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Posición de los peticionarios


  1. Los peticionarios indicaron que el Estado es responsable por el asesinato de Ángel Pacheco León ocurrido el 23 de noviembre de 2001, así como por la falta de investigación para esclarecer lo sucedido y sancionar a los responsables de tal hecho. Señalaron que el homicidio del señor Pacheco se dio en un contexto de impunidad en Honduras, en particular cuando los asesinatos se vinculaban con aspectos políticos.


  1. En relación con los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, los peticionarios manifestaron que a pesar de haberse iniciado una investigación por los hechos, hasta la fecha -casi catorce años de ocurrido el asesinato del señor Pacheco- el proceso continúa en etapa preliminar y no se ha sancionado a ninguna persona.


  1. Manifestaron que el mismo día del asesinato del señor Pacheco tres personas fueron detenidas sin ninguna evidencia en su contra. Sostuvieron que tan sólo dos años después, el fiscal a cargo reconoció que estas personas no tuvieron ninguna responsabilidad en los hechos. Los peticionarios indicaron que esta demora acarreó dilaciones innecesarias y excesivas en tanto se dejó de investigar a los verdaderos autores.


  1. Los peticionarios señalaron que el Estado no adoptó los requisitos mínimos establecidos en el Protocolo Modelo para una investigación de las ejecuciones extra-judiciales, arbitrarias y sumarias (Protocolo de Minnesota). Indicaron que la escena del crimen no fue protegida mediante acordonamientos y que las autoridades no dejaron constancia de la presencia de vehículos en las inmediaciones de la escena del crimen que pudiesen ser comparadas con las descripciones proporcionadas posteriormente por la familia del señor Pacheco.


  1. Asimismo, alegaron que la investigación inicial tuvo largos espacios de inactividad procesal, incluyendo la destrucción de muestras de sangre del señor Pacheco extraídas durante su autopsia. Manifestaron que el proceso sólo se reactivó luego de que los familiares del señor Pacheco interpusieran una denuncia ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público por denegación de justicia en julio de 2004. Agregaron que en septiembre de 2005 se realizó la exhumación del señor Pacheco a fin de extraer muestras de ADN, las cuales también fueron destruidas.


  1. Los peticionarios sostuvieron que las autoridades fiscales y judiciales fueron negligentes en el recaudo de las pruebas que por indicios racionales comprometerían la responsabilidad de varias personas, incluyendo funcionarios públicos, acusadas de haber amenazado de muerte a Ángel Pacheco León desde que ganó las elecciones primarias representando al Partido Nacional para ser candidato a diputado del Congreso Nacional. Identificaron a las siguientes personas: Rafael Callejas, Benjamín y Salvador Cárdenas, Raúl Pino, Jorge Berrios, Juan Che y Manuel Vides. Los peticionarios señalaron que no se citó a todas las personas mencionadas ni a todos los testigos que tenían información sobre las amenazas realizadas antes de la muerte del señor Pacheco. Añadieron que tampoco se analizó la existencia de registro de armas o vehículos de las personas sospechosas.

 

  1. Alegaron que el acceso a las actuaciones judiciales ha sido restringido. Manifestaron que en distintas ocasiones no pudieron acceder a las actuaciones del Ministerio Público. Sostuvieron que el proceso aún se halla en etapa sumarial cuando dicha etapa debiera durar máximo treinta días.


  1. En cuanto a la responsabilidad internacional por la violación del derecho a la vida, los peticionarios informaron que, antes de su homicidio, el señor Pacheco ganó las elecciones primarias del Partido Nacional en el departamento del Valle, por lo que era candidato a diputado para el Congreso Nacional en las elecciones que se realizarían el 25 de noviembre de 2001. Señalaron que luego de ganar las elecciones primarias, recibió amenazas de muerte a fin de exigirle que se retirara de la contienda electoral por parte de varias personas cuyos intereses se iban a ver afectados en caso de que ganara las elecciones, incluyendo un alcalde, diputados y un agente policial. Agregó que estas personas le exigieron el retiro de su candidatura a diputado.


  1. Respecto de los derechos políticos, sostuvieron que el Estado tenía la obligación de generar las condiciones para que Ángel Pacheco ejerciera libremente sus actividades políticas, sin hostigamiento y sin peligro, lo cual no sucedió. Agregaron que el señor Pacheco era favorito para ser elegido como diputado al Congreso Nacional de Honduras, lo cual fue confirmado cuando su hermano José Pacheco tomó su lugar y fue elegido como diputado. En ese sentido, los peticionarios alegaron que el asesinato de Ángel Pacheco vulneró su derecho a ser elegido para un cargo político.


  1. Finalmente, los peticionarios alegaron la violación del derecho a la integridad personal en perjuicio de los familiares del señor Pacheco León. Indicaron que la forma en que asesinaron a Ángel Pacheco, así como la constante denegación de justicia y la situación de impunidad que han vivido, les ha generado sufrimiento y angustia. Asimismo, informaron sobre distintas amenazas que habrían recibido algunos familiares del señor Pacheco, la falta de adopción de medidas de seguridad por parte del Estado y la falta de investigación de estos hechos.



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