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La convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad y su impacto en el ordenamiento jurídico españOL

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ESTEBAN LEGARRETA, Ricardo. Contrato de trabajo y discapacidad. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1999, p. 347.

152 RD 1368/1985, de 17 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los minusválidos que trabajan en centros especiales de empleo (BOE 8-08-1985, nº 189).

153 ESTEBAN LEGARRETA, Ricardo. En: AA.VV. Trabajo y protección social del discapacitado. Albacete: Bomarzo, 2007, p. 73, aboga por la intervención de los Equipos Multiprofesionales.

154 ESTEBAN LEGARRETA, propone al respecto la aplicación a todos los supuestos de dificultades de rendimiento el régimen jurídico previsto en el RD de 1983.

155 STS de 2 de mayo de 1990

156 NUÑEZ GONZÁLEZ, Cayetano. La integración laboral de las personas con discapacidad. Madrid: Escuela Libre, 2000, p. 332.

157 En sentido contrario, NÚÑEZ GONZÁLEZ, CAYETANO. La integración laboral de las personas con discapacidad. Madrid: Escuela Libre Editorial, 2000, pp. 364 y 365, que considera que estamos ante una suspensión, y no ante una extinción y una contratación ex novo. Como consecuencia de la mejoría del trabajador, el negocio jurídico se restablece y la extinción se convierte en suspensión.

158 VALDÉS DAL-RÉ, Fernando. Derechos en serio y personas con discapacidad: una sociedad para todos. En: AA.VV. Relaciones Laborales de las personas con discapacidad. Madrid: Biblioteca Nueva, 2005, p. 372.

159 FITA ORTEGA, F. La ineptitud como causa de extinción del contrato de trabajo, Valencia, Tirant lo Blanch, 1997, pp. 32 y 33.

160 QUINTANILLA NAVARRO, Beatriz. Discapacidad y discriminación: de la igualdad de trato a la accesibilidad universal, Relaciones Laborales, 2006, nº 11.

161 BOE 23-03-2007, nº 71.

162 BOE 7-06-2005, nº 135.

163 Exposicion de Motivos del RD 1539/2003, de 5 de diciembre, por el que se establecen coeficientes reductores de la edad de jubilacion a favor de los trabajadores que acreditan un grado importante de minusvalia (BOE 20-12-2003, num. 304).

164 BOE 20-12-2003, nº 304.

165 BOE 7-06-2005, nº 135.

166 Exposicion de Motivos del RD 1539/2003, de 5 de diciembre, por el que se establecen coeficientes reductores de la edad de jubilacion a favor de los trabajadores que acreditan un grado importante de minusvalia (BOE 20-12-2003, num. 304).

167 BOE 20-12-2003, nº 304.

168 El día 22 de abril se ha publicado en el BOE el instrumento de ratificación del Protocolo facultativo a la Convención.

169 Ahora también habrá que tener en cuenta el Protocolo nº 12 al Convenio para la Protección de los Derecho Humanos y de las Libertades Fundamentales (Nº 177 del Consejo de Europa), hecho en Roma el 4 de noviembre de 2000, y cuyo Instrumento de Ratificación ha sido publicado en el BOE del 14 de marzo de 2008. Establece dicho Protocolo, en su art. 1 («Prohibición general de la discriminación»), que «El goce de todos los derechos reconocidos por la ley han de ser asegurados sin discriminación alguna, en particular por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas o de otro carácter, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación», entre las que se incluye, según la Memoria Explicativa que le acompaña, a las situaciones de discriminación de las personas con discapacidad. Dicho precepto también establece que «Nadie podrá ser objeto de discriminación por parte de cualquier autoridad pública, basada en particular en los motivos…» antes mencionados.

De la misma manera habrá que tener presente, en el ámbito de la Unión Europea, la Ley Orgánica 1/2008, de 30 de julio (BOE del 31), por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Lisboa, por el que se modifican el TUE y el TCCE, firmado en la capital de Portugal el 13 de diciembre de 2007. El art. 2 de la LO señala que «A tenor de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 10 de la Constitución española y en el apartado 8 del artículo 1 del Tratado de Lisboa, las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán también de conformidad con lo dispuesto en la Carta de los Derechos Fundamentales publicada en el “Diario Oficial de la Unión Europea” de 14 de diciembre de 2007». Así, el Art. 26 establece que «La Unión reconoce y respeta el derecho de las personas discapacitadas a beneficiarse de medidas que garanticen su autonomía, su integración social y profesional y su participación en la vida de la comunidad», que debe relacionarse con el art. 21.1, conforme al cual «Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual».

170 Sobre los modelos de discapacidad, sin ánimo exhaustivo, DE ASIS, AIELLO, BARIFFI, CAMPOY, PALACIOS y OTROS, Sobre la accesibilidad universal en el derecho, Cuadernos “Bartolomé De las Casas”, Edit. Dykinson, Madrid, 2007, págs. 19 y ss; y PALACIOS y BARIFFI, La discapacidad como una cuestión de derechos humanos. Una aproximación a la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con Discapacidad, Edit. Cinca (Colección Telefónica Accesible nº 4), Madrid, 2007, págs. 13 y ss..

171 MARÍN CALERO, La integración jurídica y patrimonial de las personas con discapacidad psíquica o intelectual, Aequitas-Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2005, pág. 4.

172 SALINERO ROMÁN, «La situación de los enfermo mentales sometidos a proceso penal», en Salud Mental y Justicia, Cuadernos de Derecho Judicial nº 21, CGPJ, 1994, pág. 281 y ss.

173 Para una interpretación constitucional del mismo, vid. SSTC 138/1988, 16/1994, 117/1998, de 2 de junio, 183/2001, de 17 de septiembre y 95/2003, de 22 de mayo.

174 La Ley ha sido objeto de desarrollo reglamentario (RD 996/2003, de 25 de julio –BOE de 7 de agosto—modificado por RD 1455/2005, de 2 de diciembre –BOE del 17--), para las Comunidades Autónomas que no han recibido los traspasos de competencias en materia de Justicia, pero también para las que lo han recibido, cuyas normas de desarrollo, al no afectar, en principio, a los sujetos y al contenido material, no vamos a señalar.

175 Para un desarrollo más pormenorizado y exacto del tema, vid. La situación de las personas con discapacidad en España, Informe 4/2003 del Consejo Económico y Social. Edit. CES, Madrid, 2004, en concreto págs. 12 y 27.

176 Sobre el derecho a atención específica hay que tener en cuenta varias cosas: a) Desde el plano de la Unión Europea, habrá que tener presente el Libro Verde sobre garantías procesales para sospechosos e inculpados en procesos penales en la Unión Europea [COM (2003) 75 final, de 19 de febrero de 2003] y la Propuesta de Decisión Marco del Consejo relativa a determinados derechos procesales en los procesos penales celebrados en la Unión Europea [COM (2004) 328 final, de 28 de abril. b) Desde el plano Iberoamericano hay que contar con las Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, aprobadas por la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana en marzo de 2008; c) Desde el plano bibliográfico, vid., DELGADO MARTÍN, «La Tutela judicial de las personas vulnerables» (págs. 271 a 283), DE HOYOS SANCHO, «Derechos de las personas sospechosas necesitadas de atención específica en el proceso penal» (págs. 287 a 314) y ALVÉS COSTAS, «Prestación de atención a las situaciones que requieren una tutela específica (una lectura comparada entre la propuesta de Decisión Marco y la Ley Portuguesa)» (págs. 315 a 325), todos en Garantías Procesales en los Procesos Penales en la Unión Europea (Coord. ARANGÜENA FANEGO), Edit. Lex Nova, Valladolid, 2007.

177 Que ello es posible, basta con tener en cuenta un supuesto. El Decreto 67/2008, de 26 de febrero (BOJA de 4 de marzo), por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha incluido un supuesto de asistencia jurídica gratuita no contemplado en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, y tampoco previsto, salvo error nuestro, en otros Reglamentos (al menos no en el que rige el territorio del Ministerio de Justicia). Nos referimos al nombramiento de procurador, cuando no es preceptivo, que dicho reglamento contempla en caso de sujetos privados de libertad, penal o administrativamente, en su artículo 18.

178 Así, en la Exposición de Motivos (Párrafo V), se señala que «Las presentes Reglas no se limitan a establecer unas bases de reflexión sobre los problemas del acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sino que también recogen recomendaciones para los órganos públicos y para quienes prestan sus servicios en el sistema judicial. No solamente se refieren a la promoción de políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia de estas personas, sino también al trabajo cotidiano de todos los servidores y operadores del sistema judicial y quienes intervienen de una u otra forma en su funcionamiento». Lo que se completa en el párrafo o regla 24, relativo a los destinatarios, que no son otros que los actores del sistema de justicia. Así, «Serán destinatarios del contenido de las presentes Reglas: a) Los responsables del diseño, implementación y evaluación de políticas públicas dentro del sistema judicial; b) Los Jueces, Fiscales, Defensores Públicos, Procuradores y demás servidores que laboren en el sistema de Administración de Justicia de conformidad con la legislación interna de cada país; c) Los Abogados y otros profesionales del Derecho, así como los Colegios y Agrupaciones de Abogados; d) Las personas que desempeñan sus funciones en las instituciones de Ombudsman. e) Policías y servicios penitenciarios. f) Y, con carácter general, todos los operadores del sistema judicial y quienes intervienen de una u otra forma en su funcionamiento».

179. Siguiendo con las Reglas de Brasilia, El Capítulo III, dedicado a la celebración de actos judiciales, establece:

«El contenido del presente Capítulo resulta de aplicación a cualquier persona en condición de vulnerabilidad que participe en un acto judicial, ya sea como parte o en cualquier otra condición.

(50) Se velará para que en toda intervención en un acto judicial se respete la dignidad de la persona en condición de vulnerabilidad, otorgándole un trato específico adecuado a las circunstancias propias de su situación.

Sección 1ª.- Información procesal o jurisdiccional.

(51) Se promoverán las condiciones destinadas a garantizar que la persona en condición de vulnerabilidad sea debidamente informada sobre los aspectos relevantes de su intervención en el proceso judicial, en forma adaptada a las circunstancias determinantes de su vulnerabilidad.

1.- Contenido de la información.

(52) Cuando la persona vulnerable participe en una actuación judicial, en cualquier condición, será informada sobre los siguientes extremos:

La naturaleza de la actuación judicial en la que va a participar

Su papel dentro de dicha actuación

El tipo de apoyo que puede recibir en relación con la concreta actuación, así como la información de qué organismo o institución puede prestarlo

(53) Cuando sea parte en el proceso, o pueda llegar a serlo, tendrá derecho a recibir aquella información que resulte pertinente para la protección de sus intereses. Dicha información deberá incluir al menos:

El tipo de apoyo o asistencia que puede recibir en el marco de las actuaciones judiciales

Los derechos que puede ejercitar en el seno del proceso

La forma y condiciones en las que puede acceder a asesoramiento jurídico o a la asistencia técnico-jurídica gratuita en los casos en los que esta posibilidad sea contemplada por el ordenamiento existente

El tipo de servicios u organizaciones a las que puede dirigirse para recibir apoyo

2.- Tiempo de la información.

(54) Se deberá prestar la información desde el inicio del proceso y durante toda su tramitación, incluso desde el primer contacto con las autoridades policiales cuando se trate de un procedimiento penal.

3.- Forma o medios para el suministro de la información.

(55) La información se prestará de acuerdo a las circunstancias determinantes de la condición de vulnerabilidad, y de manera tal que se garantice que llegue a conocimiento de la persona destinataria. Se resalta la utilidad de crear o desarrollar oficinas de información u otras entidades creadas al efecto.

Asimismo resultan destacables las ventajas derivadas de la utilización de las nuevas tecnologías para posibilitar la adaptación a la concreta situación de vulnerabilidad.

4.- Disposiciones específicas relativas a la víctima.

(56) Se promoverá que las víctimas reciban información sobre los siguientes elementos del proceso jurisdiccional:

Posibilidades de obtener la reparación del daño sufrido

Lugar y modo en que pueden presentar una denuncia o escrito en el que ejercite una acción

Curso dado a su denuncia o escrito

Fases relevantes del desarrollo del proceso

Resoluciones que dicte el órgano judicial

(57) Cuando exista riesgo para los bienes jurídicos de la víctima, se procurará informarle de todas las decisiones judiciales que puedan afectar a su seguridad y, en todo caso, de aquéllas que se refieran a la puesta en libertad de la persona inculpada o condenada, especialmente en los supuestos de violencia intrafamiliar.»

180 La Sección 2ª («Comprensión de actuaciones judiciales») del Cap. III de la Reglas de Brasilia establece que:

«(58) Se adoptarán las medidas necesarias para reducir las dificultades de comunicación que afecten a la comprensión del acto judicial en el que participe una persona en condición de vulnerabilidad, garantizando que ésta pueda comprender su alcance y significado.

1.- Notificaciones y requerimientos.

(59) En las notificaciones y requerimientos, se usarán términos y estructuras gramaticales simples y comprensibles, que respondan a las necesidades particulares de las personas en condición de vulnerabilidad incluidas en estas Reglas. Asimismo, se evitarán expresiones o elementos intimidatorios, sin perjuicio de las ocasiones en que resulte necesario el uso de expresiones conminatorias.

2.- Contenido de las resoluciones judiciales.

(60) En las resoluciones judiciales se emplearán términos y construcciones sintácticas sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico.

3.- Comprensión de actuaciones orales.

(61) Se fomentarán los mecanismos necesarios para que la persona en condición de vulnerabilidad comprenda los juicios, vistas, comparecencias y otras actuaciones judiciales orales en las que participe, teniéndose presente el contenido del apartado 3 de la Sección 3ª del presente Capítulo.»

181 Además de lo que ya he puesto de manifiesto, véanse las Reglas de Brasilia sobre Comparecencia en dependencias judiciales, en las que se incide sobre la necesidad de información sobre la comparencia, asistencia por personal especializado, comparecencia en un entorno cómodo, accesible, seguro y tranquilo, pero también se refieren al tiempo consumido en la comparecencia, a la forma, a la seguridad de las víctimas en condiciones de vulnerabilidad, en la accesibilidad y en la participación de niños, niñas y adolescentes.

182 Sobre la cuestión se ha ocupado y preocupado el Defensor del Pueblo Andaluz. Así, Deficientes mentales internados en centros penitenciarios andaluces, Informe especial al Parlamento, Edit. Defensor del Pueblo andaluz, Sevilla, 2000. En dicho informe se hace referencia a otro anterior, sobre enfermos mentales presos, colectivo todavía más numeroso.

183 TARUFFO, «Racionalidad y Crisis de la Ley Procesal», en Doxa, nº 22 (1999), págs. 313 y 314.

184 Las Reglas de Brasilia 43 a 47 son las relativas a los Medios Alternativos de resolución de conflictos, e inciden en el impulso de dichos métodos, difusión, información y participación de personas vulnerables.

185 Para la comprensión de los sistemas de Arbitraje, conciliación y mediación en el ámbito laboral, véanse, por ejemplo, DESDENTADO BONETE, «El tratamiento procesal de los procedimientos no jurisdiccionales», en Reforma y Crisis del Proceso Social (1994-1996), con Cachón Villar, Edit. Aranzadi, Pamplona, 1996; LANTARÓN BARQUIN, Ordenación de la solución extrajudicial de los conflictos laborales, Edit. Lex Nova, Valladolid, 2003; y SANTOR SALCEDO, La mediación en los conflictos de trabajo: naturaleza y régimen jurídico, Edit. La Ley, Madrid, 2006.

186 Sobre la materia, específicamente en el ámbito de las personas con discapacidad, vid. los Capítulos I «El problema de la eficacia de los derechos sociales: tópicos y realidades» (págs. 13 a 35) y II «La consolidación, en los comienzos del Siglo XXI de la cuarta generación de Derechos Fundamentales. En particular los derechos de las personas con discapacidad» (págs. 37 a 48), del Informe 2006 de Fundación ONCE sobre Exclusión y Diversidad. Una nueva concepción de los derechos de los ciudadanos con discapacidad, Edit. Fundación ONCE, sin lugar y sin fecha.

187 La participación del ciudadano en la Administración Pública, Edit. CEC, Madrid, 1980, pág. 112.

188 Vid. GUTIÉRREZ DE CABIEDES E HIDALGO DE CAVIEDES, La tutela jurisdiccional de los intereses supraindividuales: colectivos y difusos, Edit. Aranzadi, El Cano, 1999, pág. 176 y ss.

189 DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, «Artículo 24: Garantías procesales» en Comentarios a la Constitución Española de 1978 (Dir. Alzaga Villaamil), Tomo III, Arts. 24 a 38, Edit. Cortes Generales-EDERSA, Madrid, 1996, págs. 31 y ss., pág. 30.

190 DÍEZ-PICAZO, op. y loc. cit..

191 Vid. STC 211/94, sobre el ejercicio de la acción penal, o las SSTC 62/83, 147/85, 241/92 y 34/94, sobre el ejercicio de la acción popular.

192 Vid. LÓPEZ PINA, «Capítulo III. De los principios rectores de la política social y económica», en Comentarios a la Constitución Española de 1978 (Dir. Alzaga Villaamil), Tomo IV, Arts. 39 a 55, Edit. Cortes Generales-EDERSA, Madrid, 1996, pág. 27, para el problema de la omisión de la legislación.

193 GUTIÉRREZ DE CABIEDES, op. cit., pág. 179.

194 GUTIÉRREZ DE CABIEDES, op. cit., pág. 181.

195 Sobre la legitimación de las personas físicas para la protección de los intereses supraindividuales, vid. STC 214/91, de 11 de noviembre, Caso Violeta Friedman. Vid. GUTIÉRREZ DE CABIEDES, op. cit., pág. 334 y ss. También GONZÁLEZ CANO, La protección de los intereses legítimos en el proceso administrativo, Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, pág. 120.

196 También hay que tener en cuenta otros en otras normas también modificadas por la Ley 39/2002, de 28 de octubre (BOE del 29), de transposición al ordenamiento jurídico español de diversas directivas comunitarias en materia de protección de los intereses de los consumidores y usuarios. Así, los arts. 25, 26 y 29 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre (BOE del 15), General de Publicidad; los arts. 120 y 121 de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre (BOE del 22), del Medicamento; arts. 21 y 22 de la Ley 25/1994, de 12 de julio (BOE del 13), por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la directiva 89/552 CEE, sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva; art. 20 de la Ley 7/1995, de 23 de marzo (BOE del 25), de Crédito al Consumo; arts. 16 y 19 Ley 7/1998, de 13 de abril (BOE del 14), sobre Condiciones Generales de la Contratación; art. 16 bis de la Ley 42/1998, de 15 de diciembre (BOE del 16), sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico y normas tributarias; y arts. 30 y 31 de la Ley 34/2002, de 11 de julio (BOE del 12; corrección de errores del 6 de agosto), de Servicios de la Sociedad de la información y de Comercio Electrónico.

197 Dicho precepto establece la legitimación de dichas entidades para ejercer los derechos confiados a su gestión y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos y judiciales. Sobre el tema, en general, vid. MONTERO AROCA, La legitimación colectiva de las entidades de gestión de la propiedad intelectual, Edit. Comares, Granada, 1997.

198 El art. 20 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre (BOE del 3), de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (Criterios especiales sobre la prueba de hechos relevantes), en su apartado 1, señala que «En aquellos procesos jurisdiccionales [no aplicable a los procesos penales ni a los contencioso-administrativos interpuestos contra resoluciones sancionadoras] en los que de las alegaciones de la parte actora se deduzca la existencia de graves indicios de discriminación directa o indirecta por razón de discapacidad, el juez o tribunal, tras la apreciación de los mismos, teniendo presente la disponibilidad y facilitad probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio y el principio procesal de igualdad de partes, podrá exigir al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad».

En la misma línea se sitúa el art. 32 (Carga de la prueba en relación con el origen racial o étnico) de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre (BOE del 31), de medidas fiscales, administrativas y del orden social, en relación con las medidas en materia de igualdad de trato y no discriminación por el origen racial o étnico de las personas. Señala dicho precepto que «En aquellos procesos del orden jurisdiccional civil y del orden jurisdiccional contencioso-administrativo en que de las alegaciones de la parte actora se deduzca la existencia de indicios fundados de discriminación por razón del origen racial o étnico de las personas, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad». Y lo mismo hace, el art. 36 (Carga de la prueba), respecto de las medidas de igualdad de trato y no discriminación en el trabajo, que señala que «En aquellos procesos del orden jurisdiccional civil y del orden jurisdiccional contencioso-administrativo en que de las alegaciones de la parte actora se deduzca la existencia de indicios fundados de discriminación por razón del origen racial o étnico, la religión o convicciones, la discapacidad, la edad o la orientación sexual de las personas respecto de las materias incluidas en el ámbito de aplicación de esta sección, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad».

199 Con carácter general, vid. CORTÉS DOMÍNGUEZ y MORENO CATENA, Derecho Procesal Civil. Parte Especial, Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, en el que se pueden encontrar un buen resumen de los diferentes procedimientos civiles citados.

200 Por ejemplo, el Acuerdo de 6 de noviembre de 2001 (BOE de 27), del Pleno del CGPJ, que prevé la dicha atribución para el Juzgado de 1.ª Instancia nº 11 de Málaga.

201 Por ejemplo, Acuerdo de 28 de febrero de 2007 (BOE de 23 de marzo), del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que, se atribuye a la Sección segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba el conocimiento con carácter exclusivo de los asuntos relativos al derecho de familia, capacidad de las personas y violencia de género en materia civil.

202 Como botón de muestra, sobre la preocupación y ocupación de los órganos jurisdiccionales por los derechos sociales en el ámbito penal, vid., recientemente, LÓPEZ GARCÍA DE LA SERRANA (director), Prevención de riesgos laborales, salud laboral y siniestrabilidad laboral. Aspectos penales, laborales, administrativos e indemnizatorios, Cuadernos de Derecho Judicial (XIV), CGPJ, Madrid, 2004; y GRANADOS PÉREZ (director), Problemas derivados de la delincuencia medioambiental, Estudios de Derecho Judicial (52), CGPJ, Madrid, 2004.

203 Para la promoción por el Ministerio Fiscal del interés social, vid. FLORES PRADA, El Ministerio Fiscal en España, Edit. Tirant lo Blancha, Valencia, 1999, págs. 431 y ss.

204 Vid. ARNAIZ SERRANO, Las Partes civiles en el proceso penal, Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, págs. 223 a 235. También MORENO CATENA (con Cortés Domínguez), Derecho Procesal Penal, 2ª Edición, Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, págs. 105 a 107.

205 Sobre el tema, antes de la entrada en vigor de la LJCA de 1998, GONZÁLEZ CANO, op. cit, págs. 29 y ss. Después de la entrada en vigor, vid. GIMENO SENDRA, MORENO CATENA y SALA SÁNCHEZ, Derecho procesal administrativo, 2ª Edic., Edit. CERA, Madrid, 2004, pág. 46.

206 Para los problemas interpretativos del precepto, vid. GUTIÉRREZ DE CABIEDES, op. cit., págs. 275 y ss..

207 Vid. STC 102/95, y sobre la doctrina, REGO BLANCO, La Acción Popular en el Derecho Administrativo y en especial, en el Urbanístico, Edit. IAAP, Sevilla, 2005, op. cit., pág. 98.

208 También el RD 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General para el desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, art. 202.

209 Para ver una guía de todas estas disposiciones, vid. REGO, op. cit., págs. 487 y 488.

210 Introducido por la Disposición Adicional quinta de la Ley 15/2002, de 1 julio, por la que se declara el Parque Nacional marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia.

211 Ley Foral 11/1986, de 10 de octubre, de defensa de las Carreteras de Navarra (art. 26). Para las leyes autonómicas en materia de medio ambiente y naturaleza, patrimonio histórico, ordenación del territorio, urbanismo, vid. REGO, op. cit., págs. 490 y ss..

212 Sobre el tema, REGO, op. cit., pág. 160.

213 Vid. La Justicia Dato a Dato. Año 2004. Estadística Judicial, CGPJ, Madrid, 2005. Y si alguien pensara que dicho año fue excepcional puede consultar La Justicia Dato a Dato. Año 2007. Estadística Judicial, CGPJ, Madrid, 2008, para comprobar que las cosas no han mejorado, todo lo contrario.

214 Sobre la materia, in extenso, GORELLI HERNÁNDEZ, «Novedades procesales en la Ley de igualdad», en Revista Temas Laborales nº 91 (2007), págs. 331 a 366.

215 Vid. los arts. 102 a 182 LPL, que contemplan, entre otros, el proceso de despido, vacaciones, materia electoral, clasificación profesional, modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, seguridad social, conflictos colectivos, impugnación de convenios colectivos y tutela de los derechos de libertad sindical.

216 En realidad de la práctica totalidad de los principios declarados en el artículo 3 como son el de respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas (art. 3 a); el de no discriminación (art. 3.b), participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad (art. 3.c), respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas (art. 3.d), igualdad de oportunidades (art. 3.e).

217 Entre los múltiples ejemplos, el derecho de acceso al trabajo en condiciones de igualdad requiere que tanto los centros como los instrumentos empleados sean accesibles. Asimismo ocurre con los lugares y los medios empleados en el ejercicio del derecho de acceso a la justicia, el derecho a una vida autónoma y a la movilidad, el derecho a la educación, al ocio, deporte y cultura, la participación política, etc.

218 Sobre el concepto de accesibilidad desde la prespectiva española vid. Instituto Estudios Europeos de la Universidad Barcelona: La accesibilidad en España. Diagnóstico y bases para un plan integral de supresión de barreras, IMSERSO, Madrid, 2002, pp. 25 a 36. El artículo 2 de la LIOUNDAU define la accesibilidad universal como «la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de “diseño para todos” y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse».

219 Un profundo e interesante análisis de carácter sobre la accesibilidad desde una perspectiva jurídica puede encontrarse en De Asís Roig, Rafael (Dir.): Sobre la accesibilidad universal en el derecho, Dykinson, Madrid, 2007.

220 A una conclusión opuesta llegan otros que señalan el reconocimieno de un verdadero y nuevo derecho a la accesibilidad. Sobre la afirmación del reconocimiento de este derecho a la accesibilidad vid. Palacios, Agustina: El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, CERMI, Madrid, 2008, p. 272. En mi opinión ninguno de los criterios propios de la exégesis jurídica permite deducir que se trata de un derecho: ni desde una interpretación literal (en la que se obvia el término derecho), ni sistemática (ya que la accesibilidad figura como un principio que se concreta sólo en obligaciones y no en un derecho como en otros artículos), ni contextual (pues, entre otros, un informe la Alta Comisionada de Naciones Unidas puso de manifiesto que la voluntad de la Convención no era crear derechos nuevos), ni teleológica (ya que es el reflejo de la necesidad de consenso entre los Estados para alcanzar un acuerdo en torno a la Convención lo que supuso postergar algunos objetivos como el derecho a la accesibilidad universal).


221 Así, por ejemplo, no se podría derivar de la Convención una obligación dirigida a los Estados para que garanticen la accesibilidad de todos los vehículos privados imponiendo a los fabricantes dicha accesibilidad, más que a través del diseño para todos.

222 Así, un domicilio particular quedaría excluido, mientras que las zonas comunes de una urbanización no; la sede de una empresa quedaría excluida (en el caso de no contar con trabajadores con discapacidad) mientras que un restaurante no; la intranet de una empresa podría quedar excluido (en el caso de no contar con trabajadores discapacitados), mientras que la web corporativa no.

223 En efecto, el «entorno físico» será aquél abierto o de uso público, al igual que sucede con los edificios y los transportes que se refieren a los dichas características. En cuanto a las viviendas, es la expresión más conflictiva, ya que apela al ámbito privado por antonomasia, por lo que su introducción en este punto debe entenderse hecha a los elementos abiertos y comunes de las viviendas.

224 La traducción como «medidas pertinentes» no resulta demasiado adecuada, ya que se trata, en realidad, de «medidas apropiadas», tal y como se deduce de la redacción en lengua inglesa y francesa de la Convención (appropiate, appropriées). En la determinación de lo más conveniente surge el margen de discrecionalidad que permite la selección, que, por otra parte, no existiría si se hubiese dispuesto la obligación de los Estados de adoptar todas las medidas necesarias o, más aún, todas las posibles.

225 Estos se definen en el artículo 2 como las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o el ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derecho humanos y libertades individuales.

226 Instituto Estudios Europeos de la Universidad Barcelona: La accesibilidad en España. Diagnóstico y bases para un plan integral de supresión de barreras, IMSERSO, Madrid, 2002, pp. 51 a 53.

227 Alonso López, Fernando (dir.): Libro Blanco: Por un nuevo paradigma, el Diseño para Todos, hacia la plena igualdad de oportunidades, IMSERSO, Madrid, 2003, p. 70

228 Instituto Estudios Europeos de la Universidad Barcelona: La accesibilidad en España. Diagnóstico y bases para un plan integral de supresión de barreras, IMSERSO, Madrid, 2002, p. 52

229 Instituto Estudios Europeos de la Universidad Barcelona: La accesibilidad en España. Diagnóstico y bases para un plan integral de supresión de barreras, IMSERSO, Madrid, 2002, p. 55. «Las leyes autonómicas de accesibilidad no regulan extensamente todos sus epígrafes ni recogen un desarrollo minucioso del contenido de los instrumentos que crean o de las administraciones competentes para aplicarlos. Estas concreciones son necesarias tanto para evitar conflictos de competencias positivos entre diferentes administraciones como para abordar una armonización de esos instrumentos o para hacer posible su implementación.

El marco normativo sobre accesibilidad está inconcluso, no sólo por el retraso en la promulgación de ciertos decretos, sino por la indefinición de sus instrumentos y otros problemas de diseño jurídico. La falta de concreción en aspectos competenciales o de seguimiento y control de sus preceptos o en relación con las sanciones e infracciones no implica más flexibilidad, sino más discrecionalidad y menor control. Sólo un sistema bien diseñado puede ser flexible sin perder su fuerza y aplicabilidad.

Sería necesario desarrollar adecuadamente esa normativa marco que son las leyes de accesibilidad, a través de sus respectivos reglamentos, mejorando los instrumentos que allí se instauran para tornarlos en eficaces. Asimismo, algunos decretos que desarrollan las leyes de accesibilidad concretan sus exigencias en múltiples parámetros dimensionales que se deben cumplir, sobre todo en los ámbitos de la edificación y urbanismo, pero existe cierto debate sobre los límites al diseño que esta concreción conlleva y que puede conducir a soluciones escasamente accesibles y de mala calidad. Recordar además que la normativa debe favorecer el buen diseño, pero es tarea de los técnicos sectoriales correspondientes determinar hasta qué punto los criterios dimensionales mínimos existentes son adecuados y permiten suficiente libertad de creación, teniendo en cuenta que ésta debe finalmente ser inclusiva y sin barreras. Es decir, coordinación normativa-administrativa, y a su vez coordinación entre las diferentes administraciones públicas.

Por tanto, la importancia de la legislación en esta materia es que da un marco jurídico para adaptar los espacios públicos y privados a las personas con movilidad reducida, pero la característica común a las leyes de accesibilidad es la falta de regulación clara y exhaustiva en prácticamente todos sus epígrafes, especialmente en materia de comunicación sensorial. Si las leyes no cumplen adecuadamente esta labor, se hacen muy necesarias algunas reformas, vía reglamento, por ejemplo, por ser más rápido y efectivo, o seguirán siendo poco operativas en la práctica.

Además, las leyes de accesibilidad tienen algunos otros problemas de tipo jurídico que lastran su aplicabilidad y eficiencia, particularmente el que no se regulan correctamente controles efectivos para forzar su cumplimiento (controles «a priori» o regímenes sancionadores «a posteriori»), lo que es de indudable importancia, pero fácilmente regulable vía reglamento.

Podemos concluir que hoy por hoy la llamada «accesibilidad integral» se puede desarrollar más ampliamente a través de la concienciación social y de la previsión legal para modificar y suprimir las barreras en el espacio físico que mediante la aplicación sancionadora de las leyes vigentes».

230 Los estudios en los que se ponen de manifiesto estas deficiencias son numerosos, si bien responden en su mayoría a la entrada en vigor de la LIONDAU y de sus reglamentos de desarrollo. Así puede consultarse un detalla estudio técnico elaborado por Rovira-Beleta, Enrique: Libro blanco de la accesibilidad, Edicions UPC, 2003. Desde un punto de vista más político-jurídico se ponen de manifiesto de las deficiencias de la acción pública en materia de accesibilidad en Instituto Estudios Europeos de la Universidad Barcelona: La accesibilidad en España. Diagnóstico y bases para un plan integral de supresión de barreras, IMSERSO, Madrid, 2002; Alonso López, Fernando (dir.): Libro Blanco: Por un nuevo paradigma, el Diseño para Todos, hacia la plena igualdad de oportunidades, IMSERSO, Madrid, 2003.

231 Así se desprende del documento preparado por Jiménez Lara, Antonio; Huete García, Agustín: La discriminación por motivos de discapacidad: análisis de las respuestas recibidas al cuestionario sobre discriminación por motivos de discapacidad promovido por el CERMI, 2003. En el estudio un 35,6 por ciento afirmaban haber sufrido discriminación a consecuencia de su discapacidad a la hora de utilizar los medios de transporte público, no sólo por barreras físicas sino por problemas de actitud y barreras de comunicación. Se pusieron de relieves rupturas en la cadena de la accesibilidad (por ejemplo, autobuses adaptados y paradas sin adaptar), así como mal funcionamiento de las medidas dispuestas. También un 23,6 por ciento afirmaba haber sufrido discriminación a la hora de utilizar los aparcamientos públicos. En cuanto a la discriminación en el derecho de admisión por razón de discapacidad, un 13,2 por ciento señalaron haber sufrido discriminación.

En el ámbito de los servicios destaca la discriminación en el ámbito de la contratación de seguros y productos financieros, así un 17,8 por ciento señalan haber sufrido discriminación por esta causa.

El diseño en los bienes y servicios de primera necesidad fue percibido por un 26,2 por ciento, mientras que los bienes y servicios de uso cotidiano la percepción de discriminación fue de un 36,8 por ciento, y de 32,4 en el de los de uso profesional. Por último, un 31.3 por ciento se consideró discriminado en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

232 Información extraída de la página web del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (www.saad.es) y de la Consejería de Bienestar de la Generalitat Valenciana

233 «Podemos afirmar a partir de los datos presentados que no existen cadenas de accesibilidad como tales; tan sólo hay eslabones sueltos, en ocasiones conectados con los siguientes. Pero la falta de conexión es mucho más la norma que la excepción, por lo que hablar de cadenas de transporte accesible o recorridos origen-destino autónomos es, en general, ilusorio para muchos usuarios». Instituto Estudios Europeos de la Universidad Barcelona: La accesibilidad en España. Diagnóstico y bases para un plan integral de supresión de barreras, IMSERSO, Madrid, 2002, p. 239.

234 Artículo 4.1.f) de la Convención.

235 Artículo 9 de la Convención.

236 Artículo 20 de la Convención.

237 Artículo 27 de la Convención, en particular apartado 1 letras e), h) e i), adoptando medidas que incentiven fiscalmente la adaptación de las personas con discapacidad en el lugar de trabajo..

238Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.”

239 Como afirma de manera un tanto academicista el art. 2.1 párrafo 2º de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

240 Art. 1 de la LIRPF.

241 Artículo 15.1 de la LIRPF.

242 Artículo 16 de la LIRPF.

243 a) Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo iguales o inferiores a 9.000 euros: reduciran 4.000 euros anuales.

b) Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo comprendidos entre 9.000,01 y 13.000 euros: 4.000 euros menos el resultado de multiplicar por 0,35 la diferencia entre el rendimiento del trabajo y 9.000 euros anuales.

c) Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo superiores 13.000 euros o con rentas, excluidas las exentas, distintas de las del trabajo, superiores a 6.500 euros: 2.600 euros anuales.

244 Artículo 21 de la LIRPF.

245 Concretamente, el legislador distingue entre los siguientes:

  1. los rendimientos obtenidos por la participación en los fondos propios de cualquier tipo de entidad.

  2. los rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios

  3. los rendimientos procedentes de operaciones de capitalización y de contratos de seguros de vida o invalidez, excepto cuando deban tributar como rendimientos de trabajo

  4. otros rendimientos, como los derivados de: la propiedad intelectual, arrendamientos de bienes muebles, cesión de derechos de imagen, o rentas que tengan su causa en la imposición de capitales (salvo cuando hayan sido adquiridas por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio).

246 Artículo 27.1 de la LIRPF.

247 El artículo 37.4.2 del RIRPF.

248 Art. 33 LIRPF.

249 Art. 34 LIRPF.

250 Cfr. art. 38 LIRPF.

251 Artículos 51 a 54 de la LIRPF.

252 Todo ello, como consecuencia de la aprobación de la Ley 35/2006 que modificó, entre otros, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

253 Artículo 56.1 LIRPF.

254 Regulada en el art. 68.1 de la LIRPF y desarrollada por los arts. 54 a 57 del RIRPF.

255 Deducción que desaparecerá a partir del 1 de enero de 2014.

256 Dicho artículo dispone que: “Se considerará investigación a la indagación original planificada que persiga descubrir nuevos conocimientos y una superior compresión en el ámbito científico y tecnológico, y desarrollo a la aplicación de los resultados de la investigación o de cualquier otro tipo de conocimiento científico para la fabricación de nuevos materiales o productos o para el diseño de nuevos procesos o sistemas de producción, así como para la mejora tecnológica sustancial de materiales, productos, procesos o sistemas preexistentes”.

257 Esta deducción desaparecerá a partir del 1 de enero de 2011.

258 Art. 40 del TRLIS.

259 Vid. art. 3.1 LISD

260 Vid. art. 9 LISD.

261 Vid. arts. 39 y 33 de la Constitución española.

262 Vid. art. 21.1 LISD.

263 Vid. art. 21.2. LISD.

264 Vid. art. 30.1 LIP.

265 Vid. art. 30.2. LIP.

266 Cfr. art.6 RIVA.

267 Cfr. art.91.Uno.2.9º LIVA.

268 Véanse las Resoluciones de la Dirección General de Tributos de 5 de junio de 1986 y de 10 de diciembre de 1998.

269 Consulta de la Dirección General de Tributos de noviembre de 1985.

270 Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 10 de septiembre de 1999.

271 art.66.1.a LIIEE.

272 art. 73 Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAPPAC).

273 Resolución de la Dirección General de Tributos de 21 de mayo de 1993 y 16 de marzo de 1993.

274 Resolución de la Dirección General de Tributos de 4 de junio de 1996.

275 Resolución de la Dirección General de Tributos de 11 de mayo de 1993 y de 14 de mayo de 1993.

276 Resolución de la Dirección General de Tributos de 2 de abril de 1993.

277 Resolución de la Dirección General de Tributos de 30 de junio de 1993.

278 Resolución de la Dirección General de Tributos de 30 de junio de 1993.

279 Resolución de la Dirección General de Tributos de 14 de abril de 1993.

280 Resolución de la Dirección General de Tributos de 4 de marzo de 1993.

281 Resolución de la Dirección General de Tributos de 30 de junio de 1993.

282 Art.7 TRITPAJD

283 Art. 19 TRITPAJD

284 Cfr. arts.27, 28, 33 y 40 TRITPAJD

285 Art.45 TRITPAJD

286 Cfr. art. 45. I. A). b) del TRITPAJD.

287 Cfr. art. 45.I. B). 21 del TRITPAJD.

288 Cfr. art.65 LIIEE.

289 Cfr. art. 66.2. LIIEE.

290 Cfr. art. 68 LIIEE.

291 Publicados, respectivamente, en el DOCE L 105, de 23 de abril de 1983 y en el DOCE L 220, de 11 de agosto de 1983.

.

292 Art. 82.1. e) y 82. 4. de la LHL.

293 Art. 82. 1. f) y 82. 4 de la LHL.

294 Art. 9 LHL

295 Así sucederá, por ejemplo, en aquellos supuestos en los que la persona con discapacidad dispone de dos vehículos, uno de ellos dedicado a la actividad laboral con las características técnicas adecuadas al efecto y las distintivas de la empresa, y otro destinado al uso privado. Parece lógico pensar que, en estos supuestos, no debería de incluirse en la limitación de la exención para más de un vehículo a aquellas situaciones en las que el segundo vehículo se halla afecto al desarrollo de una actividad empresarial o profesional ejercida directamente por el discapacitado, pudiendo en consecuencia dichos vehículos gozar simultáneamente la exención. Otra situación igualmente conflictiva sería, por ejemplo, la de una asociación sin ánimo de lucro cuyo objeto social consiste en la asistencia a discapacitados, poniendo gratuitamente a su disposición vehículos de su propiedad. Resulta coherente que esta asociación tenga únicamente derecho a la aplicación de la exención respecto de uno de los citados vehículos. Sería más lógico extender la misma a todos los vehículos, siempre y cuando el titular del permiso de circulación lo fuese una persona con discapacidad y no la asociación propietaria de los vehículos.

296 En este sentido, parece interesante la distinción que el Movimiento de Vida Independiente ha establecido entre autonomía (capacidad de obrar) y autodeterminación (capacidad de decidir sobre el apoyo necesario). Y digo que es interesante porque lo que se reivindica aquí es la necesidad de subrayar el segundo término frente al primero.

297 La prestación económica para asistencia personal sólo se ofrece a las personas con diversidad física baremadas en grado III, no cubre las actividades de participación en la vida comunitaria, social y cívica, su importe máximo es de 780 euros al mes, no se determina en función de una valoración individual de las horas necesarias y el ciudadano debe repagar una parte en función de su renta y patrimonio (vid. para una valoración integral de la LEPA desde el Movimiento de Vida Independiente, la intervención de A. Centeno Ortiz el 4 de mayo de 2007 en Alicante, en el seno del Congreso de la ENIL). La LEPA ha sido también duramente criticada por la ENIL.

298 Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. www.cermi.es

299 Véase nota 23 al artículo 6 del borrador del Grupo de Trabajo, Informe del Grupo de Trabajo al Comité Especial, A/AC.265/2004/WG.1, de 27 de enero de 2004, [….En el Grupo de Trabajo se manifestaron opiniones divergentes en cuanto a la inclusión de este artículo en el proyecto. Algunas delegaciones eran muy partidarias de que hubiera un artículo sobre recopilación de estadísticas y datos en el texto de la Convención y aducían diversas razones. En el artículo 13 de las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad se recomienda la reunión de información. Su inclusión podría permitir que los Estados atendiesen de manera más efectiva a las necesidades de las personas con discapacidad y que contasen con una evaluación exacta de su situación, de modo de poner en práctica programas en beneficio suyo. La resolución 58/132 de la Asamblea General, de 22 de diciembre de 2003, también se refiere a la cuestión de los datos y las estadísticas en el párrafo 8. En el presente artículo el respeto de la privacidad es un elemento fundamental.

Otras delegaciones se opusieron a la inclusión de un artículo sobre recopilación de estadísticas y datos en la Convención por varias razones. Les preocupaba el respeto del derecho a la privacidad y el riesgo de uso indebido de la información y consideraban que el artículo no era pertinente en un tratado de derechos humanos. Además, entendían que las estadísticas no eran un instrumento útil para la formulación de políticas y que los recursos invertidos en la recopilación de datos debían utilizarse en programas para personas con discapacidad. Había que levantar encuestas generales y no simplemente de las personas con discapacidades.

Otras delegaciones sugirieron que se cambiara el título del proyecto de artículo. Una de las propuestas fue “recopilación y protección de estadísticas y datos”. Estaba claro que cualquier recopilación de datos sobre discapacidades no debía infringir los derechos humanos de las personas con discapacidad…] p.12

300 Japan Disability Forum, 3ª Sesión,

301 World Network of Users and Survivors of Psychiatry, 3ª Sesion,

302 Sin perjuicio de lo indicado, es importante destacar que la información sobre las condiciones sanitarias de las personas con discapacidad pueden resultar en algunos casos de vital importancia, sobre todo como lo afirmó la Organización Mundial de la Salud (OMS) cuando se dirigió al Comité Espacial en la tercera sesión, cuando se trata de garantizar el acceso de las personas con discapacidad a la salud y a la rehabilitación. […WHO recognizes that in many low-income and middle-income countries there is a shortage of data on the health and rehabilitation needs of persons with disabilities. Such data would not only highlight the needs of persons with disabilities, but would ensure equity in allocation of available resources in addressing their needs. In this context, WHO is committed to provide technical assistance and expertise within its mandate and looks forward to contribute towards issues related to statistics and data collection within the framework of International Classification of Functioning, Disability and Health (WHA54.21) for national and international use…] Ad Hoc Committee on a Comprehensive and Integral International Convention on the Protection and Promotion of the Rights and Dignity of Persons with Disabilities, Background Documents, Third Session, statement submitted electronically by the World Health Organization, (http://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahcstata31tscomments.htm)

303 Vid. Normas Uniformes.

304 En el desarrollo del artículo 13 de las Normas Uniformes establece:

[…“…Norma 13:1

¿Ha reunido la autoridad local estadísticas acerca de, por ejemplo,

la situación educativa de los alumnos con discapacidad?

las condiciones del entorno laboral de las personas con discapacidad?

las oportunidades laborales para personas con discapacidad?

los costos privados adicionales que conlleva una discapacidad?

el impacto de los recortes económicos y el incrementos de los gastos en las finanzas de las personas con discapacidad?

Norma 13:2

¿Posee la autoridad una base de datos relativa a:

los distintos grupos de personas con discapacidad y sus diversas necesidades?

las dirección postal de todas las organizaciones de personas con discapacidad?

servicios y programas de interés para las personas con discapacidad?

Norma 13:3

¿De qué modo apoya la autoridad la investigación acerca de:

el impacto de cuestiones sociales y económicas sobre las personas con discapacidad y sus familias?

los modos en que pueden desarrollarse los servicios y medidas de apoyo?

Norma 13:5

¿Fomenta la autoridad la contratación de personas con discapacidad para trabajar en la recolección de datos y en la investigación de cuestiones relacionadas a la discapacidad?

Norma 13:7

¿Qué medidas está adoptando la autoridad para difundir el conocimiento y la información en materia de discapacidad:

en el ámbito político?

en el ámbito administrativo?...], Cfr. Agenda 22, Disability policy planning instructions for local authorities, Swedish Disability Federation, (www.hso.se)

305 […We strongly support the content and intent of draft article 6. However, statistics and data collection are not appropriately characterised as a human right. In our view, they represent operational activities that should be included with other operative provisions at the end of the convention…] Australian NGOs, ; […Collection of data – a tool in the promotion of rights, not a right in itself. We acknowledge the importance of statistics and data collection in determining the means for combating discrimination and providing an appropriate response to the needs of people with disabilities. However such activity is only a tool to achieving equality. It is not a fundamental right in the same way as the rights stated at the beginning of the Convention: Equality and Non-Discrimination, Equality Before the Law, Individual Autonomy, etc…] Bizchut,

306 EDF, 3ª Sesion.

307 […Con respecto al proyecto de artículo 6, hubo acuerdo general sobre los siguientes puntos:

En la convención debería haber una disposición sobre este tema.

Ésta debería constituir un artículo independiente y no formar parte del proyecto de artículo 25, relativo a la supervisión.

El artículo debería colocarse en la parte de la convención relativa a su aplicación y supervisión (quizá en un capítulo consagrado a estos temas). No se tomó una decisión sobre su ubicación definitiva, pero algunas delegaciones preferían que se mantuviera en la primera parte de la convención…] Propuestas de Reformas al borrador de 27/01/04, (4ª Ses) A/59/360 Anexo IV.

308 Véase por ejemplo: Daily summary of discussions related to Article 6 Statistics and Data Collection, UN Convention on the Rights of People with Disabilities, Fourth session of the Ad Hoc Committee, Volume 5, #3, August 25, 2004. (http://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahc4sumart06.htm)

309 “…El Observatorio Estatal de la Discapacidad se define como un instrumento técnico de la Administración General del Estado a través del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Dirección General de Coordinación de Políticas Sectoriales sobre la Discapacidad y el Real Patronato sobre Discapacidad) al servicio de las Administraciones Públicas, la Universidad y el Tercer Sector (Entidades privadas sin ánimo de lucro, asociaciones, fundaciones y ONGs) para la recopilación, sistematización, actualización, generación de información y difusión relacionada con el ámbito de la discapacidad.

La dirección del Observatorio Estatal de la Discapacidad corresponde al Real Patronato sobre Discapacidad y la gestión técnica del mismo a la Fundación Tutelar de Extremadura, por lo que la sede de este Observatorio se ubicará en Olivenza.

El Observatorio Estatal de la Discapacidad tiene como objetivos generales:

Conocer, analizar y difundir información sobre la situación general de las personas con discapacidad y sus familias, así como sus necesidades, sus demandas, y las tendencias de futuro en España.

Fomentar el conocimiento y el intercambio de información son otras instituciones a nivel nacional e internacional relacionadas con la discapacidad, y realizar jornadas de formación, sensibilización y divulgación en esta materia.

Analizar el impacto de las políticas de acción social para el colectivo de población de personas con discapacidad.

Establecer cuadros comparativos de las políticas públicas autonómicas de discapacidad entre sí, y de la política española con las de los países de la Unión Europea.

Promover y Sensibilizar sobre los derechos de las personas con discapacidad y fomentar la igualdad de oportunidades, no discriminación y la accesibilidad universal.

Detectar fenómenos o aspectos emergentes en relación con la discapacidad y realizar estudios e investigaciones prospectivas de cómo puede evolucionar esta realidad social.

Analizar las medidas sobre situaciones de riesgo o exclusión social, calidad de vida de las familias y cualesquiera otras cuestiones que afecten a los derechos e intereses de las personas con discapacidad.

Detectar, recopilar y difundir buenas prácticas e iniciativas recomendables en el ámbito de las políticas públicas y las privadas de discapacidad…”

Para mayor información véase: www.futuex.com/observatorio.asp

310 Cfr. Manual para Parlamentarios de sobre la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo, Naciones Unidas, Ginebra 2007.

311 […It must be reiterated that the establishment of national bodies to monitor the implementation of the Convention should not lead States parties to delegate their monitoring obligations to these bodies. It will remain the responsibility of Governments to comply with, and enforce the rights of people with disability under the Convention…] Report by the United Nations Special Rapporteur on Disability on the Question of Monitoring, punto 1.6.

312 Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre los progresos alcanzados en la aplicación de las recomendaciones contenidas en el estudio sobre los derechos humanos y la discapacidad, A/HRC/4/75, párrafo 47, página 16.

313 NHRI response to the questions proposed by the Chair on Monitoring (23 January 2006). Disponible en: http://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahc7nhri.htm

314 Intervention by National Human Rights Institutions, Monday, 23 January 2006, disponible en: http://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahc7docs/ahc7nhrimonit.doc

315 Report by the United Nations Special Rapporteur on Disability on the Question of Monitoring, punto 1.6.

316 Quinn Gerard, The UN Rights of Personas with Disability Treaty, Conferencia pronunciada en occasion del Lanzamiento de la Convención, en Madrid, el 20 de Diciembre de 2006.

317 Report by the United Nations Special Rapporteur on Disability on the Question of Monitoring, punto 1.2.

318 Intervention by National Human Rights Institutions, Monday, 23 January 2006, disponible en: http://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahc7docs/ahc7nhrimonit.doc

319 Report by the United Nations Special Rapporteur on Disability on the Question of Monitoring, punto 1.4.

320 Resolución de la Asamblea General de la ONU sobre Instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (A/RES/48/134, de 4 de marzo de 1994).

321 Cfr Manual para Parlamentarios…, cit.

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