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La convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad y su impacto en el ordenamiento jurídico españOL

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1.4. Cuadro-resumen.



PRECEPTOS DE LA CONVENCIÓN IMPLICADOS

NORMATIVA ESPAÑOLA AFECTADA

CAMBIOS NORMATIVOS NECESARIOS

1. Medidas relativas a la accesibilidad en las instalaciones



Medidas generales

Art. 9.1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:

a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo;

2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para:

a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público;

b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad;




  • Normativa general sobre accesibilidad (estatal)

- Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos (Sección 1ª, del Título IX sobre la “Movilidad y Barreras arquitectónicas”)

- Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación accesibilidad universal de las personas con discapacidad (Medidas contra la discriminación (art. 6 y 7). Medidas de acción positiva (arts. 8 y 9). Medidas de fomento (art. 12 a 16). Medidas de defensa (arts. 17 a 20).

- Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

- Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado.

- Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones

- II Plan de Acción para las Personas con Discapacidad 2003-2007.

- I Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012

  • Normativa general sobre accesibilidad (autonómica)

  • Normativa general sobre accesibilidad (local)

- Planes sobre accesibilidad

  • Normativa específica sobre instalaciones

- Normativa estatal:

- Normativa autonómica

  • Normativa específica sobre instalaciones

- Normativa sobre suelo y urbanismo

· Normativa estatal

· Normativa autonómica

- Normativa sobre edificaciones

· Normativa estatal

· Normativa autonómica

- Normativa sobre vivienda

· Normativa estatal

· Normativa autonómica

- Normativa municipal en materia de urbanismo, edificación y vivienda






  • En España se cumplen con carácter general por parte de los poderes públicos las obligaciones relativas a la garantía de la accesibilidad del entorno y las instalaciones derivadas de la Convención, aunque no para los servicios. Esta afirmación se deriva no sólo de la cantidad de normativa al respecto que progresivamente ha aumentado en las dos últimas décadas en todas las instancias territoriales sino por la calidad de aquéllas que pretenden garantizar de forma vinculante y sistemática la accesibilidad universal como son la LIONDAU y sus reglamento de desarrollo.

  • En nuestro país se garantiza la accesibilidad incluso con un mayor alcance que en la Convención.

- Esta mayor cobertura de la accesibilidad se aprecia en que a partir de la LIONDAU se garantiza la accesibilidad universal que incluye de forma directa a los bienes, mientras que la Convención se limita en cuanto a éstos a promover el diseño universal

- Asimismo, con respecto a las instalaciones y servicios en nuestro país la obligación de accesibilidad se extiende todas, independientemente de su régimen de funcionamiento, mientras que en el ámbito de la Convención se limita a los que están abiertos al público o son de uso público

- También es de destacar que existe una especial atención a la accesibilidad en las relaciones de las personas con discapacidad con las Administraciones Públicas

  • No obstante por lo que se refiere a los servicios no se cumplen las exigencias de la Convención relativas a la accesibilidad por el incompleto desarrollo reglamentario de la LIONDAU. Si bien se han desarrollado los demás reglamentos previsto, aún no se ha aprobado el reglamento relativo al acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público al que se refiere la disposición final sexta de la LIONDAU, por lo que las obligaciones relativas a la accesibilidad en los servicios no se encuentran garantizadas. Por lo tanto, resulta necesario y urgente la aprobación de este reglamento para cumplir con las obligaciones de la Convención.



  • Al margen de esta laguna, se han planteado objeciones en cuanto al cumplimiento por nuestro país de las exigencias de la Convención, en primer lugar, por lo que se refiere a los plazos previstos en la LIONDAU y en sus reglamentos de desarrollo para la obligatoriedad de las medidas dispuestas que alcanza incluso a los 17 años. A este respecto se puede responder que el carácter diferido de estas obligaciones no vulnera el contenido de la Convención por las siguientes razones:

- La LIONDAU y sus reglamentos de desarrollo no son la única norma sobre accesibilidad, sino que se trata de una norma integradora, sistematizadora y que profundiza en la extensión y garantía de la accesibilidad. Por lo tanto, aunque se haya diferido la obligatoriedad de determinadas medidas, esto no quita que puedan existir normas tanto a nivel estatal (LISMI) como autonómico y local que garanticen la accesibilidad en el sentido exigido por la Convención.

- La LIONDAU es una norma que supone un punto de inflexión en el tratamiento de la accesibilidad, cuestión que se había afrontado por los poderes públicos pocos años antes de su entrada en vigor y que había sido obviada durante décadas, por lo tanto es lógico que se plantee un estrategia progresiva y realista para conseguir el objetivo de la accesibilidad universal.

- La Convención no manifiesta la progresividad en el cumplimiento de las obligaciones relativas a la accesibilidad, pero ésta se deriva de la propia naturaleza de la obligación exigida y de las estrategias que se plantean (así, identificar y eliminar obstáculos y barreras requiere un proceso).

- Asimismo, esta progresividad se manifiesta con el carácter de mínimos desde el que se plantea las exigencias con respecto a la accesibilidad (art. 9.2 a) desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices), sin perjuicio que el objetivo final sea la accesibilidad total.

- Además, desde una perspectiva estrictamente formal se ha cumplido con la literalidad del artículo 9 de la Convención ya que se han adoptado las medidas pertinentes para garantizar la accesibilidad, sin perjuicio de que estas normas contengan regímenes transitorios.

- Por último, debe tenerse en cuenta que las obligaciones derivadas de la LIONDAU y sus reglamentos de desarrollo se encontrarán en vigor en más de un 80% en el momento del primer informe que tendrá que presentar España en el abril de 2010.



  • Otra objeción a la normativa española sobre accesibilidad es su escasa eficacia como consecuencia, no solo del carácter diferido de las obligaciones de la LIONDAU, sino por la desestructuración de las normas sobre accesibilidad y de sus sistemas de ejecución (estatal, autonómica y local), por la falta de un mecanismo de inspección y seguimiento, y las dificultades para exigir su cumplimiento tanto en el ámbito administrativo como judicial.

- Esta falta de eficacia de las medidas para garantizar la accesibilidad en nuestro país no puede plantearse como una situación generalizada que permita llegar a afirmar un incumplimiento (por acción u omisión) por parte de los poderes públicos (en concreto por los Ayuntamientos).

- Precisamente en nuestro país, se han adoptado las medidas necesarias para incrementar la eficacia en la consecución de la accesibilidad del entorno y de las instalaciones, razón por la cual se aprobó la LIONDAU que pretende resolver todas estas disfunciones, una vez que sea plenamente obligatoria. Si bien han pasado cinco años desde su aprobación, debe tenerse en cuenta que su desarrollo reglamentario apenas tiene dos años y es precisamente en éste en el que se articulan las obligaciones.

- En este sentido, para garantizar el cumplimiento de los criterios de accesibilidad de la LIONDAU, la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones establece una concreción de la responsabilidad que se extiende no sólo a los infractores sino también a los sujetos privados que incumplan las obligaciones que conlleven el deber de prevenir la infracción administrativa cometida por otros, con lo que se terminará con la impunidad de los sujetos privados que no hayan sido requeridos por la Administración.

- Además, las generalizaciones sobre la falta de accesibilidad, extraída muy a menudo de casos concretos, no hacen justicia al enorme esfuerzo que se ha venido haciendo en muy poco tiempo por parte de los poderes públicos, y los éxitos alcanzados que sin duda deben incrementarse para garantizar una accesibilidad universal con carácter total.

  • En conclusión, nuestro país cumple con el contenido de la Convención por lo que respecta a las obligaciones genéricas de accesibilidad contenidas en el artículo 9. No obstante se deben adoptar todas las medidas que resulten necesaria para incrementar la efectividad cuanto antes de las normas y disposiciones adoptadas en materia de accesibilidad, en particular, todas las relativas al desarrollo de la LIONDAU. Por ello se recomienda:

- Desarrollar un proceso de información intenso del contenido de la LIONDAU y de la propia Convención a tres niveles: por una parte, a los sujetos responsables del cumplimiento de su contenido, para que conozcan las obligaciones a las que están sujetos y las sanciones a las que se exponen ya que en gran medida el incumplimiento es debido al desconocimiento; por otra, a las personas con discapacidad para que pueda hacer valer adecuadamente sus derecho; por último a todas las Administraciones responsables (en particular a los Ayuntamientos) para que colaboren y garanticen su cumplimiento.

- La supervisión del efectivo cumplimiento de todas las medidas relativas a la accesibilidad dispuestas en la LIONDAU y en sus normas de desarrollo que ya resulten obligatorias, y en su caso, de la aplicación de la Ley 49/2007 sobre infracciones y sanciones relativas a la LIONDAU. Estas normas arbitran los mecanismos necesarios organizativos (Oficina Permanente) y funcionales (procedimientos coordinación) que deberían garantizar la efectividad de estas medidas.

- La revisión de los plazos relativos a las obligaciones relativas a las instalaciones derivadas de la LIONDAU para determinar si verdaderamente resultan necesarios y, en la medida que no lo sean, proceder a su reducción.


Medidas específicas: señalización accesible

Art. 9.2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para:

d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión;


Ver normativa en apartado anterior.

En particular art. 7 del Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.

Artículo 7. Información y señalización.

1. Se dispondrá la información, la señalización y la iluminación que sean necesarias para facilitar la localización de las distintas áreas y de los itinerarios accesibles, así como la utilización del edificio en condiciones de seguridad.

2. La información de seguridad estará situada en un lugar de fácil localización y permitirá su comprensión a todo tipo de usuarios.

3. La señalización de los espacios y equipamientos de los edificios tendrá en consideración la iluminación y demás condiciones visuales, acústicas y, en su caso, táctiles, que permitan su percepción a personas con discapacidad sensorial o cognitiva.

4. La información y la señalización se mantendrán actualizadas. Todas las adaptaciones, adecuaciones y nuevos servicios de accesibilidad que se lleven a cabo en el edificio, estarán debidamente señalizados.


  • La obligación específica respecto a la señalización de los edificios e instalaciones, en general, se cumple parcialmente por lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 505/2007.

Además son numerosas las exigencias con respecto a la señalización en la normativa tanto autonómica como local sobre accesibilidad anterior y posterior a la LIONDAU

No obstante, con respecto a la concreta referencia al Braille debe tenerse en cuenta que, el artículo 7 del Real Decreto 505/2007 señala que la señalización tendrá en cuenta «en su caso, las condiciones táctiles que permitan su percepción». Por lo tanto, esta referencia debería ser modificada:

- Suprimiento el inciso «en su caso», para que la obligación tenga carácter general.

- Incluyendo una referencia expresa al Braille, aunque pueda quedar incluido en las «condiciones táctiles», porque así lo expresa la Convención

Esta modificación deberá operar en el mismo sentido en todas aquellas otras normas sobre accesibilidad que contengan algunas excepción a la señalización o que no mencionen el Braille.

Medidas específicas: asistencia

Art. 9.2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para:

e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público;


No se ha localizado normativa específica

Ver normativa en apartado anterior

  • La ausencia de medidas activas de asistencia a las personas con discapacidad en el acceso e interior de edificios y de otras instalaciones abiertas al público dejan a nuestro Estado en una situación de incumplimiento en lo que se refiere a esta específica obligación. Por lo tanto se recomienda que se introduzca de forma inmediata medidas al respecto, las cuales han de tener en cuenta:

- Que la obligación corresponde a los titulares o responsables de la gestión de instalaciones abiertas al público (incluidos edificios bajo dichas condiciones —edificios públicos, hoteles, restaurantes, etc.—)

- Que la obligación incluye contar con asistencia humana o animal para facilitar el acceso. Lo cual incluye guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas. Todas estas condiciones las ha de cumplir la persona o personas que desarrollen dichas actividad.

- Que la obligación se refiere a facilitar al acceso lo que supone igualmente el acompañamiento en el interior del edificio en la medida que resulte necesario.

- Estas obligaciones deberían articularse a través de una modificación de la LIONDAU, disponiendo posteriormente las medidas reglamentarias de desarrollo que sean necesarias para su cumplimiento

2. Medidas generales relativas a la accesibilidad en los servicios en general





Art. 9.1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:

b) Los servicios de información, comunicaciones y otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia.

2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para:

a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público;

b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad;


  • Normativa general sobre accesibilidad (estatal)

- Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación accesibilidad universal de las personas con discapacidad (Medidas contra la discriminación (art. 6 y 7). Medidas de acción positiva (arts. 8 y 9). Medidas de fomento (art. 12 a 16). Medidas de defensa (arts. 17 a 20).

- Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

  • Normativa específica sobre servicios

· Proyecto de Ley sobre el libre acceso y ejercicio de las actividades de servicios


  • El cumplimiento de las obligaciones relativas a la accesibilidad derivadas del artículo 9 de la Convención, no resulta completo en nuestro país por lo que se refiere a los servicios. En efecto, la falta de aprobación del real decreto por el que se establecen las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público dejan vacías de contenido las previsiones de la LIONDAU con respecto a los servicios. A esto se añade la falta de medidas relativas a la accesibilidad en la mayoría de la normativa que regula los servicios que dejan a nuestro país en una situación de claro incumplimiento.

Ante esta situación se recomienda la inmediata y urgente aprobación del Real Decreto por el que se establecen las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público.

  • Por otra parte, la concentración de las medidas relativas a la accesibilidad en los servicios en una única norma como es la LIONDAU frente al enorme, fragmentado y disperso marco normativo que rige los innumerables servicios puede hacer muy dificil su cumplimiento.

Por lo tanto, de forma complementaria a lo dispuesto en la LIONDAU y sus normas de desarrollo, se debería aprovechar el actual proceso de transposición de la Directiva 123/2006/CE sobre servicio en el mercado interior que ha dado lugar a la elaboración de una Ley transversal aplicable a todos los servicios (Proyecto de Ley sobre el libre acceso y ejercicio de las actividades de servicios, o también llamada Ley Paragüas), y a un proceso de revisión de la normativa reguladora de los ervicios en todas las instancias territoriales. En particular se debería introducir una referencia en la Ley Paraguas que obligue a los prestadores de servicios en nuestro país a demostrar que cumplen con los requisitos de accesibilidad que se dispongan en desarrollo de la LIONDAU.

3. Medidas generales relativas a la accesibilidad en los servicios de transportes




  • Normativa general sobre accesibilidad (estatal)

- Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación accesibilidad universal de las personas con discapacidad (Medidas contra la discriminación (art. 6 y 7). Medidas de acción positiva (arts. 8 y 9). Medidas de fomento (art. 12 a 16). Medidas de defensa (arts. 17 a 20).

- Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

- Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.

  • Normativa específica sobre transporte

- Normativa estatal

- Normativa autonómica.

- Normativa local sobre transportes

· Ordenanzas municipales y Planes para la implantación de transportes públicos accesibles


  • Los servicios de transporte constituyen una excepción dentro del tratamiento de los servicios en nuestro país, ya que han sido objeto de un tratamiento específico en la LIONDAU que ha dado lugar a un desarrollo propio a través del Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad

  • Esta normativa, junto a la sectorial propia de cada transporte que también contiene medidas relativas a la accesibilidad permiten afirmar que se cumple con las obligaciones dispuestas en el artículo 9 de la Convención con respecto a los servicios.

  • En tanto la Convención no hace distinción en la accesibilidad de instalaciones y servicios a nivel general, y en la medida que el tratamiento en nuestro país se ha llevado a cabo de forma unitaria a través de la LIONDAU, pueden aplicarse en este punto las afirmaciones formuladas en el primero de los apartados relativo a las medidas generales de accesibilidad en las instalaciones.

  • Por lo tanto, se puede considerar que nuestro país cumple con las exigencias contenidas en el artículo 9 de la Convención por lo que respecta a los servicios de transporte, con todas las prevenciones y recomendaciones formuladas con respecto a las instalaciones, en particular, por lo que se refiere a la revisión de los plazos relativos al cumplimiento de las obligaciones dispuestas.

4. Medidas específicas relativas a la formación en accesibilidad



Art. 9.2.c) de la Convención: los Estados adoptarán las medidas pertinentes para ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad


  • Normativa general

- Disposición final décima LIONDAU: desarrollo del curriculo educativo «diseño para todos en» en todos los niveles educativos

  • Normativa enseñanza universitaria

- Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Disposición adicional vigésimo cuarta. 5

- Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales: el diseño de los planes de estudio deberán tener en cuenta la formación en accesibilidad universal y diseño para todos. Art. 3 b)

  • Normativa formación profesional

- Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. Disposición adicional quinta

- Diversos Reales Decreto por el que se aprueban títulos y se establecen sus enseñanzas mínimas

  • En nuestro país se cumple con la obligación contenida en el artículo 9 sobre la formación de las personas involucradas en la accesibilidad

  • No obstante siempre resulta recomendable adoptar todas las medidas que puedan favorecer o garantizar la eficacia de estas medidas:

- En este sentido sería conveniente articular las medidas de seguimiento necesarias para garantizar que los contenidos que se fijan de las enseñanzas y su impartición permiten adquirir una verdadera formación en accesibilidad.

- Asimismo, sería conveniente la creación de unos cuerpos docentes vinculados con esta materia para garantizar la especialización del profesorado, y, por tanto, una mayor calidad y estabilidad en las enseñanzas relacionadas con la accessibilidad.









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