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Derechos reconocidos que son conexos con el derecho a la participación política de las personas con discapacidad

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3. Derechos reconocidos que son conexos con el derecho a la participación política de las personas con discapacidad

3.1. Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad

Este derecho aparece recogido en el artículo 19 de la convención.

Se reconoce “el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de los demás”, así como la obligación de adoptar “medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por las personas con discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad, asegurando en especial que: […] c) Las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén a disposición, en igualdad de condiciones, de las personas con discapacidad y tengan en cuenta sus necesidades”.

Para garantizar este derecho se requiere que:

a) Las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás, y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico;

b) Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación de ésta;

c) Las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén a disposición, en igualdad de condiciones, de las personas con discapacidad y tengan en cuenta sus necesidades”.

3.1.1. El concepto de vida independiente

1. La “vida independiente” exige formar parte de la toma de decisiones relativas a la propia vida superando situaciones de pasividad moral y política y abandonando, en cierta medida, las políticas asistenciales y paternalistas. El lema «Nothing about us whithout us» —Nada sobre nosotros sin nosotros-, resume de manera muy clara este mensaje.

2. El artículo 19 antes trascrito ha de ser interpretado a la luz del concepto de vida independiente y esto significa: a) que, por encima de otros servicios, ha de primar la asistencia personal (mediante pago directo) y autogestionada por parte de la persona con discapacidad; b) que lo servicios domiciliarios o residenciales habrán de ser excepcionales y darse únicamente como apoyo a la autogestión de la persona con discapacidad sobre quien recae, además, el total control de los mismos. No hay que olvidar que el objetivo que se debe alcanzar es el de la desinstitucionalización de las personas con discapacidad.

3.1.2. El lema “Nada sobre nosotros, sin nosotros”

Referente indirecto: Artículo 4, inciso 3:

En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan”.

En nuestra legislación vigente, hay que señalar que a este derecho hace expresamente referencia la Resolución del Consejo de la Unión Europea y los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el Consejo el 17 de marzo de 2008 relativa a la situación de las personas con discapacidad en la Unión Europea (2008/C 75/01). A este respecto, es especialmente relevante la Ley 39/2006, del 14 de diciembre, de promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en situación de dependencia

3.1.3. Algunos comentarios en relación al derecho a vivir de forma independiente

1. Este derecho ha surgido a partir de la Convención y no puede ser considerado un derecho fundamental en sentido estricto. A nuestro juicio, podría ser interpretado:

a) como un principio rector;

b) como una medida útil al desarrollo del principio de igualdad y no discriminación y del principio de accesibilidad;

c) como un derecho síntesis, en la medida en la que su contenido remite a un conjunto de derechos reconocidos y garantizados en la Convención y en nuestro sistema jurídico;

d) como un derecho instrumental, pues sin su implementación y desarrollo no podría darse satisfacción a un buen número de derechos fundamentales.

La calificación c) y d) no ha de entenderse desde una perspectiva jurídica sino que tendría que situarse en el ámbito moral y político. Dada la trascendencia de esta reivindicación, sería aconsejable trabajar en la conceptualización de este derecho como derecho instrumental o derecho síntesis.

2. A tenor de la Convención, parece que los derechos y principios implicados en el concepto “vida independiente” son:

a) Principio de igualdad y no discriminación;

b) Principio de accesibilidad universal;

c) Derecho a la participación pública;

d) Derecho a elegir dónde y cómo vivir;

e) Derecho a recibir apoyo en consideración a las circunstancias y necesidades particulares de la persona con discapacidad;

f) Derecho de las personas con discapacidad y sus organizaciones representativas a ser consultadas cuando se articulen políticas o se tomen decisiones que pudieran afectarles directa o indirectamente.

En el desarrollo de los citados derechos y principios, se considerarán los casos de doble discriminación, con especial atención a la situación de la infancia.

    1. Finalmente, puede concluirse que este derecho plantea problemas conceptuales que dificultan su definición y puesta en práctica. A ello se une que, por su contenido excesivamente amplio y difuso, será difícil encontrar una ubicación concreta para él en nuestro sistema jurídico.

No menciono aquí los referentes que pudieran ser relevantes para el conjunto de derechos y principios que aglutina el concepto de “vida independiente”.Para completar este apartado me remito al desarrollo del principio de igualdad y no discriminación y del principio de accesibilidad presentado más arriba. También puede verse todo lo relativa a la participación según se expone más adelante.

3.2. Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información

El Artículo 21 de la convención reconoce expresamente este derecho para las personas con discapacidad aunque también el artículo 9 y el artículo 20 pueden servirnos de referentes.

El acceso a la información incluye la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones, mediante cualquier forma de comunicación que elijan las personas con discapacidad.

En concreto, las medidas que los Estados deben adoptar son las siguientes:

a) Facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público en general, de manera oportuna y sin costo adicional, en formato accesible y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad;

b) Aceptar y facilitar la utilización de la lengua de señas, el Braille, los modos, medios, y formatos aumentativos y alternativos de comunicación y todos los demás modos, medios y formatos de comunicación accesibles que elijan las personas con discapacidad en sus relaciones oficiales;

c) Alentar a las entidades privadas que presten servicios al público en general, incluso mediante Internet, a que proporcionen información y servicios en formatos que las personas con discapacidad puedan utilizar y a los que tengan acceso;

d) Alentar a los medios de comunicación, incluidos los que suministran información a través de Internet, a que hagan que sus servicios sean accesibles para las personas con discapacidad;

e) Reconocer y promover la utilización de lenguas de señas”.

En todo caso, y dado que este aspecto no constituye el objeto central del presente informe, para completar este apartado, se recomienda consultar los estudios sobre los ámbitos Servicios públicos y función pública, Trabajo-empleo-servicios sociales y Accesibilidad a los medios audiovisuales, así como todo lo relativo al principio de accesibilidad universal y al de igualdad y no discriminación a los que se alude más arriba. También puede verse todo lo relativa a la participación según se expone más adelante.





II. El derecho a la participación política de las personas con discapacidad

El derecho a la participación política. Cuestiones generales

En la convención este derecho aparece reconocido expresamente en el artículo 29 requiriéndose que los Estados Partes aseguren que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de votar y ser elegidas.

Para dichos fines exige que se asegure:

a) La garantía de que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar;

b) La protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto en secreto en elecciones y referéndum públicos sin intimidación, y a presentarse efectivamente como candidatas en las elecciones, ejercer cargos y desempeñar cualquier función pública a todos los niveles de gobierno, facilitando el uso de nuevas tecnologías y tecnologías de apoyo cuando proceda;

c) La garantía de la libre expresión de la voluntad de las personas con discapacidad como electores y a este fin, cuando sea necesario y a petición de ellas, permitir que una persona de su elección les preste asistencia para votar”.

Además los Estados Partes deben:

a) Promover activamente un entorno en el que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la dirección de los asuntos públicos, sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás.

b) Fomentar su participación en los asuntos públicos mediante “organizaciones y asociaciones no gubernamentales relacionadas con la vida pública y política del país, incluidas las actividades y la administración de los partidos políticos”.

c) Estimular la constitución de organizaciones de personas con discapacidad que las representen en el ámbito internacional, nacional, regional y local, así como su incorporación a dichas organizaciones.

Al desarrollo del artículo 29 de la convención y su impacto sobre la legislación española dedicaré los siguientes apartados. Por lo que hace al ámbito de las CCAA, y aunque no siempre se alude de forma específica a las personas con discapacidad, merece destacarse:

Ley 17/1997, de 21 de noviembre, de perros guía (Comunidad Autónoma del País Vasco)

Ley 5/1998, de 23 de noviembre, relativa al uso en Andalucía de perros guía por personas con disfunciones visuales.

Ley 23/1998, de 21 de diciembre, sobre el acceso de las personas ciegas o con deficiencia visual usuarias de perro guía al entorno (Comunidad Autónoma de Madrid)

Ley 5/1999, de 31 de marzo, de Perros de Guía (Comunidad Autónoma de las Islas Baleares)

Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía.

Ley 6/2001, de 20 de noviembre, de Protección a las Personas Dependientes (Comunidad Autónoma de Cantabria).

Ley 12/2001, de 29 de noviembre, de Acceso de las Personas con Discapacidad a la Función Pública de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Ley 12/2003, de 10 de abril, sobre perros de asistencia para personas con discapacidades (Comunidad Autónoma Valenciana)

Ley 11/2003, de 10 de abril, sobre el Estatuto de las Personas con Discapacidad (Comunidad Autónoma Valenciana)

Ley 10/2003, de 26 de diciembre, sobre el acceso al entorno de las personas con discapacidad acompañadas de perros de asistencia (Comunidad Autónoma de Galicia)

Ley 10/2007, de 29 de junio, sobre Perros de Asistencia para la Atención a Personas con Discapacidad (Comunidad Autónoma del País Vasco)

Ley 11/2008, de 3 de julio, de participación ciudadana de la Comunitat Valenciana.

Por su relación con algunos de los puntos de este apartado, puede ser interesante analizar la Ley 19/1998, de 28 de diciembre, sobre situaciones convivenciales de ayuda mutua y la Ley 22/2000, de 29 de diciembre, de Acogida de Personas Mayores (ambas de la Comunidad Autónoma de Cataluña).

Finalmente, aquí ha de volverse a tener presente el desarrollo del principio de igualdad y no discriminación así como del principio de accesibilidad universal presentado más arriba. Del mismo modo, tienen que considerarse el estudio sobre el ámbito “Accesibilidad a los medios audiovisuales y el estudio transversal sobre la normativa española antidiscriminatoria y su adecuación a la Convención.

2. El contenido del derecho a la participación política para las personas con discapacidad

2.1. Accesibilidad plena de los colegios electorales y de los sistemas de votación

Como ya se ha indicado antes, es el artículo 29, a) de la convención el que garantiza la accesibilidad plena para las personas con discapacidad, aunque indirectamente también los artículo 3, inciso f), artículo 9 y artículo 20 de la convención quedan afectados.

El CERMI denunció en las elecciones del 27 de mayo de 2007, la falta de accesibilidad (barreras arquitectónicas, información electoral en formatos no accesibles, inexistencia de procedimientos de votación adecuados a las necesidades de personas con deficiencias visuales), afirmando que las personas con discapacidad no podían ejercer su derecho al voto en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos.

Pues bien, en la legislación española, los referentes principales en esta materia son:

Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (LIONDAU)

Ley 39/2006, del 14 de diciembre, de promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en situación de dependencia

Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos española y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establece las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado (especialmente, artículos 12 y 13)

Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.

.-Es conveniente considerar en el ámbito de este RD las modificaciones efectuadas en el Código Técnico de Edificación.

Real Decreto 1612/2007, de 7 diciembre, por el que se regula un procedimiento de voto accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio del derecho de sufragio.

.-Este RD regula, en desarrollo de la previsión contenida en el apartado 2 del artículo 87 de Ley Orgánica del Régimen Electoral General, un procedimiento de voto accesible que permita a las personas con discapacidad visual usuarias del sistema Braille identificar su opción de voto sin ser asistidas por una persona de su confianza y, por ello, con plenas garantías para el secreto del sufragio.

.-Evidentemente, “la puesta en práctica de un procedimiento como el que regula esta norma exige de la previsión de espacios adecuados para la manipulación de la documentación electoral con la necesaria privacidad, así como la puesta a disposición de la persona con discapacidad visual de información accesible sobre las candidaturas presentadas”.

A esta cuestión me referiré más adelante.

Orden Int/3817/2007, de 21 de diciembre, por la que se desarrolla el procedimiento de voto accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio del derecho de sufragio, regulado en el Real Decreto 1612/2007, de 7 de diciembre.

Orden Pre/446/2008, de 20 febrero, determina las especificaciones y características técnicas de las condiciones y criterios de accesibilidad y no discriminación establecidos en el Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo.

La normativa citada anteriormente establece la necesaria accesibilidad de los colegios electorales para las personas con movilidad reducida, sin embargo no incluye ningún tipo de sanción en caso de violación de la norma. Además, el RD 1612/2007 regula únicamente la discapacidad visual sin prestar atención explícita al resto de causas de discapacidad que también pudieran ser relevantes en esta materia.

A esta cuestión haré referencia más adelante, en el apartado correspondiente al derecho de Acceso a la Administración de justicia.

Para completar este apartado y su comparativa me remito a lo indicado en el apartado anterior para el principio de accesibilidad universal.

2.2. Participación política directa o mediante representación

2.2.1. La representación. Derecho de sufragio activo (y pasivo)

Nuestro referente aquí es el Artículo 29, b) de la Convención.

En nuestra legislación los referentes principales para esta materia son:

.-Los artículos 5.4. y 6.1. del Convenio Europeo.

.-El Artículo 23 de la Constitución española.

El artículo 23 de la CE reconoce a los ciudadanos españoles el derecho al voto y de participación en asuntos públicos.

Las personas con discapacidad tienen derecho a votar y a ser elegidos en España. Este derecho puede ser exceptuado, siempre mediante resolución judicial, para aquellas personas que hayan sido declarados incapaces o internados en un hospital psiquiátrico, sólo por el tiempo que dure dicha institucionalización.

.- La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General

Artículo 3.1): “Carecen de derecho de sufragio: b) Los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme, siempre que la misma declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio; c) Los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial, durante el período que dure su internamiento siempre que en la autorización el Juez declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio”.

Así pues, en la vigente legislación y por lo que a las personas con discapacidad intelectual se refiere, son dos los motivos que pueden determinar, si así se expresa judicialmente, la privación del derecho de sufragio: la “incapacitación” y el internamiento en un centro psiquiátrico.

Ver lo que se indica más adelante para el acceso a cargos de función pública y el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

2.2.1.1. Cambios normativos necesarios

1. El Defensor del pueblo, ha podido constatar la inadecuación a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del artículo 3 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en virtud de la cual puede privarse del derecho de sufragio mediante el procedimiento previsto para el internamiento psiquiátrico en el Código Civil.

2. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostiene que el procedimiento judicial que, para garantizar la regularidad del internamiento, establece el artículo 5.4 del Convenio Europeo, tan sólo es válido para producir un efecto: el de la limitación de la libertad individual que implica el internamiento en un centro psiquiátrico. La privación de cualquier otro derecho de la persona con discapacidad internada no puede efectuarse, en ningún caso, a través de este proceso rápido, sencillo y sumario, sino que requiere la tramitación de un proceso judicial con todas las garantías, tal y como exige el artículo 6.1 del Convenio mencionado.

En esta misma línea se pronuncian las recomendaciones del Consejo de Europa en virtud de las cuales el internamiento no puede suponer, automáticamente y de pleno derecho, una causa de restricción de la capacidad de obrar del paciente.

Más en concreto, respecto del derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual ingresadas en establecimientos psiquiátricos, se establece en dichas recomendaciones que deberán adoptarse las medidas oportunas para facilitar el ejercicio de este derecho en relación con las que comprendan su significación.

3. En definitiva, la posibilidad de que el juez en la resolución por la que acuerde el internamiento —que es una figura distinta e independiente de la incapacitación— pueda privar también del derecho de sufragio a la persona con discapacidad, mientras el internamiento se prolongue, plantea graves problemas.

Según el Defensor del Pueblo, esta previsión no se ajusta a los criterios expuestos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Consejo de Europa, por cuanto el procedimiento judicial de internamiento que el Código Civil prevé, no reúne las garantías que exige el artículo 6.1 del Convenio para poder privar de algún derecho al internado, distinto, lógicamente, del de la libertad individual que el internamiento supone.

4. Ha de señalarse, finalmente, que la privación del derecho de sufragio en las citadas circunstancias es contraria al espíritu del artículo 12 de la Convención. En este sentido, se recomienda recurrir a las redes de apoyo a las que se alude más adelante (punto 5 de este cuadro) incentivando la autodeterminación de la persona con discapacidad (capacidad para tomar decisiones sobre los apoyos que necesita).

Ver lo que se indica más adelante en relación al ejercicio del sufragio pasivo y el acceso a la función pública.

2.2.2. Accesibilidad a las nuevas tecnologías

Nuestros referentes aquí son los Artículos 3, inciso f), 9 y 20 de la Convención.

En este apartado me remito a todo lo indicado más arriba para el principio de accesibilidad y el derecho a la libertad de expresión. Ver también lo que se apunta más adelante en relación al derecho de Acceso a la Administración de justicia.

2.2.3. Capacidad jurídica y de obrar en relación a la ejercicio del derecho de participación política de las personas con discapacidad

El referente para este asunto es el controvertido Artículo 12 de la convención

Por lo que se refiere a los cambios normativos necesarios en el ámbito de la capacidad jurídica y de obrar en relación al ejercicio del derecho de participación política de las personas con discapacidad resulta útil rescatar que:

a) Se sugiere la modificación de la literalidad de los artículos 200, 208, 232 y 271, así como del artículo 759.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (L 1/2000 de 7 de enero). Todo ello a fin de incorporar el modelo social de discapacidad e incrementar la autonomía de la persona con discapacidad.

b) Con carácter general, la normativa vigente no es incompatible con las medidas de “apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica” que se establecen en la Convención dado que la tutela y la curatela son mecanismos a través de los cuales se articulan medidas de apoyo en el Derecho español. El problema se plantea desde el momento en que la red de apoyo se identifica con o depende de la curatela que es un procedimiento limitante de la capacidad. Lo ideal sería que la red de apoyo no dependa, como la curatela, de un proceso limitante de la capacidad sino sólo del reconocimiento de la discapacidad. Queda por determinar mediante qué tipo de procedimiento se llevaría a cabo dicho reconocimiento296.

c) Habría que concebir la incapacitación no como un mecanismo de limitación de la capacidad sino, expresamente, como una medida de apoyo. Se recomienda en este sentido la modificación de la terminología actual.

d) Con muchas limitaciones, podría configurarse la curatela como la figura de apoyo a la que recurrir como regla general, siendo la tutela (sustitución) una medida de carácter excepcional y provisional.

e) Tendrían que realizarse los cambios legales necesarios para que el juez expresase en la sentencia de incapacitación las circunstancias y necesidades concretas de la persona afectada previendo sólo aquellas medidas de apoyo que fueran estrictamente necesarias. Sería conveniente que tales medidas se revisaran de oficio cada cierto tiempo. Se aconseja que el sistema sea temporal, garantista y judicializado.

f) Sería conveniente modificar la normativa vigente para garantizar que tanto el tutor como el curador considerasen los deseos y opiniones del incapacitado a menos que sean objetivamente contrarios a su interés.

g) Debe modificarse la normativa vigente relativa a la tutela para aclarar que el incapacitado sometido a tutela puede ejercer sus derechos fundamentales siempre que tenga para ello la suficiente capacidad natural. Capacidad natural que sólo ha de valorarse en cada caso concreto y, por consiguiente, no puede ser evaluada por el juez al dictar la sentencia de incapacitación.

h) Es conveniente que el apoyo en la toma de decisiones que implica la curatela no se circunscriba a la adopción de decisiones de naturaleza patrimonial y pueda extenderse al ejercicio de los derechos vinculados a la participación política.

Ver a este respecto, lo expuesto más adelante para el derecho de asistencia en el voto.

Para profundizar en este apartado me remito a lo indicado al estudio sobre el ámbito Derecho Privado, y, complementariamente, al Estudio sobre el ámbito“Libertad-Seguridad”) de la presente investigación.

2.2.4. La participación directa: derecho de iniciativa legislativa popular y participación en referenda públicos.

Aunque se puede utilizar para este asunto el Artículo 29, b), lo cierto es que no hay ninguna alusión específica a esta materia en la Convención.

Es decir, no parece haber ninguna regulación expresa para los casos de participación política directa de las personas con discapacidad cuando no se siga un sistema de votación mediante papeletas. Al ser el de la participación directa (iniciativa legislativa popular y referéndum) un sistema específico de votación, se entiende que, en su caso, tendría que ser regulado por una normativa también específica. En los casos de personas con discapacidad declaradas legalmente incapaces, se aplicará para este supuesto lo establecido en el punto 2.2.3. de este informe.

2.3. Acceso a la función pública en condiciones de igualdad

Los referentes en este materia son los artículos 29 a) ii, 29 b) y 27, g), de la convención.

El acceso a funciones públicas implica la posibilidad de ocupar cargos públicos, sean de carácter representativo, a través del sufragio al que se refiere el artículo 29 a), o de designación, a los que se refiere el artículo 29 a) ii). Por otra parte, también implica la posibilidad de acceder al empleo público, sea en la condición de funcionario (artículo 29 a) ii) o de personal laboral (artículo 27 g).

El ejercicio de este derecho exige, como mínimo, el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

Obligaciones generales: “garantizar” a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás.

Obligaciones específicas para el desempeño de cargos representativos: “asegurar” que las personas con discapacidad pueden participar plena y efectivamente en la vida política, mediante el derecho a ser elegido (art 29 a).

Obligaciones específicas para el desempeño de cargos de designación: la “protección del derecho” a ejercer cargos y desempeñar cualquier función pública a todos los niveles de gobierno (artículo 29 a) ii).

Obligaciones específicas para el acceso a la función pública: la “protección del derecho” a ejercer cargos y desempeñar cualquier función pública a todos los niveles de gobierno (art. 29 a) ii).

Obligaciones específicas para el empleo público: adoptar entre las “medidas pertinentes” que aseguren el derecho al trabajo y el empleo de personas con discapacidad en el sector público (art. 27 g).

2.3.1. Cambios normativos necesarios

1. En cuanto al acceso a los cargos públicos representativos y de designación, la obligación de garantizar el derecho de sufragio pasivo, no existe ninguna medida que, directa o indirectamente, garantice el acceso de personas con discapacidad ni a los cargos de carácter electivo ni a los de designación, a ninguno de los poderes u órganos constitucionales.

En este sentido, se recomienda una reflexión sobre la conveniencia de introducir un sistema de cuotas en las listas electorales presentadas en los distintos ámbitos.

2. En el acceso al empleo público, debe señalarse que formalmente se cumple con las exigencias del artículo 29 a) ii) en tanto se establece un sistema de cupos aunque no ha sido suficiente para llevar a cabo una verdadera incorporación de las personas con discapacidad el ejercicio de las funciones públicas (el porcentaje de cobertura de estas plazas es mínimo). Ello nos exige reflexionar sobre la necesidad de un cumplimiento real de estas exigencias.

En este sentido, se recomienda la articulación de un sistema complementario al de cupos que facilite la formación y el acceso de las personas con discapacidad a las pruebas selectivas correspondientes.

3. En la selección del personal laboral, se puede apreciar un déficit en la garantía del acceso a las personas con discapacidad, en particular por lo que se refiere a entidades instrumentales, tanto públicas como privadas. El problema es que estas entidades están sometidas a regímenes administrativos propios o, directamente, al derecho privado o laboral, y ello les exime del sistema de cuotas.

En este sentido, se plantea la posibilidad de extender a los entes privados la normativa del sistema de cupos, si bien es cierto que, aunque el Resultado 68 no lo señala, esto podría chocar con las exigencias del derecho a la libertad de empresa. Parece que a tal colisión habría que dedicar un estudio independiente.

En este sentido, resulta de interés consultar el análisis del artículo 27 g) que se realiza en el estudio sobre el ámbito “Trabajo-Empleo-Servicios Sociales”) de la presente investigación.

4. Finalmente, siguiendo las indicaciones de los expertos, a lo anterior puede añadirse la conveniencia de que la información acerca de la compatibilidad o incompatibilidad con el puesto de que se trate se dé a priori y no a posteriori, como sucede ahora.

Para completar este cuadro me remito también a lo indicado en la introducción para el principio accesibilidad y de igualdad y no discriminación. Consúltese sobre todo el Resultado 120 (Estudio de normativa concreta (estatal y autonómica, en su caso) en materias del ámbito “Servicios públicos y función pública”) y, complementariamente, los Resultados 117 (Estudio de normativa concreta (estatal y autonómica, en su caso) en materias del ámbito “Trabajo-Empleo-Servicios Sociales”), 123 (Estudio de normativa concreta (estatal y autonómica, en su caso) en materias del ámbito “Accesibilidad a los medios audiovisuales”) y 108 (Estudio de normativa general española antidiscriminatoria y adecuación a la Convención) de la presente investigación.

Ver también lo que se indica en el presente informe en relación al ejercicio del sufragio activo y pasivo.

2.4. Libertad de expresión de las personas con discapacidad en su calidad de electores (y elegibles) + asistencia en el ejercicio del sufragio activo.

Los referentes en esta materia son los Artículo 29, c) y 21 (genérico)

No hay que olvidar que la libertad de expresión se relaciona directamente con la libre comunicación (se incluye la comunicación social o a través de medios de comunicación de masas), la libertad de expresión y la de información, en la que se presupone una dimensión pública (entendida como difusión). Esto es relevante, por lo que aquí interesa, para la persona con discapacidad también en su condición de “elegible”.

En nuestra legislación los referentes principales para la libertad de expresión) son:

Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General

Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU)

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas

Artículo 22. Participación política: 1. Los poderes públicos, los partidos políticos y los agentes sociales facilitarán que las informaciones institucionales y los programas de emisión gratuita y obligatoria en los medios de comunicación, de acuerdo con la legislación electoral y sindical, sean plenamente accesibles a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas mediante su emisión o distribución a través de medios de apoyo a la comunicación oral; 2. Las Cortes Generales, Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales y Corporaciones y Entidades Locales promoverán la existencia y empleo de los medios de apoyo a la comunicación oral y la subtitulación, en aquellas reuniones plenarias de carácter público y en cualesquiera otras de interés general en que así se determine, cuando haya participación de personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas y lo soliciten previamente”.

Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establece las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado

Real Decreto 1612/2007, de 7 diciembre, por el que se regula un procedimiento de voto accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio del derecho de sufragio

.-Este RD regula, en desarrollo de la previsión contenida en el apartado 2 del artículo 87 de Ley Orgánica del Régimen Electoral General, un procedimiento de voto accesible que permita a las personas con discapacidad visual usuarias del sistema Braille identificar su opción de voto sin ser asistidas por una persona de su confianza y, por ello, con plenas garantías para el secreto del sufragio.

.-En el RD se opta por el sistema Braille por considerarse que es la alternativa “que mejor garantiza la autonomía del elector y el secreto del voto” […] “se ha optado por la utilización de papeletas y sobres de votación normalizados a los que se acompaña documentación complementaria en sistema Braille que va a permitir a la persona con discapacidad visual identificar la papeleta y el sobre de votación sin necesitar la colaboración de una tercera persona, procediendo, a continuación, a depositar su voto en la mesa electoral correspondiente”.

Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social.

ORDEN INT/3817/2007, de 21 de diciembre, por la que se desarrolla el procedimiento de voto accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio del derecho de sufragio, regulado en el Real Decreto 1612/2007, de 7 de diciembre.

Orden Pre/446/2008, de 20 febrero, determina las especificaciones y características técnicas de las condiciones y criterios de accesibilidad y no discriminación establecidos en el Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo.



2.4.1. Cambios normativos necesarios

Puede decirse que en relación al ejercicio de este derecho:

1. Se percibe la necesidad de articular un elenco de obligaciones concretas o mecanismos de control de la actividad promocional de las Administraciones públicas así como su inclusión en el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad.

2. Se echa de menos un Reglamento sobre accesibilidad a bienes y servicios a disposición del público.

3. En relación a la asistencia en el ejercicio del voto,

3.1. Hay que considerar que el artículo 87.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, se limita a reconocer la posibilidad de que en el ejercicio del derecho de votación, las personas con discapacidad visual puedan ser asistidas por una persona de su confianza.

3.2. Para la realización efectiva de este derecho, habría que seguir las recomendaciones de CRPD Forum en relación a la figura del “apoyo”:

a) El apoyo significa “desarrollar relaciones y formas de trabajar conjuntas, de manera que hagan posible que la persona se exprese y comunique sus deseos, en virtud de un acuerdo de confianza y respeto”.

b) “El apoyo no debe restringir los derechos de la persona” o coaccionarla a actuar de una manera determinada, y no debe afectar a su capacidad de obrar. “Una persona no puede ser obligada a aceptar apoyo en contra de su voluntad”.

c) Por lo que al derecho de voto se refiere, la tipología de apoyo puede incluir: “redes de apoyo, defensor personal, servicios comunitarios, apoyo mutuo, [y] asistente personal”. Todo ello de acuerdo con una buena planificación anticipada. El defensor está obligado a hacer un esfuerzo continuo para comunicarse con la persona con discapacidad y dar cumplimiento a su voluntad “en la medida en que pueda ser conocida”.

d) En este ámbito, sería conveniente regular una figura similar a la introducida en el Derecho italiano por la ley de 9 de enero de 2004 bajo la denominación de “Administrazione di sostegno” (artículos. 404 y ss. C.c. italiano) o la figura que el Derecho alemán denomina “Beetreung” (asistencia).

e) Evidentemente, como indican algunos informes, esta asistencia resulta imposible si la Ley 39/2006, no garantiza el derecho a disponer de la asistencia personal necesaria a lo largo de todas las horas y en todas las fechas en las que se puedan realizar consultas electorales.

3.3. Dado que las redes de apoyo han de ser concebidas como una garantía, habría que elaborar un elenco de obligaciones concretas de la Administración a este respecto, empezando por abordar la regulación jurídica de la figura del asistente personal.

En este sentido, habría que modificar el artículo 19 de la Ley 39/2006, del 14 de diciembre, de promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en situación de dependencia, a fin de garantizar la asistencia en el desarrollo de todas las actividades básicas de la vida diaria así como articular una gestión económica adecuada de la misma297.

3.4. El RD 1494/2007, de 12 de noviembre, articula un sistema por el cual la persona con discapacidad visual sería completamente autónoma en el ejercicio de su derecho de voto, lo cual no puede si no ser valorado muy positivamente. Su aplicación podrá extenderse a las consultas directas al electorado, a las elecciones al Parlamento Europeo, al Congreso de los Diputados, al Senado y a las elecciones a asambleas legislativas de las comunidades autónomas. “La regulación de un procedimiento de voto accesible aplicable a las elecciones locales será objeto de una norma específica por tratarse de un proceso de singulares características”.

3.5. Por supuesto, sería conveniente que el mecanismo establecido en el RD, con las correcciones y matizaciones que se han señalado, no se dirigiera exclusivamente a las personas con discapacidad visual.

Ver para completar este apartado puede consultarse lo que se ha indicado en relación al derecho de Acceso a la Administración de justicia y a la figura de la curatela.

Para profundizar en este asunto me remito aquí a lo que se ha subrayado en la introducción para los derechos reconocidos que son conexos con el derecho a la participación política de las personas con discapacidad. Especialmente por lo que hace al desarrollo del artículo 21 de la Convención. Consúltese también el estudio del ámbito “Servicios públicos y función pública”), el estudio sobre el ámbito “Accesibilidad a los medios audiovisuales” y el estudio sobre el ámbito “Trabajo-Empleo-Servicios Sociales” de la presente investigación.



2.5. Derecho de asociación de las personas con discapacidad

Aunque en la Convención no se alude específicamente a este derecho, se señala expresamente:

a) que los Estados han de estimular la constitución de organizaciones de personas con discapacidad que las representen en el ámbito internacional, nacional, regional y local, así como su incorporación a dichas organizaciones;

b) que deben consultar con las personas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representen, cuando elaboren y apliquen legislación y políticas para hacer efectiva la Convención, y al formular todas las demás medidas normativas que afecten o puedan afectar a sus vidas (artículo 4). Esta última exigencia se deriva del derecho de vida independiente, al que ya he aludido más arriba. No volveré ahora sobre la cuestión.

En nuestra legislación, los referentes principales en esta materia serían los siguientes:

Artículos 22 y 34 de la Constitución española

Ley 191/1964, de 24 de diciembre, de Asociaciones.

Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de incentivos fiscales a la iniciativa privada en actividades de interés general.

Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

Real Decreto 1865/2004, de 6 de septiembre, por el que se regula el Consejo Nacional de la Discapacidad.

Real Decreto 1359/2005, de 18 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo, por el que se reordena la Organización Nacional de Ciegos Españoles

Orden Tas/736/2005, de 17 de marzo, por la que se regula la estructura y funcionamiento de la Oficina Permanente Especializada del Consejo Nacional de la Discapacidad.

Sería interesante analizar, si fuera el caso, el funcionamiento de las organizaciones más representativas en España ONCE y CERMI, así como del Consejo Nacional de la Discapacidad.

Por lo que hace a los cambios normativos necesarios:

1. Faltaría articular un elenco de obligaciones concretas o mecanismos de control de la actividad promocional de las Administraciones públicas así como su inclusión en el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad (así lo indica, en relación a otra cuestión, el Resultado 123 (Estudio de normativa concreta (estatal y autonómica, en su caso) en materias del ámbito “Accesibilidad a los medios audiovisuales”) de la presente investigación), si bien esta recomendación resulta aplicable a la materia que ahora tratamos).

2. Básicamente, se establece, con carácter general, la obligación del Estado de articular medidas de estímulo pero no se especifica cuáles podrían ser tales medidas. Parece que la articulación de determinadas acciones administrativas (como las que se indican en el más adelante), la prestación de servicios sociales y ciertas medidas tributarias (ver el Resultado 121 que estudia la normativa (estatal y autonómica, en su caso) correspondiente al ámbito “Medidas Tributarias”) de esta investigación) podrían ayudar en mucho a la conformación de organizaciones y asociaciones de personas con discapacidad.

3. En relación al derecho de asociación de las personas con discapacidad declaradas legalmente incapaces, se aplicará lo establecido en el punto 2.2.3. de este informe.

4. Finalmente, parece destacable la labor realizada en este terreno por parte del Movimiento de Vida Independiente en España y por el ENIL (European Network on Independent Living) en Europa.



2.6. Acceso a la Administración de justicia

Conectado directamente con el ejercicio de los derechos políticos y el desempeño de cargos de función pública.

Interesa especialmente la participación en un juicio a través de la institución del Jurado y/o por medio de una acción popular.

No parece haber ninguna alusión a la participación de personas con discapacidad en Tribunales consuetudinarios y tradicionales, ni al ejercicio del derecho de petición por parte de personas con discapacidad..

El referente (indirecto) en esta materia es el Artículo 29, b) de la convención.

Para completar este cuadro consúltese el estudio sobre el ámbito Justicia lo que se ha indicado en el punto 2.3. del presente informe.

2.6.1. Cambios normativos necesarios

1. En relación con la participación de los ciudadanos en la administración de justicia, a través del Jurado (artículo 125 CE -por derivación de los artículos. 23.1 y 24.2 CE-), la regulación prevista debe ser objeto de interpretación restrictiva.

2. Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado (LOTJ). De acuerdo con la Exposición de Motivos (II, párrafo 8º) y el artículo 8 LOTJ, quedan excluidas como miembros del Jurado, por lo que aquí interesa:

a) las personas que no se encuentren en el pleno ejercicio de sus derechos políticos, y

b) quien, por estar impedido física, psíquica o sensorialmente para el desempeño de la función de jurado no puede (notoriamente) ejercer la función de enjuiciamiento.

El precepto es razonable pero se recomienda su interpretación restrictiva.

3. No obstante, si en el Jurado hubiera alguna persona con diversidad funcional, que no esté excluida por el artículo 8.5 LOTJ, habrá que tener presente los ajustes razonables y el derecho a la atención debida.

4. En España cualquier ciudadano (español o comunitario) puede intervenir en un juicio a través de la acción popular (ejercida por una persona física o jurídica), siempre que se trate de delitos públicos. Se trata de una normativa cuyo fundamento hay que buscar en los artículos 125 CE, 19 LOPJ y 101 de la LECrim.

El artículo 19 LJCA amplía esta legitimación activa a entes colectivos cuyos intereses legítimos pudieran verse afectados. No obstante, esta acción se circunscribe a la protección de determinados bienes jurídicos que giran en torno a la cultura, el medio urbano y el territorio ordenado, el medio ambiente y el dominio de uso público.

Es importante destacar las directrices del artículo 19.3 LJCA por lo que hace al ejercicio de acciones vecinales (artículos. 18.1 y 68 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local). A través de ellas, es posible exigir al municipio el establecimiento de un servicio público o la protección de un bien local.

Estos preceptos abren una puerta importante para las organizaciones y asociaciones de personas con discapacidad que podrían exigir la articulación de determinadas acciones a las instituciones públicas relacionadas, por lo que aquí interesa, con la accesibilidad plena a los colegios electorales, la asistencia en el ejercicio del derecho al voto, el acceso a la información y a las nuevas tecnologías y, en general, con el derecho de participación.











5. En la normativa vigente no parece haber ninguna alusión a la participación de personas con discapacidad en Tribunales consuetudinarios y tradicionales, ni al ejercicio del derecho de petición (Artículo 29.1 de la Constitución Española) por parte de personas con discapacidad. Quizá habría que evaluar si esta laguna constituye un problema en orden a garantizar los derechos de las personas con discapacidad.






























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