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Kosik, Malena Beatriz y otros s/ inf ley 24. 769

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Poder Judicial de la Nación

2010 - Año del Bicentenario

Causa nro. 1168, caratulada: “KOSIK, Malena Beatriz y otros s/ inf. ley 24.769"


En la ciudad autónoma de Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de abril de dos mil diez, los integrantes del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2 de Capital Federal, Dres. César Osiris LEMOS, Claudio Javier GUTIÉRREZ de la CÁRCOVA, y Luis Gustavo LOSADA, bajo la presidencia del primero de los nombrados, asistidos por la Secretaria, Dra. María Alejandra SMITH, se encuentran reunidos a fin de dar a conocimiento los fundamentos de hecho y de derecho del fallo reg. 9-S/2010 en la causa nro. 1168, caratulada “KOSIK, Malena Beatriz y otros s/ inf. Ley 24769”, respecto a:

1) ALBERTO JORGE SILVEIRA titular de la LE nro. 04.580.319 y de la CI nro. 04.912.951, argentino, nacido el 16 de marzo de 1941 en la localidad de San Fernando, Provincia de Buenos Aires, hijo de Alberto Julio Antonio y de Delicia Julieta Martinelli, jubilado, casado en segundas nupcias con Malena B. KOSIK, Licenciado en Recursos Humanos, con domicilio constituido en Paraná 557, piso 8°, dpto. “E” de esta ciudad y domicilio real en Provincia de Buenos Aires 658, Tortuguitas, provincia de Buenos Aires.

2) HECTOR RICARDO GRANATTA titular del DNI nro. 04.305.695 y de la CI nro. 04.758.212, argentino, nacido el 17 de febrero de 1940 en Capital Federal, hijo de Agustin y de Teresa Testori, comerciante, casado, con estudios secundarios, con domicilio constituido en la sede de la Defensoría Oficial nro. 2 antes los Tribunales Orales en lo Penal Económico y con domicilio real en Baigoria 3827 de esta ciudad.

3) MALENA BEATRIZ KOSIK titular del D.N.I. nro.11.565.617, argentina, nacida el 19 de enero de 1954, en Munro, Partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires, hija de Juan KOSIK y de María Kupava, casada con Alberto SILVEIRA, con estudios secundarios completos, con domicilio constituido en Paraná 557, piso 8°, dpto. “E” de esta ciudad y domicilio real en Provincia de Buenos Aires 658, Tortuguitas, provincia de Buenos Aires.

4) SILVANA LUCIA TIRABORELLI, titular del DNI 11.564.555 y de la CI 13.288.205, argentina, nacida el 23 de enero de 1955 en San Isidro, Provincia de Buenos Aires, astróloga, hija de Ana Santini y de José TIRABORELLI, de estado civil divorciada, con domicilio constituido en Lavalle1646, piso 5, dpto. “D” y domicilio real en Marconi 841, Becker, Provincia de Buenos Aires.

Intervinieron en el presente proceso, en representación de la querellante AFIP–DGI, como apoderada, la Dra. María Luján RODRIGUEZ OLIVA con el patrocinio legal del Dr. Fernando BILLER; en representación del Ministerio Público, el Fiscal General ante los Tribunales Orales Dr. Mariano H. BORINSKY y la Fiscal ante los Juzgados de Instrucción Dr. María Luz RIVAS DIEZ; a cargo de la defensa de los imputados KOSIK y SILVEIRA, las Dras. Gabriela LANATA y Karina BLANCO; a cargo de la defensa de la imputada TIRABORELLI, los Dres. Héctor Daniel MAZZA y María Cecilia MARTINEZ; a cargo de la defensa del imputado GRANATTA, los Dres. Patricia GARNERO y Nicolás RAMAYON.

De cuyas constancias,


RESULTA:

Que, a fs. 2796/2811 la Sra. Fiscal ante la instrucción Dra. María Luz RIVAS DIEZ, formuló requerimiento de elevación a juicio de la presente causa por considerar a Beatriz Malena KOSIK penalmente responsable, en calidad de co autora (art. 45CP, 12 de la ley 23.771 y 14 de la ley 24.769) de los delitos que se detallan: A) arts. 2° inc. a), en función del art. 1°, de la ley 23.771 (con la reforma introducida por la ley 24.587) en cuanto a la evasión impositiva del Impuesto al Valor Agregado originada en indebidos diferimientos impositivos, correspondiente al período 1996 ; B) art. 1° de la ley 24.769 respecto del Impuesto a las Ganancias del período 1999; C) arts. 1° y 2° incs. a) y c) de la ley 24.769 respecto del impuesto al Valor Agregado para los períodos 1997 y 1998 al igual que por diferimentos fiscales de ambos períodos, y, D) arts. 1° y 2° inc. a) en orden al Impuesto a las Ganancias ejercicio 1997 y diferimentos fiscales e Impuesto a las Ganancias del ejercicio 1998.

Asimismo, a fs. 3978/4005 se encuentra agregado el requerimiento de elevación a juicio, en el cual la referida representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la elevación a juicio de los imputados Alberto Jorge SILVEIRA y Héctor Ricardo GRANATTA, por considerarlos co-autores (arts. 45 del Código Penal, 12 de la ley 23.771 y 14 de la ley 24.769), de los mismos delitos y por los mismos hechos que fue requerida la elevación a juicio de la imputada Malena Beatriz KOSIK.

Por último, a fs. 5323/5352 se encuentra agregado el requerimiento fiscal por el cual se solicita la elevación de las presentes actuaciones respecto a la imputada Lucía Silvana TIRABORELLI, en calidad de co autora (arts. 45 del Código Penal, 12 de la ley 23.771 y 14 de la ley 24.769), de los delitos y por los hechos que fuera requerida la elevación a juicio de sus consortes de causa.

Que, en las presentes actuaciones, de acuerdo al citado requerimiento de elevación a juicio, se les imputa a Beatriz Malena KOSIK, Héctor Ricardo GRANATTA, Alberto Jorge SILVEIRA, y Lucía Silvana TIRABORELLI haber tomado parte en las maniobras de evasión de los IMPUESTOS al VALOR AGREGADO y a las GANANCIAS durante los períodos fiscales 1996, 1997, 1998 y 1999, correspondientes a una serie de empresas que respondían a la denominación de “Grupo Multiser”.

Que, siempre según lo relatado en el citado requerimiento de elevación a juicio, el “Grupo Multiser”, cuya actividad originara las obligaciones impositivas que conformaron el perjuicio fiscal derivado de los presuntos delitos objeto de este proceso, estaba integrado por las siguentes empresas:

SAVE COMPUTACION S.R.L. (CUIT30-62539964-1)

10 SERVICIOS EMPRESARIOS S.A. (CUIT 30-58617445-9)

DESILTTA S.A. (CUIT 30-59682002-2)

TECNOBRA S.A.(CUIT 30-67882858-7)

DEVELOP S.A. (CUIT 30-61290550-5)

PULISER S.A. (CUIT 30-61207859-5)

TIEMPO EMPRESARIO S.A. (CUIT 30-64022121-5)

PAPELMATIC DE ARGENTINA S.A. (CUIT 30-69771190-9)

ASAGROL S.A. (CUIT 30-60096105-5)

CIBUS SOURCES S.A. (ex SRL.) (CUIT30-68748397-5)

AGRICOLA SANTA ISABEL S.A. (CUIT 30-68168649-1)

FORK Y EXPRESS S.A. (CUIT 33-66185923-9)

OLICI S.A. (ex HELKET S.A.) (CUIT 30-69315099-6)

Según la Sra. Fiscal de Instrucción, el ardid o engaño que posibilitó las evasiones impositivas presentó diversas facetas: a) Utilización de facturas supuestamente apócrifas que fueron contabilizadas en los respectivos libros para aparentar una situación económica real, con esto se efectuaron: 1) cómputo en exceso de créditos fiscales en el IVA tendiente a evadir el mismo, 2) cómputo de gastos inexistentes para disminuir la base imponible y evadir el correspondiente pago en el impuesto a las ganancias y 3) facturación de servicios entre las empresas del mismo grupo que no habrían sido prestados, y b) Simulación de inversiones de capital en las sociedades comprendidas en el régimen de Promoción Industrial en la Provincia de San Juan a través de las empresas “Agricola Santa Isabel”, “Helket u Olici”, “Cibus Sources” y “Asagrol” cuando en realidad los importes de dinero invertidos eran retirados por las mismas empresas inversoras o por personal del mismo grupo de empresas mediante cheques. Por ello, los fondos presuntamente invertidos no fueron destinados a la efectiva ejecución de los proyectos de promoción industrial en la provincia de San Juan que habilitaba la promoción industrial, logrando de esta forma el diferimiento de impuestos al IVA y Ganancias de acuerdo al pormenorizado detalle obrante en el Anexo III, cuerpos I y II identificados como “diferimientos impositivos”.

De acuerdo al citado requerimiento, algunos ajustes impositivos derivados de tal accionar y que reclamados por el ente fiscalizador fueron conformados, situación que eximió de la necesidad de realizar el procedimiento de determinación de oficio que exige la ley 11.683 con sus modificaciones. También, otros conceptos no requirieron de tal procedimiento de determinación, por lo cual su cálculo no se derivó de él (caso de los diferimientos impositivos pues se aplica el art. 14 de la ley 11.683 t.o.). Por último, respecto a otros, se efectuó la determinación de oficio de las obligaciones tributarias que impugnaron las declaraciones juradas presentadas ante la D.G.I. por diversas firmas del “Grupo Multiser” (ver Resoluciones por IVA y Ganancias, emanadas de la DVRR II Centro nros. 183, 184, 185, 186, 187, 188, 196, 197, 198, 199, 200, 201, todas del año 2001).

Que, ante la información recopilada por la D.G.I. y ante la sospecha acerca de presuntos ilícitos, se llevaron a cabo allanamientos donde se secuestró documentación de interés. Asimismo, se incorporaron diversos informes presentados por la AFIP/DGI quien a su vez adjuntó anexos con documentación, informes y resoluciones de determinación de oficio de obligaciones impositivas.

Que, de acuerdo a lo sostenido por la Sra. Fiscal de Instrucción, los imputados en la causa operaron a través de distintas empresas -TECNOBRA S.A., SAVE COMPUTACIÓN SRL, DEVELOP S.A., DESILTTA S.A., 10 SERVICIOS EMPRESARIOS SRL, PULISER S.A., TIEMPO EMPRESARIO SA- que tenían como objeto principal la prestación de servicios en los rubros de personal temporario, limpieza y seguridad, actividades que se caracterizan por generar un gran valor agregado (débito fiscal) al utilizar mano de obra intensiva ya que la masa salarial no genera crédito fiscal. En este sentido, continuó diciendo, que se efectuó la maniobra de que algunas empresas del grupo le facturaran a otras del mismo grupo, por servicios que en realidad no se brindaron, generando de esta manera un importante valor agregado que repercute en forma directa en el saldo del IVA que corresponde ingresar al fisco. De esta manera las sociedades que integraban los imputados recurrieron al ardid de exhibir al organismo fiscalizador y contabilizar en sus libros, facturas apócrifas con miras a aparentar erogaciones inexistentes.

Que, asimismo, la Sra. Fiscal de Instrucción estimó que, se simularon inversiones en empresas promovidas que también integraban el grupo de empresas investigado. Ello, para beneficiarse del denominado “diferimiento impositivo” regulado por la ley 22.021 con la reforma de la ley 22.702. Las empresas “PULISER SA”, “TIEMPO EMPRESARIO SA”, “DESILTTA SA”, “SAVE COMPUTACIÓN SRL” difirieron el pago del IVA y del impuesto a las ganancias en los períodos 1996 a 1998 por montos significativos, alegando supuestas inversiones en las empresas promovidas de la provincia de San Juan “AGRÍCOLA SANTA ISABEL SA”, “HELKETT SA/OLICI SA”, “ASAGROL SA” Y “CIBUS SOURCES SA”. Las inversiones no fueron efectuadas recurriendo al ardid de realizar depósitos en cuentas bancarias de las sociedades promovidas, pero en los hechos eran luego recuperados mediante cheques emitidos a la orden de personas físicas o de empresas del grupo de empresas.


I. CONCLUSIONES DE LAS PARTES DURANTE EL DEBATE

Alegato de la representante de la querella

Que, al efectuar su alegato la representante de la querella -AFIP DGI-, Dra. María Luján RODRIGUEZ OLIVA señaló que el presente juicio se instruyó contra Ricardo Héctor GRANATTA, Alberto Jorge SILVEIRA, Beatriz Malena KOSIK y Lucia Silvana TIRABORELLI por la comisión de los delitos previstos y reprimidos por el art. 2° en función del art. 1 de la ley 23771, arts. 1° y 2° incisos “a” y “c” de la ley 24769 por ostentar el carácter de responsables de las firmas cuestionada de las empresas que en este juicio pertenecen al grupo denominado “Multiser”. Dijo que las primeras actuaciones que dan origen a esta causa datan de unos primeros informes emitidos por la ex División Asuntos de Fiscalización operativa relativos a distintas empresas involucradas en autos y prestadoras de distintos servicios, en donde se habían detectado serias irregularidades que ameritaban a juicio de los inspectores actuantes de esa área una mayor profundización. Que en el transcurso del debate fueron oídos los inspectores CORNEJO, DISI, VITAS y HEREÑU quienes se expidieron en relación a ello dando cuenta en todos los casos que su informe era preliminar y derivado al área correspondiente para una mayor profundización. Que los informes preliminares pasaron a la División Fiscalización Externa nro. 7 en donde los inspectores LEMKIN y LISMAN emitieron sendos informes donde se aconsejaba judicializar la investigación con el fin de secuestrar la documentación y resguardar los indicios de los delitos presumiblemente cometidos. Señaló que durante el debate fue escuchado el contador LISMAN quien afirmó, que las empresas investigadas eran de servicios, circunstancia que impositivamente determinaba la existencia de un enorme debito fiscal en comparación con el crédito fiscal, la existencia de facturas apócrifas presumiblemente obtenidas para palear justamente la inexistencia de créditos fiscales, justificaciones de aportes irrevocables en empresas jurídicamente inexistentes y la emisión por parte de la empresa “Tiempo Empresario” de una enorme cantidad de facturas en concepto de prestación de servicios al resto de las empresas del grupo. El inspector mencionó que la investigación se centró en la existencia de distintas empresas vinculadas económicamente bajo la denominación común de “Grupo Multiser”. Que dicha vinculación pudo establecerse en razón de compartir todas ellas los mismos directores, los mismos domicilios fiscales, la misma operatoria intra empresas como así también con terceros proveedores, el mismo contador certificante de todos los balances. El contador hizo hincapié que de lo que se trataba era precisamente de descorrer el velo societario y, aplicando el principio de realidad económica, denotar la existencia de una sola empresa cuyo único objetivo había sido atomizar su actividad con el fin de pagar menos impuestos. Por su parte, el supervisor LEMKIN compartió los criterios expuestos al firmar juntamente los informes con el inspector LISMAN para finalmente derivarlos al área penal correspondiente. Que, llegadas las actuaciones a la Sección Penal Tributaria de la ex Región nro. 3 el jefe a cargo del área, Dr. FRATANTUONO considero procedente la interposición de una solicitud de medidas de urgencia en los términos del art. 21 de la ley penal tributaria, requiriendo al Juzgado la emisión de sendas órdenes de allanamiento en los distintos domicilios de que se daba cuenta la existencia de las firmas involucradas. Al prestar declaración Marcelo FRATANTUONO relató el origen de las actuaciones y dejó claro que en su área era el encargado de merituar la conveniencia de judicializar o no una cuestión en la que se presume la comisión de un delito. Que, finalizada la fiscalización a un contribuyente en tanto y en cuanto se superen las condiciones objetivas de punibilidad o los parámetros que cada una de las normas de la ley penal tributaria establece, se deriva a la Sección Penal Tributaria que corresponda a fin de merituar la interposición de una denuncia, la facultad del fisco de no denunciar o como en este caso la solicitud de una orden de allanamiento bajo los términos del art. 21 de la ley 24769. El testigo refirió que dada la magnitud de los montos presuntamente evadidos como la complejidad de la maniobra se presumía la comisión de un delito previsto en la ley penal tributaria. Que el allanamiento se solicitó con el fin de resguardar la documentación y así determinar en forma concreta el monto presuntamente evadido. Que en su declaración se expidió también en relación al allanamiento de fs. 59 del que formara parte en ejercicio de sus funciones indicando expresamente que la documentación secuestrada en presencia de testigos hábiles había sido franjada en presencia de todos los intervinientes y trasladada a la AFIP DGI. El testigo hizo mención al famoso “sistema telaraña”. Explicó que este término es más de fiscalización que jurídico y que se refería a la existencia de múltiples operaciones entre empresas con el único y exclusivo fin de disminuir su carga tributaria ante el Fisco. Que las operaciones entre empresas no constituyen per se un delito, pero sí lo son en la medida en que se corrobora que constituyen un ardid desplegado con el fin antedicho. Esta vinculación económica entre las distintas empresas del “Grupo Multiser” la sostiene el Fisco desde las preliminares investigaciones de la DAFO y la mantiene en el presente alegato. Dijo que corrida que fuera la vista al ministerio publico se requirió la instrucción y el juzgado hizo lugar al pedido de allanamiento emitiendo órdenes de registro domiciliario en los domicilios de Gualeguaychú 2027/41/43/47/59, Av. Rivadavia 1367 piso 2° oficina “E” y Sanabria 2015, con resultado positivo sólo en los dos primeros casos. Señaló que del debate surge que los allanamientos fueron llevados a cabo dentro del marco de legalidad que el código procesal impone. Estas conclusiones surgen tanto de las declaraciones de los oficiales de la P.F.A. VILLAMIL SIERRA, FERREYRA, SAWADY, MANCUSO, SALGADO, CALISANO, SALDIVAR, BARROS, el personal de la AFIP DGI que intervino en los mismos VOLPE, MARTINEZ, VENTRE, GALESI, ZEROMSKY y los testigos hábiles convocados a tal efecto ALVAREZ, COLINA, LIMARDO, SOSA, ZABALA. Señaló que todos ratificaron su intervención y pese a los años transcurridos en muchos casos pudieron relatar que se cumplió con todas las normas que rigen los artículos 224; 225 y 228 del CPP. Recalcó que solo se secuestro documentación en los domicilios de Rivadavia y Gualeguaychú, domicilios que constituyeron la sede central de actuación del “Grupo Multiser” hasta la fecha del cese y cierre de sus actividades. Que la documentación y el material informático secuestrado en los allanamientos, fue desintervenido por personal de la AFIP. Que toda vez que el tribunal había encomendado la determinación de la concreta deuda presuntamente evadida, el inspector CAVEGGIA bajo la supervisión del contador LEMKIN procedieron a realizar una minuciosa fiscalización resguardando las garantías constitucionales de los imputados toda vez que ya nos encontrábamos dentro de un proceso penal y no en una fiscalización ordinaria, circunstancia esta que fue erróneamente interpretada por el perito SCASERRA al emitir su informe. Por su parte el inspector CAVEGGIA se refirió a que el informe técnico presentado fue sobre la base de la documentación secuestrada en los allanamientos y la información requerida a terceros. Se refirió también a la maniobra relativa a “Tiempo Empresario” y dijo que los débitos fiscales producto de esa facturación y de la prueba arrimada a la causa se pudo constatar que llegó a un monto de $6.300.0000 solo para el periodo 1998 –la que multiplicada por una tasa del 21% da $ 1200000- que se difería impositivamente-. Dijo que según dichos del referido inspector la maniobra de “Tiempo Empresario” no terminaba ahí. La referida sociedad luego de presentar los Formularios 518 difiriendo impuestos emitía notas de crédito que anulaban esas ventas (y por ende esos débitos fiscales) y presentaba rectificativas de declaraciones juradas con montos de menor diferimiento pretendiendo justificar de este modo el retorno de capital. Lo cierto es que el crédito fiscal que las restantes empresas del grupo se habían tomado producto de estos servicios que confusamente pretendió explicar

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