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Derecho a la vida (Artículo 4 de la Convención Americana)

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Derecho a la vida (Artículo 4 de la Convención Americana)


    1. Consideración previa


  1. Los peticionarios alegaron con posterioridad al informe de admisibilidad que el Estado es responsable de la violación del derecho a la vida, establecido en el artículo 4 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Ángel Pacheco León. Alegaron que debido a que las investigaciones del asesinato del señor Pacheco resultaron infructuosas al no haber sancionado a ninguna persona, el Estado faltó a su deber de garantizar su derecho a la vida. Sostuvieron que el Estado ha tolerado la situación de impunidad de los hechos al no realizar una investigación seria e imparcial.


  1. El Estado, por su parte, indicó que no se pronunciaría sobre la posible vulneración de este derecho en tanto no fue incluido por la CIDH en su informe de admisibilidad y recién fue alegado por los peticionarios en la etapa de fondo. Sostuvo que, sin perjuicio de ello, el Estado no habría vulnerado tal derecho en tanto las amenazas realizadas en perjuicio del señor Pacheco no fueron denunciadas ante autoridades judiciales, lo cual le impidió adoptar medidas de protección que garantizaran su vida.


  1. La Comisión nota que en su informe de admisibilidad no se pronunció sobre la presunta violación del artículo 4 de la Convención Americana. Asimismo, la CIDH observa que este derecho fue alegado por los peticionarios con posterioridad al informe de admisibilidad, es decir, en la etapa de fondo. Al respecto, la Comisión resalta que los hechos que sustentan dicho alegato son parte integral e inescindible del caso y, además, surgen de la información y los documentos aportados por las partes en el transcurso del trámite del presente asunto.


  1. En virtud de lo anterior, la Comisión considera que independientemente de que los peticionarios presentaran dicho alegato con posterioridad a la admisibilidad del caso, del análisis del expediente ante la CIDH surgen hechos que sustentarían el análisis del artículo 4 de la Convención Americana. Asimismo, la CIDH nota que durante el procedimiento el Estado conoció los hechos en los cuales se basó dicho alegato155. Con base en los anteriores argumentos, la Comisión realizará consideraciones sobre el particular.


  1. El artículo 4.1 de la Convención Americana establece que:



[t]oda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.


  1. En cuanto al contenido del derecho a la vida, la Corte Interamericana ha establecido que:


[…] el derecho a la vida juega un papel fundamental en la Convención Americana por ser el corolario esencial para la realización de los demás derechos156. Al no ser respetado el derecho a la vida, todos los derechos carecen de sentido. Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él157. El cumplimiento del artículo 4, relacionado con el artículo 1.1 de la Convención Americana, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere que los Estados tomen todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva), bajo su deber de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción158.


  1. La Comisión ha dado por probado que Angel Pacheco León fue asesinado el 23 de noviembre de 2001 tras sufrir un atentado con armas de fuego por parte de una persona. Asimismo, la CIDH observa que no existe controversia entre las partes respecto de la afectación a la vida como consecuencia del atentado sino respecto de si tales hechos resultan atribuibles al Estado.


  1. En ese sentido, en un caso como el presente, el análisis de atribución de responsabilidad al Estado debe tomar en cuenta la prueba obrante en el expediente, la información de contexto disponible y, en la medida de lo pertinente, las investigaciones desplegadas internamente. Por ello, y conforme a los alegatos de los peticionarios, la Comisión determinará en primer lugar si el Estado de Honduras incumplió su obligación de prevenir la muerte del señor León Pacheco. En segundo lugar, la Comisión analizará si, de los elementos que surgieron durante la investigación, resulta la responsabilidad del Estado.


    1. El deber de prevenir


  1. La Corte ha reiterado que el deber de prevención abarca “todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito que, como tal, es susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales”159.


  1. Asimismo, la Corte ha afirmado que la responsabilidad de los Estados de actuar con debida diligencia frente a violaciones de derechos humanos se extiende a las acciones de actores no estatales, terceros o particulares160. Sin perjuicio de ello, la Corte ha establecido que un Estado no puede ser responsable por “cualquier violación de derechos humanos cometida entre particulares dentro de su jurisdicción”161. Es así como remarcó los criterios que deben tomarse en consideración a fin de evaluar el cumplimiento de la obligación de prevención y protección como medio para garantizar un derecho:


las obligaciones convencionales de garantía a cargo de los Estados no implican una responsabilidad ilimitada de los Estados frente a cualquier acto o hecho de particulares, pues sus deberes de adoptar medidas de prevención y protección de los particulares en sus relaciones entre sí se encuentran condicionados al conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo. Es decir, aunque un acto u omisión de un particular tenga como consecuencia jurídica la violación de determinados derechos humanos de otro particular, aquél no es automáticamente atribuible al Estado, pues debe atenderse a las circunstancias particulares del caso y a la concreción de dichas obligaciones de garantía162.


  1. Dicho razonamiento ha sido compartido tanto por la CIDH163 como por la Corte Europea de Derechos Humanos164.


  1. En el presente asunto, los peticionarios alegaron que el señor Pacheco fue víctima de amenazas de muerte por parte de diversas personas, incluyendo agentes estatales. Por su parte, el Estado alegó que el señor Pacheco no solicitó medidas de protección a su favor ni denunció los actos de amenaza en su contra.


  1. La Comisión observa que de la prueba obrante en el expediente, no cuenta con denuncias ante autoridades estatales de amenazas recibidas, de una situación de riesgo o de la necesidad de contar con medidas de protección a favor del señor Pacheco León. De esta forma, la Comisión considera que en el presente caso no puede afirmarse la existencia de un riesgo que el Estado sabía o debía saber respecto de Ángel Pacheco. En virtud de lo anterior, la Comisión considera que no cuenta con elementos suficientes para atribuir responsabilidad al Estado por incumplimiento del deber de prevención.


    1. Los indicios de participación directa e indirecta de agentes estatales en el asesinato


  1. La Corte estableció que de la obligación general de garantizar a toda persona bajo su jurisdicción los derechos humanos consagrados en la Convención, establecida en el artículo 1.1 de la misma, en conjunto con el derecho a la vida conforme al artículo 4 de dicho tratado, deriva la obligación de llevar a cabo una investigación oficial efectiva en casos de ejecuciones extrajudiciales, ilegales, arbitrarias o sumarias165. Además, la Corte señaló que en estos casos las autoridades de un Estado deben iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva, una vez que tengan conocimiento del hecho166, con independencia de que sea cometido por agentes del Estado o por particulares. Por ello, la realización de una investigación efectiva es un elemento fundamental y condicionante para la protección de ciertos derechos que se ven afectados o anulados por esas situaciones, tal como el derecho a la vida167.



  1. Asimismo, la Corte Interamericana ha señalado que el deber de investigar debe verse reforzado cuando existen indicios de participación de agentes estatales168. Sobre este extremo, la Corte Europea de Derechos Humanos indicó que:


la obligación del Estado de proteger el derecho a la vida requiere por implicación que debe haber alguna forma de investigación oficial efectiva cuando algún individuo ha sido asesinado como resultado del uso de la fuerza. Dichas investigaciones deben llevarse a cabo […] sin considerar si los perpetradores son agentes del Estado o terceras personas. Sin embargo, cuando se alega el involucramiento de agentes o cuerpos del Estado pueden aplicar requerimientos específicos sobre la efectividad de la investigación. (…) El propósito esencial de dicha investigación es asegurar la implementación efectiva de las leyes internas que protegen el derecho a la vida, y asegurar, en aquellos casos que involucren agentes del Estado, su rendición de cuentas por las muertes bajo su responsabilidad (traducción de la Secretaría)169.



  1. Con base en lo anterior, en el presente caso el deber de investigar debía ser observado con especial diligencia y seriedad, debido a la existencia de indicios de participación directa o de connivencia o colaboración de agentes estatales en la muerte de Ángel Pacheco.


  1. La Comisión reitera que ante indicios de esta naturaleza, que implicarían una atribución directa de responsabilidad internacional al Estado, correspondía a las autoridades a cargo de la investigación desplegar todos los esfuerzos necesarios para esclarecer las posibles responsabilidades o vínculos de autoridades estatales en una violación del derecho a la vida170. De esta manera, recaía sobre el Estado efectuar una investigación minuciosa, seria y diligente para determinar la veracidad o desvirtuar los indicios de participación de agentes estatales.


  1. En relación con este deber, la Corte ha señalado que en casos de muertes violentas donde existen indicios sobre la participación de agentes estatales, el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para determinar las responsabilidades individuales correspondientes171. La Corte consideró que en casos donde ello no sucede, resulta:


(…) razonable otorgar valor probatorio a la serie de indicios que surgen del expediente (…) sobre la participación de agentes estatales en estos hechos, en particular de aquellos manejados por los propios órganos estatales encargados de la investigación que no han sido desvirtuados por el Estado. Concluir lo contrario implicaría permitir al Estado ampararse en la negligencia e inefectividad de la investigación penal para sustraerse de su responsabilidad por la violación del artículo 4.1 de la Convención172.



  1. Igualmente, la Corte ha reiterado que la falta de investigación de alegadas afectaciones cometidas a una persona cuando existen indicios de participación de agentes estatales, “impide que el Estado presente una explicación satisfactoria y convincente de los [hechos] alegados y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados” 173. De esta forma, la Corte ha tomado dicha falta de esclarecimiento como un factor a tomar en cuenta para acreditar la alegada afectación y la consecuente responsabilidad internacional174.


  1. En el presente caso, la CIDH reitera los indicios de participación de agentes estatales: el alcalde de Amapala, Juan José Quiroz; los diputados Manuel Vides y Raúl Pino; y el agente policial Santos Mendoza. Tal como fue indicado en la sección previa, estos indicios se encuentran presentes en un cúmulo de prueba con que cuenta la CIDH y que se recabó en el propio proceso penal: i) declaraciones de familiares del señor Pacheco y miembros del Partido Nacional; y ii) declaraciones e informes de oficiales estatales de la DGIC. A ello se suman las acciones que tuvieron como efecto encubrir la información relativa a las autorías intelectuales y autoría material, tales como la falta de toma de declaraciones de dichas personas, la falta de diligencias y seguimiento para identificar su responsabilidad penal, la falta de protección a testigos que tenían miedo de declarar, los vacíos procesales e incluso la eliminación del grupo especial de investigación del caso.


  1. La Comisión considera que, además de todos los indicios de participación estatal en la muerte de Ángel Pacheco, se debe tomar en cuenta, como se detalló en la sección relacionada con los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, que el Estado no cumplió con las diligencias mínimas para explorar las líneas lógicas de investigación debido a las omisiones, obstaculizaciones e irregularidades que se presentaron a lo largo del proceso. Ello generó que las autoridades judiciales no analizaran con seriedad los posibles vínculos de al menos cuatro autoridades estatales con el homicidio de Ángel Pacheco León. Ante estas omisiones, la Comisión considera que el Estado no satisfizo la carga de desvirtuar los indicios sobre participación directa, aquiescencia o colaboración de agentes estatales. Además, la posible participación de agentes estatales en funciones y ex – agentes podría sugerir la actuación de estructuras de poder en la zona, las cuales tampoco fueron investigadas.


  1. En ese sentido, la Comisión considera que a efectos de la responsabilidad internacional, los indicios de participación de agentes estatales, aunado a la falta de investigación diligente, permiten concluir que el Estado tiene responsabilidad internacional por incumplimiento del deber de respetar la vida del señor Ángel Pacheco León, consagrado en el artículo 4.1 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 del mismo instrumento.



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