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Gestión documental electrónica. Una transformación de raíz hacia el gobierno electrónico en la ciudad de Buenos Aires 2009-2014

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GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA 

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 GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA


GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA 

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5.

 EL MARCO  

  NORMATIVO DE 

  LA GESTIóN  

 DOCUMENTAL 

 ELECTRóNICA


88 

 GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA

E

l paso de una gestión en papel a una 

gestión documental electrónica requirió 

un análisis detallado de la normativa del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y una importante adecuación para 

responder a conceptos como “expediente 

electrónico” y “firma digital”, entre otros. 

El equipo jurídico fue clave para impulsar los 

cambios desde la Legislatura de la Ciudad y 

desde el Poder Ejecutivo, de forma de crear 

un marco que diera eficacia legal a los nuevos 

documentos electrónicos que proponía el 

proyecto de transformación la administración 

pública. Otras normas complementarias 

hicieron posible los avances de la 

modernización en la Ciudad.


GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA 

 89

Un marco legal moderno para una gestión eficaz

L

os procesos de modernización generan cambios y no deben ser realizados con la 

finalidad de aumentar el campo de la discrecionalidad, todo lo contrario: lo que 

debe pretenderse es aumentar la eficacia y con ello darle más espacio a la legalidad. La 

legalidad es un valor necesario que se ha incorporado de forma tal 

de brindar seguridad 

jurídica y respaldo a la implementación de la gestión documental electrónica. 

El marco normativo debió 

resolver diversas materias o cuestiones problemáticas entre 

las que se destacan las equivalencias legales y funcionales de los diversos formatos, las 

nuevas modalidades de identificación o autoría, la publicidad y la privacidad, el acceso, 

los distintos tipos de documentos, sus atributos. Siempre es conveniente que 

la norma-

tiva legal mantenga un grado de neutralidad tecnológica que permita la flexibilidad 

necesaria para utilizar la mayor cantidad posible de herramientas.

Para evitar discusiones sobre temas que en 2008 aún no estaban maduros y solo ha-

brían demorado la implementación, se evitó en este caso una modificación general de la 

normativa en materia de procedimientos o gestión administrativa. La estrategia fue, en 

cambio, 

dotar a la administración pública de las herramientas y darle respaldo jurídico 

en la implementación de cada una de las cuestiones problemáticas.

Una vez obtenida la arquitectura legislativa, la 

estrategia de implementación consistió 

básicamente en el dictado de diversos decretos que fueron aprobando los distintos mó-

dulos, estableciendo en cabeza de una instancia inferior, la Secretaría Legal y Técnica 

–en forma individual o en algunos casos en forma conjunta con la Jefatura de Gabinete, 

Ministerio de Modernización e incluso la Sindicatura del GCABA– , la definición, entre 

otros aspectos, de los cronogramas que previeran los plazos en que gradualmente las 

distintas instancias de la administración pública debían utilizar los módulos.

El atraso en la gestión documental era de tal magnitud que aun para el formato papel 

hubo que dictar normativa que la ordenara y la hiciera más eficaz, ya que se venían 

aplicando normas de más de 30 años de antigüedad. Pero no es motivo de esta obra 

explicar lo que tuvimos que hacer en materia normativa para estos casos.  

A continuación, un detalle de 

las principales normas que fueron dictadas para acom-

pañar la transformación hacia la gestión documental electrónica.

Leyes para la modernización

En 2008 se sancionó la Ley 2689, que creaba la 

Agencia de Sistemas de Información, con 

el objetivo de organizar y coordinar con todas las dependencias del Poder Ejecutivo, la in-

fraestructura informática de telecomunicaciones y de los sistemas de información, dotando 

a la ciudad de un plan autosuficiente, razonable y coordinado de gobierno electrónico, que 

permitiera al ciudadano acceder por medios electrónicos y telefónicos a los servicios de 

información de gobierno, aportando transparencia a la gestión 

(art. 2°). Se buscó crear un 

organismo autárquico que se concentrase en desarrollar la infraestructura informática 

necesaria a fin de alcanzar el objetivo antes expuesto y colaborase en la definición de la 

arquitectura correspondiente.

En el mismo año se sancionó la Ley 2739, que dio carácter oficial y auténtico a la publi-

cación del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires en el sitio web del Gobierno de 



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