Página principal



las posibilidades de una revisión judicial plena, sin cercenamientos y en todas las facetas de la controversia, RESULTA IMPOSIBLE –

Descargar 227.96 Kb.

las posibilidades de una revisión judicial plena, sin cercenamientos y en todas las facetas de la controversia, RESULTA IMPOSIBLE –





Descargar 227.96 Kb.
Página5/8
Fecha de conversión13.12.2018
Tamaño227.96 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8
las posibilidades de una revisión judicial plena, sin cercenamientos y en todas las facetas de la controversia, RESULTA IMPOSIBLE – es decir debe existir control judicial amplio y suficiente, condición impuesta por la C.S.J.N, en “Ángel Estrada y Cía. SA c/ Secretaría de Energía y Puertos” para que las cuestiones previamente puedan dirimirse en una instancia administrativa.


El acceso a la Justicia es remoto y marginal. Sin dejar de considerar que el efecto suspensivo impide al actor cualquier cobro indemnizatorio a cuenta, en regresión a la normativa anterior que regia en la materia, (Violación del Art 39º inc. 3º C.P.B.A.). Así el nuevo procedimiento instaurado por los Art 2º de la ley 27.348 y Art 46 inc. 1º de la ley 24.557 (mod. por el Art 14 de la ley 27.348), resulta más restrictivo que el de la ley original y el decreto 717/97 (arts. 27 y 30) que otorgaba carácter devolutivo al recurso interpuesto contra las decisiones de las CCMM, permitiendo al trabajador cobrar a cuenta sobre lo decidido por el órgano administrativo.

Por eso reitero sin temor a equivocarme que, el carácter recursivo impuesto por el art. 2º de la ley 27.348, obsta a una revisión judicial plena, sin cercenamientos y en todas las facetas de la controversia.


No debe perderse de vista que el trámite ante las comisiones médicas se inicia mediante el llenado de una planilla simple, muy escueta de datos y argumentos facticos, y luego sobre la base de un dictamen médico con análisis jurídico efectuado por médicos, dado por la propia CCMM, se debe recurrir en apelación al órgano judicial, – un proceso acotado a lo discutido, probado y fallado en la etapa anterior -, pues siendo el recurso en relación el trabajador – aquí actor –, queda condicionado por las posiciones fijadas en la instancia administrativa; expresada en simples formularios, con limitaciones probatorias y sujetas a las desestimaciones de las pruebas ofrecidas -decidida su admisibilidad o no por las CCMM. -, y en un marco de franca desigualdad entre las partes – tal como se expreso Ut Supra -, ante la escandalosa disparidad de poderío económico entre uno y otro, sin duda tal situación transgrede groseramente la exigencia de la Corte Suprema de “control judicial amplio y suficiente”. De esta manera se imponen así restricciones procesales discriminatorias y peyorativas a los trabajadores siniestrados, respecto del resto de los ciudadanos dañados por circunstancias no laborales e incluso respecto de aquellos dañados por cuestiones del trabajo, pero que no se hallen registrados y sus empleadores no afiliados a ninguna A.R.T., violentando el principio de igualdad – Art 16 C.N. –, el principio protectorio del Art 14 bis, conculcando el principio de razonabilidad de la leyes – Art 28 y 33 de la C.N.-

Las características del recurso de apelación en relación en su planteo resultan restringidas a dos condiciones: 1) La fundamentación debe efectuarse en la instancia de origen y 2) No existe la posibilidad de alegar hechos nuevos ni producir pruebas.

El texto legal aquí atacado es categórico y taxativo. Solo se habla de un recurso en relación y con efecto suspensivo, es decir no existe previsión en la normativa en cuestión de un proceso de revisión judicial de cognición intenso, que permita la aportación y producción de prueba, tal como se interpretó que debían ser las vías de revisión similares como en el caso del artículo 14 de ley 14.236, esto afecta sensiblemente el principio de bilateralidad. El carácter del recurso de apelación está claramente definido por la ley en sus artículos Art. 2º en su párrafo 1º y 2º de la ley 27.348, y el Art 46 inc 1º de la ley 24.557 (mod por el Art 14 de la ley 27.348). Como se cito, en caso de disenso con la decisión de la C.M.J el actor solo tendrá derecho a un recurso de apelación en relación y con efecto suspensivo.

Esto implica una franca violación del Art 109 de la C.N., puesto que plantear y fundamentar el recurso de apelación ante las CCMM, resulta una facultad jurisdiccional más atribuida a la misma. La CSJN ha explicitado en el citado fallo “Ángel Estrada y Cía. SA”, que la vía previa administrativa no puede violentar la normativa suprema mencionada.

Teniéndose presente que todo el proceso de conocimiento se desarrolla ante esta instancia administrativa con facultades jurisdiccionales a cargo de personas que en función de su incumbencia profesional carecen de habilitación y debida preparación para dilucidar conflictos legales, siendo legos en materia de derecho y que, la Justicia actúa residualmente en una vía recursiva a la que se accede solo después que las partes se presenten en forma obligatoria ante el servicio de homologación y la actora rechace el ofrecimiento que allí se le efectúa, muestra un diseño extorsivo para con el actor, con el objeto que ante la necesidad económica de quien sufrió un infortunio con todo lo ello conlleva, tal vía recursiva no sea usada, lo que nos muestra que el ordenamiento cuestionado quebranta el principio protectorio, el orden publico laboral, así como la garantía del juez natural y el debido proceso legal, principio que alberga el derecho a ser juzgado por jueces aptos, - Justicia del trabajo -, en franca trasgresión con el artículo 18 de la CN. y 15 CPBA

El derecho a la tutela judicial efectiva exige tener sistemas de juzgamiento adecuados a los principios y garantías constitucionales.


LA CUESTION DE LA PERICIA MÉDICA - (Art 2º Ley 27.348 párrafo 5º).-

La cuestión de la pericia judicial, contenida en Art 2º párrafo quinto de la ley 27.348, resulta igualmente inconstitucional y violenta el debido proceso, además de producir una afección de la división de poderes que protege la Constitución Nacional, en particular en sus Arts 109 y 113, por otro lado violenta igualmente el Art 99 inc 3º, atento que la disposición cuestionada modifica ilegítimamente a ley 18.345 a nivel nacional y la ley 11.653 en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, que disponen el nombramiento de peritos de oficio por parte del Juez.

Atenta los derechos del actor contra la garantía del debido proceso contenida en pactos internacionales que conforman el bloque normativo constitucional, - artículos 8 y 25 de la Convención Americana -, ya que como es de público y notorio produce un indiscutible aletargamiento de las causas judiciales en el marco de le ley especial 24.557 y ley 26.773

En la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los artículos 8 y 25 son los que tradicionalmente se asocian con una doctrina en desarrollo sobre garantías judiciales y protección judicial de los derechos humanos. En sus propios términos, estos dos artículos se aplican a toda situación en que se deba determinar el contenido y alcance de los derechos de una persona sometida a la jurisdicción del Estado parte, ya sea que se trate de materias penales, administrativas, fiscales, laborales, de familia, contractuales o de cualquier otra índole - CIDH Cfr. Segundo Informe de progreso de la Relatoría sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias en el Hemisferio, cit., párrafo 90 -

El Cuerpo Médico Forense Nacional fue creado y atiende especialmente los requerimientos de la justicia criminal nacional y federal. En el marco de la provincia de Buenos Aires, el mismos está destinado principalmente a atender causas de la justicia criminal, y de familia – (en este último fuero dándole mayor relevancia a los casos de salud mental) – la acordada 2681/13 de la S.C.B.A, da los lineamientos generales para la intervención de peritos, de la cual se observa con claridad que tiende a organizar a la asesoría pericial hacia el fuero criminal y de familia, lo mismo que hace la acordada 2389/2012, así como demás acordadas dictadas a tal efecto.-

La disposición del párrafo quinto del artículo segundo de la ley 27.348, va en contra mano con las citadas acordada de la S.C.B.A., violentando como se cito el Art 113 de la C.N. y Art 1º de la C.P.B.A.

Las acordadas de la Suprema Corte Provincial no resultan caprichosas, o falta de fundamento, las mismas apuntan a no saturar el trabajo del cuerpo médico forense en la inteligencia de no impedir su actuación, rápida, eficaz y certera en causa criminales y de familia en las que su actuación es de vital importancia para su resolución, distrayéndolo con actividades provenientes de otros fueros, que bien pueden ser suplidas por perito auxiliares de la justicia, seleccionados conforme reglamentos establecidos por el propio tribunal supremo que resulta imparcial a las partes y al proceso, no comprometiendo las garantías constitucionales de los contendientes.-

En otras palabras la intervención obligatoria de los peritos de la asesoría pericial en todas las causas que refieran a cuestiones regidas por las leyes 24.557 y 26.773, producirá una demora innecesaria en la buena administración de justicia, ocasionando un cuello de botella que hará, que las causas laborales puedan resultar cuasi interminables, por la sola falta de la pericia médica, indispensable para resolver el litigio entre otras cosas porque la incapacidad determinada resulta fundamental para calcular el monto indemnizatorio que le corresponde al actor. (Art 14, 15 y ss Ley 24.557).-

En este estado no se puede dejar de considerar la experiencia en la praxis judicial respecto de las demoras en los pronunciamientos y las características de los dictámenes oficiales en los juicios laborales, así como fueron históricamente –y salvo excepciones que debe reconocerse– altamente restrictivos en el tratamiento de las incapacidades laborales y en el análisis de la relación de causalidad entre tareas y daños.

La jurisprudencia del CIDH, tiene reiteradamente sostenido que debe mediar una relación directa entre la idoneidad del mecanismo judicial y la integridad de los derechos económicos, sociales y culturales, la fijación de un plazo razonable de los procesos en materia social y la efectiva igualdad de armas en el proceso entre otras cuestiones, representa un camino para la exigibilidad de estos derechos. - Corte I.D.H., Casos Velásquez Rodríguez, Fairén Garbi y Solís Corrales y Godínez Cruz, Excepciones Preliminares. Sentencias de 26 de junio de 1987, párrafos 90, 90 y 92, respectivamente; Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 de 6 de octubre de 1987, párrafo 24. –

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece que el estado parte debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente Art 18, Derecho de Justicia – incorporado a la Constitución Nacional – (Art 31 y 72 inc 22 C.N.).

Vinculando normas con derecho judicial no pueden descartarse las opiniones consultivas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues ella ha dejado bien establecido que la garantía del recurso sencillo y eficaz que todo Estado debe tener para la protección efectiva de los derechos fundamentales, no basta con encontrarlo prescripto en una ley formal o en la misma Constitución, sino que sea auténticamente posible.

El derecho a la protección judicial, que contemplan los tratados internaciones con jerarquía constitucional y el Art 14 bis de nuestra C.N. exige que los tribunales dictaminen y decidan los casos con celeridad, particularmente en casos urgentes.  No queda ninguna duda que el deber de conducir un procedimiento en forma ágil y rápida corresponde a los órganos encargados de administrar justicia, y en consecuencia la determinación del Art 2º párrafo 5º de la ley 27.348, importa una intromisión prohibida del poder ejecutivo en las facultades y prerrogativas que son propias del poder judicial.


Es por todo lo expresado en este apartado que se solicita al V.S., declare la inconstitucionalidad y su no aplicación al caso de autos de los Art 21 y 22 de la ley 24.557, y los Art 1º y 2º de la ley 27.348, así como la inconstitucionalidad de la Res 298/17 S.R.T., particularmente Art 7, 8, 9, 10 y ss, por conculcar las garantías de rango constitucional al actor y oponerse a las disposiciones constitucionales aquí expresadas así como lo determinado por los pactos y tratados internacionales de raigambre constitucional que se citasen en este punto.


INCONSTITUCIONALIDAD DEL Art 17 DE LA LEY 27.348.-

Este artículo dispone que todas las prestaciones dinerarias que se liquiden a favor del trabajador – administrativas o judiciales -, sean depositadas en la cuenta sueldo del mismo, si la tuviese.-

El presente artículo contrapone al Art 277 de la L.C.T. que en la escala axiológica y por tratarse de una ley de orden general resulta de mayor jerarquía legislativa que la Ley 27.348. Así el mentado artículo de la Ley de Contrato de Trabajo dispone: que todos los pagos que se deban realizar en los juicios laborales se efectuarán  mediante depósito bancario en el juicio respectivo y a la orden del Tribunal, prescribiendo la nulidad de todo pago efectuado fuera de esta prescripción.

Luego el tribunal libera el dinero a favor del trabajador, y este tiene derecho de efectuar con el mismo lo que le plazca, retirarlo en efectivo, transferirlo a otra cuenta, esta última cuestión no es menos importante, ya que resulta habitual que el trabajador desee tener su dinero en una cuenta corriente desde la cual y por motivos de seguridad pueda emitir cheques para la utilización de algo que le pertenece.-

Esta absurda intromisión sin fundamento alguno en la propiedad del trabajador – dinero indemnizatorio – conculca contra la protección que brinda al actor el Art 17 de la carta Magna. Así como contra el derecho de igualdad que protege el Art 16 de la C.N. y 11 de la C.P.B.A., ya que cualquier otro trabajador que su causa verse sobre cuestión distinta de una accidente de trabajo, puede disponer de su dinero como mejor le parece, sin intromisión alguna del estado. Más aun, un trabajador accidentado cuya relación no hubiera estado registrada podrá ejercer su derecho de propiedad como mejor considere, contra el actor que lo tiene ilegítimamente restringido.

El concepto básico de la igualdad civil consiste en eliminar discriminaciones arbitrarias entre las personas. La igualdad importa un grado suficiente de razonabilidad y de justicia en el trato que se depara a los hombres. En principio, se traduce en el reconocimiento uniforme de los derechos civiles a todos los habitantes (conforme los arts. 14, 16 y 20, Const. nacional). SCBA LP I 70991 RSD-16-16 S 16/03/2016 Juez PETTIGIANI (SD) Carátula: “Sánchez, Mónica Albina c/ Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad art. 57 inciso "e" de Ley 10.579” Magistrados Votantes: Pettigiani-de Lázzari-Soria-Negri-Kogan

Incluso el mismo artículo dispone desigualdades entre trabajadores accidentados cuya relación laboral hubiera estado debidamente registrada, ya que quien no posea cuenta sueldo puede operar su dinero como mejor desease contra la limitación que se le impone a quien si la posee, violentando en el actor una vez más, la garantía del Art. 16 de la C.N. y Art. 11 de la C.P.B.A.

Como se referencio Ut Supra, la Ley 27.348, en este Art 17, igualmente violenta el principio de razonabilidad que protegen los Arts. 28 y 33 de la C.N., cruzando ilegítimamente el límite entre aquello sobre lo que el estado puede legislar y a la cual las personas – en este caso los trabajadores – deben someterse y sobre lo que no, por afectar el principio de razonabilidad aquí mencionado.-

 La razonabilidad constituye un principio general del derecho -con fundamento en los arts. 28 y 33 de la Constitución nacional-, aplicado específicamente como límite de la discrecionalidad administrativa. Su control implica verificar -además de los requisitos ineludibles de fin público, medio adecuado y ausencia de iniquidad manifiesta-, la existencia de circunstancias justificantes, es decir, que la restricción impuesta a los derechos ha de hallarse fundada en los hechos que le dan origen, procurando que las normas aplicables mantengan coherencia con las reglas constitucionales, de suerte, que su aplicación no resulte contradictoria con lo establecido por la ley fundamental (doc. causa B. 52.762, "Hernández", sent. de 31-3-2004, entre otras). SCBA LP B 59961 RSD-137-17 S 16/08/2017 Juez NEGRI (MA) . Carátula: González, Gloria Carmela y otro c/ Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) s/ Demanda contencioso administrativa Magistrados Votantes: Negri-Genoud-Soria-de Lázzari-Pettigiani-Kogan


Por todo ello se solicita la declaración de inconstitucionalidad del Art 17 de la ley 27.348, permitiéndole al trabajador la libre disposición de su propiedad, la cual constituye la suma indemnizatoria que por derecho le corresponde.-


Los motivos aquí desarrollados muestras razones de gravedad suficiente en la agresión de los derechos y garantías constitucionales del actor citados Ut Supra, para que V.S., declare la inconstitucionalidad de la normativa aquí atacada, lo que así se solicita haga.-



1   2   3   4   5   6   7   8

Similar:

Inicia demanda icon< Codigocu
El abogado que inicia la demanda debe generar el boleto para el pago inicial de la Tasa de Justicia
Inicia demanda iconManual de Usuarios Versión 1
El abogado que inicia la demanda debe generar el boleto para el pago inicial de la Tasa de
Inicia demanda iconInicia demanda de daños y perjuicios
Salita Mattaldi de Bella Vista, bono de turno de salita Mattaldi de Bella Vsita, facturas de remis, copia de Informe de dominio de...
Inicia demanda iconDe los programas presupuestales
Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2007”, inicia la implementación de Presupuesto por Resultados (ppr), proceso que...
Inicia demanda iconEscrito de demanda de la comunidad contra propietario moroso
Acompañará necesariamente a la demanda la certificación de la liquidación de la deuda y la documental acreditativa de los gastos...
Inicia demanda iconEscritos de Oposición Demanda Ejecutiva
Felipe Fernández Camero por medio de demanda ejecutiva de fecha 26 de
Inicia demanda iconModelo de demanda de declaracion de pertenencia
Modelo general para una demanda sujeta al proceso verbal con juramento estimatorio
Inicia demanda iconModelo de demanda
Yo, de años de edad, de estado civil soltera, de ocupación ecuatoriana y domiciliada en esta ciudad de ante usted muy respetuosamente...
Inicia demanda iconModelo de demanda de alimentos congruos que reclama un conyugue al otro
A,, de estado civil casada, de años de edad, de ocupación, ecuatoriana, domiciliada en esta ciudad de Quito, respetuosamente comparezco...
Inicia demanda iconFormulario de demanda de pensiones alimenticias final %282%29 %282%29. xls
Formulario único para la demanda de declaratoria de paternidad y fijación de pensión alimenticia


Descargar 227.96 Kb.