Página principal



La convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad y su impacto en el ordenamiento jurídico españOL

Descargar 4.31 Mb.

La convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad y su impacto en el ordenamiento jurídico españOL





Descargar 4.31 Mb.
Página16/26
Fecha de conversión08.10.2018
Tamaño4.31 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   26

2.3.3. Cuadro-resumen.



PRECEPTOS DE LA CONVENCIÓN IMPLICADOS

NORMATIVA ESPAÑOLA AFECTADA

CAMBIOS NORMATIVOS NECESARIOS


1. Derecho a la vida independiente y a la inclusión en la comunidad





Art. 19 de la Convención

Los Estados Partes en la presente Convención reconocen el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por las personas con discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad, asegurando en especial que:

a) Las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás, y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico;

b) Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación de ésta;

c) Las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén a disposición, en igualdad de condiciones, de las personas con discapacidad y tengan en cuenta sus necesidades.



  • Normativa sobre dependencia

- Normativa estatal: Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia

- Normativa autonómica de desarrollo (no se reproduce por ser muy numerosa)


  • Normativa sobre Seguridad Social

- Prestaciones contributivas

· Prestaciones incapacidad permanente

· Prestaciones jubilación

· Prestaciones por muerte y superviviencia

· Pensión de viudedad

· Pensión de orfandad

· Pensión a favor familiares

· Prestaciones sanitarias (sólo vinculadas a vida independiente y movilidad): prestaciones ortoprotésicas

· Prestaciones de Regímenes Especiales integrados en el Régimen General

- Prestaciones no contributivas

· Pensión no contributiva de jubilación.

· Pensión no contributiva por invalidez.

- Otras prestaciones

· Pensiones por actos de terrorismo.

· Prestaciones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI).

· Ayudas extraordinarias.

· Ayudas económicas ordinarias, de carácter asistencial, para emigrantes incapacitados para el trabajo, residentes en Iberoamérica y Marruecos


  • Normativa sobre servicios sociales

- Normativa autonómica

· Leyes sobre servicios sociales

· Reglamentos por los que se regulan cada uno de los distintos tipos de servicios y se dispone su régimen de prestación

- Normativa local

· Ordenanzas municipales sobre servicios sociales

· Normas y resoluciones sobre la prestación de estos servicios


  • Normativa sobre instalaciones y servicios

- LIONDAU

- Normas de desarrollo de la LIONDAU


  • En España se ha desarrollado un enorme esfuerzo institucional por garantizar el derecho de las personas con discapacidad a una vida independiente. Destaca la existencia de diversas líneas de actuación seguidas por todos los poderes públicos que tratan de garantizar el disfrute de este derecho con carácter pleno:

- Por una parte, la acción de la Seguridad Social (tanto en su dimensión contributiva como no contributiva) protege a las personas con discapacidad facilitando esencialmente prestaciones dinerarias que permiten el mayor grado de independencia a la hora de organizar su propia vida.

- Por otra parte, la intervención en materia de servicios sociales garantiza las condiciones de prestación de aquellos servicios que resultan necesarios para desarrollar una vida independiente (residenciales, domiciliarios, personales, etc.). A lo que se añade la cobertura pública del coste de estos servicios en función de los recursos, etc.

- Por último, el sistema de protección social de las personas con discapacidad se ha completado con la aprobación de la Ley 39/2006, que reconoce como un derecho subjetivo de ciudadanía la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia, para lo cual dispone las bases del Sistema para la Autonomía y la Atención de la Dependencia.

  • Por razón de las características de estos tres ámbitos de cobertura, es posible afirmar que España cumple con las obligaciones mínimas dispuestas en el artículo 19 de la Convención, en tanto:

- Reconoce no sólo el derecho a la autonomía de las personas con discapacidad sino el derecho a las prestaciones necesarias para ello.

- Se encuentra a disposición de las personas con discapacidad una variedad suficiente de servicios para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad, y en la medida que éstos son provistos desde por las Administraciones Públicas existe una flexibilidad suficiente para que no se vean abocadas a tener que vivir con un sistema de vida impuesto:

· Las prestaciones de la Ley de la Dependencia son suficientemente variadas (servicios y prestaciones económicas), y su adjudicación se hace de forma racional, proporcionada e individualizada de modo que se ajusta a las necesidades y condiciones de los destinatarios, con una preferencia por aquellas prestaciones que permiten un mayor grado de autonomía.

· En el caso de las prestaciones de la Seguridad Social, su naturaleza económica promueve la independencia en su desarrollo

- Por último, la acción del Estado, CCAA y entes locales garantizan la puesta a disposición de las instalaciones y servicios comunitarios a las personas con discapacidad, esencialmente por la condición de accesibilidad que se exige a los mismos



2. Movilidad personal y sus medios




Art. 20 de la Convención. Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas para asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible, entre ellas:

a) Facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en la forma y en el momento que deseen a un costo asequible;

b) Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia humana o animal e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de calidad, incluso poniéndolos a su disposición a un costo asequible;


  • Ver apartado anterior

  • Las medidas dirigidas a las personas con discapacidad dispuestas desde el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, desde la Seguridad Social y desde los Servicios Sociales garantizan su movilidad personal, en las condiciones de disponibilidad (modal y temporal) y de asequibilidad a la que se refiere el artículo 20.

Asimismo desde estas tres dimensiones se garantiza no sólo la posibilidad de acceder a las formas de asistencia, tecnologías, dispositivos y ayudas necesarias para su movilidad, sino su disfrute efectivo, no ya a un costo asequible sino con carácter (total o parcialmente) gratuito gracias a su cobertura pública.

Por lo tanto, es posible afirmar que España cumple con las obligaciones dispuestas en el artículo 20 de la Convención.

  • No obstante, debe tenerse en cuenta que las limitaciones (materiales, funcionales, económicas, etc.) sobre las medidas que permiten a una persona con discapacidad una movilidad equivalente a cualquier otra y que garantiza su vida independiente no se ajustan a los principios de la Convención expresados en el artículo 3 (respeto a la autonomía individual e independencia, no discriminación, participación plena, igualdad de oportunidades). Esto no implica que cualquier limitación impuesta por parte de los Estados en estas medidas implique un incumplimiento del contenido de la Convención. En la Convención se establecen unas obligaciones mínimas que resultan de inexcusable cumplimiento para los Estados, por encima de las cuáles los Estados tampoco pueden actuar libremente sino que dentro de este margen se encuentran obligados por los principios inspiradores de la propia Convención a los que deberán de ajustarse en la mayor medida posible.

Por lo tanto, el cumplimiento con el mínimo de las obligaciones dispuestas en el artículo 20 de la Convención no quita que se deban realizar todas las mejoras posibles en las medidas adoptadas en nuestro país para garantizar la movilidad y procurar que sea efectiva cada vez con mayor independencia y calidad. Por lo tanto se deben reconsiderar algunas cuestiones que, sin constituir un incumplimiento de la obligaciones específicas de la Convención, no se ajustan a su finalidad:

- La posibilidad de que los Estados puedan optar por subvencionar aquellas medidas que garanticen la movilidad no significa que no exista una preferencia por aquellas que sean más adecuadas para la realización de los principios de igualdad, autonomía e independencia. Por lo tanto, en la medida que resulte posible, se deberá permitir que sean las propias personas con discapacidad las que opten, y, en caso de que no sea posible por razones organizativas, dar preferencia a aquellas que faciliten una mayor libertad de decisión (prestaciones económicas frente a servicios residenciales).

- Limitaciones en la aplicación de las medidas garantizadoras de la movilidad. El artículo 19 de la Ley de Dependencia limita la prestación económica de asistencia personal a la educación y al trabajo. Al margen de la afectación del derecho a la cultura, ocio y deporte reconocido en el artículo 30 de la Convención, este tipo de limitaciones deben erradicarse para no condicionar los ámbito de movilidad de la vida de las personas discapacitadas, y afectar a su autonomía e independencia que deben disfrutar en igualdad de condiciones que cualquier otro.

- El copago. La Convención no impone a los Estados la cobertura pública de las medidas dirigidas a garantizar la movilidad, y deja margen al respecto a partir de un mínimo que es la garantía de acceso a coste asequible. No obstante los principios de la Convención apunta a que los Estados, dentro de dicho margen, garanticen la igualdad y procuren la realización del mayor grado de independencia posible de las personas con discapacidad. Por esta razón debería replantearse la cuestión del copago que afecta tanto a la igualdad como a la independencia que se hace depender del nivel económico de la persona con discapacidad, y que, por lo tanto no se ajusta a los principios que inspiran a la Convención.


3. Formación en habilidades relacionadas con la movilidad




Art. 20 de la Convención. Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas para asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible, entre ellas:

c) Ofrecer a las personas con discapacidad y al personal especializado que trabaje con estas personas capacitación en habilidades relacionadas con la movilidad;


  • Ley 13/1982, de 7 de Abril, de Integración Social de los Minusválidos

  • Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

  • Acuerdo de 28 de noviembre de 2008 adoptado en el seno del Consejo Territorial de la Dependencia sobre Criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

  • Enseñanzas relacionada con la movilidad

- Formación profesional

- Enseñanza universitaria de pregrado

· Enseñanza oficial

· Enseñanza de títulos propios

- Enseñanza universitaria de postgrado

· Estudios de doctorado

· Estudios de master profesional

· Otros títulos propios (enumeración a título de ejemplo)

  • Normativa sobre servicios sociales


  • La capacitación profesional en habilidades relacionadas con la movilidad se encuentra en incluida en los diversos estudios relacionados con la discapacidad. La oferta formativa en nuestro país en materia de discapacidad parece suficiente. La formación en este ámbito se ha visto recientemente reforzada al establecerse una serie de exigencias en cuanto a la capacitación de las personas que prestan sus servicios en el Sistema para la Autonomía y de Atención a la Dependencia, con la intención de profesionalizar su actividad de forma que sea de la mayor calidad. Así se dispone en el artículo 36 de la Ley 39/2006 de Dependencia dentro Capítulo dedicado a la calidad en los servicios asistenciales. En aplicación de éste el Acuerdo de 28 de noviembre de 2008 adoptado en el seno del Consejo Territorial de la Dependencia sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del SAAD, ha establecido un programa de cualificación profesional para aquellos que trabajan con dependientes.

  • La capacitación en habilidades relacionadas con la movilidad a las personas con discapacidad aparece recogida esencialmente en la normativa autonómica sobre servicios sociales

  • A través de todas estas previsiones y actuaciones se cumple con lo exigido en el artículo 20.2 c) de la Convención. No obstante, al hacer referencia a la formación de las personas con discapacidad y de los profesionales que trabajan con éstas de forma genérica, convendría hacer un seguimiento de la concreción que se haga de la cuestión específica de la movilidad



4. Fomento en la fabricación de ayudas, dispositivos y tecnologías de apoyo




Art. 20 de la Convención. Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas para asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible, entre ellas:

d) Alentar a las entidades que fabrican ayudas para la movilidad, dispositivos y tecnologías de apoyo a que tengan en cuenta todos los aspectos de la movilidad de las personas con discapacidad.


  • Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

  • Plan Nacional de Investigación Científica Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007

  • Libro Blanco de la I+D+I al servicio de las personas con discapacidad y de las personas mayores.

  • Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT)

  • Centro Nacional de Tecnologías de Accesibilidad (CENTAC)

  • Otros centros e instituciones relacionados con la investigación (estatales, autonómicos, universitarios y privados)


  • El artículo 20 d) de la Convención exige únicamente que se aliente a que en la fabricación de ayudas y dispositivos para la movilidad y de apoyo se tengan en cuenta todos los aspectos relacionados con la movilidad

  • Esta obligación resulta ampliamente cumplida en España ya que, por una parte existe una conexión entre las obligaciones derivadas de la accesibilidad y del diseño para todos con la fabricación de ayudas y dispositivos para la movilidad.

  • Por otra parte se ha desarrollado una amplia política pública de investigación en materia de ayudas para la movilidad, y dispositivos y tecnologías de apoyo, que tiene incidencia directa en la actividad privada de los fabricantes. A través de los diversos planes y desde los centros públicos y privados creados a tal efecto se consigue avanzar en la investigación de las tecnologías relacionadas con la movilidad. Los resultados recogen todos los aspectos de la movilidad de las personas con discapacidad y revierten en la actividad privada de los fabricantes.



1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   26

Similar:

La convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad y su impacto en el ordenamiento jurídico españOL iconConvención sobre los derechos de las personas
Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad sobre las medidas que ha adoptado el Uruguay para cumplir con las obligaciones...
La convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad y su impacto en el ordenamiento jurídico españOL iconEstado plurinacional de bolivia ministerio de justicia
Informe inicial al Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, sobre las medidas que ha adoptado para cumplir con las...
La convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad y su impacto en el ordenamiento jurídico españOL iconComo continuación al comunicado remitido el 24 de octubre sobre la Orden que transpone al ordenamiento jurídico español la Dir
Orden que transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva Europea relativa a los productos cosméticos, ampliamos la información...
La convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad y su impacto en el ordenamiento jurídico españOL iconAlianza de Organizaciones por los Derechos de las Personas con Discapacidad del Uruguay Informe Alternativo – Uruguay
Es por los derechos de las Personas con Discapacidad es una red de organizaciones uruguayas nucleadas en el marco de la elaboración...
La convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad y su impacto en el ordenamiento jurídico españOL iconResolucióN 19/11 del consejo de derechos humanos sobre derechos de las personas con discapacidad. Informe relativo a medidas de seguridad social para personas con discapacidad. (Punto 8)
Informe relativo a medidas de seguridad social para personas con discapacidad. (Punto 8)
La convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad y su impacto en el ordenamiento jurídico españOL iconAdvance unedited version
Primer informe ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
La convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad y su impacto en el ordenamiento jurídico españOL iconAutorización de viaje menores de 18 AÑos dentro del territorio argentino
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (1989), Ley 26. 364 Prevención y Sanción de Trata de Personas
La convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad y su impacto en el ordenamiento jurídico españOL iconAlianza de Organizaciones por los Derechos de las Personas con Discapacidad del Uruguay Informe Alternativo – Uruguay Documento de Anexos Anexo 1
Alianza de Organizaciones por los Derechos de las Personas con Discapacidad del Uruguay


Descargar 4.31 Mb.