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La convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad y su impacto en el ordenamiento jurídico españOL

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Por último, con respecto a la prestación por incapacidad permanente, en el nivel no contributivo, interesa destacar la modificación llevada a cabo por la Ley 8/2005, de 6 de junio, para compatibilizar las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva con el trabajo remunerado.162 Con la finalidad de favorecer la integración laboral de las personas con discapacidad que perciben prestaciones de la Seguridad Social de carácter asistencial, la Ley 8/2005 añade un segundo párrafo al art. 147 LGSS, conforme al cual se elimina la incompatibilidad entre la prestación y los ingresos derivados del trabajo durante los cuatro años siguientes al inicio de la actividad y hasta el límite del IPREM. A partir de dicho límite, la prestación se reduciría en una cantidad igual al 50% de la renta percibida por encima de tal cuantía.

b) La discapacidad y el acceso a la pensión de jubilación:

Como sabemos, para tener acceso a la pensión de jubilación han de acreditarse determinados requisitos. Entre ellos, haber alcanzado la edad ordinaria de jubilación que se sitúa en los 65 años de edad. No obstante lo anterior, partiendo del mayor esfuerzo y penosidad que podría implicar para un trabajador discapacitado la realización de una actividad profesional,163 el art. 161.1 bis LGSS prevé la posibilidad de jubilarse de forma anticipada, sin ver reducida la cuantía de su pensión. Ahora bien, atendiendo a su finalidad, dicho precepto no tiene alcance general, sino que se dirige a aquellos trabajadores con discapacidad grave; concretamente a aquellos que acrediten un grado de minusvalía superior o igual al 65%.

El art. 161.1 bis LGSS no fija una edad de acceso a la pensión de jubilación previa a los 65 años, sino que admite la posibilidad de que, por desarrollo reglamentario, se adelante el momento de retiro mediante la aplicación de coeficientes reductores. En desarrollo de dicho artículo, el RD 1539/2003 concreta dicha reducción tomando en consideración dos variables: a) la gravedad de la discapacidad y b) el tiempo durante el cual se han simultaneado la discapacidad y el desarrollo de la actividad. Así, cuando el trabajador con discapacidad acredite una minusvalía en grado igual o superior al 65% la edad de jubilación se reducirá en un período equivalente al que resulte de aplicar al tiempo efectivamente trabajado, con ese determinado grado de minusvalía, los siguientes coeficientes reductores:

  • 0,25, en los casos en que el trabajador tenga acreditado un grado de minusvalía igual o superior al 65%.

  • 0,50, en los casos en que el trabajador tenga acreditado un grado de minusvalía igual o superior al 65% y necesite de la ayuda de una 3ª persona para la realización de los actos esenciales de la vida ordinaria (art. 3 RD 1539/2003, de 5 de diciembre164).

Pues bien, esta posibilidad de adelantar el momento de retiro se caracteriza por lo siguiente: En primer lugar, la jubilación del trabajador con carácter previo al cumplimiento de los 65 años de edad no supondrá la reducción de la cuantía de su pensión. En segundo lugar, el período de tiempo en que resulte reducida la edad de jubilación del trabajador se computará como cotizado al objeto de determinar el porcentaje aplicable para calcular el importe de la prestación (art. art. 5 RD 1539/2003). No obstante lo anterior, la aplicación de tales coeficientes no dará ocasión a que el interesado pueda acceder a la pensión de jubilación con una edad inferior a la de 52 años, ni serán tenidos en cuenta a efectos de acreditar la edad exigida para acceder a la jubilación parcial (art. 161.1 bis LGSS).

Por otro lado, la Ley 40/2007 ha modificado el art. 161.1 bis LGSS al objeto de reconocer la posibilidad de jubilarse de forma anticipada a los trabajadores que acrediten una discapacidad igual o superior al 45%, siempre que se trate de discapacidades en las que concurran evidencias que determinen de forma generalizada y apreciable una reducción de la esperanza de vida.

MEDIDAS

1ª.- Es necesario garantizar que la legislación autonómica tome en consideración, en las ayudas ante situaciones de pobreza, el hecho diferencial que supone la discapacidad.













Por último, con respecto a la prestación por incapacidad permanente, en el nivel no contributivo, interesa destacar la modificación llevada a cabo por la Ley 8/2005, de 6 de junio, para compatibilizar las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva con el trabajo remunerado.165 Con la finalidad de favorecer la integración laboral de las personas con discapacidad que perciben prestaciones de la Seguridad Social de carácter asistencial, la Ley 8/2005 añade un segundo párrafo al art. 147 LGSS, conforme al cual se elimina la incompatibilidad entre la prestación y los ingresos derivados del trabajo durante los cuatro años siguientes al inicio de la actividad y hasta el límite del IPREM. A partir de dicho límite, la prestación se reduciría en una cantidad igual al 50% de la renta percibida por encima de tal cuantía.

b) La discapacidad y el acceso a la pensión de jubilación:

Como sabemos, para tener acceso a la pensión de jubilación han de acreditarse determinados requisitos. Entre ellos, haber alcanzado la edad ordinaria de jubilación que se sitúa en los 65 años de edad. No obstante lo anterior, partiendo del mayor esfuerzo y penosidad que podría implicar para un trabajador discapacitado la realización de una actividad profesional,166 el art. 161.1 bis LGSS prevé la posibilidad de jubilarse de forma anticipada, sin ver reducida la cuantía de su pensión. Ahora bien, atendiendo a su finalidad, dicho precepto no tiene alcance general, sino que se dirige a aquellos trabajadores con discapacidad grave; concretamente a aquellos que acrediten un grado de minusvalía superior o igual al 65%.

El art. 161.1 bis LGSS no fija una edad de acceso a la pensión de jubilación previa a los 65 años, sino que admite la posibilidad de que, por desarrollo reglamentario, se adelante el momento de retiro mediante la aplicación de coeficientes reductores. En desarrollo de dicho artículo, el RD 1539/2003 concreta dicha reducción tomando en consideración dos variables: a) la gravedad de la discapacidad y b) el tiempo durante el cual se han simultaneado la discapacidad y el desarrollo de la actividad. Así, cuando el trabajador con discapacidad acredite una minusvalía en grado igual o superior al 65% la edad de jubilación se reducirá en un período equivalente al que resulte de aplicar al tiempo efectivamente trabajado, con ese determinado grado de minusvalía, los siguientes coeficientes reductores:

  • 0,25, en los casos en que el trabajador tenga acreditado un grado de minusvalía igual o superior al 65%.

  • 0,50, en los casos en que el trabajador tenga acreditado un grado de minusvalía igual o superior al 65% y necesite de la ayuda de una 3ª persona para la realización de los actos esenciales de la vida ordinaria (art. 3 RD 1539/2003, de 5 de diciembre167).

Pues bien, esta posibilidad de adelantar el momento de retiro se caracteriza por lo siguiente: En primer lugar, la jubilación del trabajador con carácter previo al cumplimiento de los 65 años de edad no supondrá la reducción de la cuantía de su pensión. En segundo lugar, el período de tiempo en que resulte reducida la edad de jubilación del trabajador se computará como cotizado al objeto de determinar el porcentaje aplicable para calcular el importe de la prestación (art. art. 5 RD 1539/2003). No obstante lo anterior, la aplicación de tales coeficientes no dará ocasión a que el interesado pueda acceder a la pensión de jubilación con una edad inferior a la de 52 años, ni serán tenidos en cuenta a efectos de acreditar la edad exigida para acceder a la jubilación parcial (art. 161.1 bis LGSS).

Por otro lado, la Ley 40/2007 ha modificado el art. 161.1 bis LGSS al objeto de reconocer la posibilidad de jubilarse de forma anticipada a los trabajadores que acrediten una discapacidad igual o superior al 45%, siempre que se trate de discapacidades en las que concurran evidencias que determinen de forma generalizada y apreciable una reducción de la esperanza de vida.

MEDIDAS

1ª.- Es necesario garantizar que la legislación autonómica tome en consideración, en las ayudas ante situaciones de pobreza, el hecho diferencial que supone la discapacidad.




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