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infraestructura urbana y proporcionar una seguridad del título sobre la tierra a sus ocupantes; reconocer los títulos de

propiedad u otros derechos de ocupación.

En los años 70 los organismos internacionales, en especial el Banco Mundial y el BID a través del financiamiento de los

programas, y las Naciones Unidas a través de campañas que sostienen hasta hoy, comienzan de manera sistemática a influir

en los gobiernos para la aplicación de programas de regularización, en el marco por una parte de las políticas mundiales de

lucha contra la pobreza y por otra del buen funcionamiento de las ciudades en un contexto de urbanización acelerada. 

La Campaña Mundial por Tenencia Segura, de 1999, adoptada por el Programa de Naciones Unidas sobre los

Asentamientos Humanos de las Naciones Unidas (UN-HABITAT), Nairobi 2003, esta considerada como un instrumento

diseñado para promover formas seguras de tenencia para las poblaciones más pobres, que viven en asentamientos

precarios e informales. A través de la aplicación de esta campaña se promueve la negociación con los ocupantes como

alternativa para evitar al desalojo forzoso, y el uso de sistemas innovadores de tenencia para minimizar el desplazamiento

por las fuerzas del mercado.

Los procesos de regularización de la tenencia de la tierra es uno de los bloques obligados cuando se trata de abordar la

generación de plusvalías urbanas y la redistribución de la renta urbana . A pesar que la ocupación irregular tiene su base en

la incapacidad del sector público de abrir mecanismos de acceso al suelo para los más pobres, la posterior regularización

de la tenencia y la dotación de infraestructura por parte de éste entrega a sectores económicamente desfavorecidos un

capital valorizado con fondos públicos y valoriza (o da valor a) las inversiones realizadas por las familias. 

Por otra parte, aportes de informes y estudios más completos y detallados como los realizados para CEPAL, Chile, 2003,

por Nora Clichevsky (12), sostienen que en los programas ejecutados en las últimas décadas, revelan que la regularización

de la propiedad del suelo es un proceso costoso y engorroso. Señalan que no se ha logrado recuperar los costos en la forma

proyectada por los organismos de financiamiento, lo cual ha afectado negativamente su replicabilidad y sustentabilidad, y

que finalmente los impactos de los proyectos de lotes y servicios sobre la reforma institucional y política de los países fueron

mínimos o inexistentes.

La pertinencia de considerar los programas de regularización de la tenencia de la tierra, como instrumentos que redistribuyen

las rentas urbanas, es amplia y también puede ser discutida. Hernando de Soto (13) ha sostenido, y aplicado en muchos

lugares, el principio que la apropiación individual de la tierra permite a las familias pobres hacerse de un capital que les facilita

las opciones para acceder a los sistemas crediticios y por esto se incorpora al mercado un nuevo capital. Sin embargo,

muchos algunos sostienen que esto no ha sucedido, que los sectores pobres no hipotecan su propiedad y que la solicitud

de créditos en estos sectores, en el período posterior a las regularizaciones de la tenencia no ha aumentado.

Sin embargo la mayor justificación para mantener los programas de regularización de la tenencia sigue siendo su carácter

de instrumento fundamental de lucha contra la pobreza urbana, a través de los cuales suelo urbano valorizado les es

accesible. La escasez de tierra urbanizada o urbanizable, producto en parte de la concentración de la propiedad y de la

carencia de mecanismos reguladores de la especulación inmobiliaria, conduce a un aumento constante de los precios de los

terrenos lo que dificulta cada vez más la localización de viviendas de bajo monto, acrecentando los procesos de urbanización

periférica o la localización de los más pobres en terrenos no urbanizados o no urbanizables, y demostrándose que la

especulación inmobiliaria constituye un factor más de pobreza e inequidad.

Es reconocido que cada vez más es el mercado quien regula los procesos de crecimiento y desarrollo urbano, especialmente

en los países en desarrollo, y que las acciones públicas, no han sido en general, capaces de contrarrestar las tendencias

que dejan a los más pobres fuera del juego del mercado del suelo. En este contexto la búsqueda de mecanismos de acceso

al suelo y entre ellos los programa de regularización mantienen su vigencia (14)

En el contexto de este análisis no es posible dejar de destacar y subrayar que los procesos de expulsión y erradicación

representan, en el campo de las acciones urbanas, las respuestas menos equitativas de integración de los pobres al

desarrollo urbano, donde aquellos que no son capaces de responder a las exigencias del mercado son recluidos a aquellos

lugares de bajo interés inmobiliario. Muchas veces la contraparte pública de estas acciones se hace parte de una política de

apoyo a los sectores mas concentrados del capital inmobiliario y financiero. Conjuntamente, algunos análisis concluyen que

la regularización no disminuye la pobreza y por consiguiente no inciden medularmente en la promoción de la justicia social,

pues son acciones de compensación no dirigidas a eliminar la causa del problema. 

Una respuesta interesante son las ZEIS (Zonas de Especial Interés Social, ver la ficha 33a), donde varias jurisdicciones

brasileñas implementaron un instrumento, con relativo éxito, que permitiera facilitar la regularización de asentamientos

informales existentes y diseñar áreas para ocupación popular. Aparte de ser un conveniente instrumento que incrementa el

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