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Radicado No.: 201511601186581

Fecha: 09-07-2015

Página 9 de 10


Bogotá D.C., URGENTE

Asunto: Radicados 201442301819192, 201542400262952 y 201542400609782.

Hemos recibido sus comunicaciones mediante las cuales y fundamentado en algunas disposiciones de orden legal, eleva cuatro bloques de interrogantes relacionados con la exención concurrente de pagos de cuotas moderadoras y copagos.

En primer lugar, el peticionario soportado en el artículo 121 de la Ley 1306 de 20092 y la Circular 016 de 2014, expedida por este Ministerio, consulta acerca de la autoridad competente para determinar y calificar si el patrimonio de un afiliado al régimen contributivo que padece discapacidad mental es suficiente o no para sufragar las cuotas moderadoras y copagos, el procedimiento y parámetros que se deben seguir, al igual si la aplicación de la norma debe hacerse indistintamente si el afiliado se encuentra en régimen subsidiado o al régimen contributivo.

Respuesta/ Con relación al primer bloque de inquietudes debe indicarse que en el marco de lo previsto en el Decreto Ley 4107 de 20113, modificado en algunos apartes por el Decreto 2562 de 20124, este Ministerio tiene como finalidad primordial el fijar la política en materia de salud y protección social, parámetros bajo los cuales emitió la Circular 016 de 2014, recogiendo las

normas que establecen la exención en el cobro de cuotas moderadoras y copagos para algunas poblaciones especiales, entre ellas las personas con discapacidad, e “instó” a las Empresas Promotoras de Salud-EPS a dar cumplimiento a la normativa que se ha expedido para el efecto.

Así las cosas y en el marco de las funciones que le son propias a este Ministerio, no somos la autoridad competente para determinar y calificar el estado patrimonial o económico de las personas con discapacidad y por ende, tampoco nos es dable pronunciarnos al respecto. No obstante, debe recordarse que mecanismos de tipo administrativo no pueden constituirse en barreras de acceso para que personas en especial situación de vulnerabilidad gocen de manera efectiva y oportuna del derecho a la salud, toda vez que es obligación de las EPS instituir los mecanismos que sean necesarios con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones de ley.

De otro lado, se considera necesario recordar que la Circular 016 de 2014, no sólo señaló la obligación que tienen las aseguradoras en la atención en Salud a las personas con discapacidad mental como usted lo alude en su escrito, sino también a los niños, niñas y adolescentes de Sisbén 1 y 2, con discapacidades físicas, sensoriales y cognitivas, enfermedades catastróficas y ruinosas que sean certificadas por el médico tratante, respecto a los servicios y medicamentos de la parte especial y diferenciada del Plan de Beneficios, artículo 18 de la Ley 1438 de 2011 y a las personas con cualquier tipo de discapacidad, en relación con su rehabilitación funcional, cuando se haya establecido el procedimiento requerido, en concordancia con los artículos 65 y 66 ibídem y la Ley 1618 de 20135, artículo 9o, numeral 9; (numeral 4 y 8 de la circular en cita).

Igualmente es preciso indicar que posterior a la Circular 016 de 2014, este Ministerio expidió la Circular Externa No. 010 de 2015, la que genera más claridad referente a la exención de copagos y cuotas moderadoras de las personas con discapacidad, reiterando la obligación que tienen las aseguradoras en la atención en Salud a dicha población, señalando:

1.- Las Entidades Promotoras de Salud.

1.1. De la Integralidad.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de la Ley Estatutaria 1751 de 2015, los servicios de salud deberán prestarse de manera completa e independiente del sistema de provisión o financiación o del origen de la enfermedad.

Así, el asegurar una atención en salud integral en la población con discapacidad implica, como mínimo encaminarla no sólo a responder ante una necesidad determinada sino a cubrir de manera anticipada y completa, las necesidades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad. Si existiere duda sobre el alcance de la necesidad de salud, debe entenderse que comprende todos los elementos esenciales para satisfacerla.” Subrayas fuera de texto

Ahora bien, las entidades responsables de dar cumplimiento y aplicabilidad a las citadas Circulares, deberán guiarse por los Acuerdos 260 de 20046 y 365 de 20077, expedidos por el entonces Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, en lo pertinente, así como en la normativa que rige para la población específica de que se trate, en el caso de las personas con discapacidad, por la Ley 1346 de 20098, los artículos 659 y 6610 de la Ley 1438 de 201111, la Estatuaria 1618 de 201312 y la Ley 1616 de 201313, entre otras, en consonancia con la Ley Estatutaria de Salud 1751 de 201514, en especial su artículo 11, que prevé:

Artículo 11. Sujetos de especial protección. La atención de niños, niñas y adolescentes, mujeres en estado de embarazo, desplazados, víctimas de violencia y del conflicto armado, la población adulta mayor, personas que sufren de enfermedades huérfanas y personas en condición de discapacidad, gozarán de especial protección por parte del Estado. Su atención en salud no estará limitada por ningún tipo de restricción administrativa o económica. Las instituciones que hagan parte del sector salud deberán definir procesos de atención intersectoriales e interdisciplinarios que le garanticen las mejores condiciones de atención…” (Subrayas fuera de texto)

En segundo lugar, el peticionario alude a las exenciones de que trata el parágrafo 215 del artículo 4 de la Ley 1388 de 201016, en relación con sus beneficiarios, siendo éstos, los niños y personas menores de 18 años, que padecen de cáncer, cuya normativa fue expedida para garantizar por parte de los actores de la seguridad social en salud, todos los servicios que se requieren para su detección temprana y el tratamiento integral de dicha enfermedad, y consulta:

¿Existen mecanismos o procedimientos para que la IPS o el médico tratante enteren, notifiquen y certifiquen a la EPS de la confirmación o sospecha de los diagnósticos de que trata el artículo 2° de dicha ley y por cuya virtud se adquiere la calidad de beneficiario de sus efectos?”

¿Existe algún conducto para que la IPS y/o médico tratante generen, expidan y comuniquen reportes en relación a las personas que sufren de las enfermedades descritas en el artículo segundo de la ley 388 de 2010?. En caso afirmativo, ¿con qué periodicidad deben llevarse a cabo?”

Respuesta/ Con relación a estos interrogantes, se solicitó concepto técnico a la Dirección de la Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones, quien mediante memorando No. 201531000058393 de 23 de febrero de 2015, manifestó:

(…)En el segundo bloque elevan 2 interrogantes planteados en torno a las exenciones, sus beneficiarios y los mecanismos de comunicación o reportes con respecto a la información que debe suministrar las IPS a las EPS, con los diagnósticos y procedimientos establecidos en la Ley 1388 de 2010i, y para tal efecto, me permito realizar las siguientes precisiones:

El tema de fondo radica en mecanismos de comunicación y reportes, que deberán realizarse o exigirse dentro de los contratos suscritos por las partes, teniendo como base que estos constituyen acuerdos de voluntades, que para estos casos, es la prestación de servicios de salud a una población determinada.

Vale la pena resaltar, que siempre predominará, lo acordado por las partes o dicho de otra manera, el contrato es ley para las partes y es a la luz de lo pactado en éste, que debe darse la claridad sobre la interpretación, aplicación de las condiciones acordadas, la determinación de las tarifas, las formas de terminación del mismo y dentro de ellas, el suministro de información de sus afiliados, el manejo de historias clínicas y en especial la información en general que hacen parte de los reportes o eventos de notificación obligatoria, en el caso de las enfermedades crónica, agudas e infecciosas entre otras y las actividades de promoción y prevención que se exijan, todo ello con base en las normas que específicamente regulan el tema.

Cabe anotar, que el Ministerio no hace parte de la suscripción de éstos contratos y sus exigencias, es decir, no es competente para interpretar el alcance de los mismos, celebrados de manera libre y voluntaria, ni para dirimir los conflictos surgidos como producto de tales acuerdos.”

No obstante, viene al caso señalar que en desarrollo de la Ley 1388 de 2010, entre otras, con relación a la información y reportes de la población menor de 18 años a quien se le haya confirmado a través de los estudios pertinentes, el diagnóstico de cáncer en cualquiera de sus etapas, tipos o modalidades, entre otros, se expidieron las resoluciones que se relacionan a continuación, las cuales en cuanto a las responsabilidades de cada uno de los actores comprometidos, específicamente de las IPS, establecieron:

  • Resolución 2590 de 31 de agosto de 201217, cuyo objeto es constituir el Sistema Integrado en Red y el Sistema Nacional de Información para el Monitoreo, Seguimiento y Control de la Atención del Cáncer en los menores de 18 años, integrando la base de datos para la agilidad de la atención del menor con cáncer, el Registro Nacional de Cáncer Infantil y el número Único Nacional para los beneficiarios de la Ley 1388 de 2010; acto administrativo que en su artículo 19, señaló:

Artículo 19. Responsabilidades de las Unidades o Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud para la Atención del Cáncer Infantil. Las Unidades o Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud para la Atención del Cáncer Infantil, para la garantía de la accesibilidad, oportunidad, continuidad y pertinencia de la atención, serán responsables de cumplir con los procedimientos establecidos en la Ley 1388 de 2010 y en la presente resolución, en concordancia con lo establecido en el Decreto 1011 de 2006 o la norma que la modifique, adicione o sustituya. Igualmente, serán responsables de la entrega de la información requerida para el Sistema Nacional de Información para el Control de la Atención del Cáncer Infantil y para el Sistema de Vigilancia en Salud Pública y de los registros de prestación de servicios.

Parágrafo. Las Unidades o Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud para la Atención del Cáncer Infantil deberán incluir en sus planes de gestión la adecuación de sus procesos, sus sistemas de información y demás aspectos que se requieran, para dar cumplimiento a lo establecido en la presente resolución.” Subrayas fuera de texto

  • Resolución 4496 de 201218, la cual tiene por objeto organizar el Sistema Nacional de Información en Cáncer, determinar las responsabilidades y funciones de los actores del mismo y crear el Observatorio Nacional de Cáncer, disposición que en su artículo 8, prevé:


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