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Uruguay WT/TPR/S/263
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  1. POLÍTICAS COMERCIALES, POR MEDIDAS

    1. Panorama general

            1. Desde su último examen en 2006, el Uruguay ha continuado adoptando medidas para agilizar e informatizar los trámites aduaneros y, de este modo, facilitar el comercio internacional. Habiendo realizado un progreso considerable en este sentido, hay lugar sin embargo para mejorar ciertos aspectos de los procedimientos aduaneros, tales como reducir el porcentaje de productos sujetos a inspección física y documental, a través de una mayor profundización del sistema de análisis de riesgo, y reducir y unificar los diversos requisitos de registro. De la misma manera, la obligatoriedad de utilizar los servicios de un agente de aduanas para la realización de los diferentes trámites de importación podría dar lugar a un incremento de los costos vinculados con la importación. La Dirección Nacional de Aduanas del Uruguay determina el valor en aduana siguiendo lo estipulado por el Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC y la legislación nacional uruguaya, que aplica los principios de este Acuerdo, estando pendiente a la fecha su notificación ante la OMC.

            2. Desde 1995, el Uruguay aplica el Arancel Externo Común (AEC) del MERCOSUR, con excepciones que representan alrededor del 13,5 por ciento de las posiciones arancelarias. Todos los aranceles son ad valorem. Los niveles arancelarios se han mantenido, en general, relativamente estables durante el período objeto de examen, aunque el promedio aritmético de los aranceles NMF en 2011, del 9,4 por ciento, fue ligeramente superior al 9,3 por ciento de 2005. Esto se debió en gran parte al cambio de nomenclatura que dio lugar a un mayor número de líneas, pero también a un incremento en el arancel promedio de algunos productos como los lácteos, el calzado y el material de transporte. El promedio del arancel aplicado NMF fue del 9,6 por ciento para los productos agrícolas (definición de la OMC) y del 9,3 por ciento para los productos no agrícolas. Entre los grupos de productos con promedios arancelarios mayores a la media en 2011 caben destacar el calzado, los textiles y las confecciones, y las preparaciones alimenticias. La estructura arancelaria del Uruguay muestra una cierta, aunque moderada, progresividad, a pesar de que, en promedio, la dispersión arancelaria es relativamente baja, con un coeficiente de variación del 0,8. Entre los grupos de productos que muestran una mayor progresividad arancelaria cabe destacar los textiles y las confecciones, los productos de la madera, los minerales no metálicos, y los alimentos y bebidas.

            3. El Uruguay ha consolidado su universo arancelario completo en la OMC, a niveles de entre el 6 y el 55 por ciento, en un total de 23 tramos. El arancel consolidado medio es del 30,7 por ciento; en el caso de los productos agrícolas (definición de la OMC), el promedio es del 35,2 por ciento, y para los productos no agrícolas, del 30,0 por ciento. Por lo general, los aranceles aplicados están considerablemente por debajo de las consolidaciones, con la excepción de 35 líneas para las que el arancel aplicado era en 2011, igual al consolidado.

            4. En agosto de 2011, el Uruguay otorgaba preferencias arancelarias a las importaciones originarias de la Argentina, el Brasil y el Paraguay en el marco del MERCOSUR; y del Estado Plurinacional de Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, el Ecuador, México, el Perú y la República Bolivariana de Venezuela con arreglo a diversos Acuerdos de Complementación Económica (ACE). Para los bienes no comprendidos en esos acuerdos rige el mecanismo general de preferencias de alcance regional (PAR) de la ALADI. El Uruguay otorga además preferencias a los países con los cuales el MERCOSUR ha suscrito acuerdos de libre comercio, tales como Egipto e Israel. El MERCOSUR suscribió también un Acuerdo de Preferencias Fijas con la India. El arancel preferencial aplicado por el Uruguay varía según el socio comercial y va desde un promedio cercano a cero para el Estado Plurinacional de Bolivia y Chile, hasta el 9,3 por ciento (apenas por debajo del promedio NMF) aplicado a la India.

            5. La legislación uruguaya permite que los titulares de actividades industriales puedan hacer uso de los mecanismos de importación en admisión temporaria, toma de stock y régimen devolutivo (drawback) por un período máximo de 18 meses. Durante el período objeto de examen, el Uruguay eliminó algunas cargas que afectaban a las importaciones, como la comisión del 2,5 por ciento del valor c.i.f cobrada por el Banco de la República Oriental del Uruguay, y la Contribución para el Financiamiento de la Seguridad Social (COFIS), la cual recaía tanto sobre las importaciones como sobre los productos industrializados nacionales. También redujo, aunque moderadamente, los tipos del IVA. Sin embargo, el Uruguay continúa aplicando una tasa consular a las importaciones; la eliminación de esta tasa, prevista para el 1° de enero de 2011, fue cancelada y la tasa se mantuvo en un nivel del 2 por ciento del valor c.i.f. de la importación.

            6. Aunque se ha realizado un esfuerzo para reducir las cargas aplicables a la importación, sobre todo el Impuesto Específico Interno (IMESI), éstas continúan siendo importantes e incrementan los costos de importación. El régimen del IMESI y sus tasas han sido objeto de varias modificaciones desde el último Examen de las Políticas Comerciales del Uruguay. Los bienes que están sujetos a tasas de IMESI más elevadas son las bebidas alcohólicas, para las que la tasa máxima es del 85 por ciento, el tabaco (70 por ciento) y los productos derivados del petróleo (133 por ciento). En algunos casos, el IMESI se cobra sobre valores fictos fijados por el Poder Ejecutivo. Para los productos de la industria del tabaco, el precio ficto se calcula como el precio de venta multiplicado por un factor que varía entre 1,66 (tabacos) y 5,40 (cigarrillos).

            7. El Uruguay no ha hecho un uso activo de las medidas de contingencia durante el período objeto de examen. No se iniciarión investigaciones sobre medidas compensatorias ni sobre salvaguardias. No se han mantenido medidas antidumping desde 2006, desde la fecha en que expiró el plazo de aplicación de los derechos antidumping impuestos por tres años a la importación de aceite comestible refinado puro de origen vegetal procedente de la Argentina. En 2010, el Uruguay introdujo disposiciones para evitar las prácticas elusivas de las medidas antidumping, creando un mecanismo por el que pueden aplicarse medidas antielusión con posterioridad a la fijación de una medida antidumping como resultado de la determinación de una investigación solicitada a pedido de parte interesada o realizada ex oficio por las autoridades. En 2010 se inició una investigación antidumping y no ha habido notificaciones en los temas de salvaguardias y medidas compensatorias desde julio de 2003.

            8. El Uruguay solicita licencias de importación no automáticas para la importación de algunos productos como vehículos automotores, azúcar y ácido acético. Además, diversos productos requieren autorización previa de una entidad gubernamental por razones sanitarias o fitosanitarias, de seguridad o de protección del medio ambiente. Hasta agosto de 2011, el Uruguay ha presentado sólo seis notificaciones sobre proyectos de reglamentos técnicos a la OMC y una notificación sobre una medida ya adoptada. Los ministerios y organismos encargados de la elaboración de reglamentos técnicos pueden iniciar la elaboración de un reglamento técnico de oficio o a petición de un tercero. Si se considera que el reglamento técnico propuesto tendrá efectos en el comercio, se envía el proyecto a la OMC para que los Miembros puedan formular observaciones al respecto. Los reglamentos técnicos siguen en general directrices regionales o internacionales y se aplican de igual modo a los productos nacionales y a los importados. El Uruguay ha realizado un total de 16 notificaciones (hasta fines de noviembre de 2011) al Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC, 7 de estas notificaciones se efectuaron desde el último examen de sus políticas comerciales en 2006. En general, se requieren certificados sanitarios y fitosanitarios según el nivel de riesgo, expedidos por el país de origen, para animales, vegetales, y para productos de origen animal y vegetal. Además, los productos pueden someterse a otros requisitos, como la autorización previa o prescripciones de registro.

            9. El Uruguay concede incentivos fiscales a las exportaciones en virtud de diferentes regímenes; la devolución de impuestos indirectos a las exportaciones requiere que el producto exportado contenga un mínimo del 20 por ciento de insumos domésticos. El monto a devolver se calcula como porcentaje del valor f.o.b. de las exportaciones. La Ley No 18.083 modificó el régimen tributario en el Uruguay lo que llevó a recalcular las tasas de devolución de tributos a las exportaciones. Los reembolsos pueden variar entre el 2 y el 4 por ciento del valor f.o.b. del producto exportado, según la carga de impuestos indirectos de los insumos nacionales incorporados en el producto.

            10. El Uruguay notificó a la OMC su régimen de promoción de exportaciones de la industria automotriz como medida que contiene subvenciones, y solicitó una extensión del período de transición para la concesión de subvenciones a la exportación de conformidad con el parráfo 4 del artículo 27 del Acuerdo SMC. El Uruguay solicitó y obtuvo la prórroga de este período de transición, concedida hasta el 31 de diciembre de 2009, hasta el final de 2013, con un período final de eliminación gradual de dos años, que finalizará no más tarde del 31 de diciembre de 2015. El Uruguay mantiene compromisos en la OMC con respecto a las subvenciones a la exportación de ciertos productos agropecuarios, y ha notificado que, en la práctica, no ha concedido subvenciones.

            11. El Uruguay mantiene un régimen de zonas francas desde 1987. En las zonas francas puede desarrollarse cualquier tipo de actividad, comercial, industrial o de servicios, sin limitación alguna. Las empresas que operan en una zona franca gozan de exención de todos los tributos nacionales, salvo las contribuciones de los empleadores a la seguridad social para el personal. Los usuarios de las zonas francas pueden importar bienes, servicios y materias primas sin derechos de importación ni impuestos, con independencia de su origen. Los bienes producidos en zonas francas pueden ser vendidos en el territorio aduanero del Uruguay sin restricción, previo pago de todos los derechos de aduana e impuestos.

            12. Los impuestos a las exportaciones están prohibidos por ley, con la excepción de aquellos aplicables a las exportaciones de cueros crudos, salados, piquelados y wet-blue (partida SA 4101 y subpartidas SA 4104.11 y 4104.19), las cuales están sujetas a un impuesto a la exportación del 5 por ciento. Las exportaciones de arroz con cualquier grado de elaboración y sus derivados estuvieron sujetas a una retención del 5 por ciento sobre su valor f.o.b. entre febrero de 2004 y julio de 2008, para financiar los Fondos de Financiamiento y Recomposición de la Actividad Arrocera. Estos fondos fueron suprimidos en 2008, quedando eliminada la retención sobre las exportaciones de arroz. Las exportaciones de carne bovina, ovina, suina, equina, de aves y de animales de caza menor están sujetas a un impuesto del 1 por ciento de su valor f.o.b. con el objeto de financiar el Fondo de Inspección Sanitaria (FIS). El aporte para el FIS se aplica también a la venta en el mercado interno de carne vacuna y ovina para el consumo y de carne bovina y suina destinada a la industria. Las exportaciones de ciertos otros productos agropecuarios están sujetas a impuestos o gravámenes tasas que se perciben para financiar ciertos organismos agropecuarios.

            13. Un logro importante desde el último examen en 2006 ha sido la adopción de la Ley de Libertad de Comercio y Preservación de la Libre Competencia (Ley No 18.159) y su reglamento (Decreto No 404/007). La Ley No 18.159, que entró en vigor en agosto de 2007, regula las fusiones y adquisiciones, prohíbe las prácticas anti competitivas y el abuso de posición dominante, crea una nueva autoridad de competencia, establece procedimientos para la investigación de prácticas anticompetitivas, incrementa las sanciones y mejora la transparencia. Asimismo, se creó la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, que opera desde 2009 y tiene funciones normativas, investigativas, sancionatorias y de control previo de concentraciones económicas.

            14. La Ley de Protección y Promoción de Inversiones No 16.906, de 7 de enero de 1998, reglamentada por el Decreto No 455/007, de 26 de noviembre de 2007, establece el marco general de incentivos y promoción de la inversión en el Uruguay, a través principalmente de franquicias fiscales. Durante el período examinado se introdujeron reformas al sistema de incentivos a la inversión a través del Decreto No 455/007, el cual modificó la reglamentación de las inversiones y amplió los incentivos otorgados a las empresas, estableciendo un nuevo régimen de incentivos a la inversión. La legislación uruguaya contempla la posibilidad de otorgar incentivos a actividades que, entre otras cosas, faciliten el aumento y la diversificación de las exportaciones o fomenten la utilización de mano de obra e insumos locales, incorporen progreso técnico, fomenten la actividad de las PYME, contribuyan a la descentralización geográfica y utilicen tecnologías más limpias.

            15. El Estado continúa manteniendo una participación importante en la economía uruguaya, particularmente en el sector de los servicios. Las empresas propiedad del Estado operan en sectores clave como la energía eléctrica, los combustibles, el agua potable y el saneamiento. Asimismo, participan en las telecomunicaciones, el transporte aéreo y ferroviario, los puertos marítimos y los servicios financieros. En conjunto, estas empresas contribuyeron con un 6,6 por ciento del PIB en 2010. Algunas empresas estatales prestan actividades calificadas como servicio público, otras operan en régimen de monopolio legal o mantienen una posición dominante en el mercado respectivo. El Uruguay notificó a la OMC que la única empresa comercial del Estado existente es la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, la cual tiene el monopolio sobre la importación y refinación de petróleo crudo y derivados del petróleo, excepto lubricantes y asfalto, y sobre la importación y exportación de combustibles.

            16. El Uruguay no es signatario del Acuerdo Plurilateral sobre Contratación Pública de la OMC. El régimen de adquisiciones y contrataciones públicas se rige esencialmente por el Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF). Es un régimen principalmente descentralizado, aunque la reglamentación general es la misma para todos los organismos compradores del Estado que se rigen por el derecho público, con algunas salvedades específicas. Desde hace varios años las compras de alimentos y medicamentos se efectúan de manera centralizada. Durante la última década, el Uruguay ha adoptado medidas para incrementar la eficiencia y la transparencia de los procedimientos de compras estatales y reforzar la institucionalidad del sistema. Al mismo tiempo, el Uruguay ha recurrido al sistema de contratación pública como herramienta de promoción de la industria nacional. Esto se realiza a través de la concesión de márgenes de preferencia. En 2008, se redujo el margen de preferencia del 10 por ciento al 8 por ciento, aunque se incrementó su alcance, al decidirse aplicarlo sobre el precio y no sólo sobre el componente nacional como se hacía antes; se disminuyó además el porcentaje de integración nacional requerido para que un producto sea considerado nacional, del 40 al 35 por ciento. En 2010, se creó el Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, que concede preferencias del 8 al 16 por ciento en el caso de las micro y pequeñas empresas, y del 4 al 12 por ciento en el caso de las medianas empresas.

            17. Desde su último examen en 2006, el Uruguay no ha introducido mayores modificaciones a su legislación en materia de patentes y marcas de fábrica o de comercio, o derechos de autor, ya que la mayoría de esos cambios fueron introducidos previamente al año 2000. Sin embargo, se introdujeron ciertas modificaciones legales con respecto a la protección de variedades vegetales. Se permiten las importaciones paralelas de productos patentados, pero no de aquéllas protegidas por derechos de autor.


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