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III. POSICIONES DE LAS PARTES

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III. POSICIONES DE LAS PARTES


A. Los peticionarios

  1. Los peticionarios señalaron que el 20 de junio de 1998 la niña TGGL, de entonces tres años de edad, ingresó al Hospital Universitario Católico en la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay donde permaneció dos días, tras los cuales fue trasladada a la Clínica Humanitaria Fundación Pablo Jaramillo Crespo (en adelante “la Clínica Humanitaria”).  Señalaron que allí fue diagnosticada con la enfermedad púrpura trombocitopénica y que requería de una transfusión de sangre de urgencia por lo que sus familiares y conocidos acudieron a la Cruz Roja Provincial del Azuay en la ciudad de Cuenca (en adelante “la Cruz Roja”) para solicitar dos pintas de sangre y dos plaquetas.  Narraron que la sangre era proveniente del donante HS, conocido de la familia y que la sangre fue entregada a la Clínica Humanitaria el 22 de junio de 1998 y suministrada a la niña ese mismo día.

 

  1. Los peticionarios alegaron que fue recién al día siguiente de la transfusión que la Cruz Roja tuvo el resultado de la prueba de VIH del señor HS quien, al momento de efectuar la donación, no tenía conocimiento de que era portador del virus. Indicaron que días después, el director del Banco de Sangre de la Cruz Roja (en adelante “el Banco de Sangre”) ordenó practicar un examen de VIH a la niña TGGL, el cual dio como resultado positivo. Los peticionarios señalaron que se le practicaron también exámenes ginecológicos a fin de descartar otras posibles vías de contagio.

 

  1. Los peticionarios alegaron que el Estado es responsable por el aprovisionamiento de “sangre segura” a través de entidades tales como la Cruz Roja ecuatoriana y que, por lo tanto, habría incumplido con su obligación de garantizar el derecho a la vida, a la integridad personal y a la salud de la niña TGGL.

 

  1. Indicaron que la madre de TGGL interpuso una denuncia penal desde 1998 a fin de establecer la responsabilidad penal de los funcionarios de la Cruz Roja Provincial del Azuay. Agregaron que también interpuso una acción civil en el año 2002 para obtener compensación por daños y perjuicios.  Señalaron que la acción penal contra la única persona llamada a juicio fue declarada prescrita en 2005 por la inacción de los jueces. Precisaron que en este escenario, al no contar con una sentencia penal condenatoria, el juicio civil se declaró nulo en 2006 y, por lo tanto, no fue posible obtener ningún tipo de reparación del daño causado a la niña TGGL.


  1. En cuanto a los efectos en la vida de la niña, destacaron el rechazo social y la discriminación que, a su vez, le provocan un trastorno psíquico debido al aislamiento al que se ha visto sometida. Agregaron que se le impidió estudiar en la escuela primaria debido a su enfermedad y que la familia posee escasos recursos económicos y no cuenta con medios adecuados para adquirir el tratamiento de antiretrovirales, medicación que describieron como escasa en el país y de alto costo en el mercado. Indicaron que la niña y su madre sobreviven de “la caridad de la gente humanitaria de Cuenca”, organizando esporádicamente rifas y sorteos para obtener algún beneficio.


  1. Señalaron que diferentes autoridades estatales tales como el Gobernador del Azuay y funcionarios del Ministerio de Justicia, se acercaron a conocer la situación, sin que hubieran adoptado medidas para solucionarla. Agregaron que esta última autoridad señaló que existiendo una petición ante la CIDH, tendrían que esperar una resolución definitiva para brindar la ayuda.


B. El Estado


  1. El Estado de Ecuador no presentó observaciones en la etapa de fondo. Teniendo en cuenta que las cuestiones de competencia y admisibilidad ya fueron decididas mediante el informe de admisibilidad, la Comisión recapitulará en esta sección únicamente los argumentos presentados por el Estado en la etapa de admisibilidad que pueden ser relevantes en la decisión de fondo del asunto.


  1. El Estado señaló que en materia de responsabilidad internacional “(…) lo decisivo es dilucidar si determinada violación ha tenido lugar con el apoyo o tolerancia del poder público o si éste ha actuado de manera que la trasgresión se haya cumplido en defecto de toda prevención o impunemente (…)”. Al respecto, indicó que el contagio de la niña TGGL con el virus del VIH y la alegada humillación y discriminación social, no son atribuibles o imputables a agentes estatales. 


  1. Según el Estado, el Comité Internacional de la Cruz Roja es una asociación creada con base en el Código Civil suizo, cuyas funciones se basan en los Convenios de Ginebra. Agregó que tanto el Comité Internacional de la Cruz Roja como la Cruz Roja de Ecuador, gozan de “personalidad jurídica internacional” o de un “estatuto aparte”. De lo anterior, el Estado concluyó que es ajeno a “cualquier responsabilidad” por los hechos del presente caso.

 

  1. En cuanto a los procesos seguidos internamente, alegó que la familia de TGGL dejó prescribir la acción penal y demoró el despacho o la sustanciación de la causa. Según el Estado, la familia demostró “negligencia y poco interés en llevar adelante la causa y obtener la condena de los presuntos autores”. Resaltó que la madre de TGGL no contó con el asesoramiento legal competente en su reclamo ante la Primera Sala Especializada de lo Civil, Mercantil e Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Superior de Justicia de Cuenca, la cual declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del auto que aceptó a trámite a la demanda civil. 


  1. Finalmente, el Estado alegó que frente a su inconformidad con las decisiones judiciales, los peticionarios pretenden utilizar a la Comisión como organismo de revisión de la materia de fondo de los procesos judiciales terminados legítimamente.



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