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SUMARIO


ACTOR:

DEMANDADO: ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A.

MATERIA: ACCIDENTE de TRABAJO

MONTO:

DOCUMENTACION ACOMPAÑADA: ius previsional; bono ley 8480; (1), ……..

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INICIA DEMANDA


EXCMO. TRIBUNAL:


XX, abogado, Tº Fº CAAL, responsable monotributo CUIT

, en mi carácter de letrado apoderado del Sr. ACTOR, constituyendo domicilio físico en la calle XX de Lanús y domicilio electrónico 1111111111@notificaciones.scba.gov.ar, a V.S. respetuosamente me presento y digo:


I- ACREDITO PERSONERIA:

Que conforme carta poder que adjunto y acompaño, la cual declaro bajo juramento que se halla vigente, vengo a estos autos en nombre y representación de ACTOR DNI 11.111.111, CUIL 20-11111111-0, argentino, nacido el _______, de estado civil ______, empleado, con domicilio real en la calle _______________ de la localidad de _______, partido de ___________, la cual bajo juramento manifiesto que se halla vigente, por cuanto a V.E. respetuosamente solicito tenga por debidamente acreditada la personería invocada.


II- OBJETO:

Siguiendo expresas instrucciones de mi mandante en legal tiempo y forma vengo por este medio a interponer formal demanda por cobro indemnizatorio por incapacidad laboral por accidente de trabajo conforme ley 24.557; con las previsiones de la ley 26.773, contra ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A., con domicilio en la calle ______________, por la suma total de PESOS ___ ($ ____) , Conforme surge de los apartados IX, X y XI de la presente o lo que en más o en menos resulte de las probanzas de autos, con más intereses costos y costas conforme a las circunstancias de hecho y derecho que paso a exponer.-


III- COMPETENCIA:

Conforme el planteo de inconstitucionalidad efectuado Ut-infra y el lugar de prestación del trabajo del actor y celebración del contrato de trabajo, calle __________________________, partido de Lanús - ley 11.653 Art 3. inc. b y c -, es V.S. competente para entender en el caso de autos.-


IV- PLANTEA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 14.997 (Ley de la Provincia de Buenos Aires) – SOLICITA DECLARACION DE APTITUD JURISDICCIONAL DE V.E., PARA ENTENDER EN EL PRESENTE:

Primariamente V.E., atento encontrarse comprometida la aptitud jurisdiccional de ese tribunal de trabajo, solicito que el presente planteo de inconstitucionalidad sea resuelto con carácter previo a cualquier trámite, incluso al traslado de esta acción.


Así conforme lo dispuesto por el Art 4º de la ley 27.348, recientemente la provincia de Buenos Aires ha adherido lisa y llanamente, a la ley complementaria de riesgos del trabajo mediante el dictado de la ley 14.997.

Que en tal razón y atento esta última conculca derechos y garantías constitucionales del actor, tanto referentes a la carta magna nacional como provincial, siguiendo expresas instrucciones de mi mandante procedo a efectuar el presente planteo de inconstitucionalidad contra la ley 14.997, en los siguientes términos:

Sin necesidad de adentrarse en el análisis de la violación al orden constitucional que propugna la ley 27.348 y sus resoluciones reglamentarias, a las que adhiere la ley 14.799 – Art 1º -, una vez declarada la inconstitucionalidad de esta última, no será posible aplicar al caso de autos las disposiciones procesales de los art 1º, 2º, 3º, 14º y 17º de la ley 27.348, atento lo que se está tachando de inconstitucional es la propia adhesión y delegación de facultades reservadas por la provincia de Buenos Aires. y no delegadas por el poder constituyente provincial a la Nación.


La ley 14.997, resulta violatoria de los Art 5º, 14º bis, 16º, 18º, 28º, 33º, 75º inc. 12º e inc. 22º, 109º, 121º, 122º de la Constitución Nacional, y los Art 1º, 11º, 15º, 18º 39º inc. 1º segundó párrafo e inc 3º, 45º y 57º de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.

La citada ley, así como lo hace la norma nacional a la cual por la misma se adhiere – 27.348 - conculca derechos inalienables de mi mandante como ser el acceso a la justicia – (Art. 18 C.N, Art 15 y 18 C.P; Bloque normativo constitucional, (Art 75 inc 22 C.N) – Art 8 y 10 declaración universal de derecho humanos, Art 2.3, pacto internacional de derechos civiles y políticos, Arts. XXVI y XXVII de la Declaración americana de los derechos y deberes del hombre, Art 8.1 Convención Americana de Derechos Humanos), el de Debido proceso, (Arts 14, 18 CN y 75 inc 22: Art 8º Convención Americana de Derecho Humanos, Art. 8º Pacto de San jose de Costa Rica; Art 15 y 39 inc 3º C.P;), Juez natural, (Art 75 inc 22 y Art 109º C.N., Art 15 y 18 Cp; Art. 8.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el art. 26 2º párrafo de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre); Derecho a la propiedad privada, (art 17 C.N.), derecho a la igualdad (Art 16 C.N. y 11 C.P.), la Garantía Protectoria, (Art 14 Bis C.N.), Derecho de defensa en juicio (Art 18 C.N. y 15 C.P).


En cuestiones donde se plantea una contradicción entre una norma de derecho interno y el contenido de una disposición de derecho internacional con jerarquía constitucional o supralegal- corresponde analizar la compatibilidad entre la norma interna y el bloque de constitucionalidad federal, conformado no sólo por normas de orden interno sino también por aquellas otras de raigambre supranacional. En este sentido no sólo se debe abordar el "control de constitucionalidad" de las normas sino que también se tiene que ejercer el denominado "control de convencionalidad". (SCBA – sentencia del 5-X-2011 causa L. 93.122, "Sandes" - causa L. 101.164, "Dorado, Oscar Luciano contra Disco S.A. Despido" sentencia 27-VI-2012).


Se recuerda que el Art 4º de la ley 27.348, respecto de la invitación a las provincias para que adhieran al régimen procesal que la misma dictamina dice: “La adhesión precedentemente referida, importará la delegación expresa a la jurisdicción administrativa nacional de la totalidad de las competencias necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 1°, 2° y 3° del presente y en el apartado 1º del artículo 46 de la ley 24.557 y sus modificatorias, así como la debida adecuación, por parte de los estados provinciales adherentes, de la normativa local que resulte necesaria”. (El negrita fue resaltado por esta parte).

Y el único artículo dispositivo de la ley 14.997, señala: Adhiérase a la Ley Nacional N° 27.348, Ley Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, Ley N° 24.557.

Así esta última norma violenta al actor su garantía de gozar de un sistema representativo y republicano del gobierno, (Art 5º C.N.), que a su vez le asegura el acceso irrestricto a la justicia (art 15 C.P.B.A), el debido proceso, (Art 15 y 18 C.P.B.A) y ser juzgado por sus jueces naturales (Art 18 C.P.B.A). La legislatura y el poder ejecutivo provincial han delegado indebidamente facultades de la Provincia de Buenos Aires que le son propias, exclusivas, indelegables e irrenunciables, salvo que dicha delegación la hubiera hecho un poder constituyente, violentando al actor los derechos antes señalados.

La ley 14.997, violenta los poderes conservados por la Provincia de Buenos Aires, y que le garantiza el Art 5º, 121º y 122º de la C.N.

Se omite así el principio derivado de dichos artículos de la carta magna nacional de reserva de las provincias cuando se admite el juzgamiento de conflictos de derecho común entre particulares por parte de organismos federales. Los actores de la LRT, son particulares: el trabajador; la persona física o jurídica empleadora y la ART. que es una sociedad comercial con fines de lucro que se rige por la ley de sociedades comerciales y la ley de seguros.

La Provincia de Buenos Aires, jamás podrá resignar unos de sus poderes en desmedro de las necesidades de sus ciudadanos, ni ceder el poder jurisdiccional a funcionarios administrativos nacionales sin sujeción ni rendición de cuentas a las leyes y poderes locales. Obra:Reformas al régimen de riesgos del trabajo – análisis ley 27.348 y disposiciones reglamentarias” – Pag 152. Formaro Juan J. – Ed Hammurabi 2º ed año 2017.


Así las cosas y conforme la potestad dada por los Art 5º, 121º y 122º, de la carta magna nacional, la Provincia de Buenos Aires, dictó su propia constitución provincial, mediante la cual se dio sus autoridades dentro de una esfera propia y exclusiva, que al decir de la C.S.J.N., le aseguran su existencia como unidades políticas con los atributos de la autoridad pública que ejercitan por medio de órganos elegidos sin intervención del poder central. CSJN, 6/10/1994 “Partido Justicialista de la provincia de Santa Fe c/ provincia de Santa Fe”, CSJN fallos 317:1195 considerando 8º voto del Dr. Fayt.

Dentro de los límites establecidos por el Art 5º de la C.N., el Art 15 de la C.P.B.A establece que la Provincia asegura al actor la tutela judicial continua y efectiva, el acceso irrestricto a la justicia, y la inviolabilidad de la defensa de la persona.


El Art 39 inc 1º segundo párrafo de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece que resulta indelegable el poder de policía de la provincia en materia laboral, asegurando en el mismo inciso que los conflictos laborales solo se pueden dirimir en tribunales especializados – Los tribunales del Trabajo de la Provincia -. Y el inciso 3º garantiza al actor que en materia laboral y de seguridad social regirán los principios de irrenunciabilidad, justicia social, gratuidad de las actuaciones en beneficio del trabajador, primacía de la realidad, indemnidad, progresividad y, en caso de duda, interpretación a favor del trabajador.


Tal diseño construido por la ley nacional 27.348 y la ley provincial 14.799, infringe el Art. 109º de la Constitución Nacional al otorgar potestades jurisdiccionales a órganos administrativos federales designados por el P.E.N. con exclusión de los jueces naturales del Trabajo la Provincia.


En este estado me adelanto a los términos del planteo que ut-infra se formula contra los art 1º, 2º, 3º de la ley 27.348, y la Res 298/17 SRT, no pudiendo dejar de señalar que las Comisiones Médicas de la L.R.T son órganos federales administrativos con notoria e inconfundible funciones jurisdiccionales. Tal como lo establecen los Art 21 y 22 de la ley 24.557., ahora el Art 1º de la Ley 27.348 ordena que ante las mismas tramiten las controversias suscitadas entre el trabajador accidentado y una Aseguradora de Riesgos del Trabajo que lo tiene por afiliado en un proceso contencioso que en la inmensa mayoría de las veces versa sobre cuestiones jurídicas, en particular la naturaleza laboral del accidente o profesional de la enfermedad (LRT, art. 21). Así se coloca a médicos a determinar cuestiones que deben dilucidarse en el campo del derecho, y que obviamente no son parte de su incumbencia profesional, sino que son materia exclusiva y excluyente de los jueces tal lo establece el orden constitucional Argentino, facultando a dichos médicos a decidir cual si fueran jueces de la provincia de Buenos Aires – Art 1º ley 14.997 –.

En otras palabras se violenta al actor la protección del Art 18º de la C.P.B.A, que lo protege de no ser juzgado comisiones o tribunales especiales.

Y tal cuestión no es salvada por el hecho que conforme la resolución 298/17, S.R.T., (al igual que lo hace el Dec 1475/15), se instituyan los secretarios jurídicos, en atención que conforme la resolución 899 E-2017 de la S.R.T., aclaratoria de la Res 298/17 antes mencionada, a estos se los consulta en la medida que los médicos entiendan que se susciten planteos de orden legal, (Art 2º inc h Res 899-E/2017 SRT), y en tal caso emitirán dictamen, pero no son los encargados de resolver el proceso administrativo, sino que, es a los médicos a lo que se les otorga ilegítimamente facultades jurisdiccionales – (ver Art 7,8, 9 de la Res 298/17 S.R.T) -, pudiendo los mismos aceptar la prueba que consideren conducente, desechando la que no, dictar medidas a mejor proveer, estudiar los alegatos de las partes y finalmente resolver. Incluso, dictaminará conforme a los antecedentes que tuviere en su poder, si el trabajador dificultare la revisación o la realización de estudios complementarios, - (Art 7 sexto párrafo res 298/17 S.R.T) -. Esta cuestión que afecta sin ningún lugar a duda alguno al derecho de defensa del actor, de jerarquía constitucional (art. 18 C.N. y 15 C.P.B.A), coloca a la comisiones médicas como órganos administrativos inconstitucionales en los términos de las determinaciones establecidas por los Art 21 y 22 la ley 24.557 y que reafirman los Art 1º y 2º la Ley 27.348.

V.E. no queda ningún lugar a dudas, con el total de las facultades dadas a la C.C.M.M. por medio de la RES 298/17 S.R.T., a estas se le arroga facultades eminentemente jurisdiccionales, propias del proceso judicial – Ley 11.653 -. e indelegables por una ley de la legislatura provincial conforme aquí se fundamenta, conformando una violación del orden constitucional – Art º5, 121º y 122º de la C.N., Art 1º C.P.B.A -

El dictamen del Secretario Jurídico resulta solo una opinión técnico legal, (Art 1º inc a Res 899 E/2017 SRT), que obligatoriamente deben requerir los médicos solo en lo que respecta  a la determinación de la naturaleza laboral del accidente, (art 21 inc 5 ley 24.557), antes de emitir su juicio.

Concluido el proceso administrativo con la disposición adoptada por los médicos, el secretario jurídico debe elevar las actuaciones al Titular del Servicio de Homologación que implementa la ley 27.348. Este servicio no tiene estructura propia ni autoridades, y solo tiene la función de homologar un acuerdo o elevar el expediente a la Comisión Médica Central o a la Justicia, por lo que al estar incorporadas a las comisiones cuya autoridad máxima son médicos (según el art. 51 Ley 24.241), el acto administrativo es emitido por éstos.

En definitiva la falta de especialización de los organismos nacionales a los cuales está vedado, como se dijo, delegarle facultades reservadas y excluyentes de la provincia, agrava aún más la violación llevada adelante contra el orden público laboral constitucional de la provincia de Buenos Aires por medio de la ley de adhesión que aquí se cuestiona.


Tampoco se puede dejar pasar por alto, que el Art 1º de la ley 27.348 – disposición de carácter procesal para las cuestión laborales sobre riesgos del trabajo – señala que el paso por las comisiones médicas es de carácter obligatorio y excluyente, con el procedimiento que norma la Res 298/17 S.R.T.. (Art. 3º segundo párrafo ley 27.348).

Este paso “obligatorio y excluyente” que impone el mencionado artículo de la ley complementaria del riesgos del trabajo, inconfundiblemente implica – como se explica en mejor detalle párrafos abajo al plantear la inconstitucionalidad de tal normativa – una restricción para el actor al libre y rápido acceso a la justicia lo cual colisiona contra tal garantía contemplada por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, y con el bloque normativo internacional constitucional que lo hacen ley superior de la nación los Art 31 y 75 inc. 22 de la C.N.


Así el citado Art. 1º de la ley 27.348, tiene el mismo fin legislativo que los ya conocidos Art. 21 y 22 de la L.R.T., - que no ha sido derogados o sustituidos -, el hecho de haber introducido la frase “de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención para que el trabajador afectado[...]”, refiriéndose a la intervención de la Comisiones Medicas, no cambia el concepto jurídico de los Art 21º y 22º de la L.R.T., ni de sus decretos reglamentarios 717/96 y 1475/15, atento la mencionada ley 24.557, no da derecho a optar entre el paso obligado por las Comisiones Médicas y el acceso directo a la justicia, sino que sin la necesidad de contener la palabras “obligatorias y excluyentes”, los Art 21º y 22º ley 24.557, ordenan lisa y llanamente que el trabajador previo a todo trámite judicial debe transcurrir si, o si, por la comisiones médicas . Colofón de todo ello, lo único que hacen los Art 1º y 2º de la ley 27.348, no es otra cosa que reafirmar la manda jurídica de los Art 21º y 22º de la ley 24.557, sin introducir cuestiones novedosas en cuanto al procedimiento ordenado por la L.R.T. Tampoco la institución del Secretario Jurídico o el patrocinio letrado son novedosas con respecto al régimen vigente previo a su dictado – Dec 1278/2000 y Dec 1475/15 -.

Y esto afecta el principio de progresividad que le garantiza al actor el Art 39º inc. 3º de la constitución de la provincia, así la Corte Suprema de Justicia de la Nación, - casos “Castillo”, “Venialgo”, “Marchetti”, “Obregón” y otros –, declaró sobre la inconstitucionalidad de la obligatoriedad del tránsito por la Comisiones Médicas por encima del acceso libre e irrestricto a la justicia y la afectación que la L.R.T. en tal sentido produce sobre las garantías constitucionales del actor.

En igual sentido se pronuncio la S.C.B.A, al señalar: “las comisiones médicas asumen facultades jurisdiccionales, definiendo la naturaleza laboral del accidente, determinando y en su caso modificando el carácter y grado de incapacidad y el contenido y alcance de las prestaciones en especie, aun cuando medie controversia. Se afectan así sustancialmente las garantías de juez natural y del debido proceso (art. 18, C.N.)”. Causa L. 94.232, "Clavijo, Luis A. contra 'Q.B.E. A.R.T. S.A.'. Accidente de trabajo. Acción especial". – en igual sentido L. 75.508, "Quiroga", sentencia del 23-IV-2003., causa L. 82.334, "Alvarenga, Oscar contra Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires y otro. Accidente de trabajo", entre tantos otros.

En todos estos antecedentes así como en, "Chavez", sent. del 1-IV-2004; L. 82.688, "Fedczuk", sent. del 14-IV-2004, L. 96.717 "Gutiérrez" sent. del 11/IV/2007 y la S.C.B.A., declaró la inconstitucionalidad del paso obligado por las C.C.M.M.

Y como tiene dicho la propia Corte Nacional, si bien sus fallos – declaración de inconstitucionalidad - son para el caso concreto, los juzgados de instancias inferiores no pueden ignorar en sus dictados la doctrina establecida por la misma, debiendo en casos idénticos o similares conformar sus sentencias a la doctrina legal emanada de la ella. Sosteniendo el máximo tribunal que esa obligatoriedad se sustenta no sólo en su carácter de intérprete supremo sino en "razones de celeridad y economía procesal” que hacen conveniente evitar todo dispendio de actividad jurisdiccional - ( "GONZALEZ HERMINIA" CSJN, 329:4360) –

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, se ha expresado en términos similares. - SCBA LP L77555 S 06/08/2003, Juez HITTERS (OP) - Carátula: “Vega, José Eugenio c/ Provincia de Buenos Aires s/ Accidente de trabajo” y causas L. 89.414, "Geder", sent. del 14-XII-2005; L. 89.614, "Martínez", sent. del 20-II-2008; L. 85.102, "Pérez", sent. del 16-IV-2008 y L. 83.629, "Rodríguez", sent. del 16-IX-2009; entre muchas otras entre otros-


En definitiva la ley 14.997, al adherir a las disposiciones procesales de ley 27.348 (art 1º, 2º, 3º), afecta al actor la garantía de acceso irrestricto a la justicia que le garantiza los Arts. 15º y 39º inc 1º segundo párrafo de la Constitución provincial, y los tratados internacionales de rango constitucional, conculcando la garantía del principio general de progresividad, (art 39 inc 3º C.P.), atendiendo a la nutrida y pacifica doctrina establecida en tal sentido, tanto por la Corte Suprema Nacional, como de la Suprema Corte Provincial y los tribunales del trabajo de la Provincia de Buenos Aires.


El dictado de la ley 14.997,


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