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Jurisprudencia

Res. Nº 167-98-ORLC/TR de fecha 14-04-98, Tomo VI, fojas 110 “Es requisito indispensable para la inscripción de una sentencia declarativa de dominio, la constancia de que ha quedado consentida o ejecutoriada, señalando que esta norma por vía de interpretación extensiva le era de aplicación a las resoluciones judiciales denominadas autos, dictadas en procesos de Ejecución Forzada por su especial naturaleza de ser precisamente declarativas de domino y en resguardo de la seguridad jurídica que el Registro está llamado a cautelar por medio de la función legitimadora de las inscripciones...”

Artículo 52º.- Asiento extendido en mérito de resolución administrativa

El asiento de inscripción extendido en mérito de una resolución administrativa comprenderá, además de los requisitos establecidos en el Artículo 50º la indicación del órgano administrativo que haya dictado la resolución y la fecha de ésta. Cuando la normativa vigente así lo exija, se indicará la constancia de haberse agotado la vía administrativa.

ANTECEDENTES

Artículo 160º del ARGRP

Artículo 53º del Anteproyecto

Artículo 52º del Proyecto

CONCORDANCIAS

Artículo 50º del NRGRP

Comentario

1.- Este artículo, a similitud del anterior, se refiere a requisitos especiales y complementarios a los establecidos en el artículo 50º del NRGRP, que deben consignarse en los asientos de inscripción (también en sentido amplio) extendidos en mérito a resoluciones administrativas. Para esta clase de asientos se prevé especialmente, en todos las casos, la indicación del órgano administrativo que haya dictado la resolución y la fecha de esta. Obviamente, aunque ello no conste expresamente en este artículo deberá indicarse, además de la fecha de la Resolución, su numeración e identificación (p.ej. Resolución de Gerencia de Operaciones de COFOPRI Nº 123-2001-COFOPRI o Resolución del Superintendente de Bienes Nacionales Nº 1234-2001-SBN), que es la que permite determinar con mayor precisión el acto administrativo que da lugar a la extensión del asiento. No se ha previsto, en el caso de las Resoluciones Administrativas, “la transcripción de su parte resolutiva” (como se planteaba en el artículo 53º del Anteproyecto), en la medida que respecto a las resoluciones administrativas no existen las mismas previsiones que respecto a la interpretación de las resoluciones judiciales plantea la Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo que se ha preferido mantener plenamente el sistema general, en el cual el Registrador deberá efectuar un resumen del acto o derecho declarado por la autoridad administrativa correspondiente (Técnica de Inscripción y no de Transcripción).

2.- Concurrentemente, se ha previsto un requisito adicional que deberá ser consignado por el Registrador en el asiento respectivo (y obviamente exigirlo en la calificación registral), referido a la constancia de haberse agotado la vía administrativa en los casos en “que la normatividad vigente así lo exija”. Sobre este punto, si bien es conocido que las resoluciones administrativas tienen vocación de ejecutoriedad inmediata y que la interposición de un recurso administrativo no suspende la ejecución del acto impugnado, tal como establecen el artículo 192º y el numeral 216.1 del artículo 216º de la LPAG, pueden existir disposiciones que determinen que la inscripción sólo pueda realizarse después de haberse agotado la vía administrativa correspondiente, en caso que un interesado interponga los recursos administrativos previstos en la citada LPAG. Ello impediría la extensión del asiento de inscripción (en sentido estricto) en tanto no se produzca alguno de los supuestos establecidos en el artículo 218º de la LPAG. Un ejemplo, entre otros muchos que podrían plantearse, se encuentra en el Reglamento de los Procedimientos Administrativos de Declaración de Propiedad mediante la Prescripción Adquisitiva de Dominio y la Regularización de Reversión sobre Predios Matrices o Lotes Adjudicados por entidades del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 032-99-MTC, en cuyo artículo 62º se establece que sólo procederá la inscripción de las Resoluciones de Reversión a favor de la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) cuando “no se dedujere oposición dentro del plazo indicado en el artículo anterior, o esta no cumpliere con los requisitos a que se refieren los artículos 63º y 64º, o fuese declarada infundada, previa certificación del vencimiento del plazo”.

Consideramos, sin embargo, que la redacción final del artículo no debió referirse exclusivamente “a la constancia de haberse agotado la vía administrativa” sino (de manera alternativa) a la “constancia de haberse agotado la vía administrativa o que el acto ha quedado firme”. Nótese que conforme al artículo 218º de la LPAG, lo que determina el agotamiento de la vía administrativa es la imposibilidad legal de formular un recurso administrativo contra lo ya resuelto, mientras que el acto firme (ex artículo 212º de la LPAG) se configura por el vencimiento de los plazos para interponer los recursos administrativos.

En nuestro concepto, la exigencia de la constancia de agotamiento de la vía administrativa o que el acto administrativo ha quedado firme, debería ser consagrada (en los Reglamentos específicos pertinentes) en todos los casos de inscripciones de derechos en los Registros de Bienes (propiedad inmueble o bienes muebles), en la medida que el aparente carácter definitivo de un asiento de inscripción, puede generar erróneas interpretaciones al tercero que adquiere por subasta pública e inscribe la propiedad, p. ej., de un predio cuyo dominio había revertido a favor del Estado en mérito de Resolución Administrativa (previamente inscrita el Registro de la Propiedad Inmueble). ¿Qué ocurriría si la resolución administrativa no se encontraba aún firme y siendo impugnada por el perjudicado con la reversión, es revocada por el superior jerárquico de la autoridad que emitió la Resolución impugnada? Obviamente, al intentarse la inscripción de la Resolución de Segunda Instancia, existiría un obstáculo a la inscripción, constituido por la titularidad del nuevo adquirente. Por ello, si para la inscripción de actos definitivos (no anotaciones preventivas) provenientes de sede jurisdiccional se exige, con carácter general, que la resolución se encuentre consentida o ejecutoriada, con mayor razón debería exigirse que las resoluciones administrativas sean firmes o no susceptibles de impugnación, para poder generar asientos definitivos. Reconocemos, sin embargo, como se indicó en el debate de la Comisión Revisora, que una previsión en este sentido no debería ser materia de regulación detallada en el NRGRP (que sólo contempla la posibilidad de dicha exigencia), sino que debe ser objeto de evaluación específica en los Reglamentos especiales que regulen la inscripción de los actos y derechos concretos.

3.- Para concluir el tema materia de este artículo, consideramos pertinente indicar que si bien no se han previsto en el NRGRP normas especiales sobre la calificación de instrumentos expedidos por autoridades administrativas, por su propia naturaleza, la calificación registral de las resoluciones administrativas no podrá orientarse a cuestionar los aspectos o decisiones que, de acuerdo a la normatividad vigente, resultan de competencia de la autoridad administrativa que expidió el acto objeto de inscripción. Al respecto, consideramos aplicables (por la naturaleza de las decisiones administrativas), los comentarios que efectúa Gómez Gálligo respecto al artículo 99º del Reglamento Hipotecario español (que sí contiene previsiones especiales para la calificación de los documentos administrativos)(163), al expresar que: “no constituyen defecto registral los vicios en que pudiera haber incurrido la resolución administrativa, en sus fundamentos. Así, la RDGRN de fecha 18-11-1986 señala que las decisiones de la autoridad administrativa, dictadas en asuntos de su competencia y en forma legal, tienen fuerza análoga a las que emanan de los Tribunales de Justicia, de modo que en sede de calificación registral deberán aplicárseles iguales reglas, si bien con algunas matizaciones derivadas del distinto carácter y grado de imparcialidad que presiden sus respectivas funciones, de manera que no cabe valoraciones de fondo de las decisiones tomadas por las corporaciones locales en el ámbito de sus competencias, como pueda ser el acudir al procedimiento excepcional de adjudicación directa”(164).

Jurisprudencia

Res. Nº 060-99-ORLC/TR de fecha 16-03-99, Tomo VIII, fojas 111 “..Que, en consecuencia, siendo el presupuesto señalado en el considerando precedente ha quedado acreditado, no existen impedimento alguno para acoger la inscripción primera de dominio en virtud de la resolución administrativa, memoria descriptiva y planos adjuntos, que constituyen título suficiente para la inscripción rogada, conforme a lo prescrito en los artículos 23º y 26º del D. Leg. Nº 653 “ Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario” y asimismo el artículo 33º del Decreto Supremo Nº 0048-91-AG, Reglamento de la Ley de Promoción de inversiones en el Sector Agrario.

Que, sin embargo, a efectos de calificar el instrumento público administrativo constituido por la Resolución Directoral Ejecutiva Nº 06-96-AG-PETT del 31 de enero de 1996, que en copia certificada forma parte del título venido en grado, se requiere determinar las formalidades que el precitado instrumento debe observar, en aplicación de las normas especiales que regulan los registros jurídicos, conforme establece el artículo 2009º del Código Civil, para lo cual debe tenerse en cuenta que para la inscripción de una primera inscripción de dominio deviene relevante acreditar la firmeza del pronunciamiento del órgano administrativo; ello tomando en consideración la naturaleza del registro, donde toda inscripción que se genera, goza de la presunción de veracidad, como consecuencia de la aplicación del principio de legitimación registral, presunción que sólo puede ser enervada en la vía judicial;

Que, en este sentido, la prohibición de suspender la ejecución del acto impugnado, contenida en el artículo 104º de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos deviene inaplicable al procedimiento registral, debiendo en consecuencia presentarse la constancia de que la resolución administrativa ha quedado consentida a efectos de poder generar una inscripción definitiva, omisión que puede ser subsanada dentro del plazo previsto en el artículo 147º del Reglamento General de los Registros Públicos.

Artículo 53º.- Asiento extendido en mérito de instrumentos otorgados en extranjero

El asiento de inscripción de títulos que contengan instrumentos otorgados en el extranjero contendrá, además de los datos señalados en el artículo 50º, la indicación del Cónsul o funcionario competente ante quien se haya otorgado el título o certificado las firmas de los otorgantes, así como de los funcionarios que hayan intervenido en las legalizaciones que constan de aquél.

ANTECEDENTES

Artículo 54º del Anteproyecto

Artículo 53º del Proyecto

Artículo 4º de la LH

CONCORDANCIA

Artículo 11º del NRGRP

Comentario

1.- Con este artículo se culmina la enumeración de los requisitos especiales de los asientos de inscripción, adicionales a los establecidos en el artículo 50º del NRGRP, regulándose en este caso los extendidos en mérito a los instrumentos otorgados en el extranjero. Para tal efecto, concordando con la exigencia de legalización consular a que se refiere el artículo 11º del NRGRP, se prevé que en el asiento conste también la indicación del Cónsul o funcionario competente ante quien se haya otorgado el título o que haya certificado las firmas de los otorgantes, así como de los funcionarios que hayan intervenido en las legalizaciones que constan en aquel. Sobre el tema de la cadena de legalizaciones y la competencia consular nos hemos referido en el artículo 11º de este Reglamento, a cuyos comentarios nos remitimos.

2.- No se ha desarrollado en este artículo el caso de las resoluciones judiciales pronunciadas en el extranjero a que se refiere el tercer párrafo del artículo 11º del NRGRP. Para estos supuestos, entendemos, los asientos de inscripción deberán conjugar los requisitos propios de los extendidos en mérito de resoluciones judiciales (tanto las de juez o tribunal extranjero como el que otorgó su reconocimiento en el Perú), con los previstos en este artículo, en la medida que las resoluciones que se presenten para su reconocimiento o “exequátur”, deberán estar legalizadas y traducidas al castellano, como exige expresamente el artículo 2107º del Código Civil.

Jurisprudencia

Res. Nº 269-96-ORLC/TR de fecha 09-08-96, Tomo III, fojas 383 “...Que adicionalmente, del título materia de alzada, es de verse que no consta en original sino en fotocopia legalizada por el Notario Dr. Manuel Reátegui Tomatis con fecha 08.05.96 circunstancia que contraviene lo dispuesto por el artículo 126º del Reglamento General de los Registros Públicos en cuanto establece que son inscribibles títulos emanados de autoridades o funcionarios públicos extranjeros, siempre que contengan actos que la Ley Peruana considere lícitos y que se encuentren legalizados y en su caso traducidos, prescribiendo además, que la legalización y traducción se sujetaran a las leyes y Reglamentos que al respecto deben observar los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.”

Artículo 54º.- Anotación de inscripción

Por cada título que hubiere dado lugar a inscripción se extenderá una anotación señalando el número y la fecha de su presentación, la naturaleza de la inscripción solicitada, con indicación del número de asiento y partida donde corre inscrito el acto o derecho registrado, el monto de los derechos registrales cobrados, el número del recibo de pago, la fecha, la firma y el sello del Registrador que lo autoriza.

Dicha anotación deberá extenderse por duplicado, una para conservarla en el Archivo Registral y la otra para ser entregada al solicitante de la inscripción, salvo lo dispuesto en las normas y reglamentos especiales.

ANTECEDENTES

Artículos 160º y 174º del ARGRP

Artículo 55º del Anteproyecto

Artículo 54º del Proyecto

Artículos 255º y 257º de la LH

CONCORDANCIAS

Artículos 50º, 71º, 108º y 113º del NRGRP.

Artículo 18º del RIRPV


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