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Expediente N° 274-2014 Sentencia N° 300-2014 Voto N° 382-2014

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Expediente N° 274-2014Macintosh HD:Users:Ministerio_de_Hacienda:Desktop:André:Libro de marca nuevo:Logos para hojas membretadas:Logo del Bicentenario.jpgTRIBUNAL ADUANERO NACIONAL

Sentencia N° 300-2014

Voto N° 382-2014





Sentencia N° 300-2014. Tribunal Aduanero Nacional. San José, a las diez horas con quince minutos del veintiuno de agosto de dos mil catorce.


Recurso de apelación xxx cédula 02-xxx representada por su agente de aduana Agencia de Aduanas xxx, S. A. cédula 3-101-xxx, a su vez representada por el agente de aduana persona natural señor xxx, cédula 01-xxx, contra la resolución número RES-DN-xxx-2014 del 29 de mayo de 2014 de la Dirección General de Aduanas.


RESULTANDO:



  1. Mediante Informe Final INF-DF-DVO-18-2012 el Departamento de Verificación Origen de la Dirección de Fiscalización, determina que las mercancías importadas bajo los Documentos Únicos Aduaneros (en adelante DUAS) número 003-2011-0xxx del 26 de marzo de 2011 y 003-2011-0xxx del 13 de abril de 2011 ambos de la Aduana de Peñas Blancas, se encuentran incorrectamente clasificadas. Adicionalmente indica el informe que, a la luz de la normativa vigente, resultaba improcedente para dichas mercancías el trato arancelario preferencial otorgado al amparo del Tratado General de Integración Económica Centroamericana (en adelante el Tratado), y por ello existe un adeudo a favor del Fisco por la suma de ¢255.114,15 (folios 35-42).


  1. Que la Dirección de Fiscalización, convocó a la Agencia de Aduanas xxx S.A, al agente aduanero xxx y a la importadora xxx, a audiencia de regularización a realizarse el 08 de noviembre de 2012, dicha propuesta se tuvo por rechazada ante la ausencia de los sujetos pasivos a la segunda comparecencia solicitada (folios 48-72).


  1. Con resolución RES-DN-xxx-2013 del 19 de setiembre de 2013, la Dirección General de Aduanas (en adelante DGA), inicia procedimiento ordinario contra xxx en su condición de importadora y obligada tributaria directa y la Agencia de Aduanas xxx S.A en su condición de representante legal de la importadora y como responsable solidaria que es por el adeudo tributario, tendiente a determinar la correcta clasificación arancelaria así como la procedencia o no del trato arancelario preferencial otorgado al amparo del Tratado, para las mercancías importadas bajo los DUAS 003-2011-xxx del 26 de marzo de 2011 y 003-2011-xxx del 13 de abril de 2011 ambos de la Aduana de Peñas Blancas. Este acto se notificó el día 08 de enero de 2014 (folios 87-98).


  1. El 10 de enero de 2014, el señor xxx, presenta alegatos contra la resolución RES-DN-xxx-2013, indicando lo siguiente (folios 102-103):



  • Existe falta de notificación a todas las partes del proceso.

  • La resolución no es clara ni precisa, pues de acuerdo al cuadro que indica los impuestos existe mucha confusión y lo supuestamente dejado de pagar sería la suma de ¢21.644.05, ya que en el DUA 003-2011-xxx, líneas 17 a 19 la diferencia de impuestos es cero.

  • Siendo que el proceso que se sigue es menor al monto exiguo establecido por la DGA, solicita el archivo del expediente.



  1. Que mediante resolución RES-DN-xxx-2014 del 29 de mayo de 2014, la DGA dicta el acto final del procedimiento ordinario, determinando que a las mercancías importadas bajo los DUAS 003-2011-xxx del 26 de marzo de 2011 y 003-2011-xxx del 13 de abril de 2011 les corresponde las posiciones arancelarias 0306.13.11.10 y 0306.13.11 y no las declaradas 0306.13.11.90 y 0306.13.19; además que resulta improcedente la aplicación del trato arancelario preferencial que otorga el Tratado, por provenir las mercancías del régimen de zona franca, confirmando así la existencia de un adeudo de ¢255.114,15. Esta resolución fue notificada el 30 de mayo de 2014 (Folios 104-121).



  1. Que el agente aduanero xxx interpone recurso de apelación contra el acto final, indicando que mantiene lo dicho en los alegatos (folio 123).


  1. Con resolución RES-DN-xxxx-2014 del 18 de junio de 2014, la DGA emplaza a las partes para que se apersonen ante este Tribunal (folio 124).



  1. El 24 de junio del 2014, el agente aduanero xxx se apersona ante esta Sede, señalando que mantiene sus alegatos y que existe culpa concurrente al aceptar la Aduana de Peñas Blancas la aplicación del trato arancelario preferencial (folio 130).



  1. Que en las presentes diligencias se han observado las prescripciones de ley.


Redacta el Máster, Licenciado Dick Rafael Reyes Vargas; y,


CONSIDERANDO:



  1. La Litis: El objeto de la presente litis trata de determinar la correcta clasificación arancelaria, así como la aplicación o no del trato arancelario preferencial concedido por el Tratado, y solicitado por el agente aduanero xxx de la Agencia de Aduanas xxx S.A en representación de la importadora xxx, para las mercancías provenientes del régimen de zona franca consistentes en camarón de cultivo, amparada a los DUAS 003-2011-xxx del 26 de marzo de 2011 y 003-2011-xxx del 13 de abril de 2011 ambos de la Aduana de Peñas Blancas.



  1. Admisibilidad del recurso de apelación: En forma previa, revisa este Órgano el aspecto de admisibilidad del recurso de apelación interpuesto conforme la Ley General de Aduanas (en adelante LGA), para establecer si en la especie se cumplen los presupuestos procesales que son necesarios para constituir un procedimiento válido. En tal sentido dispone el artículo 204 de la LGA que contra la resolución dictada por la DGA cabe recurso de apelación para ante este Tribunal, el cual debe presentarse dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación del acto impugnado, es decir, en tiempo. Así, tenemos que en este caso el acto final, para todo efecto legal, fue notificado el día 30 de mayo de 2014 (folios 118-121), y el recurso de apelación fue interpuesto el 03 de junio de 2014 (folio 123), lo cual ocurrió dentro del plazo legalmente establecido. Además, el recurso debe cumplir con los presupuestos procesales de forma relativos a la capacidad procesal de las partes que intervienen en el procedimiento, lo cual no genera problemas en el presente asunto, toda vez que quien recurre es el agente aduanero xxx, encontrándose debidamente acreditado para actuar en dicha condición, según constancia que corre a folios 167-171 del presente expediente administrativo, cumpliéndose en la especie con el presupuesto procesal de legitimación. En razón de ello, tiene este Tribunal por admitido el recurso de apelación para su estudio.



  1. Hechos probados. Considera este Tribunal que deviene de especial importancia destacar los hechos de interés que se tienen por probados en el asunto y que servirán de base para el análisis de las respectivas consideraciones:


  1. Mediante DUAS 003-2011-xxx del 26 de marzo de 2011 y 003-2011-xxx del 13 de abril de 2011 de la Aduana de Peñas Blancas, xxx cédula 02-xxx representada por su agente de aduana Agencia de Aduanas xxx, S. A. cédula 3-101xxx, a su vez representada por el agente de aduana persona natural señor xxx, cédula 01-0466-0267, declaró la destinación al régimen de importación definitiva de camarones de cultivo congelados y camarones de cultivo, bajo la posición arancelaria 03.06.13.11.90 y 0306.13.19, aplicando el trato arancelario preferencial que concede el Tratado (folios 131-165).


  1. Las facturas números 0415 del 24 de marzo de 2011 y 0419, adjuntas al DUA 003-2011-xxx y 003-2011-xxx, emitidas por Langostinos de Centroamérica S.A, describen la mercancía vendida a xxx, como “camarón de cultivo congelado” y “camarón de cultivo”, en presentaciones de cajas y bolsas de 15.5 Kg, 18.14 Kg, 20 Kg y 22.68 Kg (folios 146, 162 y 164).


  1. Que en la dirección electrónica http://www.langostinosdecentroamerica.com/ se indica lo siguiente “Langostinos de Centroamérica S.A (LCA), es una Empresa ubicada en Chinandega, Nicaragua, que tiene como objetivo procesar y exportar productos de la acuicultura y del Mar. Constituida bajo el régimen de Zona Franca…” (folio 08).


  1. Mediante documento CT/168/2005, se informa a los Administradores de Aduana y auxiliares de la función pública aduanera de la República de Nicaragua, que la empresa Langostinos de Centroamérica S.A, fue aprobada como usuaria del Régimen de Zona Franca (folio 09).


  1. Los certificados de origen emitidos por Langostinos de Centroamérica S.A para las importaciones efectuadas bajo los DUAS de cita, describen la mercancía como “camarón de cultivo congelado” y lo ubican en la posición arancelaria 0306.17 (folios 85-86).


  1. Que adjunto a los DUAS de cita, se transmitieron bajo el código 079 los Formularios Aduaneros Únicos Centroamericanos (en adelante FAUCAS) números FAUCAMH298333 y FAUCAMH301776, en los cuales figura como exportador la empresa Langostinos de Centroamérica S.A, describen la mercancía como “camarón de cultivo procesado y congelado” y lo clasifican en la posición 0306.13.11.00 (folios 143 y 165).



  1. Sobre las Nulidades: Que en primer término este Tribunal como contralor de legalidad se avoca de oficio a revisar la actuación administrativa, determinando si en la especie se han violentado los principios procesales esenciales que todo acto administrativo debe salvaguardar en aplicación del principio de legalidad y del derecho del administrado a un debido proceso, pronunciándose previamente sobre la existencia o no de nulidades del acto administrativo, debiendo este último ser dictado de conformidad con el ordenamiento jurídico, tanto en sus elementos esenciales como formales, puesto que lo contrario puede generar vicios que afecten su validez.


Recordemos que de acuerdo con el artículo 166 la Ley General de la Administración Pública (en adelante LGAP) la nulidad absoluta acontece cuando falten totalmente uno o varios de los elementos constitutivos del acto administrativo, además de ello según el artículo 223 de la ley de cita, para que opere la misma se requiere la omisión de formalidades sustanciales del procedimiento entendidas como aquellas cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes o que causen indefensión.



Para ello analizaremos los argumentos ofrecidos por el recurrente, en relación con la notificación de los actos, defectos de la resolución y el monto exiguo.



  • Sobre la Notificación: respecto al tema aludido, ya en reiteradas ocasiones se ha pronunciado este Tribunal1, señalando que la agencia de aduanas representa al consignatario o importador de las mercancías, y que dicha representación se origina directamente de la Ley General de Aduanas (en adelante LGA), indicando además que es válido que la Administración decida notificar por separado y directamente a cada uno (agencia e importador) por los medios establecidos, o bien, -como se da en la especie- que notifique tanto al importador como a la agencia de aduanas en la figura de la misma agencia (ver actas de notificación a folios 97-99), no existiendo la nulidad aducida y en consecuencia no lleva razón el recurrente porque sigue ostentando en el presente caso la representación del importador.


En virtud de la jurisprudencia, doctrina y normativa contenida en las sentencias emitidas por este Tribunal y reseñadas supra, podemos concluir sobre este alegato que:


  • Los Agentes de Aduana de conformidad con la normativa aduanera, son Auxiliares de la Función Pública Aduanera y no están concebidos como un simple intermediario entre el Servicio Nacional de Aduanas y el consignatario de las mercancías, sino que por el contrario, el Agente Aduanero es un profesional, especialista con conocimiento técnico en la materia aduanera y de comercio exterior.


  • Además de ser el Agente de Aduanas un profesional en la materia aduanera, ejerce una representación legal de su poderdante o sea del importador-consignatario de las mercancías, para las actuaciones y notificaciones del despacho aduanero y los actos que deriven de él según el artículo 33, párrafo III de la LGA.


  • El mandato en aduanas tiene una fuerza legal, en cuanto a que la ley presume que el Agente de Aduanas representa a su mandante, según el artículo 38 de la LGA.


  • Conforme lo prescriben tanto el CAUCA como la LGA, el Agente Aduanero no sólo es representante legal del importador durante el despacho y los actos que derivan de él, sino que también es responsablemente solidario con éste por el pago del adeudo tributario.



La notificación realizada al importador/consignatario en la figura de su representante no vulnera de modo alguno su derecho de defensa, ni el debido proceso, precisamente por la condición de representante legal que tiene el Agente Aduanero frente a éste.


En consecuencia, este Órgano de alzada rechaza el alegato de nulidad debatido por el recurrente, por cuanto en la especie se tiene demostrado en expediente que tanto el acto inicial como el final fueron notificados a la importadora por medio de la Agencia de Aduanas, actuación con la cual, según se indicó supra, se tiene por válidamente notificados a todos los sujetos interesados en el presente procedimiento y por cumplidas las disposiciones señaladas por los artículos 102 y 196 de la LGA, razón por la cual estima este Colegiado que no se ha dejado en estado de indefensión a ninguna de las partes afectadas.



Sobre la falta de claridad y precisión de la Resolución: sostiene el señor Ortíz que el acto emitido por la DGA es confuso e impreciso, en relación con el monto que se debe cancelar, ya que en el DUA 003-2011-xxx el total de diferencia de impuestos es cero. La DGA al emitir el acto final, aceptó la presencia de un error material en el acto de apertura del procedimiento, enmendando en ese acto lo pertinente. Lo acontecido en criterio de este Tribunal encaja efectivamente dentro de lo que la doctrina define como error material, y en ese sentido resulta insuficiente a los efectos de anular lo actuado por la autoridad aduanera, sobre los errores materiales debemos decir que son aquellos que son evidentes, claros y notorios a simple vista, sin que resulte necesario efectuar mayor análisis, al respecto indica la doctrina:

"…El error de hecho se caracteriza por ser ostensible, manifiesto e indiscutible; es decir se evidencia por sí solo, sin necesidad de mayores razonamientos y se manifiesta "prima facie" por su sola contemplación. ... Las características que han de concurrir en un error para ser considerado material, de hecho o aritmético son las siguientes: en primer lugar, poseer realidad independiente de la opinión, o criterio de interpretación de las normas jurídicas establecidas; en segundo lugar, poder observarse teniendo exclusivamente en cuenta los datos del expediente administrativo; y, por último, poder rectificarse sin que padezca la subsistencia jurídica del acto que lo contiene…" (SANTAMARIA PASTOR (Juan Alfonso) y PAREJO ALFONSO (Luciano), Derecho Administrativo, La Jurisprudencia del Tribunal Supremo, Madrid, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S.A, 1992, página 389).

Debemos indicar que la normativa vigente permite de oficio o a solicitud de parte la corrección por parte de la Administración de errores materiales, tal y como lo señala la Procuraduría General de la República al decir:



“…Como se ha dejado ver claramente de ese pronunciamiento, el error de hecho, material o aritmético es aquel que puede ser detectado con facilidad, tanto por la Administración como por el administrado, y en tales términos, ambas partes están conscientes jurídicamente de que esa irregularidad debe enmendarse sin tener que recurrirse a ninguna solución compleja de los primeros supuestos arriba analizados. (…) En todo caso, y así lo ha subrayado la Sala Constitucional de consulta, "…el error no crea derecho"…” (Criterio C-135-2000, del 15/6/2000).


De acuerdo con lo expuesto, la Autoridad Aduanera se encontraba plenamente facultada para reconocer el error cometido y resolver conforme a derecho, sin que la inconsistencia señalada genere ningún tipo de nulidad, por no provocar indefensión alguna al administrado.


Sobre el Monto Exiguo: la pretensión del recurrente en relación con el archivo del expediente por constituir monto exiguo el total adeudado al Fisco, es improcedente por cuanto tal y como lo señaló la DGA en el acto final, la resolución de alcance general RES-DGA-xxx-2011, definió en ¢229.999 el monto exiguo, así al ascender el adeudo en el presente caso a ¢255.114,15, se encuentra superado el mínimo establecido por la autoridad aduanera para llevar adelante los procesos de cobro, en consecuencia no lleva razón el interesado.


Descartados los argumentos ofrecidos por el apelante, tendientes a que se declare la nulidad del procedimiento ordinario llevado a cabo por la DGA, de seguido nos pronunciaremos sobre el fondo del asunto.




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