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Comentario

1.- Este artículo regula la denominada “anotación de inscripción”, que constituye una anotación no efectuada en la partida registral, sino en documento aparte, que se conserva en el título archivado respectivo, como medio probatorio de la inscripción efectuada. Esta anotación de inscripción tendrá efectos para asegurar que la inscripción fue realmente extendida por el Registrador encargado de la calificación del título, siendo relevante en los casos de regularización de asientos de inscripción en los que no aparezca la firma del Registrador (obviamente respecto a asientos extendidos a través de Sistemas Manuales), como se detallará en el comentario del artículo 71º del NRGRP.

2.- El antecedente directo de la anotación de inscripción regulada en el presente artículo se encuentra en el artículo 174º del ARGRP, que prescribía que “al pie de cada título que se inscriba y del duplicado a que se refiere el artículo 210º, se extenderá una anotación suscrita por el Registrador, en la que se expresará la naturaleza de la inscripción efectuada, el tomo y folio en que corre, los derechos cobrados y el número o números de los respectivos recibos”. El artículo 210º del ARGRP establecía que los títulos debían ser presentados por duplicado, pero que en caso que se presentase en ejemplar único, este ejemplar sería archivado en la oficina correspondiente (título archivado). De igual modo, el artículo 85º de la Ley del Notariado, que regula el traslado instrumental de documentos notariales protocolares, denominado “parte”, establece que no requiere su presentación en duplicado, pero que debe acompañarse una foja adicional, para su devolución por el Registro Público, con la anotación de inscripción o la denegatoria de la misma.

De lo expuesto se concluye, que bajo la reglamentación abrogada la anotación de inscripción debía efectuarse en el mismo título presentado por el interesado y en su duplicado, para devolución al usuario. En el caso del Notario, la anotación se efectuaba tanto en el parte presentado para inscripción, como en la foja adicional acompañada al parte, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 85º de la Ley del Notariado.

3.- Sin embargo, desde la introducción del Sistema de Información Registral (SIR) en la Oficina Registral de Lima y Callao, una de las facilidades que brinda dicho Sistema Informático, consiste en la generación automática de la hoja de anotación de inscripción, extrayendo los datos del asiento de inscripción extendido. Por tal razón, sin que existiese una disposición reglamentaria específica, los Registradores dejaron de efectuar las anotaciones de inscripción “al pie del título”, en el duplicado o en la foja adicional del parte notarial, limitándose a obtener dos impresiones en sus propios formatos, de la anotación de inscripción generada por el sistema informático.

El NRGRP, más aún considerando que el SIR se viene implementado en el ámbito nacional, reconoció esta práctica, eliminando en el presente artículo la exigencia en el sentido que la anotación de inscripción se practique en el mismo título presentado, pero siempre conservando la necesaria extensión de la anotación por duplicado, a los efectos de permitir la conservación de uno de los ejemplares en el título archivado y entregar uno de los ejemplares al interesado. Inclusive, aunque el NRGRP no lo exige, el SIR genera con la anotación de inscripción una copia simple (informativa) del o los asientos de inscripción generados, la cual se viene entregando también a los interesados, salvo los casos de extensión de numerosos asientos (p. ej. independización de unidades inmobiliarias sujetas al régimen de unidades de dominio exclusivo y de dominio común) en los que sólo se entrega la anotación de inscripción correspondiente. Consecuente con ello, resulta innecesaria la presentación de títulos por duplicado que se acompañe la foja adicional de anotación de inscripción a que se refiere el segundo párrafo del artículo 85º de la Ley del Notariado o que en los formularios registrales que apruebe la SUNARP (como p. ej. los referidos a la aplicación del régimen de regularización de edificaciones establecido por la Ley Nº 27157) se consigne un rubro especial de “anotación de inscripción”; habida cuenta que, en todos los casos, la anotación de inscripción constará en hojas especiales generadas por el propio sistema informático con que cuenta el Registro.

4.- En cuanto a los datos que debe consignarse en la anotación de inscripción, como puede advertirse de la revisión del texto materia de comentario, los mismos constituyen en un breve resumen de los correspondientes a la inscripción extendida, siendo sí, relevante, que la misma contendrá el sello y firma del Registrador que extendió el asiento de inscripción respectivo, pero en este caso, la firma no será una imagen digitalizada sino la autógrafa del Registrador, quien deberá suscribir los dos ejemplares de la anotación. Esto permite que, aun en el improbable supuesto de alteración de los archivos informáticos que contienen los asientos de inscripción, siempre podrá cotejarse los mismos con la anotación de inscripción, permitiendo el eventual peritaje de la firma del Registrador que pudiese alegar no haber extendido el asiento electrónico materia de cuestionamiento.

5.- Finalmente, en la parte final del presente artículo, se ha establecido la posibilidad que puedan generarse más de dos anotaciones de inscripción, pero sólo en los supuestos que existan normas o reglamentos especiales que determinen tal circunstancia. Ello puede ocurrir, p. ej., respecto a los formularios registrales referidos a la aplicación de la Ley Nº 27157, en que se prevé la presentación de cuando menos tres ejemplares (conforme a la modificación tácita establecida por la Ley Nº 27333), uno de los cuales deberá constar en el archivo registral, otro devuelto al interesado y el restante deberá ser remitido a la Municipalidad competente, debiendo cada ejemplar del título inscrito contar con su correspondiente anotación de inscripción.

Jurisprudencia

Res. Nº 247-99-ORLC/TR de fecha 30-09-99, Tomo IX, fojas 13 “...Que, en el presente caso, dichas discrepancias deben ser aclaradas en base a lo que aparece en el asiento de inscripción, por cuanto luego de calificar positivamente un título, el acto inmediato que realiza el Registrador es extender y firmar el asiento de inscripción acorde con lo señalado en los artículos 160º y 166º del Reglamento General de los Registros Públicos, para luego efectuar una anotación al pie de cada título que se inscriba y del duplicado u hoja adicional que los presentantes han acompañado a los títulos cuya inscripción solicitan o en su defecto, en documento expedido por el Registro, en la que se expresará la naturaleza de la inscripción efectuada, el tomo y el folio en que corre (partida registral), los derechos cobrados y el número o números de los respectivos recibos de conformidad con lo señalado por el artículo 174º del acotado Reglamento General, entendiéndose que estos actos se realizan en la misma fecha; (…) La extension del asiento de inscripción se realiza en primer lugar, y luego se efectúa la anotación de inscripción tanto en el título archivado como en el documento que se entregará al usuario; por ello, en caso de discrepancia entre la fecha de inscripción que aparece en el asiento registral y la que aparece en la anotación de inscripción, debe estarse a la que aparece en el asiento de inscripción, debiendo la anotación de inscripción adecuarse a ésta, y en su caso proceder a la rectificación de la anotación de inscripción”.

Artículo 55º.- Plazo de inscripción

Las inscripciones se practicarán, si no existiesen defectos u otras circunstancias debidamente acreditadas, dentro de los siete días siguientes a la fecha del asiento de presentación o dentro de los cinco días siguientes al reingreso del título y, en su caso, dentro del plazo de vigencia de dicho asiento.

ANTECEDENTES

Artículo 168º del ARGRP

Artículo 57º del Anteproyecto

Artículo 55º del Proyecto

Artículo 97º del RH

CONCORDANCIAS

Numeral 4 inciso d) de la 1ra. Dispos. Compl. del D.S. Nº 04-95-JUS

Artículo 13º del Reglamento del Registro de Testamentos

Artículo 13º del RIRPV

Artículos 55.7 y 131.3 de la LPAG

Artículo 54º del RIRPU

Artículos 25º y 37º del NRGRP

Comentario

1.- Tal como se ha expresado en los comentarios de los artículos 25º y 37º del NRGRP, nuestra nueva normatividad ha establecido plazos máximos para las distintas etapas de calificación, tanto los aplicables para el Registrador (7 días para la primera calificación o inscripción, y los últimos 5 días de la vigencia del asiento para extender las inscripciones, de ser el caso), como para el usuario (plazo de subsanación o pago de liquidación hasta el sexto día anterior a la vigencia del asiento de presentación). Asimismo, se ha previsto que cualquier demora en la calificación inicial debe dar lugar a la solicitud de prórroga del asiento de presentación (artículo 37º del NRGRP) por un número de días que compensen el retraso incurrido.

Sin embargo, no siempre el usuario utilizará la totalidad del plazo que le otorga el Reglamento para efectuar la subsanación o el pago de la liquidación que corresponda, por lo que era necesario establecer plazos especiales, contados a partir del reingreso del título, para la extensión de los asientos de inscripción correspondiente, obviamente en el caso que se subsanase la totalidad de los defectos advertidos y los derechos registrales se encontrasen completamente pagados. En ese sentido se orienta el presente artículo, que si bien reitera que las inscripciones deberán extenderse dentro de los siete días siguientes a la fecha del asiento de presentación (calificación inicial positiva), también prevé que en los casos de reingresos (tanto por subsanación como por liquidación), el Registrador deberá extender los asientos en un plazo de 5 días (hábiles conforme al artículo 4º del NRGRP) contados a partir del reingreso del título (naturalmente siempre que no existan defectos, obstáculos o saldo pendiente de derechos registrales). Vale decir, que dentro de dicho plazo, el Registrador deberá emitir el pronunciamiento correspondiente, bien sea la inscripción, observación o liquidación, que resulte de la calificación del reingreso presentado.

No obstante ello, y sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria del Registrador por el retraso injustificado en la inscripción rogada, se considera que aunque se hayan vencido los plazos de inscripción antes mencionados, el Registrador deberá siempre practicarla, obviamente hasta el vencimiento del plazo de vigencia del título, pues este último determina la caducidad de sus efectos retroprioritarios y la necesaria tacha procesal del título presentado.

2.- El artículo sub exámine difiere sustancialmente de la redacción de su antecedente en el ARGRP. El artículo 168º de dicho Reglamento establecía que las inscripciones se extenderían dentro de los plazos establecidos en los reglamentos específicos, pero, en todo caso, antes del vencimiento del asiento de presentación, de cuyo texto se aprecia que se remitía los plazos de inscripción a los reglamentos específicos.

En el NRGRP se han establecido plazos máximos, que serán de observancia en la calificación e inscripción registral aplicable a todos los Registros conformantes del Sistema Nacional de los Registros Públicos, con lo que han quedado sin efecto los plazos especiales que se consideraban tanto en el Reglamento de las Inscripciones, Reglamento del Registro de Testamentos, Reglamento del Registro de Propiedad Vehicular entre otros, tal como se ha indicado en los comentarios al artículo 25º del NRGRP. Si bien dicha decisión puede ser cuestionada por algunos, señalando el caso de Registros que observaban y cumplían plazos menores (Registro de Mandatos y Poderes, Registro de Testamentos, Registro de Propiedad Vehicular), reiteramos que los plazos establecidos son máximos y siempre serán susceptibles (obviamente dependiendo de la carga procesal y el adecuado gerenciamiento de sus actividades) de ser reducidos en la prestación óptima y eficiente de los servicios que brindan las Oficinas Registrales. Lo que no se ha querido es establecer plazos que sean simples metas o aspiraciones, pero no cumplidos en la generalidad de casos, teniendo en cuenta que ello torna una norma reglamentaria en mera “letra muerta”, dado lo frecuente de su incumplimiento. En tal sentido, corresponderá a los funcionarios de la SUNARP y de las Oficinas Registrales, efectuar las acciones (tanto facilitadoras de la calificación como de control y supervisión) necesarias para el estricto cumplimiento de los plazos reglamentariamente establecidos, aplicando, de ser el caso, la responsabilidad disciplinaria establecida por “retardo indebido en la extensión de las inscripciones” a que se contrae el inciso d) del numeral 4 de la Primera Disposición Complementaria del Estatuto de la SUNARP.

Es por ello, que respecto al plazo de atención de los reingresos, la Comisión Revisora aumentó lo previsto en el artículo 57º del Anteproyecto, de tres a cinco días, teniendo en consideración, también, la necesaria armonía que debería existir entre el plazo final (5 últimos días de la vigencia del asiento de presentación) que otorga al Registrador el artículo 37º del NRGRP, al existir similitud en el precepto regulado (calificación e inscripción de un reingreso).




CAPÍTULO II

DUPLICIDAD DE PARTIDAS

Artículo 56º.- Definición

Existe duplicidad de partidas cuando se ha abierto más de una partida registral para el mismo bien mueble o inmueble, la misma persona jurídica o natural, o para el mismo elemento que determine la apertura de una partida registral conforme al tercer párrafo del Artículo IV del Título Preliminar de este Reglamento.

Se considera también como duplicidad de partidas la existencia de superposición total o parcial de áreas inscritas en partidas registrales correspondientes a distintos predios.

ANTECEDENTES

Artículo 171º del ARGRP

Artículo 58º del Anteproyecto

Artículo 56º del Proyecto

Artículo 313º del RH

CONCORDANCIAS

Artículo 79º del RIRPU

Artículos IV de TP y 6º del NRGRP

Comentario

1.- En este Capítulo se ha regulado, consideramos, que con suficiente claridad y atención a las circunstancias específicas de los distintos supuestos, el tema de la “duplicidad de partidas”, al que el Reglamento abrogado dedicaba un solo artículo (artículo 171º del NRGRP)(165), que resultaba flagrantemente insuficiente para un asunto de la mayor complejidad y relevantes efectos como dicha duplicidad.

Como es conocido, la duplicidad de partidas, es un tema recurrente en la doctrina hipotecaria española, en cuanto a la existencia de superposición entre predios, pero no se agota en ella. Por ello, en este artículo el NRGRP ha considerado necesario establecer una definición de ella, puesto que si bien la redacción del artículo 171º del ARGRP iba dirigida a todos los registros y no solamente al Registro de Propiedad Inmueble, resultaba evidente la conveniencia de precisar el sentido de la duplicidad de partidas, sobre todo en los registros de personas o contratos.

En consecuencia, la definición materia de comentario, conceptúa la existencia de duplicidad desde la perspectiva de una doble inmatriculación o doble apertura de partidas registrales en función del criterio mediante el cual se especializa cada registro, es decir, que puede existir duplicidad de bienes muebles (p.ej. automóviles), bienes inmuebles (p.ej. predios, buques, aeronaves, concesiones), contratos (p. ej. prenda industrial, agrícolas, global y flotante), de personas jurídicas ( p.ej. asociaciones, sociedades, sucursales), de personas naturales (en este caso limitada al mismo Registro y acto) y en función a cualquier otro criterio que (conforme lo señalado cuando comentamos el principio de especialidad, previsto en el artículo IV del Título Preliminar de éste Reglamento) pueda dar lugar a la apertura de una partida registral. Cabe aclarar, en todo caso, que la duplicidad implica necesariamente la existencia de dos partidas involucradas, pero que, esta circunstancia naturalmente patológica puede inclusive recaer sobre muchas otras más, lo que implicaría utilizar la definición de “triplicidad” u otro correspondiente al número de partidas a que se refiera. Sin embargo, se ha mantenido el nombre de duplicidad, en el entendido que, además de ser un nombre tradicionalmente utilizado, resulta suficientemente expresivo de la irregularidad registral existente.

2.- Los autores españoles estudian el tema de duplicidad de inscripciones limitada al Registro Inmobiliario o Hipotecario, siempre respecto a predios o fincas, denominándola “doble inmatriculación”. Así, Díez-Picazo, expresa que se denomina doble inmatriculación, “al hecho de que una misma finca se encuentre inmatriculada en dos folios independientes uno de otro. La inmatriculación puede ser plural si se ha producido más de dos veces. Existe doble inmatriculación cuando las dos fincas son absolutamente idénticas entre sí, aunque sus respectivas descripciones (linderos, etc.) estén hechas de una manera distinta. Hay también doble inmatriculación si una de las fincas coincide sólo parcialmente o se encuentra superpuesta respecto a otra”(166).

En este sentido, nuestra reglamentación coincide con dicha definición, contemplando también el supuesto de “duplicidad plural” (es decir, más de dos partidas involucradas), cuando señala que “existe duplicidad cuando se ha abierto más de una partida registral”. De igual modo, se ha previsto en el segundo párrafo del artículo sub exámine, el caso de superposición total o parcial de áreas inscritas en partidas registrales correspondientes a distintos predios, como un supuesto más que puede presentar la duplicidad de partidas.

3.- En el Registro de la Propiedad Inmueble, la duplicidad de partidas de predios (muchas veces plural o referida a superposiciones parciales), es lamentablemente una frecuente realidad, originada en la carencia de una base geográfica de las inscripciones, que cuente con la necesaria base catastral que proporcione al Registrador los elementos suficientes para determinar indubitablemente (dentro de las miles de partidas registrales existentes), si respecto a un predio existen antecedentes registrales de todo el predio o parte del mismo.

Esto se origina en el sistema de inscripción basado en una mera descripción literal de los linderos y medidas del predio, sin relacionarla a una base geográfica (preferentemente georeferenciada). Así, dada la antigüedad del Registro de la Propiedad Inmueble (creado en el año 1888) existen partidas cuya descripción es tan genérica como la siguiente: “por el frente: con propiedad de terceros en línea recta; por la izquierda: con unos árboles frutales; por la derecha: con un cerros en línea sinuosa; por el fondo: con un arroyuelo”. Esta penosa descripción, obviamente, no permite ni con la utilización de medios modernos (Programas Catastrales, Sistemas Informáticos, etc.) tener una idea cuando menos aproximada, de la forma y linderos precisos del bien inmueble inscrito, más aún considerando que las inmatriculaciones de mayor antigüedad carecen de planos o memorias descriptivas (entonces no exigibles) que puedan complementar la “descripción” literal imprecisa o ambigüa.

Esto ha determinado que (normalmente sin mediar dolo o negligencia del Registrador) se haya inmatriculado dos o más veces el mismo predio, sin que pudiera determinarse que el que se presentó a calificación registral en segundo lugar era el mismo o recaía sobre parte de otro previamente inmatriculado. Aunque ello no sirva de consuelo, la misma situación parece haberse presentado en España, como comenta Díez-Picazo al referirse al Registro Inmobiliario español, al precisar que: “La doble inmatriculación y la inscripción plural constituye un grave y frecuente defecto de nuestro ordenamiento jurídico inmobiliario. Tiene su origen en el hecho de que los medios de inmatriculación sean bastante sencillos, de que carezcan de un sólido soporte catastral y que no se lleve a cabo un riguroso control de la existencia y de las características de las fincas cuya inscripción se solicita”.(167)

4.- Un intento importante, pero fallido, de evitar la duplicidad de inmatriculaciones en el Registro de la Propiedad Inmueble, fue la normatividad establecida por el Decreto Supremo Nº 002-89-JUS del 27 de enero de 1988, que exige como requisito para la inscripción de la primera de dominio, subdivisión y acumulación de predios urbanos, ubicados en zonas o regiones catastradas o en proceso de levantamiento catastral, la presentación de copia del plano y código catastral expedido por la Municipalidad correspondiente. Sin embargo, dicha exigencia, si bien inspirada en buenos propósitos, fracasó por no haber tenido en cuenta lo siguiente:

a) La mayor parte de las Municipalidades (inclusive las capitales de provincia) carecen de un catastro físico actualizado de los predios inscritos en su jurisdicción. Durante nuestra experiencia como Registrador y Vocal (e) del Tribunal Registral, pudimos apreciar que aun municipalidades ubicadas en la ciudad de Lima, carecen de esta clase de catastro, lo que determinaba la necesidad de admitir la inscripción sobre la base de la denominada “certificación municipal de inexistencia de catastro”.

b) Aunque la Municipalidad pudiese proporcionar al interesado el plano y código catastral requerido, no existe una forma directa que el Registrador pudiese compararlo con los antecedentes registrales, pues no existe una base geográfica que permita correlacionar la descripción literal de las inscripciones con planos o bases cartográficas elaboradas por el Registro.

c) Inclusive, en la Oficina Registral de Lima y Callao, en la que existe una Sub gerencia de Catastro dentro del Registro de la Propiedad Inmueble (su antecedente se encuentra en el artículo 13º de la Ampliación del R. de las I.), además que los recursos (tanto de personal como materiales y tecnológicos) con que cuenta son limitados, las dificultades señaladas anteriormente, por la descripción genérica o imprecisa de las inscripciones existentes resultan imposibles de superar con la simple revisión de una “descripción literal” y una comparación aproximada con planos sumamente antiguos. Mucho peor es la situación de las demás oficinas registrales, que no cuentan con áreas de evaluación catastral, en la que los Registradores, para evaluar la procedencia de una inmatriculación predial, sólo efectúan con la revisión de los índices (organizados por nombres de propietarios y no por inmuebles), para “evitar” (en teoría) la producción de una doble inmatriculación.

5.- Consecuente con ello, a los efectos de evitar que se siga poniendo en grave riesgo la seguridad jurídica que debe brindar el Registro Inmobiliario, la SUNARP, posiblemente recurriendo a la concertación de operaciones de endeudamiento extranjero, tiene el deber impostergable de corregir las deficiencias antes mencionadas, a los efectos de dotar de una base geográfica a las inscripciones prediales y evitar la frecuente ocurrencia de “duplicidad de inscripciones”. Dicho Proyecto requerirá, necesariamente, una amplia coordinación con las entidades productoras de información catastral (Municipalidades, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Energía y Minas, COFOPRI, etc.), incluyendo la realización de levantamientos de campo, a los efectos de lograr (no en lo inmediato pero sí en un mediano plazo) que todo predio inscrito en el Registro se encuentre georeferenciado y que la incorporación de nuevos predios (inmatriculaciones) siempre requiera una evaluación catastral respecto a los antecedentes inscritos.

Sin embargo, es justo señalar, que no debe atribuirse al Registro de la Propiedad Inmueble la responsabilidad de la carencia de una base catastral de las inscripciones. El Registro no es una entidad a la que legalmente se le haya atribuido la facultad de efectuar el levantamiento catastral de los predios en él inscritos. Conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853 y al Reglamento de Acondicionamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (artículo 44º), aprobado por Decreto Supremo Nº 007-85-VC, la formulación del Catastro corresponde ser una función municipal. Es importante la definición de catastro planteada en dicha norma, al considerarlo como “el registro de la propiedad inmueble del área urbana y rural con indicación de sus características físicas y situación legal y económica. Constituye información básica para fines de tributación local, así como para la planificación y renovación urbana”. Como se ha indicado anteriormente, la mayor parte de las municipalidades carecen de un verdadero catastro que tenga dichas características (algunos se limitan, con fines exclusivamente tributarios, a indicar la dirección, área y titularidad aparente, sin referirse a sus características físicas menos aún plasmarlas en medios cartográficos), lo que ha limitado la actividad del Registro. No ocurre lo mismo respecto a los predios rurales, en los que el Ministerio de Agricultura (principalmente a través del Proyecto Especial de Titulación de Tierras), sí ha desarrollado una base catastral muy importante, que ha servido de gran utilidad para el desarrollo de las actividades de las Secciones Especiales de Predios Rurales que operan en todas las Oficinas Registrales a nivel nacional, excepto en la de Lima y Callao, de conformidad con los Decretos Legislativos Nºs 667 y 860.

Por todo ello, además de la necesaria labor de regularización de las inscripciones existentes, los esfuerzos de la SUNARP deben ser complementados por todas las instituciones que producen, generan o administran información catastral. Un primer proyecto orientado en este sentido es el Proyecto de Ley del Sistema de Información Catastral, publicado por el Ministerio de Justicia, como separata del Diario Oficial El Peruano, Edición de 15 de julio del 2001, que si bien adolece de deficiencias en el diseño del Sistema que propone, recoge un concepto muy importante, la necesidad de unificar y dar coherencia a la información catastral producida por las distintas instituciones del Estado, considerando entre las entidades integrantes del sistema a la SUNARP, que si bien no es productora de información catastral, requiere de la misma para la adecuada organización de sus inscripciones inmobiliarias.

En el mismo sentido de fortalecer el Catastro Urbano se orienta otro Proyecto de Ley contenido en la referida separata del Diario Oficial El Peruano, al proponerse la creación (sobre la base de la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI), de una Oficina de Formalización y Catastro Urbano, que entre otras funciones, se encontraría encargada de ser el organismo central para la generación de una base catastral urbana de ámbito nacional. Nótese, que si el Registro Predial Urbano (regulado por los Decretos Legislativos Nºs 495, 496 y 803) cuenta con un sistema de inscripciones con base geográfica (plenamente georeferenciado y sustentado en información catastral), ello obedece a que, además de no tener más de doce años de operaciones y haberse creado ya automatizado, la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI, en el marco de los procesos de formalización que ejecuta, ha generado una muy importante base de información catastral, que precisamente es la que el Registro Predial Urbano viene utilizando para la evaluación de sus inscripciones

En el caso del Registro de Bienes Muebles, dada la flagrante imperfección de nuestro sistema de garantía prendarias, en las que se inscriben contratos y no bienes propiamente dichos, parecería que es mucho más fácil que se generen duplicidades. Así, por ejemplo, en el caso de los contratos prendarios industriales, ellos se registran en la Oficina donde se encuentra la maquinaria. Sin embargo, al ser la maquinaria un bien mueble (en principio sujeto de traslado de un lugar a otro), podría llevarse la maquinaria que se encontraba en la provincia de Lima a la ciudad de Trujillo, inclusive con el consentimiento del Acreedor, e inscribir en la Oficina Registral de esta última ciudad, una prenda que ya se encontraba registrada en la Oficina Registral de Lima y Callao; claro está, añadiendo que el bien se encuentra ubicado en Trujillo. El problema de duplicidad surgiría si es que no se ha cancelado previamente el contrato registrado en la Oficina de Lima y Callao; y en este caso no podría utilizarse el criterio de la partida más antigua puesto que el contrato que debería de permanecer vigente sería el que se registró en segundo lugar. En tal sentido, si bien el caso comentado no se trataría propiamente de una duplicidad en sentido estricto (dado que existe una pequeña diferencia entre los dos contratos), deben preverse normas que solucionen esta situación, a través de la interconexión de todas las Oficinas Registrales a nivel nacional. Naturalmente, una solución más integral pasaría por poner en funcionamiento de manera real y efectiva el Registro de Bienes Muebles a que se refieren los artículos 2043º a 2045º del Código Civil. En dicho Registro, respecto al cual aún no se ha expedido la ley que complemente y desarrolle el marco general previsto en el Código Sustantivo, deberían inscribirse todos los bienes muebles identificables y, obviamente, las inscripciones secundarias de prendas con entrega jurídica previstas en el artículo 1059º del Código Civil, dejando atrás el inconexo sistema de numerosas prendas especiales destinadas a distintas actividades (agrícola, minera, industrial, global y flotante, etc.) que se basa en la inscripción de contratos y no de bienes.

6.- En el mismo Registro de Bienes Muebles, existen problemas de duplicidad en forma reiterada en el Registro de la Propiedad Vehicular. Ello se origina en la naturaleza de un registro de información administrativa que éste tenía hasta el año 1997, año hasta el cual funcionó en el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción. Es recién con su incorporación al Sistema Nacional de los Registros Públicos en que se le viene dotando de las características propias de un registro jurídico (calificación registral, intangibilidad de las inscripciones, partida registral, etc.). Sin embargo, existe mucha información sobre inmatriculaciones o inscripciones de vehículos que se encuentra aún “extraviada”, lo que puede dar lugar, fácilmente, a una duplicidad de inmatriculaciones.

7.- En los casos del Registro de Personas Jurídicas se puede incurrir en duplicidad por no tener un eficiente Índice de las mismas (relación organizada por nombres de cada una de las personas jurídicas) que determine que los asientos de inscripción correspondientes a la misma persona jurídica se encuentren inscritos en dos o más partidas registrales independientes entre sí.

Donde si es necesario efectuar una precisión, es respecto al Registro de Personas Naturales. Este Registro agrupa al Registro de Testamentos, Registro de Sucesiones Intestadas, Registro de Mandatos y Poderes, Registro Personal y Registro de Comerciantes, conforme al artículo 2º de la Ley Nº 26366. Sin embargo, a diferencia de los demás Registros, sí será posible que se encuentren partidas independientes en cada uno de los Registros que lo conforman, que corresponda a la misma persona, sin que se trate de duplicidad de inscripciones. Para este Registro, el artículo IV del Título Preliminar del NRGRP ha previsto de manera diferente el Principio de Especialidad, al precisarse que “En el caso del Registro de Personas Naturales, en cada Registro que lo integra, se abrirá una sola partida por cada persona natural”. De este modo, en el Registro de Testamentos podrá constar la inscripción del testamento otorgado por Enrique Becerra Medina; en el Registro de Mandatos y Poderes, un poder otorgado por la misma persona; en el Registro Personal, el divorcio del mismo Enrique Becerra Medina, sin que nos encontremos frente a una duplicidad de inscripciones. Contrariamente, sí ocurrirá una duplicidad de inscripciones, cuando dentro del mismo Registro Específico se abra más de una partida registral para p.ej. la Sucesión Intestada de Enrique Becerra Medina.

8.- Finalmente, aunque resulte casi evidente decirlo, la existencia de duplicidad de inscripciones constituye una grave distorsión que afecta la aplicación de todos los Principios Registrales que constituyen requisitos o efectos de las inscripciones. ¿De qué legitimación puede hablarse, si el mismo Registro publicita como titular de un mismo inmueble a dos personas diferentes, al mismo tiempo? ¿cómo acogerse al Principio de Fe Pública Registral si, aunque se alegue no conocer la duplicidad de inscripciones, existe la presunción absoluta de conocimiento de todos los asientos de inscripción (artículo 2012º del Código Civil)? ¿servirá de algo el Tracto Sucesivo, cuando el titular dominial de un bien no lo es en otra partida registral? Ello nos lleva a afirmar que un Sistema Registral Inmobiliario que no se encuentra libre de duplicidades (o cuando menos que reduce al mínimo la posibilidad de su ocurrencia), no garantiza de manera aceptable la seguridad jurídica requerida para merecer la confianza de los administrados. Roca Sastre, comparte nuestra apreciación cuando afirma que: “Esta irregularidad constituye una grave deficiencia del Sistema de Registro de la Propiedad Inmueble, pero que en España, debido a varias causas, la principal de las cuales es la falta de un buen Catastro, es demasiado frecuente, sembrando la confusión en los libros hipotecarios, poniendo en entredicho la fe pública registral y demás garantías sustanciales del sistema y redundando en descrédito del Registro”(168).


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