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jurisdicción. De esta manera se cumple el requisito de eficiencia económica: evitar que la tributación cambie el

comportamiento de los agentes y genere, por tanto, movimientos de factores económicos (del más móvil, el capital) o de

actividades como la producción o el consumo. 

Se intenta, por un lado, impedir que las cargas fiscales de un territorio se exporten a otros, directa o indirectamente, y, al

mismo tiempo, se pretende eliminar la posibilidad de competencia fiscal entre territorios. Esto último supone la utilización por

los gobiernos territoriales de las rebajas en los impuestos para atraer a su jurisdicción los factores más productivos, las

actividades más rentables o el consumo que se produciría en otros lugares. La competencia fiscal conduce a niveles de

tributación ineficientemente bajos, y, en definitiva, a que los factores más móviles soporten menor carga impositiva, con los

efectos contrarios a la equidad que ya hemos descrito.

Desde la perspectiva de la eficiencia un impuesto es descentralizable si las diferencias de su carga tributaria entre territorios

no conducen a alteraciones importantes del comportamiento económico. Esto explica que un factor inmóvil, como el suelo

y los edificios ya construidos, sea una buena base tributaria de la financiación municipal. Aunque la construcción de nuevos

edificios podría verse alterada por diferencias importantes en dicho impuesto en municipios próximos, parece claro que, en

general, los inmuebles son una fuente razonable de recaudación municipal. O que los precios públicos, las tasas y las

contribuciones especiales son, también, buenos instrumentos de financiación local, ya que su mayor, o menor, carga supone

un nivel mayor, o menor, de servicios públicos. 

La dificultad a la que se enfrentan las haciendas locales con estos instrumentos de financiación es que su capacidad

recaudatoria es limitada. El uso de los precios públicos, o de tributos como la tasa y la contribución especial, queda

restringido por razones de equidad, fundamentalmente, o a causa de que se intente proporcionar servicios a bajo precio para

combatir efectos externos negativos. Un ejemplo de esto último es el del transporte municipal, con tarifas reducidas para

contrarrestar los efectos indeseables de tráfico privado. También el impuesto inmobiliario plantea determinados problemas

de equidad, si se pretende que sea una fuente recaudatoria vigorosa : las rentas bajas gastan una mayor proporción de su

renta en la vivienda que las altas, por lo que el impuesto tiende a ser regresivo. Al mismo tiempo, el valor de una vivienda no

está necesariamente bien relacionado con la renta actual de su usuario, ya que puede haber subido por razones urbanísticas,

por ejemplo, o reflejar una renta anterior más alta, dada la duración de la propiedad inmueble.

Las particularidades de las Haciendas Locales

Los ayuntamientos o municipalidades han de hacer frente a una expansión continua de las ciudades, no ligada siempre ni al

crecimiento económico ni al demográfico. De otro lado, las necesidades financieras derivadas de ésta tienen una doble

vertiente: la del mantenimiento, revisión y modernización de lo existente y la construcción de las infraestructuras que han de

acoger lo nuevo. Sin embargo, el problema de la financiación de las Haciendas Locales es un problema todavía no resuelto.

La discusión sobre un modelo descentralizado, o dependiente del sistema fiscal general del Estado, continúa pendiente.

Conscientes de la importancia que una suficiencia financiera tiene en la vida de los ayuntamientos para poder obtener, desde

la propia perspectiva fiscal, unos resultados positivos en la redistribución de la renta en general de la urbana en particular,

detallamos a continuación algunos de los principales problemas que históricamente han venido afectando a nuestros

ayuntamientos o municipalidades y que todavía en la actualidad continúan persistiendo:

1) Poca autonomía financiera y de gestión. La falta de una amplia autonomía en estas dos dimensiones imposibilita una

mayor independencia política y económica de los ayuntamientos. Este principio se traduce en la capacidad o no de los

gobiernos locales de de gobernar sus respectivas haciendas. Ello involucra a las mismas Haciendas Locales en el proceso

de obtención y uso de los recursos financieros y permite incidir en la determinación del volumen y en la libre organización

de sus gastos corrientes y de inversión.

2) Bajo nivel de suficiencia financiera. La autonomía de gestión no puede conseguirse, en buena parte, por la escasa

suficiencia financiera. Esta enmarca las posibilidades reales de la autonomía local, ya que sin medios económicos

suficientes, el principio de autonomía no deja de ser una simple declaración formal. Ocurre, en muchas ocasiones, que

los sistemas tributarios municipales son muy inelásticos, es decir están apoyados sobre unas figuras tributarias (por

ejemplo, inmuebles) muy rígidas, que si es cierto dan cierta estabilidad en la obtención de los ingresos no permiten su

adaptación a momentos del ciclo económico donde hay necesidad de una mayor inversión pública local.

3)  Dispersión de figuras tributarias. Un tercer problema es el excesivo número de figuras tributarias, principalmente por lo

que hace referencia a las tasas, que recordamos, una vez más, no tienen la capacidad redistributiva de los impuestos.

Esta excesiva proliferación responde, por una parte, a la inelasticidad de los ingresos municipales ya comentada en el

punto anterior. Por otra parte la multiplicidad de figuras tributarias es también consecuencia del hecho que, con el tiempo,

y para resolver los momentos más críticos de liquidez, van aplicando figuras impositivas nuevas que no responden a un

proyecto sistemático y global. Los efectos de un número excesivo de tributos se traduce en unos mayores costos de

gestión, liquidación y recaudación.  

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I

NSTRUMENTOS DE

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EDISTRIBUCIÓN DE LA

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U

RBANA



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