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General de la seguridad social de vizcaya

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___________________

4.3 OTROS  

___________________

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA TESORERÍA

GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE VIZCAYA

Notificación de resolución de recurso de alzada en expe-

diente de derivación de responsabilidad, número 31/04.

En expediente número 31/2004 de derivación de res-

ponsabilidad seguido por la Tesorería General de la Segu-

ridad Social se ha dictado resolución desestimatoria del

recurso de alzada formulado contra reclamaciones de

deuda por responsabilidad solidaria, que no ha podido ser

notificado a doña Rocío Fraile Sánchez, cuyo texto íntegro

es el siguiente:

«Visto su escrito de 11 de mayo de 2005, por el que se

formula recurso de alzada contra las reclamaciones de

deuda número 48/05/012089609, 48/05/012089710,

48/05/012089912, 48/05/012090013, 48/05/012090215 a

48/05/012094356, por responsabilidad solidaria de las

deudas contraídas con la Seguridad Social por la socie-

dad limitada 

«TALLERES AZPILLAGA Y CIA, S. L.»

en el que

solicita se dejen sin efecto las mismas, teniendo en consi-

deración los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero: Que por esta Dirección Provincial, con fecha

11 de abril de 2005, se notificaron a doña Rocío Fraile

Sánchez, las reclamaciones de deuda arriba indicadas,

Página 11924

Viernes, 11 de noviembre de 2005

BOC

- Número 216

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Unidad de Recaudación Ejecutiva 39/01

Notificación de requerimiento de bienes a deudores

Doña Carmen Blasco Martínez, jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social 39/01 de Cantabria,

Hace saber: Que intentada la notificación y no habiendo podido practicarse por encontrarse repetidamente ausentes de

su domicilio o bien por hallarse en paradero desconocido de los sujetos pasivos que a continuación se relacionan figuran

como deudores con los siguientes débitos:

El importe reclamado más los intereses devengados hasta la fecha del pago podrá hacerlo efectivo mediante ingreso en

la cuenta restringida de la Unidad de Recaudación Ejecutiva (URE).

Una vez transcurrido el plazo señalado para el ingreso voluntario de la totalidad de las cantidades adeudadas, sin

haberse verificado el abono de las mismas, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 89 del Reglamento General de

Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1.415/2.004, de 11 de junio (BOE del día 25), se les

requiere para que efectúen manifestación sobre sus bienes con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilida-

des.

Asimismo, se les hace constar que si incumplen con el deber de manifestación de sus bienes, no podrá estimarse como

causa de impugnación del procedimiento de apremio la preterición o alteración del orden de prelación a observar en el

embargo de los mismos, a que se refiere el artículo 91 del citado Reglamento General de Recaudación en relación con bie-

nes y derechos no señalados por los deudores.

Santander, 18 de octubre de 2005.–La recaudadora ejecutiva, María del Carmen Blasco Martínez.

05/13421


por responsabilidad solidaria en las deudas contraídas

con la Seguridad Social por la sociedad limitada 

«TALLE-

RES AZPILLAGA Y CIA., S. L.».

Segundo: Mediante escrito de fecha 11 de mayo, doña-

Rocío Fraile Sánchez, interpone recurso de alzada contra

las reclamaciones de deuda número 48/05/012089609,

48/05/012089710, 48/05/012089912, 48/05/012090013,

48/05/012090215 a 48/05/012094356 en base a los argu-

mentos y consideraciones jurídicas que a continuación se

recogen:

- doña Rocío Fraile Sánchez cesó como administradora

de la sociedad «Talleres Azpillaga, S. L.» en el año 2001,

y le sucedió don Jon Azpillaga Arrizabalaga.

- Que las deudas reclamadas anteriores a 31 de enero

de 2001 están prescritas. 

- Que antes de proceder contra el administrador de una

empresa habría que proceder contra la mercantil deudora,

y una vez fuese esta declarada insolvente, entonces se

podría iniciar un procedimiento contra los administrado-

res.

- Que la última cuota de Seguridad Social reclamada

por la Tesorería General de la Seguridad Social es ante-

rior a la entrada en vigor del artículo 15.3 de la Ley Gene-

ral de la Seguridad Social. Dicha disposición no puede

aplicarse con carácter retroactivo en base al principio de

legalidad e irretroactividad de las Leyes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero: Esta Dirección Provincial de la Tesorería

General de la Seguridad Social es competente para cono-

cer y resolver el presente recurso de alzada, de conformi-

dad con lo dispuesto en el artículo 18 de Real Decreto

Legislativo 1/1994 , de 20 de junio, por el que se aprueba

el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad

Social (BOE de 29 de junio); en el artículo 114 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común (BOE de 27 de noviembre). 

Segundo: Se analiza en este punto el primer motivo de

oposición a la derivación que alega la recurrente, es decir,

que ella había dejado de ser administradora de la socie-

dad en el año 2001. Dado lo cual, tendría que responder

de la reclamación que se recurre el nuevo administrador,

don Jon Azpillaga Arrizabalaga.

En relación con lo alegado, de lo que, por otra parte, no

se aporta prueba documental alguna, se significa lo

siguiente:

Según la información facilitada por el Registro Mercan-

til consta como administradora de la sociedad 

«TALLERES

AZPILLAGA Y CIA, S. L.»

doña Rocío Fraile Sánchez, sin

que conste acreditada la existencia de inscripciones de

modificación relativas al cese del administrador en sus

funciones, ni el supuesto nombramiento de un nuevo

administrador que se habría producido, según la recu-

rrente, en el año 2001, sin fecha concreta. Por ello, y en

base a lo estipulado en el artículo 9 del Reglamento del

Registro Mercantil (Real Decreto 1597/1989, de 29 de

diciembre) «los actos sujetos a inscripción sólo serán opo-

nibles a terceros de buena fe desde su publicación en el

boletín Oficial del Registro Mercantil», es evidente que no

puede ser ahora opuesto frente a terceros de buena fe,

como sin duda lo es la Tesorería General de la Seguridad

Social, debiendo entenderse que, a todos los efectos, tal

como refleja el Registro Mercantil, Doña Rocío Fraile Sán-

chez, es la administradora de la sociedad y como tal

deberá hacer frente a las responsabilidades en que

hubiera podido incurrir.

Tercero.- Seguidamente, se aborda en este apartado la

segunda de las alegaciones esgrimidas por la recurrente,

es decir, que las dudas anteriores al 31 de enero de 2001

están prescritas, puesto que no se ha dado actuación

administrativa, o si se ha dado, no se ha realizado con

conocimiento formal del responsable de pago.

Se cuestionan por la recurrente las siguientes reclama-

ciones de deuda:

Período

Documento Origen

0594 0594 

48/01/03/94 01177182/03 

0794 0794 

48/01/03/94 01424534/03 

0894 0894 

48/01/03/94 01540126/03 

0994 0994 

48/01/03/94 01657233/03 

1094 1094 

48/01/03/94 01770805/03 

0298 1298 

48/02/99 013167079/47 

0199 0299 

48/02/99 013167180/47 

0999 0999 

48/03/99 016361413/01 

1299 1299 

48/03/00 010976440/01 

0100 0100 

48/03/00 011617044/01 

0200 0200 

48/03/00 012654237/01 

0300 0300 

48/03/00 013171973/01 

0400 0400 

48/03/00 013416190/01 

0800 0800 

48/03/00 015495024/01

0900 0900 

48/03/00 015735302/01

1000 1000 

48/03/01 010035014/01

Son de aplicación al supuesto de prescripción que ana-

lizamos los artículos 21 de la Ley General de la Seguridad

Social y 42 y 43 del Reglamento General de Recaudación

(Real Decreto 1.415/2004, de 1 de junio BOE de 25 de

junio), que establecen que el plazo de prescripción que-

dará interrumpido por las causas ordinarias y, en todo

caso, por cualquier actuación administrativa realizada con

conocimiento formal del responsable del pago conducente

a la liquidación o recaudación de la deuda y, especial-

mente, por su reclamación administrativa mediante recla-

mación de deuda o acta de liquidación.

La alegación de prescripción hecha por la recurrente no

puede tener favorable acogida puesto que son numerosas

las actuaciones administrativas, tanto en vía voluntaria

como de apremio, realizadas con conocimiento formal del

responsable del pago que han interrumpido el plazo de

prescripción de la deuda. Se recogen entre otras las

siguientes:

Actuaciones Administrativas en Vía Voluntaria

Período

Documento Origen

Fecha notificación

0594 0594 

48/01/03/94 01177182/03 

01/09/1994

0794 0794 

48/01/03/94 01424534/03

01/11/1994

0894 0894 

48/01/03/94 01540126/03

01/12/1994

0994 0994 

48/01/03/94 01657233/0

01/12/1994

1094 1094 

48/01/03/94 01770805/03

01/12/1994

0298 1298 

48/02/99 013167079/47

26/08/1999 

0199 0299 

48/02/99 013167180/4

26/08/1999 

0999 0999 

48/03/99 016361413/01

15/03/2000 

1299 1299 

48/03/00 010976440/0

04/09/2000

publicada Boletín y Alcaldía 

0100 0100 

48/03/00 011617044/01

04/09/2000

publicada Boletín y Alcaldía 

0200 0200 

48/03/00 012654237/01

04/09/2000

publicada Boletín y Alcaldía 

0300 0300 

48/03/00 013171973/01

12/12/2000

publicada Boletín y Alcaldía 

0400 0400 

48/03/00 013416190/01

03/11/2000

0800 0800 

48/03/00 015495024/01

12/03/2001

0900 0900 

48/03/00 015735302/01

05/04/2001

1000 1000 

48/03/01 010035014/01

09/05/2001

Actuaciones Administrativas en Vía de Apremio

- Con fecha 14 de junio de 1996, se dicta diligencia de

embargo de bienes en el domicilio del deudor 

«TALLERES

AZPILLAGA Y CÍA, S. L.»

declarando embargada diversa

maquinaria y quedando designada como depositaria de

dichos bienes embargados Doña Rocío Fraile Sánchez, la

ahora recurrente.

- Por parte de la Unidad de Recaudación Ejecutiva

48/06 (Durango), se procede a notificar a 

«TALLERES

AZPILLAGA Y CÍA, S. L.»

, con fecha 26 de marzo de 1999,

la diligencia de notificación de deuda pendiente en expe-

diente de apremio. Notificación recibida por don Jon Azpi-

llaga.

- Por parte de la unidad de Recaudación Ejecutiva com-

petente en la tramitación del procedimiento de apremio,

BOC - Número 216

Viernes, 11 de noviembre de 2005

Página 11925


se procede a notificar al deudor 

«TALLERES AZPILLAGA Y

CÍA, S. L.»

la diligencia de 27 de setiembre de 2000 de

notificación de deuda en expediente de apremio. Dicha

diligencia fue publicada en el BOB número 232, de 4 de

diciembre de 2000.

- Con fecha 23 de abril de 2001 se dicta diligencia de

embargo de bienes por la que se declara embargado todo

crédito que le corresponda al deudor frente a la Diputa-

ción Foral, hasta cubrir el importe del descubierto que

ascendía en ese momento a 21.857.530 pesetas. Dicha

diligencia se publicó en el BOB número 10, de 15 de

enero de 2002.

- Con fecha 17 de octubre de 2003 se notifica, en mano,

a Jon Azpillaga la diligencia de embargo de todo pago que

a partir de esa fecha se haga al deudor 

«TALLERES AZPI-

LLAGA Y CÍA, S. L.»

hasta cubrir el importe de la deuda

pendiente que ascendía a ese momento a 267.091,02

euros.

- Acordada por la Dirección Provincial de Vizcaya de la

Tesorería General de la Seguridad Social la venta por

gestión directa de los bienes muebles embargados a

«TALLERES AZPILLAGA Y CÍA, S. L.»

, se publica anuncio

de  venta de bienes muebles en el BOB número 19, de 29

de enero de 2004.

Asimismo, son numerosas las actuaciones llevadas a

cabo por el propio responsable de pago conducentes al

reconocimiento o extinción de la deuda: por ejemplo

escrito de 26/11/1998 dirigido a la Unidad de Recaudación

Ejecutiva por Doña Rocío Fraile Sánchez, actuando en

nombre y representación de 

«TALLERES AZPILLAGA Y CÍA,

S. L.»

en el que se reconoce la deuda y se comunica que

se van a ir haciendo ingresos mensuales a cuenta y que

se va a solicitar un aplazamiento de pago.

Por todo lo antes descrito, la alegación de prescripción

debe ser desestimada.

Cuarto.- Sobre lo alegado en el sentido de que antes de

proceder contra la administradora de la Sociedad habría

que proceder contra la mercantil deudora, y una vez que

ésta fuese declarada insolvente, entonces se podría ini-

ciar un procedimiento contra los administradores, vuelve a

señalarse lo ya indicado en la resolución que se recurre:

el tipo de responsabilidad que se imputa a la administra-

dora de 

«TALLERES AZPILLAGA Y CÍA, S. L.»

, según esta-

blece en el artículo 105.5 de la Ley 2/95, de 23 de marzo

de Sociedades de Responsabilidad Limitada, es una res-

ponsabilidad de carácter solidario, no subsidiario que sí

requeriría la insolvencia previa del deudor principal y lo

característico de este tipo de obligaciones solidarias es

que el acreedor (la T.G.S.S. en este caso) puede dirigirse

contra cualquiera de los deudores solidarios, sin que sean

obstáculo las reclamaciones entabladas contra uno de los

responsables para las que posteriormente se dirija contra

los demás mientras no resulte cobrada la deuda por com-

pleto.

Es decir, no es necesaria la insolvencia previa para pro-

ceder contra la administradora de la sociedad, pero es

que, además, no se entiende el que la recurrente siga

manteniendo esta alegación nuevamente en el escrito del

recurso, cuando de la simple lectura de los datos recogi-

dos en el Hecho Tercero de la resolución recurrida se

comprueba que 

«TALLERES AZPILLAGA Y CÍA, S. L.»

está

declarada insolvente desde el 16 de junio de 2004.

Quinto

.- Finalmente, se aborda en este último punto la

última de las cuestiones planteadas por la recurrente: es

decir, que la última cuota de Seguridad Social reclamada

por la Tesorería General de la Seguridad Social a 

«TALLE-

RES AZPILLAGA Y CÍA, S. L.»

corresponde a julio de 2003 y

puesto que la derivación se fundamenta en el artículo 15.3

de la Ley General de la Seguridad Social, según la redac-

ción dada por la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, dicha

disposición no puede aplicarse con carácter retroactivo,

en base al principio de legalidad e irretroactividad de las

Leyes.

En relación con lo planteado, y para centrar la cuestión,

hay que comenzar por señalar que, en el expediente de

derivación que se impugna, la Tesorería General de la

Seguridad Social, acreedor de 

«TALLERES AZPILLAGA Y

CÍA, S. L.»

, ejercita la acción de responsabilidad solidaria

por incumplimiento por los administradores de su deber

de disolver la sociedad.

La Ley 2/95, de 23 de marzo, de Sociedades de Res-

ponsabilidad Limitada, recoge en su artículo 105.5 la res-

ponsabilidad solidaria por incumplimiento, por parte del

Administrador, de su deber de disolver la sociedad. Existe

obligación de disolver la sociedad, entre otras causas, por

pérdidas que dejen reducido el patrimonio a una cantidad

inferior a la mitad del Capital Social, a no ser que éste se

aumente o se reduzca en la medida suficiente (artículo

104.1.e de la Ley de Sociedades de Responsabilidad

Limitada).

El artículo 15.3 de la Ley General de la Seguridad

Social, cuestionado por la recurrente, lo que faculta es a

la Tesorería General de la Seguridad Social para declarar

y exigir la responsabilidad solidaria a los que resulten res-

ponsables solidarios en aplicación de cualquier norma con

rango de Ley (la Ley de Sociedades Limitadas en el caso

que nos ocupa) que se refiera o no excluya expresamente

a las obligaciones de Seguridad Social, debiendo decla-

rarse y exigirse mediante el procedimiento administrativo

recaudatorio.

Con anterioridad a la modificación introducida en el

artículo 15.3 de la Ley General de la Seguridad Social por

la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, los tribunales venían

entendiendo que la Tesorería General de la Seguridad

Social carecía de capacidad para derivar la responsabili-

dad de una sociedad a sus administradores, con esta

modificación queda claro que es la propia Seguridad

Social la competente para fijar resoluciones de responsa-

bilidad por deudas sociales.

El artículo 15.3 es aplicable a los procedimientos admi-

nistrativos que se desarrollen con posterioridad a su

entrada en vigor (1 de enero de 2004), y en el caso que

analizamos, el procedimiento para declarar y exigir la res-

ponsabilidad solidaria a la administradora de 

«TALLERES

AZPILLAGA Y CÍA, S. L.»

se ha iniciado por la Tesorería

General de la Seguridad Social, con posterioridad a su

entrada en vigor, es por ello que resulta aplicable, debiendo

ser desestimada la alegación hecha por la recurrente.

Vistos los preceptos legales citados y demás de gene-

ral aplicación esta Dirección Provincial 

ACUERDA

D

ESESTIMAR

el recurso de alzada formulado contra las

Reclamaciones de deuda de referencia y confirmar las

mismas en sus propios términos.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía

administrativa, podrá formularse recurso contencioso-

administrativo en el plazo de 

DOS MESES

, contados desde

el día siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo

Contencioso Administrativo correspondiente, salvo

cuando la resolución tenga una cuantía superior a

60.101,21 euros, en que podrá interponerse ante la Sala

de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de

Justicia del País Vasco, de conformidad con lo dispuesto

en los artículos 8.3, 10.1.j y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13

de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Admi-

nistrativa (BOE de 14 de julio de 1998).»

Y para que sirva de notificación a doña Rocío Fraile

Sánchez, cuya notificación en su domicilio c/ La Llana

número 26, de Otañes-Castro Urdiales no se ha podido

practicar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.4

de la Ley 30/92, de 26 de noviembre que aprueba la Ley

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común, se expide la

presente cédula de notificación, en Bilbao, 24 de octubre

de 2005.–El subdirector provincial de Procedimientos

Especiales, Juan José Navarro Robles.

05/14105

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BOC

- Número 216



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