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Artículo 1º - Los Tribunales del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires tendrán a su cargo la administración de la justicia laboral, en un todo de acuerdo con las disposiciones del presente y de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Artículo 2- Los Tribunales del Trabajo conocen:

a.-) En única instancia, en juicio oral y público, de las controversias individuales del trabajo que tengan lugar entre empleadores y trabajadores, fundadas en disposiciones de los contratos de trabajo, en convenciones colectivas, laudos con eficacia de éstas, disposiciones legales o reglamentarias del derecho del trabajo y de las causas vinculadas con un contrato de trabajo aunque se funden en normas del derecho común. […]


En el caso de marras, el objeto de la presente acción es un accidente de trabajo, vinculado a un contrato de trabajo.


Las leyes 24.557 y 27.348, y la Res. SRT 298/2017, en los artículos cuestionados violentan la ley procesal de la provincia y producen una grave violación de la manda supra legal como lo es el principio de razonabilidad que surge de los Art 28º y 33º de la Carta Magna.

En merito brevitatis causae, me remito a todo lo expresado en el cuestionamiento constitucional contra la ley 14.799 en relación a la violación del principio de razonabilidad, (ver acápite anterios), atento es total y absolutamente aplicable al cuestionamiento aquí formulado.

La normativa atacada como se dijo, no solo vulnera inexorablemente el principio constitucional de razonabilidad de las leyes, sino que igualmente conculca derechos inalienables de mi mandante como ser el acceso a la justicia – (Art. 18 C.N, Art 15 y 18 C.P.B.A. ; Bloque normativo constitucional, (Art 75 inc 22 C.N) – Art 8 y 10 declaración universal de derecho humanos, Art 2.3, pacto internacional de derechos civiles y políticos, Arts. XXVI y XXVII de la Declaración americana de los derechos y deberes del hombre, Art 8.1 Convención Americana de Derechos Humanos), el de Debido proceso, (Arts 14, 18 CN y 75 inc 22: Art 8º Convención Americana de Derecho Humanos, Art. 8º Pacto de San jose de Costa Rica; Art 15 y 39 inc 3º C.P.B.A.;), Juez natural, (Art 75 inc 22 y Art 109º C.N., Art 15 y 18 C.P.B.A.; Art. 8.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el art. 26 2º párrafo de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre); Derecho a la propiedad privada, (art 17 C.N.), derecho a la igualdad (Art 16 C.N.), la Garantía Protectoria, (Art 14 Bis C.N.), Derecho de defensa en juicio (Art 18 C.N. y 15 C.P.B.A.).


Todas ellas resultan razones de peso suficiente para que V.S., sin más trámite declare la inconstitucionalidad del Ley 24.557 en los artículos cuestionados, Dec 717/96 (Mod Dec 1475/2014), en cuanto a las normas regulatorias del proceso ante las CCMM; Ley 27.348 en sus Artículos 1º, 2º, 3º 14º y 17º y de la resolución 298/17 de la S.R.T., en la forma pedida.


INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTICULOS 1º, 2º de la ley 27.348; Art. 7, 8, 9, 10 de la Res 298/17 S.R.T. (art 7º, 8º, 9º y 10º), y Arts. 21 y 22 de la Ley 24.557


V.S., no dudara que conforme la vasta doctrina expuesta en la materia y la que surge de la propia C.S.J.N – Antecedentes “Castillo, Ángel S. c. Cerámica Alberdi SA”, sent. de 07/09/2004 ”, “Venialgo, Inocencio c/ Mapfre Aconcagua Aseguradora de Riesgo de Trabajo s/ otros, entre otros – que los artículos aquí atacados conculcan irremediablemente contra el orden Constitucional Argentino, y afectan los derechos del actor citados Ut Supra.-

El procedimiento médico-administrativo ante las Comisiones Médicas que regulan los arts. 21, 22 y 46 de la ley 24.557, como se cito, ya merecieron tacha de inconstitucionalidad por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, - casos “Castillo”, “Venialgo”, “Marchetti”, “Obregón” y otros, y por la S.C.B.A, en fallos: causa L. 75.508, "Quiroga", sentencia del 23-IV-2003., "Chavez", sentencia del 1-IV-2004; L. 82.688, "Fedczuk", sentencia del 14-IV-2004, causa L. 82.334, "Alvarenga”, sentencia del 9-II-2005, entre tantos otros.

Y como ya se dijo en el planteo contra la ley 14.799, la C.S.J.N ha expresado que si bien los fallos dictados por la misma – declaración de inconstitucionalidad - son para el caso concreto, los juzgados de instancias inferiores no pueden ignorar en sus dictados la doctrina establecida por la corte, debiendo en casos idénticos o similares conformar sus sentencias a la doctrina legal emanada de la ella. Sosteniendo el máximo tribunal que esa obligatoriedad se sustenta no sólo en su carácter de intérprete supremo sino en "razones de celeridad y economía procesal” que hacen conveniente evitar todo dispendio de actividad jurisdiccional - ( "GONZALEZ HERMINIA" CS, 329:4360) -. La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, se ha expresado en términos similares. - SCBA LP L77555 S 06/08/2003, Juez HITTERS (OP) - Carátula: “Vega, José Eugenio c/ Provincia de Buenos Aires s/ Accidente de trabajo” , entre otros-


En “Obregón” la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de las comisiones médicas. Aquí la corte incorpora a las razones expuestas en “Castillo” un argumento novedoso por el cual dice que: imponer a la víctima el paso por una vía administrativa  previa, significaba retrasar injustificadamente el acceso a la jurisdicción civil. Se trata de una inconstitucionalidad absoluta que resulta plenamente aplicable a todos los casos con una carácter general atento que, dada su materia, no resulta posible sostener que las CCMM sean constitucionales a veces sí y a veces no, según las singularidades de cada caso. Sin duda estamos en presencia de un vicio de incompetencia ratione materiae que afecta además al orden público ya que no está disponible para las partes apartarse consensualmente de las asignaciones jurisdiccionales de la Constitución. (MACHADO, José Daniel, “El inasible concepto de sede y trámite administrativo en la ley 26.773”, Revista de Derecho Laboral, Actualidad, 2013-1, Rubinzal-Culzoni, p. 204).

En la causa L. 75.508, "Quiroga", sentencia del 23-IV-2003.y demás fallos antes mencionados, la S.C.B.A., ha sido contundente respecto de la violación al orden constitucional que produce el trámite obligado por las CCMM que impone la normativa de riesgos del trabajo – primero fueron los Art 21 y 22 de la ley 24.557 y ahora sin derogarlos y con el mismo sentido y fin jurídico lo reafirma el Art 1º de la ley 27.348 -.

Las comisiones médicas asumen facultades jurisdiccionales definiendo la naturaleza laboral del accidente, determinando y en su caso modificando el carácter y grado de incapacidad y el contenido y alcance de las prestaciones en especie, aún cuando medie controversia. Se afectan así sustancialmente las garantías del juez natural y del debido proceso (art. 18 de la Const. nac.). causa L. 82.334, "Alvarenga, Oscar contra Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires y otro. Accidente de trabajo".


Tal como se adelantó al sostener la inconstitucionalidad de la ley 14.799, no se puede dejar de mencionar que las Comisiones Médicas de la LRT son órganos federales administrativos - CSJN 17/04/2012 “ Obregon Francisco c/ Liberty ART” considerando 3º) - con notoria e inconfundible funciones jurisdiccionales.

La jurisdicción es un atributo exclusivo de los jueces, por lo tanto el art. 1 de la Ley Complementaria de la Ley sobre Riesgos de Trabajo viola el art. 18 de la Constitución Nacional que en la imposición del debido proceso encierra lo expuesto con más los principios del Juez natural y el Juez especializado. (SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nro. 41999 CAUSA Nro. 35.535/2017 - SALA VII – JUZGADO Nro. 54 Autos: “Mercado Héctor Gabriel c/Galeno ART S.A: s/Accidente – ley especial” fallo del 2 de octubre de 2017.) – en el orden provincial tal cuestión está contenida por el Art 39 inc 1º segundo párrafo in fine.

Lo dicho se potencia en este análisis, si se tiene en cuenta que se deja en manos ajenas a la Magistratura el concepto de nexo causal en cuanto a la existencia del evento dañoso, uno de los conceptos más complejos de la ciencia jurídica y definitorio del proceso todo, en tanto se encuentra involucrado nada más ni nada menos que el derecho a la salud de los sujetos especialmente protegidos por su vulnerabilidad (arts. 14bis, 18, 30 y 100 del a Constitución Nacional, a lo que se suma la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los Tratados Internacionales). C.N.T. – sala VII - CAUSA Nro. 54.315/2017 - SALA VII - Autos: “Perry Jason Michael c/ Swiss Medical ART S.A. s/ Accidente – Ley especial” sentencia del 30 de noviembre de 2017.


El Art 3º segundo párrafo de la ley 27.348, ha delegado en la Super Intendencia de Riesgos del Trabajo el dictado de la norma reglamentaria que determina el proceso a seguir ante las CCMM, y sin perjuicio de la inconstitucionalidad que ello refleja por violentar el principio doctrinario respecto que la delegación legislativa que efectúa el Congreso Nacional solo puede darse al Presidente de la Nación, y no a un organismo administrativo dependiente del Poder Ejecutivo - (BIDART CAMPOS, Germán J., Manual de la Constitución Reformada, tomo III, p. 247, ed. Ediar, 1999). C.N.A.T - Sala X SENT. def. Expdte. Nº: 29.091/2017/CA1 (41.600) autos: “CORVALAN HECTOR EDUARDO c/ SWISS MEDICAL ART S.A. S/ ACCIDENTE – LEY ESPECIAL” – fallo del 30/8/2017, no se puede disimular que sin entrar en tal análisis, la Res 298/17 dictada por la S.R.T., para reglamentar el trámite ante las CCMM resulta igualmente inconstitucional, conculcando al actor las garantías del debido proceso, juez natural, principio de defensa, bilateralidad de las partes, acceso irrestricto a la justicia, doble instancia judicial y la garantía protectoria que emana del Art 14 bis de la C.N.

Como ya se dijo en el acápite anterior, tal como lo determinan los no derogados Art 21 y 22 de la ley 24.557., ahora el Art 1º de la Ley 27.348 ordena que ante las CCMM tramiten las controversias suscitadas entre el trabajador accidentado y una Aseguradora de Riesgos del Trabajo que lo tiene por afiliado.

El Art 1º de la ley 27.348, no modifica en nada la manda de los Art 21 y 22 de la ley 24.557 que – como se mencionó – ya mereció tacha de inconstitucionalidad por parte de la CSJN y la SCBA, pues aunque el Art 1º de la ley 27.348 incorpora la frase “de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención para que el trabajador afectado[...]”, (refiriéndose a la intervención de carácter obligatorio ante de la Comisiones Medicas), no cambia el concepto jurídico de los Art 21 y 22 de la L.R.T., atento la misma no da derecho a optar entre el paso obligado por las Comisiones Médicas y el acceso directo a la justicia, sino que sin la necesidad de contener la palabras “obligatorias y excluyentes”, los Art 21 y 22 ley 24.557, ordenan lisa y llanamente que el trabajador debe transcurrir si, o si, por la comisiones médicas . Colofón de todo ello, lo único que hace los Art 1º y 2º de la ley 27.348, no es otra cosa que reafirmar la manda jurídica de los Art 21º y 22º de la ley 24.557, sin introducir cuestiones novedosas en cuanto al procedimiento ordenado por la L.R.T.

La agresión legal que sufre la norma constitucional, - a la que debería haber estado sujeta tanto la L.R.T., como su complementaria 27.348, a través de los Art 1º y 2º - al someter un conflicto entre dos sujetos del derecho privado al trámite obligatorio y excluyente de las CCMM, se manifiesta en la medida que quita al actor de los jueces naturales y los somete a comisiones federales especiales el conflicto acaecido entre el mismo y la A.R.T., que lo tiene por afiliado (violación de la garantía del Art 18 C.N. y 15 y 18 de la C.P.B.A.el art. 8.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el art. 26 2º párrafo de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre).

Nuevamente en una regresión que conculca contra el principio de progresividad - violación del Art 39 Inc 3º C.P.B.A.- se pretende otorgar a un órgano integrado por médicos, funciones que son jurisdiccionales. Conforme su profesión los profesionales de la medicina resultan competentes para brindar un informe técnico-científico, pero no lo son para dictar resoluciones sobre la naturaleza jurídica y laboral de los accidentes o enfermedades del trabajo, estas como ya se señalo exceden notoriamente su incumbencia profesional, y requieren indudablemente un conocimiento técnico-jurídico del cual los médicos carecen.


La facultad de medicina de la Universidad de Buenos Aires, señala que son incumbencia profesional de los egresados de la carrera de medicina, las siguientes: a.-) anunciar, prescribir, indicar o aplicar los procedimientos directos o indirectos de uso diagnóstico o pronóstico; b.-) planear y/o ejecutar acciones para la preservación, tratamiento y recuperación de la salud de las personas; c.-) llevar a cabo asesoramiento público y privado, así como actuaciones en pericias. Finalmente señala la mencionada facultad de medicina que dichas incumbencias profesionales abarcan junto a los campos preventivo y curativo, al asesoramiento público y privado, también la investigación y la docencia son posibilidades para el desarrollo laboral del médico. – fuente: página Web de la U.B.A.–facultad de Medicina http://www.fmed.uba.ar/grado/medicina/m_incumbencias.htm -

Como se dijo, y aun siendo lego en la materia, se desprende sin dificultad de lo expuesto por la facultad de medicina de la U.B.A., en el campo de los procesos contenciosos administrativos o judiciales, la incumbencia profesional del médico se limita al informe técnico-científico relacionado con la ciencia médica, importante en la materia de riesgos del trabajo, pero insuficiente para dar la solución a la controversia suscitada entre el actor y la A.R.T., para lo cual se necesita la formación profesional del Juez, y así lo determinan la Constitución Nacional y de la Provincia de Buenos Aires.

Solo el trámite ante la justicia del fuero ofrece las garantías y certezas constitucionales al trabajador- el aquí actor -, y a la propia A.R.T., para la determinación del carácter laboral de las enfermedades y accidentes.


Así planteada la cosa no cabe ninguna duda que la normativa aquí cuestionada de la ley 27.348, tal como lo hacen los artículos no derogados de la ley 24.557, y las Res 298/17 S.R.T., coloca a médicos a determinar cuestiones que deben dilucidarse en el campo del derecho, y como ya se adelantó en el acápite anterior, esto no es salvado por el hecho que conforme la resolución 298/17, S.R.T., se instituyan los secretarios jurídicos, en la medida que de acuerdo a la resolución 899 E-2017 de la S.R.T., aclaratoria de la Res 298/17 antes mencionada, la función del secretario jurídico es la misma que ya le otorgaba el Dec 1475/15 que no es otro cosa que emitir el dictamen jurídico dispuesto por el Art 21º inc. 5 ley 24.557, (incorporado por el Dec 1278/2000), así como igualmente se los consulta en la medida que los médicos entiendan que se susciten planteos de orden legal, (Art 2º inc h Res 899-E/2017 SRT). Es decir la existencia y función del secretario jurídico no cambia la que ya esta instituida por el Dec 1278/2000 y por el Dec 1475/2015, por cuanto el estatus jurídico del mismo no varía en nada, y siguen siendo los médicos a los que se le delega la facultad de decidir y fallar en las contingencias sobre riesgos y enfermedades del trabajo, al cual el mentado Art 1º de la ley 27.348, las deriva como trámite “obligatorio y excluyente”


Más aun si no entráramos en el detalle de la agresión al orden constitucional que ocasiona los Art 1º, 2º y 3º de la ley 27.348, no cabe ningún lugar a dudas que la RES 298/17 SRT, reglamentaria de estos artículos de la ley complementaria sobre riesgos del trabajo, resulta inconfundiblemente inconstitucional, lo cual por carácter jerárquico acarrea la inconstitucionalidad de la norma que reglamenta.

Dicha resolución de la S.R.T. otorga a los médicos verdaderas facultades y funciones jurisdiccionales, con la consecuente afectación al actor de las garantías constitucionales arriba mencionadas, produciendo igualmente la violación de las disposiciones de los Art 109 y 116 de la Constitución Nacional.

Asimismo dado el carácter procesal de resolución citada violenta igualmente los Art 5º, 121º y 122º de la C.N. y los 1º, 15º y 18º de la C.P.B.A.

Así las funciones jurisdiccionales que reglamenta la Res 298/17, permite a lo profesionales del arte de currar aceptar la prueba que consideren conducente, desechando la que no, dictar medidas a mejor proveer, estudiar los alegatos de las partes y finalmente resolver, (facultades de carácter estrictamente jurisdiccionales que la ley 11.653, y el Cpcc al que supletoriamente la misma manda acudir, otorga a los jueces en el proceso laboral), incluso, dictaminará conforme a los antecedentes que tuviere en su poder, si el trabajador dificultare la revisación o la realización de estudios complementarios, - (Art 7 sexto párrafo res 298/17 S.R.T) -, lo que implica sin duda una lisa y llana violación de la garantía de defensa – Art 18 de la C.N. y 15 de la C.P.B.A.-. Los Art 7º, 8º y 9º, de la resolución en cuestión establecen reglas propias de un proceso judicial - que en nada tienen que ver con un organismo médico administrativo al que originariamente la ley le otorga atribuciones para determinar la incapacidad del trabajador y su relación causal con un accidente y/o enfermedad del trabajo – (Art 8º apartado 3º ley 24.557)-, facultando a los médicos


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