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(……………….)

Las Administraciones Públicas suministrarán toda la información necesaria para el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley o de las normas y acuerdos que se adopten en su desarrollo, y garantizarán la coherencia de las normas y procedimientos contables, así como la integridad de los sistemas de recopilación y tratamiento de datos.

9 .- En aquesta Orden hi ha previsions en el sentit següent: “Quinto.Las medidas laborales que en ejecución de las operaciones societarias y planes de redimensionamiento que se adopten se entenderán motivadas por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, en los términos de la Disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral”.

10 .- “En lo no recogido en este Título, y en cuanto no se oponga, contradiga o sea incompatible con el mismo, será de aplicación el procedimiento general contemplado en el Título I”.


11 .- Article 5 de la Llei Orgànica d’ estabilitat pressupostària.

12 .- En aquest sentit, la sentència del Tribunal Suprem, Sala Social, de 7 de desembre de 2010 (RJ 2011\1449) considera: “........el establecimiento --y la modificación-- de las relaciones de puestos de trabajo, incluso del personal laboral, de los distintos Departamentos y Organismos Autónomos de la Administración ... ....es una potestad organizativa que corresponde en exclusiva a esa Administración y que no es objeto de negociación colectiva”.


13 .- Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid de 14 de setembre de 2012, Fonament Jurídic 28è

14 .- D’entre moltes sentències, és important la sentència de 4 d’abril de 2002 (RJ 2002\6469) per la nombrosa cita que fa del conjunt de sentències de la mateixa Sala Social del Tribunal Suprem.

15 .- Sentència del Tribunal Constitucional de 21-12-1987 (RTC 1987\205).

16 .- “8. Las obligaciones de información y documentación previstas en el presente artículo se aplicarán con independencia de que la decisión relativa a los despidos colectivos haya sido tomada por el empresario o por la empresa que ejerza el control sobre él. Cualquier justificación del empresario basada en el hecho de que la empresa que tomó la decisión no le ha facilitado la información necesaria no podrá ser tomada en consideración a tal efecto”.

17 .- “4. Cuando la empresa solicitante forme parte de un grupo de empresas, con obligación de formular cuentas consolidadas, deberán acompañarse las cuentas anuales e informe de gestión consolidados de la sociedad dominante del grupo debidamente auditadas, en el caso de empresas obligadas a realizar auditorías, durante el período señalado en el apartado 2, siempre que en el grupo existan empresas que realicen la misma actividad o pertenezcan al mismo sector de actividad y que existan saldos deudores o acreedores de la empresa solicitante con cualquier empresa del grupo. Si no existiera obligación de formular cuentas consolidadas, además de la documentación económica de la empresa solicitante a que se ha hecho referencia, deberán acompañarse las de las demás empresas del grupo debidamente auditadas, en el caso de empresas obligadas a realizar auditorías, siempre que dichas empresas tengan su domicilio social en España, tengan la misma actividad que la solicitante o pertenezcan al mismo sector de actividad y tengan saldos deudores o acreedores con la empresa solicitante”.


18 .- Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid de 14 de setembre de 2012, Fonament Jurídic 28è. En aquesta sentència s’ analitza les conseqüències de la manca de notificación als representants dels treballadors de la decisió extintiva empresarial posterior a la finalització del període de consultes sense acord; la decisió judicial és la declaración de la nul·litat de l’ acomiadament col·lectiu.

19 .- Aquests apartats de l’ article 6 del Reglament estableixen:

3. Recibida la comunicación de iniciación del procedimiento de despido colectivo a que se refiere el artículo 2, la autoridad laboral dará traslado de la misma, incluyendo la documentación a que se refiere el apartado 1 y la información a que se refiere el apartado 2, a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo, así como a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a efectos de la emisión del informe a que se refiere el artículo 11.

Cuando el procedimiento de despido colectivo incluya a trabajadores respecto de los que deba aplicarse lo dispuesto en el artículo 51.9 del Estatuto de los Trabajadores, la autoridad laboral remitirá a la Administración de la Seguridad Social copia de la comunicación a que se refiere el artículo 2, incluyendo la documentación común a que se refiere el artículo 3.

4. Si la comunicación de iniciación del procedimiento de despido colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción no reuniese los requisitos exigidos, la autoridad laboral lo advertirá así al empresario, especificando los mismos, y remitiendo copia del escrito a los representantes de los trabajadores y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Si durante el periodo de consultas la Inspección de Trabajo y Seguridad Social observase que la comunicación empresarial no reúne los requisitos exigidos, lo comunicará, antes de la finalización de aquel, a la autoridad laboral para que proceda conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior.

La advertencia de la autoridad laboral a que se refiere este apartado no supondrá la paralización ni la suspensión del procedimiento.

5. Si la autoridad laboral que recibe la comunicación a que se refiere el apartado 1 careciera de competencia según lo dispuesto en el artículo 25, deberá dar traslado de la misma a la autoridad laboral que resultara competente, dando conocimiento de ello simultáneamente al empresario y a los representantes de los trabajadores.

20 .- Artículo 88. Terminación convencional.

1. Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al Ordenamiento Jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que en cada caso prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin.

21 .- “Esta Sala hizo en su Sentencia de 11 de marzo de 1997 ( RJ 1997\2313 ) una valoración de las cláusulas convencionales que establecen indemnizaciones complementarias a las previstas en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores, precisamente para admitirlas por ser la expresión de la voluntad de las partes en la mejora de los derechos de los trabajadores, pues las normas del Estatuto de los Trabajadores y de la Ley de Procedimiento Laboral no son de derecho necesario absoluto. Pero esta declaración no supone que las cláusulas de los convenios colectivos hayan de ser entendidas de manera literal y sin la posibilidad de someterlas a un criterio restrictivo en la aplicación de este tipo de mejoras a los despidos, cuando vienen determinados por la irregularidad en la contratación temporal que pueda haber llevado a cabo la Administración, y que originen una declaración de improcedencia de esos comportamientos”.

22 .- Segons sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa , de 8 de juliol de 2011 (JUR 2011\324480) : “Las Relaciones de Puestos de Trabajo tienen fijado legalmente un contenido mínimo, ya que su finalidad es ofrecer la descripción objetiva de los cometidos de cada puesto de trabajo, su relación jerárquica, la denominación y las características esenciales, así como el régimen retributivo que corresponde a cada plaza y los requisitos necesarios para su desempeño, a lo que hay que añadir la forma de cobertura. Dicha RPT guarda, desde luego, relación con la plantill,a que se aprueba a efectos presupuestarios, pero una y otra obedecen a finalidades distintas”.

23 .- Segons sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa , de 8 de juliol de 2011 (JUR 2011\324480) : “Estamos ante un instrumento técnico que tiene una vocación de permanencia y que no se agota con su cumplimiento pues afecta a la organización de los recursos humanos de la Corporación mientras dure su ejecutividad, de ahí que cualquier aprobación, derogación o modificación ha de venir justificada por las necesidades de personal o por las circunstancias que afecten a los recursos humanos y/o materiales de la Administración que la elabora”.

24 .- Sentència del Tribunal Suprem, Sala Contenciosa Administrativa, de 18 de juliol de 2012 (RJ 2012\8295), “Por consiguiente, tratándose las amortizadas de plazas que afectan a las condiciones de trabajo, aun cuando lo sean como consecuencia del ejercicio de las potestades organizativas de la Administración, deben ser objeto de preceptiva negociación, por expresa disposición legal contenida en el artículo 37.2.a) de la vigente Ley 7/2007, de 12 de abril ( RCL 2007, 768 )  , del Estatuto Básico del Empleado Público, conforme ha tenido ocasión de sentar esta Sala, entre otras, en sentencias, de 7 de mayo de 2010 ( RJ 2010, 4837 )  ( casación 3492/07), de 2 de diciembre de 2010 ( RJ 2010, 8786 )  ( casación 3717/09 ) y 6 de junio de 2012 (RJ 2012, 7279) ( casación 4691/09 )”.

Sentència Tribunal Suprem, Sala Contenciosa Administrativa, de 24 de juny de 2011 (RJ 2011\5566).


La sentència del Tribunal Suprem, Sala Social, de 7 de desembre de 2010 (RJ 2011\1449) considera: “........el establecimiento --y la modificación-- de las relaciones de puestos de trabajo, incluso del personal laboral, de los distintos Departamentos y Organismos Autónomos de la Administración ... ....es una potestad organizativa que corresponde en exclusiva a esa Administración y que no es objeto de negociación colectiva”.

La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, de 25 de gener de 2012 (JUR 2012\100103) considera : “No se discute aquí si el resultado de la negociación ha coincidido o no con los criterios sustentados por una representación sindical asistente a las reuniones, sino si aquella negociación se ha llevado a cabo a través de las Mesas de negociación correspondientes y han intervenido las organizaciones competentes para hacerlo, en el bien entendido que el artículo 37 apartado 2 letra a) del Estatuto Básico del Empleado Público ( RCL 2007, 768 )  excluye de la obligatoriedad de la negociación las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización, salvo que las consecuencias de las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización, tengan repercusión sobre condiciones de trabajo de los funcionarios públicos que el propio Estatuto Básico contempla, en cuyo caso procede la negociación de dichas condiciones con las Organizaciones Sindicales a que se refiere la propia Ley”.


Altres sentències que poden ser citades són: Sentència del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, (Valladolid), Sala Contenciosa Administrativa, de 13 d’abril de 2012 (JUR 2012\14467).

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Galicia, Sala Contenciosa Administrativa, de 21 de març de 2012, (RJCA 2012\333).

25 .- En aquest sentit, la sentència del Tribunal Suprem, Sala Social de 8 de maig de 1998 (RJ 1998\4586).

26 .- En aquest sentit, la sentència del Tribunal Superior de Justícia d’ Aragó, de 30 de setembre de 2004 (JUR 2005\24345) és taxativa: …………………. “Pero el hecho de que el legislador, en la línea flexibilizadora de tantas reformas legales, haya proporcionado a las Administraciones públicas un nuevo instrumento de racionalización de sus recursos humanos en el marco del cual se podrá acordar la realización de despidos objetivos (los cuales estarán en todo caso sujetos a los requisitos del art. 52 y concordantes del Estatuto de los Trabajadores , no supone que a partir de su instauración la única forma de llevar a cabo despidos objetivos por las Administraciones públicas sea previa aprobación de un plan de empleo que así lo disponga. Los requisitos de los despidos objetivos son los exigidos por el Estatuto de los Trabajadores, aplicándose tanto a las Administraciones públicas empleadoras como a las empresas privadas. Y si un Ayuntamiento, aunque no haya aprobado un plan de empleo, modifica su plantilla de personal, amortizando los puestos de trabajo de unos trabajadores, lo que es aprobado por el pleno de la corporación local, lo decisivo es si concurren los requisitos exigidos por el Estatuto de los Trabajadores para la extinción de contratos por causas objetivas, sin que sea conditio sine qua non la aprobación de un plan de empleo, pues el ordenamiento no lo exige”.

27 .- Aquesta previsió no hi era al RDLl 3/2012.

28.- Aquesta qüestió ha estat analitzada i resolta per la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, de 14 de setembre de 2012, en el sentit de declarar la nul·litat de l’acomiadament per incompliment de l’ obligació de comunicar, en cas de finalització sense acord en el període de consultes, la decisió de procedir als acomiadaments col·lectius.


29 .- Segons doctrina constitucional que recorda la recent sentència de l’ Audiencia Nacional, Sala Contenciosa Administrativa de 13 de juliol de 2011, (RJCA 2011\604) : “El Tribunal Constitucional ha señalado, en sus sentencias 80/2000 ( RTC 2000, 80)  y 85/2001 ( RTC 2001, 85)  , que por las peculiaridades del derecho de sindicación de los funcionarios públicos a que se refiere el artículo 28.1 CE ( RCL 1978, 2836)  , no deriva del mismo el derecho la negociación colectiva, si bien en la medida en que una ley, en este caso, la ley 7/2007, de 12 de abril ( RCL 2007, 768)  , del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), reconoce el derecho a la negociación colectiva en este ámbito, se integra tal derecho en el de libertad sindical, con la configuración que resulte de la ley reguladora, admitiendo además el TC que en este ámbito de la ley ordinaria pueden establecerse diferencias entre la negociación colectiva en el ámbito laboral y en el ámbito funcionarial.

"en relación con el derecho a la libertad sindical en la función pública, en su vertiente de derecho a la negociación colectiva, este Tribunal ha declarado en el FJ 6 de la  STC 80/2000, de 27 de marzo ( RTC 2000, 80)   , que "Aunque en el ámbito funcionaria! tengamos dicho (  STC 57/1982 , de 27 de julio ( RTC 1982, 57)   , FJ 9) que, por las peculiaridades del derecho de sindicación de los funcionarios públicos (art. 28.1 CE ), no deriva del mismo, como consecuencia necesaria, la negociación colectiva, en la medida en que una ley (en este caso de la  Ley 9/1987 ( RCL 1987, 1450)   , modificada por/a  Ley 7/1990 ( TCL 1990, 1505)   ) establece el derecho de los Sindicatos a la negociación colectiva en ese ámbito, tal derecho se integra como contenido adicional del de libertad sindical, por el mismo mecanismo general de integración de aquél derecho en el contenido de éste, bien que con la configuración que le dé la ley reguladora del derecho de negociación colectiva (art 63 b) y c) LOLS), siendo en ese plano de la legalidad donde pueden establecerse las diferencias entre la negociación colectiva en el ámbito laboral y funcionaria! y el derecho a ella de los Sindicatos, no así en el de la genérica integración del referido derecho en el contenido del de libertad sindical"


30 .- Sentència del Tribunal Suprem, Sala Social, de 28 de setembre de 2011 (RJ 2011\7611). “Y sí a ello añadimos, como ya tuvo ocasión de señalar esta Sala en sentencia de 4 de mayo de 1994 ( RJ 1994, 7725) (rec. 3311/1993 ), que "ante todo se ha de tener en cuenta que los Convenios Colectivos tienen plena fuerza vinculante entre las partes que los han suscrito, de modo que vienen a constituir la norma más directa y específica que regula las relaciones jurídico-laborales existentes entre ellas, por ser una verdadera fuente de Derecho, tal como se desprende de lo que disponen el art. 37-1 de la Constitución Española y los arts. 3-1-b) y 82 del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1980, 607). En este sentido la sentencia de esta Sala de 9 de Diciembre de 1983 ( RJ 1983, 6240) ,siguiendo los criterios de la de 5 de Noviembre de 1982 ( RJ 1982, 6496) , precisó que el Convenio Colectivo es actualmente, de acuerdo con el art. 37-1 de la Constitución ( RCL 1978, 2836) , fuente del derecho al reconocérsele fuerza vinculante, y por consiguiente centro originador de los derechos y obligaciones concernientes a la relación laboral (art. 3-1-b del Estatuto de los Trabajadores), idea ésta básica en el mundo jurídico laboral. Y las sentencias también de esta Sala del Tribunal Supremo, dictadas en fechas más recientes, de 24 de Enero de 1992 ( RJ 1992, 69) y 29 de Abril de 1993 ( RJ 1993, 3381) manifiestan que "reiterada jurisprudencia ha sentado que la garantía constitucional de la fuerza vinculante de los convenios colectivos implica la atribución a los mismos de una eficacia jurídica en virtud de la cual el contenido normativo de aquéllos se impone a las relaciones de trabajo incluídas en sus ámbitos de aplicación de manera automática (sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 58/1985, de 30 de Abril ( RTC 1985, 58) )”.








31 .- Encara que en un cas que afectaba a funcionaris, té interès la recent sentència del Tribunal Suprem, Sala Contenciosa Administrativa, de 16 de maig de 2012 (RJ 2012\5262) : “Debe recordarse cómo la Exposición de Motivos de la Ley 7/2007, de 12 de abril ( RCL 2007, 768 ) , del Estatuto Básico del Empleado Público sostiene que esa Ley define con mayor precisión que la legislación hasta ahora vigente las materias que han de ser objeto de negociación y las que quedan excluidas de la misma y clarifica los efectos jurídicos de los Pactos y Acuerdos, en particular cuando versan sobre materias que han de ser reguladas por ley, supuesto en el que el órgano de gobierno competente queda vinculado a presentar el proyecto de ley correspondiente, o cuando pueden sustituir lo dispuesto por normas reglamentarias o por otras decisiones de los órganos de gobierno o administrativos, supuesto en que tienen eficacia directa, en su caso tras su aprobación o ratificación. Asimismo se precisa la solución legal aplicable para el caso de que no se alcance el acuerdo en la negociación colectiva. En fin, se regula la vigencia de los Pactos y Acuerdos, que sólo pueden ser válidamente incumplidos por la Administración por causa excepcional y grave de interés público, derivada de circunstancias imprevistas cuando se firmaron”.


32 .- Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, Sala Contenciosa Administrativa, de 30 de juny de 2011, (RJCA 2011\748). Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Castella-La Manxa, Sala Contenciosa Administrativa, de 8 de febrer de 2012, (RJCA 2012\86). Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Castella-La Manxa, Sala Contenciosa Administrativa, de 21 de març de 2012, (RJCA 2012\237).



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