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afecta prohibiciones expresas impuestas por la Constitución de la Provincia a la legislatura provincial y el Poder ejecutivo provincial

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afecta prohibiciones expresas impuestas por la Constitución de la Provincia a la legislatura provincial y el Poder ejecutivo provincial, ocasionando una flagrante violación del ordenamiento público constitucional de la provincia que vulnera absolutamente los derechos y garantías del actor. Así el Artículo 45º de la ley suprema provincial establece taxativamente que los poderes públicos no podrán delegar las facultades que les han sido conferidas por esta Constitución, ni atribuir al Poder Ejecutivo otras que las que expresamente le están acordadas por ella, y el Artículo 57º del mismo cuerpo legal, es tajante en cuanto asegura a los ciudadanos de la provincia – entre ellos el actor – a gozar de todas las garantías y derechos que la constitución les reconoce, tachando de inconstitucional cualquier ley, fuera cual fuera, que vaya en contra del orden publico constitucional de la provincia, al señalar que toda ley, decreto u orden contrarios a los artículos precedentes o que impongan al ejercicio de las libertades y derechos reconocidos en ellos, otras restricciones que las que los mismos artículos permiten, o priven a los ciudadanos de las garantías que aseguran, serán inconstitucionales y NO PODRÁN SER APLICADOS POR LOS JUECES.

La cuestión se agrava aun mas si pensamos que mediante la ilegitima delegación lisa y llana que hace la ley 14.799, de las facultades reservadas por la Provincia de Buenos Aires, no solo se delega un simple trámite administrativo previo a una instancia judicial, sino que se está delegando la facultad de dictar toda normativa procesal, y de organización en asuntos en los que está en juego la salud y el patrimonio del trabajador incapacitado – Art 1º ley 14.799, Art 3º de la ley 27.348 -, Así será un órgano federal – la S.R.T. – la que ha dictado y continuara haciéndolo, incluso modificando la actual, toda la normativa procesal a la que debe someterse el actor y el resto de los trabajadores de la provincia.- Res 298/17 - Procedimiento ante las CCMM -; Res 319/2017 – patrocinio letrado para el trabajador -; Res 326/2017, determinación de las cuestiones de competencia y trámite del recurso apelación, horario de mesas de entradas; Res 332/17 - determinación del formulario de uso obligatorio para el inicio del proceso ante las CCMM -; Res 475/17 –determina el manual que se deberá aplicar en los distintos procesos de información sobre Enfermedades Profesionales y que las Comisiones Médicas lo aplicarán en los dictámenes médicos que emitan. – Res 698/17 – determina requisitos a presentar el trabajador para justificar la competencia de la CCMM jurisdiccional –; Res 760/2017 - crea el “Sistema Integral de Registro para el Estudio de la Litigiosidad del Sistema de Riesgos del Trabajo” (SIREL)., en el cual se vuelcan la totalidad de los datos – incluidos de las partes y sus abogados – respecto de las causas que se presentan en la justicia -; Res 886/17 - Aprueba el “Protocolo de estudios obligatorios mínimos para la Valoración del Daño Corporal y para la Determinación de la Incapacidad”. Establece que los estudios establecidos en el Anexo I serán de cumplimiento obligatorio en todos los casos en que la ART/EA deba proceder a valorar el grado de incapacidad del damnificado. Aprueba los “Requisitos mínimos que deberá contener el Informe de Psicodiagnóstico”. Faculta a los médicos de las Comisiones Médicas a solicitar la realización de estudios complementarios, peritaje de expertos y cualquier otra diligencia necesaria, en caso de resultar insuficientes los antecedentes obrantes, o fuera discutida su veracidad. -; Res 899 –E/2017 – Aclaratoria de la Res 298/17. -;

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece que el estado parte debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente – Artículo 18, Derecho de Justicia – incorporado a la Constitución Nacional – (Artículo 31 y 75 inc 22 C.N.).


V.E., al igual que se señala Ut infra al cuestionar la constitucionalidad de la ley 27.348, a la que ilegítimamente adhiere lisa y llanamente la ley 14.997, la norma nacional adherida violenta la garantía del debido proceso, el juez natural y acceso irrestricto a la justicia del actor - Art. 2º en su párrafo 1º y 2º de la ley 27.348 -, ya que lo compele a una única instancia judicial a la que pueda acudir en procura de la defensa de sus derechos, atento convierte a los juzgados de primera instancia en órgano de revisión – recurso de apelación en relación - de las decisiones de la comisión médica jurisdiccional, - ente administrativo federal - y a los tribunales de alzadas o de instancia única donde estos no existen en órganos de revisión de las decisiones de la comisión médica central, es decir restringe al proceso judicial al que puede acceder el actor a una instancia de apelación, y no de juicio, violando igualmente las garantías de la defensa en juicio, doble instancia judicial y controversia judicial entre las partes, que protegen la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y los tratados internacionales que conforman el llamado bloque normativo constitucional.

Esto resulta violatorio de la garantía acordada al actor por Art. 15 de la C.P.B.A, dictada – como ya se dijo - en el marco de potestades exclusivas e indelegables, dadas por los Art 5º y 122º de la C.N., a la Provincia de Buenos Aires


En este estado del planteo no se puede dejar de recordar, como se señalo Ut Supra, que los conflictos suscitados por accidentes de trabajo, como es el caso estas actuaciones, no dejan de ser un pleito entre los particulares, de carácter común, cuya aplicación está reservada los tribunales provinciales – Art 75 inc 12 C.N. -, y obviamente exentos de la órbita federal. Las C.C.M.M. son – como se afirmo precedentemente – organismos de naturaleza federal, (CSJN 17/04/2012 “ Obregon Francisco c/ Liberty ART” considerando 3º), dicho carácter no se salva siquiera por la creación de la Comisión Médica jurisdiccional local, atento su dependencia del Poder Ejecutivo Nacional (Art 4º ley 27.348). Y ya la corte en el conocido caso “Castillo c/ Cerámica Alberdi” ha advertido que estos conflictos entre particulares se hallan exceptuados de su tratamiento en la órbita federal, no pudiendo violentarse la jurisdicción provincial.


El hecho que la ley 14.997 adhiera y delegue las cuestiones procesales de los conflictos derivados por los riesgos del trabajo a una ley que también resulta inconstitucional, muestra inconfundiblemente su carácter irrazonable. En merito brevitatis causae me remito a todo los expuesto Ut Infra sobre la violación del orden público constitucional argentino que afecta las disposiciones procesales de la ley 27.348.

Sin duda no resulta razonable una ley que delega ilegítimamente facultades reservadas por la provincia de Buenos Aires. Se trata de una ilegitimidad de origen. Es decir la ley nace ilegitima ya que quien la dicta carece de la potestad suficiente para su dictado. Compréndase, no es que la legislatura no tiene legitimidad para dictar leyes, de lo que carece tanto el poder legislativo, como el ejecutivo provincial, es la potestad de delegar facultades reservadas por la Constitución Nacional sea por la vía legal que sea, en otras palabras el medio legal utilizado por la provincia, no se ajusta al fin que procura. Solo, como se expresa párrafos abajo, el poder constituyente mediante una reforma constitucional posee tamaña potestad.

En tal orden de ideas la invitación efectuada por la Nación a las provincias mediante el ya citado Art. 4º de la ley 27.348, es igualmente irrazonable atento que promueve a las provincias a llevar adelante cuestiones que les están vedadas a sus poderes de gobierno y reservadas solo como se expresó al poder constituyente provincial, que deberá conformarse de acuerdo a las disposiciones de la carta magna de cada provincia.

El Gobierno de la Nación no puede impedir o estorbar a las provincias el ejercicio de aquellos poderes de gobierno que no han delegado o reservado, porque por esa vía podría llegarse a anularlos por completo (Fallos 147:239). CSJN 9/12/1957 Soc. Com e Ind Giménez Vargas Hnos. c/ Provincia de Mendoza”; CSJN fallos 239-343.


Planteado de esta forma, no cabe duda que la ley 14.997, lesiona el principio constitucional de razonabilidad de las leyes que surge de los Art 28º y 33º de la Carta Magna. Afirma Marañello Patricio que el profesor especialista en Derecho Constitucional Bidart Campos enseña que, el principio de razonabilidad, importa, dentro de nuestro sistema constitucional la exclusión de toda arbitrariedad o irrazonabilidad en el ejercicio de las prerrogativas de los poderes públicos - BIDART CAMPOS, Germán, Derecho Constitucional, Ediar, t.II, ps. 118/119 -. Ello quiere decir que existe un estándar jurídico, que obliga a dar a la ley - y a los actos estatales de ella derivados inmediata o mediatamente -, un contenido razonable, justo, valioso, de modo que alguien puede ser obligado a hacer lo que manda la ley o privado de hacer lo que la ley prohíbe, siempre que el contenido de aquélla sea razonable, justo y válido, - El Principio de razonabilidad y su regulación en los tratados internacionales con jerarquía constitucional”, capítulo escrito para el libro colectivo dirigido por Bidart Campos y Andrés Gil Domínguez, denominado A una década de la reforma constitucional, Ediar, 2005. –


La Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiene como doctrina que las leyes son susceptibles de cuestionamiento constitucional cuando resultan irrazonables, o sea cuando los medios que arbitran no se adecuan a los fines cuya realización procuran o, cuando consagran una manifiesta iniquidad. Y el principio de razonabilidad debe cuidar especialmente que las normas legales mantengan coherencia con las reglas constitucionales durante el lapso que dure su vigencia en el tiempo, de suerte que su aplicación concreta no resulte contradictoria con lo establecido en la Ley Fundamental. - CSJN in re “Flores, María Leonor y otros vs. Argentina Televisora Color L.S. 82 Canal 7 S.A.”, del 01/01/1985 –

En términos similares establece su doctrina la S.C.B.A, al decir: La razonabilidad constituye un principio general de derecho (creación doctrinaria y jurisprudencial, con fundamento en los arts. 28º y 33º de la Constitución nacional), aplicado específicamente como límite de la discrecionalidad administrativa. Su control, implica verificar -además de los requisitos ineludibles de fin público, medio adecuado y ausencia de iniquidad manifiesta- la existencia de "circunstancias justificantes", es decir, que la restricción impuesta a los derechos ha de hallarse fundada en los hechos que le dan origen, procurando que las normas aplicables mantengan coherencia con las reglas constitucionales, de suerte que su aplicación no resulte contradictoria con lo establecido por la ley fundamental. SCBA LP B 66850 S 03/10/2012 Juez HITTERS (MA) Carátula: Giménez, Edgardo E. c/Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/Amparo. Magistrados Votantes: Hitters-de Lázzari-Negri-Kogan-Domínguez-Celesia 


V.E., vuestra competencia y aptitud jurisdiccional en el caso de autos resulta un poder conservado por la Provincia (art 5º C.N.), y por ende no delegado, que pertenece en absoluto a la autonomía de la provincia de Buenos Aires e irrenunciable mediante una ley de la legislatura provincial, ya que resulta una facultad prohibida a los poderes legislativos y ejecutivos por el propio texto constitucional de la Provincia – (Art 45º y 57º de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires), en tal sentido se pronuncio la C.S.J.N. al señalar: “que los poderes no delegados o reservados por las provincias, sin los cuales es inconcebible el federalismo argentino, no pueden ser transferidos al gobierno nacional, en tanto no lo sean por voluntad de las provincias expresas en congreso general constituyente” . CSJN 9/12/1957 Soc. Com e Ind Giménez Vargas Hnos. c/ Provincia de Mendoza”; CSJN fallos 239-343


Desplazar la intervención de la justicia provincial en una materia estrechamente unida a la regulación de la relación laboral, ha implicado un avasallamiento sobre uno de los pilares de la autonomía provincial, esto es: la actuación del Poder Judicial local en causas en donde, por razón de las personas involucradas, es la jurisdicción constitucionalmente reservada (arts. 75 inc. 12, 121 y 125 de la Constitución nacional; arts. 1, 15, 39 inc. 1, segundo párrafo in fine de la Constitución provincial). – Voto del Dr. Soria causa L. 75.708, “Quiroga, Juan Eduardo contra Ciccone Calcográfica S.A. Enfermedad”. Sentencia del 23-IV-2003.

Ello como se dijo afecta las garantías de defensa, acceso irrestricto a la justicia, debido proceso, y bilateralidad de la partes del actor, la garantía protectoria que le asegura el Art 14 bis de la C.N. y el derecho de igualdad.

No solo resulta irrazonable, sino que es inaceptable que mediante una normativa de inferior jerarquía como es una ley, se pretenda modificar, acotar y restringir, disposiciones, derechos y garantías emanadas de la ley suprema – tanto la Nacional como la de la Provincia de Buenos Aires -.

Por todo lo expuesto a V.E. solicito:

Declare la inconstitucionalidad de la ley 14.997, - Art 1º -, por conculcar los Art 5º, 14º bis, 18º, 75 inc 12º e inc 22º, 109º, 121º, 122º de la C.N., y 1º, 11º 15º, 18º , 39º inc 1º segundo párrafo e inc. 3º, 45º y 57º de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, y la normativa internacional que compone el bloque normativo constitucional, declarando vuestra aptitud jurisdiccional para entender en estas actuaciones.


V- PLANTEA INCONSTITUCIONALIDAD de NORMATIVA DE RIESGOS DEL TRABAJO:

Sin perjuicio del planteo efectuado contra la constitucionalidad de la ley de la provincia de Buenos Aires 14.997, cuya declaración acarreará la no aplicación al caso de autos de los Art 1º, 2º y 3º de la ley 27.348, siguiendo instrucciones de mi mandante y para el caso que V.E. no comparta el planteo llevado adelante contra la legitimidad constitucional de la ley 14.799, atento la irrazonabilidad del sistema legal planteado por la ley de riesgos del trabajo, su ley complementaria, decretos reglamentarios y complementarios y resoluciones de la S.R.T., vengo a solicitar la inconstitucionalidad de los Arts. 6º, 8º inc 3º, 21º, 22º y 46º inc. 1º de la ley 24.557. y Art 10º del decreto 1278/2000, laudo 156/96, Dec 717/96, el dec 1475/2015, de los Art 1º, 2º, 14º y 17º de la ley 27.348, y la Res. SRT 298/2017, en atención que esta normativa es violatoria de disposiciones de la Constitución Nacional, texto reformado en 1994, así como de Tratados Internacionales, incorporados en la citada reforma a la Carta Magna Nacional y de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, con lo cual consecuentemente afecta en forma directa sus derechos constitucionales, con el perjuicio que le ocasiona para sí.


Por cuanto una vez concedido este planteo de inconstitucionalidad conforme seguidamente se funda, se solicita se declare la competencia de V.S., para entender en estas actuaciones.-

Así los artículos del plexo normativo de riesgos del trabajo arriba tachados de inconstitucionales, causan agravio a mi poderdante en atención a ser violatorio de la Constitución Nacional en sus artículos 5,14, 14 bis, 16, 17, 18, 20, 28, 31, 33, 75 incisos 12, 22 y 23, 109, 113, 116 ,121 y concs, igualmente violenta las garantías consagradas por los Art 11, 15, 18, y 39 inc 1º segundo párrafo, inc. 3º y 57 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.

Los mismos pugnan con disposiciones expresas en los Tratados Internacionales: "Las declaración Americana de los Derechos y deberes del Hombre", "La Declaración Universal de Derechos Humanos"; "Convención Americana Sobre Derechos Humanos" (ratificado por ley 23.054), en especial en su Art 24; "Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos" y "El pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales" Arts. 2, 2º párrafo, 4 y 5. Todos estos pactos de raigambre Constitucional, incorporados por la Asamblea general constituyente de 1994, a la Ley Suprema, conforme surge del Art. 75 inc 22 de la Constitución Nacional.

Los Artículos 6, 8 inc 3º, 21, 22, y 46 inc 1º de la ley 24.557 y los Art 1º, 2º, 14º y 17º de la Ley 27.348, y la Resolución 298/17 de la S.R.T., conculcan los derechos del actor de: propiedad, trabajo, acceso libre e irrestricto a la justicia, debido proceso y juez natural y garantía protectoria que regula el Art 14 Bis de la C.N, todos protegidos por nuestro orden constitucional nacional y provincial, ello en cuanto a la obligatoriedad del paso por órganos federales administrativos, las comisiones médicas, y el posterior procedimiento de apelación que inconstitucionalmente determina la normativa en cuestión, así como las demás normas procesales dispuestas – deposito en cuenta sueldo, intervención obligatoria de la asesoría pericial medica -.


La ley de forma de la provincia de Buenos Aires, 11.653, que instituye el proceso ante los tribunales del trabajo, en su Art. 1º y 2º primer párrafo reza:


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