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Informe sobre el impacto de la reforma del impuesto de la renta en las personas con discapacidad y sus familias

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INFORME SOBRE EL IMPACTO DE LA REFORMA DEL IMPUESTO DE LA RENTA EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS


A continuación, se exponen una serie de comentarios en relación con la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo y otras Normas Tributarias (en adelante, la Ley).


I. COMENTARIOS SOBRE EL CONTENIDO DE LA LEY


Como siempre, antes de comenzar con el análisis de las medidas que pueden tener relevancia para las personas con discapacidad, conviene mencionar brevemente lo señalado en la Exposición de Motivos según la cual, la mejora de los indicadores macroeconómicos y en particular la efectiva rebaja del déficit público como consecuencia de las medidas de consolidación fiscal adoptadas por el Gobierno durante los últimos años ha permitido abordar en el momento actual la reforma integral del sistema impositivo, en el que destaca de forma significativa el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), debido al papel primordial que desempeña en dicho sistema.


Como ya se señalaba desde el Anteproyecto que tuvimos la ocasión de comentar y sobre el que se realizaron diversas observaciones y propuestas de mejora, es de destacar que la reforma que se ha aprobado mantiene la estructura básica del IRPF, sobre la que se incluyen determinadas modificaciones con las que se pretende avanzar en términos de eficiencia, equidad y neutralidad, sin dejar de atender el principio de suficiencia.


Según señala el legislador, el conjunto de las modificaciones va a permitir una reducción generalizada de la carga impositiva soportada por los contribuyentes, especialmente para los perceptores de rendimientos del trabajo o de actividades económicas de renta más baja y para los que soporten mayores cargas familiares, en particular familias numerosas o personas con discapacidad.


Así, la discapacidad se ha configurado como uno de los colectivos a los que el legislador ha prestado mayor atención por entender que requieren mayor protección.


Por último y como ha sucedido en las tres normas que conforman por el momento la reforma tributaria (aún se encuentra en tramitación la reforma de la Ley General Tributaria), la lucha contra el fraude es otro de los ejes básicos de ésta.


Dicho lo anterior, a continuación comentamos los principales aspectos de la reforma que, a nuestro juicio, pueden tener impacto en la fiscalidad de las personas con discapacidad.


  • Artículo Primero. Uno: Indemnizaciones por despido:

Tras el trámite parlamentario, el artículo Primero apartado Uno del Anteproyecto modifica la letra e) del artículo 7 de la Ley de IRPF (Ley 35/2006, de 28 de noviembre), que contempla la exención de las indemnizaciones por despido con un límite de 180.000 euros.


Como recordaréis, el Anteproyecto contemplaba la sujeción de las citadas indemnizaciones con efecto retroactivo datado en el momento de anuncio de la medida.


En cuanto a la entrada en vigor de la norma, una vez más el legislador utiliza la técnica cuanto menos discutible del “efecto anuncio” previéndose la entrada en vigor de la norma, según lo previsto en el número noventa y dos del Artículo Primero a partir de 1 de agosto de 2014.


  • Artículo Primero. Dos: exención de las becas concedidas por las fundaciones bancarias


En la tramitación parlamentaria de la norma y tras la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán, se modifica el artículo 7, letra j) para declarar exentas las becas concedidas por las fundaciones bancarias reguladas en el Título II de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias en el desarrollo de su actividad de obra social.



  • Nueva figura: Planes de Ahorro a Largo Plazo:


El número Tres del artículo Primero incluye una nueva exención relativa a los rendimientos del capital mobiliario que procedan de seguros de vida y depósitos a través de los que se instrumenten los Planes de Ahorro a largo plazo (nueva figura incluida en la nueva disposición adicional vigésima sexta de la Ley de IRPF que se regula en el número setenta y siete del Artículo Uno), exención que se mantendrá siempre que el contribuyente no efectúe disposición alguna del capital resultante del Plan antes de finalizar el plazo de cinco años desde su apertura.


Cualquier disposición del citado capital o cualquier incumplimiento de los requisitos que ahora comentaremos supondrán la obligación de regularización.


En cuanto a la configuración de la nueva figura para el fomento del ahorro a largo plazo, figura por otra parte compatible con las actuales relacionadas con la discapacidad como los planes de pensiones constituidos a favor de las personas con discapacidad y los patrimonios protegidos de las personas con discapacidad, sus características son como sigue:


Son contratos celebrados entre el contribuyente y una entidad aseguradora que cumplan los siguientes requisitos:


    • Los recursos aportados se instrumentarán bien a través de uno o sucesivos Seguros Individuales de vida a largo plazo o a través de uno o sucesivos contratos de depósito denominados, Cuentas Individuales de Ahorro a Largo Plazo. La decisión tomada deberá mantenerse hasta su extinción. Un contribuyente sólo podrá ser titular de forma simultánea de un plan de ahorro a largo plazo.


    • Su apertura se producirá cuando se satisfaga la primera prima o se deposite la primera cuantía, y su extinción cuando el contribuyente efectúe cualquier disposición (salvo traspasos entre seguros individuales).


    • Las aportaciones no pueden ser superiores a 5.000 euros anuales en ninguno de los ejercicios de vigencia del Plan.


    • La disposición por el contribuyente sólo puede hacerse en forma de capital, no se podrán hacer disposiciones parciales, y la entidad deberá garantizar al contribuyente la percepción de al menos un capital equivalente al 85 por ciento de la suma de las primas satisfechas o cantidades depositadas.


La disposición adicional que estamos comentando define las características jurídicas que deberá tener el Seguro Individual de Ahorro a Largo Plazo (son seguros individuales de vida diferentes a los previstos en el artículo 51 de la Ley de IRPF que no cubran contingencias diferentes de supervivencia o fallecimiento, y en los que el propio contribuyente ha de ser el contratante, asegurado y beneficiario, salvo en caso de fallecimiento) y de las Cuentas Individuales de Ahorro a Largo Plazo que se configuran como contratos de depósito de dinero celebrados por el contribuyente con una entidad de crédito en cuentas separadas de cualquier otro tipo de imposición.


Como se ve, su beneficio fiscal no se configura como una reducción en la base del aportante, como sí sucede en los planes de pensiones o en las aportaciones a los patrimonios protegidos, sino que se concreta en la exención de los rendimientos del capital mobiliario que se generen.


Esta figura no presenta ninguna especialidad en relación con las personas con discapacidad.


  • Eliminación de la exención por dividendos:


El apartado Cuatro del Artículo Uno del Anteproyecto elimina la letra y) que preveía la exención de tributación de los dividendos y participaciones en beneficios en un importe de 1.500 euros.



  • Mejora del límite en caso de percepción de rendimientos provenientes de planes de pensiones constituidos a favor de personas con discapacidad y rendimientos derivados de aportaciones a patrimonios protegidos.


La redacción del artículo 7 w) de la Ley 35/2006 contemplaba la exención de los rendimientos del trabajo derivados de las prestaciones obtenidas en forma de renta por personas con discapacidad provenientes de planes de pensiones constituidos a su favor y de los rendimientos del trabajo provenientes de las aportaciones realizadas a patrimonios protegidos con un límite conjunto cifrado en un importe máximo anual conjunto de tres veces el indicador público de renta de efectos múltiples.


Pues bien, esta norma se ha visto mejorada y a partir de la entrada en vigor de la norma que estamos analizando, 1 de enero de 2015, el límite, que se mantiene en los mismos términos, se aplicará de forma separada para cada uno de los rendimientos que por estos conceptos se perciban.


Esta medida contribuye sin duda a aliviar la carga fiscal de aquellos contribuyentes que perciban rendimientos de estas dos fuentes (rendimientos en forma de renta provenientes de planes de pensiones constituidos a favor de personas con discapacidad y rendimientos provenientes de aportaciones a patrimonios protegidos).


  • Cambio de criterio en la Imputación de las ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas:


El apartado Ocho del artículo Primero de la Ley modifica el criterio que se contiene en la letra c) del número 1 del artículo 14 (Imputación temporal), según el cual las ganancias y pérdidas patrimoniales se imputarán al periodo impositivo en que tenga lugar la alteración patrimonial, y se prevé que las ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas se imputarán al periodo impositivo en que tenga lugar su cobro, sin perjuicio de las opciones que prevé la norma para determinados tipos de ayuda (las percibidas como compensación por los defectos estructurales de construcción de la vivienda, las incluidas en los planes estatales para el acceso por primera vez a la vivienda habitual, y las ayudas públicas para los titulares de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español).


Como ya comentamos, consideramos que esta medida es favorable para el colectivo de personas con discapacidad, ya que alinea la tributación de las ayudas que no se consideren exentas con el momento del cobro de las ayudas.


  • Cambios en la obligatoriedad de imputación de determinados compromisos por pensiones:


El apartado Nueve del Artículo Uno modifica la regla contenida en el artículo 17.1.f) que contiene las reglas de imputación a los trabajadores de determinados compromisos por pensiones adoptados por los empresarios.


Así, a diferencia de la regulación actual, en la que salvo una excepción por cuantía, la imputación no es obligatoria, a partir de la entrada en vigor de la norma (1 de enero de 2015) será obligatorio imputar los contratos de seguro que cubran conjuntamente las contingencias de jubilación y de fallecimiento o incapacidad, en la parte de la prima satisfecha que corresponda al capital en riesgo por fallecimiento o incapacidad siempre que el importe de dicha parte exceda de 50 euros anuales.


No obstante lo anterior, en todo caso la imputación fiscal de primas de los contratos de seguro comentados será obligatoria por el importe que exceda de 100.000 euros anuales por contribuyente y respecto del mismo empresario, salvo en los seguros colectivos contratados a consecuencia de despidos colectivos realizado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores.



  • Reducción por obtención de rendimientos irregulares:


Esta reducción, que se aplica a determinados rendimientos considerados como irregulares por tener un periodo de generación superior a dos años (por ejemplo “bonus”) se ve reducida desde el 40% actual, hasta el 30% en virtud de la modificación contenida en el apartado Diez del Artículo Uno de la Ley.


Además, esta reducción se ve modificada por cuanto se establece de forma expresa que para su aplicación los rendimientos irregulares se deben imputar en un único período impositivo, previéndose un límite para su aplicación que se cuantifica en 300.000 euros, y que se modula para aquellos casos en que los rendimientos que se perciban tengan una cuantía comprendida entre 700.000,1 y 1.000.000 euros.


En caso de que los rendimientos superen la cantidad de 1.000.000 de euros, no se podrá aplicar la reducción comentada.


Como ya se prevé en la Ley 35/2006, la reducción del 30% puede ser aplicada en el caso de prestaciones establecidas en el artículo 17.2.a) 1º y 2º, (pensiones y haberes pasivos percibidos de los regímenes públicos de la Seguridad Social y clases pasivas y demás prestaciones públicas por situaciones de incapacidad, jubilación, accidente, enfermedad, viudedad, o similares y las prestaciones percibidas por los beneficiarios de mutualidades generales obligatorias de funcionarios, colegios de huérfanos y otras entidades similares) que se perciban en forma de capital.


La modificación de este artículo no contempla ninguna novedad con respecto a los planes de pensiones de personas con discapacidad.


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