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con sus diferencias. Para dar mayor contenido a esta noción (como a la de equidad horizontal) se utilizan normalmente dos

criterios: el del beneficio y el de la capacidad de pago. Con los mismos se pretende establecer una norma que consiga un

reparto justo de la carga tributaria entre los miembros de una comunidad.

El “criterio del beneficio” plantea un intercambio igual entre el ciudadano y el Estado. El contribuyente debe pagar en

impuestos una cantidad equivalente a los beneficios que recibe del gasto público. Se establece, por tanto, una relación de

intercambio o de “cuasi mercado” entre el sector público y los contribuyentes. Este criterio incorpora argumentos de

racionalidad económica. Aplicándolo a la distribución de los impuestos entre las personas se logra una buena aproximación

entre lo que se está dispuesto a pagar por un bien o servicio público y su coste, mejorándose el bienestar y racionando los

recursos. Es la lógica del precio público y de ciertos tributos, fundamentalmente tasas y contribuciones especiales que tienen

un aplicación muy intensa en el ámbito de la hacienda municipal.

Sin embargo, la noción de equidad impositiva de este criterio del beneficio impide que el sistema tributario tenga un objeto

redistribuidor, o, tan siquiera, de distribución proporcional de los impuestos según la renta, por ejemplo. En este sentido, no

es un criterio que se use mucho más que en los casos indicados al final del párrafo anterior. De otro lado, el criterio del

beneficio sólo puede aplicarse si se identifica a los beneficiarios de la intervención pública y se les asigna una valoración de

lo que obtienen de la misma, lo cual es muy difícil, o imposible, en buena parte de los servicios públicos por su propia

naturaleza colectiva.

El criterio de la capacidad de pago supone que la carga fiscal debe recaer con mayor intensidad y proporción en los grupos

sociales de rentas altas que no en los de rentas bajas, incorporando, pues, elementos redistributivos a través de la noción

de progresividad. La medida de la capacidad de pago, por otro lado, se ve aproximada, tradicionalmente, con tres índices:

la renta, el patrimonio y el consumo. Éstas son las fuentes de recaudación más importantes, aunque en realidad se utilice

una mayor variedad de figuras impositivas.

Por otra parte, el grado de Equidad Horizontal y también el nivel de fraude fiscal son dos factores que influyen

considerablemente en la progresividad impositiva y en los efectos de ésta sobre la redistribución de la renta. La aparente

sencillez de la Equidad Horizontal es engañosa, ya que, por ejemplo, un tratamiento fiscal diferenciado de distintas clases de

renta, del trabajo y capital, puede debilitar la igualdad de los iguales en términos de renta obtenida e impuesto pagado, a la

vez que distorsiona seriamente la pauta de progresividad. De todas maneras, cabe tener en cuenta en la Equidad Horizontal

discriminaciones positivas en el tratamiento fiscal de las diferentes rentas, como pueden ser, en el caso que nos ocupa del

ámbito urbanístico, las que proceden de una inversión o las que surgen simplemente de una operación especulativa. Es decir,

si queremos que los impuestos tengan unos resultados operativos en la redistribución de las rentas no pueden ser tratadas

igualmente aquellas con una repercusión directa sobre el incremento del PIB con las que únicamente generan un aumento

de la masa monetaria, por haberse generado una renta (plusvalía) sin ninguna correspondencia en el aumento de los bienes

y servicios disponibles en el sistema económico.

El fraude fiscal es otra causa real de inequidad horizontal, ya que quiebra la justicia del sistema. Además, la falta de

recaudación que la evasión fiscal ocasiona significa tipos impositivos más elevados sobre quienes pagan los impuestos, con

los efectos de ineficiencia correspondientes y una redistribución peculiar desde quienes contribuyen honradamente hacia los

que defraudan. 

Los impuestos y la financiación territorial del Estado

En la práctica, en un Estado existen distintos niveles territoriales de gobierno que deben financiarse adecuadamente. Se

podría pensar, inicialmente, en centralizar la recaudación y posteriormente cederla a los diversos niveles de gobierno por

medio de transferencias. Es cierto que las subvenciones tienen importancia en la financiación territorial del Estado, pero basar

el sistema principalmente en las subvenciones plantea el problema de que las diversas administraciones territoriales cuentan

con el poder de gastar sin la responsabilidad de recaudar, lo que conduce, inevitablemente, a un gasto excesivo y al

endeudamiento. La responsabilidad de la financiación del gasto debe recaer, al menos en buena parte, en quien gasta, ya

que cualquier control del gasto es imposible e ineficiente sin el coste político, frente al electorado, de financiarlo.

La dificultad del tema radica en que no existen suficientes fuentes impositivas, con capacidad recaudatoria fuerte, como para

repartir los impuestos entre los diversos niveles de gobierno, de forma que cada nivel tenga sus propios tributos. Se hace,

necesario, por tanto, compartir los impuestos que tienen capacidad recaudatoria con una participación coordinada que evite

cargas excesivas y un mal funcionamiento del sistema.

¿Qué impuestos se pueden descentralizar?

Un criterio esencial para que un impuesto pueda usarse descentralizadamente, dentro de una jurisdicción política más

amplia, es que no produzca barreras o discriminaciones fiscales, ni repercuta esencialmente en otros territorios de la misma

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Proyecto Común de URB-AL



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