará o hará alguna cosa; la otra parte promete la prestación a favor de esa tercera persona y no a favor de la persona con quien contrata, que no ha contratado para sí; y por lo mismo, nada puede exigir de esa prestación; y la tercera persona a cuyo favor se ha estipulado y prometido de aceptar expresa o tácitamente el contrato para que éste quede perfecto, y sólo esa tercera persona podrá, una vez aceptado por ella el contrato, demandar lo estipulado95.


Del mismo modo, los tratadistas Guillermo Ospina Fernández y Eduardo Ospina Acosta, en su obra “TEORIA GENERAL DEL CONTRATO Y DEL NEGOCIO JURIDICO”, al respecto manifiestan:



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