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poder de negociación sobre el uso de suelo de las entidades públicas con agentes privados, estas zonas efectivamente

impactan los precios a la baja, en la medida en que generan expectativas del mercado en relación a la oferta de tierras para

uso residencial de la población de bajos ingresos (Clichevsky, 2003).

Otro ejemplo de instrumento de control de la especulación inmobiliaria es el Impuesto Predial Progresivo (Ver Ficha código

34), el cual se basa en la aplicación de un impuesto a los terrenos urbanos desocupados o subutilizados. A través de este

mecanismo se puede establecer un plazo para la parcelación o la construcción de las áreas desocupadas o sub-utilizadas

y evitar el uso especulativo del suelo urbano. Algunas legislaciones establecen que el propietario que no cumpla con el plazo

para la parcelación o la construcción de las áreas desocupadas o sub-utilizadas, podrá ser penalizado con la aplicación

progresiva del impuesto predial urbano y tendrá un nuevo plazo. Cuando este plazo finalice, si el terreno todavía estuviere

desocupado u ocioso, podrá ser expropiado y pagado con títulos de la deuda pública de largo plazo

Otro caso es la Ley N.9/89 en Colombia (Ver Ficha código 39), que para favorecer a los sectores de menores recursos

instrumenta bancos de tierra, establece los instrumentos financieros para la reforma urbana y la extinción de dominio sobre

aquellos inmuebles que no cumplen una función social. (Clichevsky, 2003). Estos últimos en toda Latinoamérica,

especialmente cuando son tierras baldías con buena accesibilidad y dotación de servicios, si entraran al mercado ampliarían

la oferta de suelos, con posibles efectos inmediatos sobre los precios vigentes de los predios si se implementasen políticas

de gestión de tierra coherentes.

También las políticas tributarias pueden llegar a provocar la expulsión de población, al no contar con criterios de equidad

social. Por ejemplo, al este de la ciudad Bogotá, los impuestos de valorización –utilizados para captar los aumentos del valor

de suelo resultantes de un proyecto de desarrollo ejecutado en los años ochenta– amenazaron con provocar la expulsión de

la misma población que el gobierno estaba supuestamente ayudando con el proyecto (Clichevsky, 2003).

En la ciudad de Rosario Argentina (ver Ficha código 32) se han llevado a cabo acciones cuyos objetivos han sido reducir la

informalidad urbana a fin de alcanzar la integración social de la población de bajos ingresos a la estructura social y a la

estructura urbana formal, para posibilitar la producción de viviendas populares y el acceso a un hábitat digno a la población

de menores ingresos. El programa consiste en la construcción de infraestructura básica, el ordenamiento del loteo, la

legalización de la propiedad y la dotación de equipamientos básicos (salud, social, educación) para la consolidación física y

legal de barrios de origen “ilegal”. En algunos casos se incluye financiamiento para la mejora de las viviendas existentes o

para autoconstrucción. 

Se considera que la experiencia de Rosario en el mejoramiento de hábitat y regularización, promueven la redistribución de

rentas a incidir en el acceso al suelo urbanizado para familias de escasos recursos. Para dar respuesta a un mercado único

y regulado de la tierra, no separado, en términos de acceso y capacidad de adquisición. Dando respuesta a un mercado

único y segmentado de la tierra, en términos de acceso y capacidad de adquisición.

Otro instrumento a destacar es aquel que promueve la redistribución en la venta de lotes a precio social, y que busca facilitar

el acceso a lotes para vivienda familiar a sectores humildes creando un régimen especial sobre predios que ingresan al dominio

privado del Estado (ver ficha código 33b). La legislación autoriza al Poder Ejecutivo a disponer la venta de los inmuebles del

dominio privado del Estado cuya condición es que éstos pueden ser vendidos únicamente a grupos familiares que no posean

otros bienes y que no se hayan beneficiado con otros programas de vivienda. El precio de venta se establece por valuación

de los órganos que establece la legislación vigente para el Estado, actualmente el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

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Proyecto Común de URB-AL



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