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Ley de la propiedad

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LEY DE LA PROPIEDAD


EL CONGRESO NACIONAL;

CONSIDERANDO: Que es necesario contar con un sistema de la propiedad incluyente que permita que la mayoría de la población sea participe de las actividades económicas reconocidas por el Estado como una forma de contribuir a la erradicación de las causas de la pobreza.

CONSIDERANDO: Que la regularización de la propiedad, la normalización de las actividades económicas, la facilitación del acceso al crédito y la modernización de los sistemas de registro de derechos de propiedad, incrementan la seguridad jurídica permitiendo al país alcanzar niveles de desarrollo que generen riqueza y bienestar para toda la población.

CONSIDERANDO: Que para transformar el sistema de derechos de propiedad es necesario modificar las principales normas relativas a la misma, facilitar la constitución y ejecución de garantías, integrar y modernizar el registro de la propiedad inmueble con el catastro nacional, modernizar otros registros, reducir sustancialmente los costos y tiempos de todo tipo de transacciones registrables y de los procedimientos administrativos; crear mecanismos rápidos, eficaces y baratos para la solución de conflictos relativos a la propiedad, y el registro de los bienes inmuebles que sin titulo son poseídos por la inmensa mayoría de los hondureños.

POR TANTO:
DECRETA:
La siguiente,


TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO: PROPOSITOS Y OBJETIVOS

Artículo 1.- La presente Ley tiene como propósito crear un sistema de derechos de propiedad incluyente y universal con el fin de desarrollar y ejecutar la política nacional sobre propiedad inmueble, mueble, mercantil, intelectual y demás derechos que se determinen para facilitar la realización de todo tipo de actividades económicas por parte de los particulares.

Sus disposiciones son de orden público.

Artículo 2.- Son objetivos de la presente Ley:

1) Integrar y coordinar regulaciones, entidades, políticas y procedimientos relativos a la propiedad orientadas al desarrollo individual y colectivo;

2) Aplicar instrumentos jurídicos, administrativos y tecnologías avanzadas que garanticen la seguridad, transparencia y reducción de los costos y tiempos para las transacciones registrables y de los procedimientos administrativos;

3) Asegurar el reconocimiento y protección de los derechos de propiedad privada, municipal y nacional, promover su regularización y facilitar su movilización;

4) Asegurar la solución expedita de los conflictos relativos a la propiedad;

5) Promover el acceso asegurado y equitativo de los ciudadanos a la propiedad y el crédito;

6) Dinamizar la actividad económica en general; y,

7) Incorporar a la actividad económica formal y a la propiedad regular a grandes sectores de la población excluidos de las mismas.



CAPÍTULO I.- CREACIÓN, ÓRGANOS Y PATRIMONIO

Artículo 3.- Creáse el Instituto de la Propiedad (IP) como órgano desconcentrado de la Presidencia de la República, el cual funcionará con independencia técnica, administrativa y financiera.
El Instituto de la Propiedad (IP) ejercerá sus funciones en todo el territorio nacional, tiene su asiento en la capital de la República pudiendo establecer dependencias y centros asociados en los lugares que estime conveniente.

Artículo 4.- El Instituto de la Propiedad (IP) tiene las siguientes atribuciones y deberes:

1. Cumplir y hacer cumplir la presente Ley;

2. Coordinar la creación y operación de un sistema integrado de información de la propiedad que conecte electrónicamente una red amplia de informática entre diversas instituciones públicas y/o privadas con el propósito de crear una comunicación electrónica básica entre ellas para compartir datos digitales, geográficos o alfanuméricos;

3. Incorporar normas y prácticas internacionales sobre las materias de propiedad sujetos a su competencia;

4. Administrar y supervisar procedimientos uniformes que permitan y aseguren que de manera rápida, económica y segura se realice la constitución, reconocimiento, transmisión, transferencia, modificación, cancelación, gravamen y registro de los derechos de propiedad sujetos a registro;

5. Administrar, supervisar e instruir sobre el uso de normativas y formularios estandarizados que aseguren el cumplimiento de los procedimientos que permitan y garanticen que de manera rápida, económica y segura se realice la constitución, reconocimiento, transmisión, transferencia, modificación, cancelación, gravamen y registro de los derechos de propiedad sujetos a registro;

6. Emitir la normativa administrativa para el establecimiento y operación de los registros de la propiedad inmueble, mueble, mercantil, de propiedad intelectual y demás que se creen o se coloquen bajo su competencia;

7. Garantizar la seguridad y conservación perpetua de las inscripciones que se realicen;

8. Administrar y ejecutar un programa de regularización, titulación y registro de la propiedad inmueble que no se encuentre registrada o que estándolo presente problemas;

9. Normar el funcionamiento de centros asociados para que operen determinados registros o faciliten el cumplimiento de sus propósitos;

10. Utilizar otras bases de datos, metadatos, recursos geomáticos, mapas y registros propiedad del gobierno que contengan información que considere útil para el cumplimiento de sus propósitos;

11. Crear, administrar y poner a disposición del público un sitio en Internet que contenga información sobre los derechos y registros que son de su competencia con las limitaciones señaladas por la ley;

12. Contribuir a la salvaguarda de la memoria histórica de la nación prestando su colaboración para la preservación de los principales archivos del país;

13. Emitir las resoluciones que sean necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones y deberes; y,

14. Las demás que señale la ley.

Artículo 5.- El Instituto de la Propiedad (IP) estará integrado por:

1. El Consejo Ejecutivo, como órgano de dirección;

2. El Centro Nacional de Registros y Catastro (CENREC);

3. El Programa Nacional de Regularización Predial;

4. El Comisión Nacional de Política y Normativa de la Propiedad (CONAPON);

5. La Inspectoría General; y,

6. La Superintendencia de Recursos.

Artículo 6.- El patrimonio del Instituto de la Propiedad (IP) estará constituido por:

1. Los bienes muebles, inmuebles y asignaciones presupuestarias que el Estado le transfiera;

2. Los recursos y rendimientos provenientes de las inversiones y operaciones bancarias y financieras;

3. Los recursos provenientes del pago de los servicios que preste;

4. Las herencias, legados y donaciones que reciba conforme a la Ley;

5. Cualquier otro ingreso que perciba.

Artículo 7.- El Instituto de la Propiedad (IP) sólo podrá invertir sus excedentes líquidos en títulos valores emitidos por el Estado.

Artículo 8.- Salvo el artículo anterior, todos los recursos del Instituto de la Propiedad (IP) deberán destinarse única y exclusivamente para el mejoramiento y/o ampliación de sus servicios.

CAPÍTULO II: DEL CONSEJO EJECUTIVO

Artículo 9.- El Consejo Ejecutivo es el órgano de decisión y dirección superior del Instituto de la Propiedad (IP) el cual estará integrado por:

1. El Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia, quien lo presidirá;

2. El Secretario de Estado en los Despachos de Industria y Comercio;

3. El Secretario de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente;

4. El Gerente General de la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR); y,

5. El Director Ejecutivo del Instituto Nacional Agrario (INA).

En caso de ausencia de los titulares, los mismos únicamente podrán ser reemplazados por sus sustitutos legales.

Artículo 10.- El Consejo Ejecutivo tendrá un Secretario Ejecutivo, con voz pero sin voto, encargado del seguimiento a los acuerdos adoptados. Las funciones del Secretario Ejecutivo serán de carácter permanente.

Artículo 11.- Son atribuciones del Consejo Ejecutivo las siguientes:

1. Nombrar y remover al Secretario Ejecutivo y a los Directores Generales;

2. Aprobar los planes para la implementación del proceso de regularización;

3. Delegar en el Secretario Ejecutivo y en los Directores Generales atribuciones para el cumplimiento de sus funciones;

4. Emitir acuerdos para regular las materias que son de su competencia;

5. Aprobar o improbar las recomendaciones de la Comisión Nacional de Política y Normativa de la Propiedad (CONAPON);

6. Aprobar o improbar los Informes Anuales presentados por los Directores Generales;

7. Aprobar el proyecto de presupuesto de la institución;

8. Aprobar la Memoria y liquidación presupuestaria anuales;

9. Aprobar contratos de préstamo y operaciones de financiamiento de conformidad con la Ley;

10. Aprobar la organización interna;

11. Conocer y resolver de las denuncias e informes contra el Secretario Ejecutivo, Directores Generales y demás empleados y funcionarios formulados por la Inspectoría General;

12. Fijar y modificar los valores de los servicios que presta la institución cuando estos no estén expresamente señalados en las leyes aplicables; y,

13. Las demás que le otorgue la presente Ley.

Artículo 12.- No podrán ser Secretario Ejecutivo, Directores e Inspectores Generales los siguientes:

1. Los cónyuges y parientes entre sí dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad;

2. Los cónyuges y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad de los miembro del Consejo Ejecutivo;

3. Quienes sean socios, accionistas o miembros de los órganos de administración de las personas jurídicas que tengan contratos con el Instituto de la Propiedad (IP);

4. Los declarados en quiebra, concurso de acreedores, los miembros de órganos de administración de instituciones financieras declaradas en liquidación forzosa;

5. Los que hubieren sido condenados por delitos cometidos contra la administración pública; y,

6. Los morosos con la Hacienda Pública.

Artículo 13.- Para ser Secretario Ejecutivo y Director General se requiere:

1. Ser profesional con grado universitario;

2. Haber ejercido su profesión por un período no menor de cinco (5) años;

3. Ser de reconocida honorabilidad; y,

4. Ser ciudadano hondureño en el ejercicio de sus derechos civiles.

Artículo 14.- Son funciones de los Directores Generales las siguientes:

1. Dirigir y organizar sus respectivas direcciones;

2. Firmar los actos, contratos y convenios en las áreas de su competencia;

3. Cumplir y hacer cumplir la presente ley, acuerdos y resoluciones del Consejo Ejecutivo;

4. Nombrar y remover el personal a su cargo;

5. Someter ante el Consejo Ejecutivo los planes, programas de desarrollo y estructura orgánica de su dependencia para aprobación;

6. Conocer y resolver de las denuncias, reparos e informes contra sus subordinados;

7. Someter un reporte semestral al Comisión Nacional de Política y Normativa de la Propiedad (CONAPON); y,

8. Las demás que establezca la presente ley y los acuerdos que emita el Consejo Ejecutivo.

CAPÍTULO III: DEL CENTRO NACIONAL DE REGISTROS Y CATASTRO (CENREC)

Artículo 15.- El Centro Nacional de Registros y Catastro (CENREC) es el órgano del Instituto de la Propiedad (IP) encargado de dirigir, coordinar, unificar, organizar, regular, velar y garantizar el funcionamiento eficiente de los registros y catastro del país.

Un Director General estará a cargo del mismo.

Artículo 16.- El Centro Nacional de Registros y Catastro (CENREC) tendrá las siguientes funciones:

1. Crear, desarrollar y administrar un sistema nacional de información territorial;

2. Certificar las inscripciones regístrales y las actuaciones catastrales;

3. Coordinar sus actuaciones con las entidades nacionales o municipales relacionadas con el ordenamiento territorial;

4. Establecer convenios con entes nacionales, municipales y privados en cuanto al suministro de servicios catastrales y al mantenimiento del catastro nacional;

5. Registrar, georeferenciar y mantener actualizado el sistema de información registro catastral, los límites de las zonas urbanas y rurales municipales, zonas rurales agrícolas y forestales; patrimonio histórico y de la humanidad, zonas protegidas, áreas de reserva, áreas con servidumbres ecológicas, zonas costeras, zonas marítimas, cayos, manglares, zonas de riesgo y otras delimitaciones que conlleven afectaciones legales de uso o dominio.

6. Autorizar, definir, efectuar, verificar, homologar o convalidar los proyectos, sistemas, técnicas, métodos, estudios y trabajos catastrales que se efectúen o pretendan efectuar en zonas del territorio de la República.

7. Elaborar y autorizar los formatos oficiales de formularios que se utilizarán para documentar los actos, contratos y demás actuaciones que deban inscribirse en los registros;

8. Efectuar la declaración oficial de zona o área territorial que será objeto de actividades de levantamiento registro catastral, su cierre, y la declaratoria oficial y definitiva de zona o área territorial catastrada con todos sus efectos; y, 9. Llevar, mantener, actualizar y operar los registros y catastro haciendo uso de las técnicas y sistemas que conforme a los avances metodológicos y tecnológicos estén disponibles y sean adecuados para la obtención, procesamiento, identificación, inscripción, nomenclatura, resguardo y conservación de la información que aseguren la prestación óptima de sus servicios.

CAPÍTULO IV: PROGRAMA NACIONAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL

Artículo 17.- El Programa Nacional de Regularización predial, es la unidad encargada de implementar el proceso de regularización de propiedad a nivel nacional y estará a cargo de un director general.

CAPÍTULO V: DE LA COMISIÓN NACIONAL DE POLITICA Y NORMATIVA DE LA PROPIEDAD

Artículo 18.- La Comisión Nacional de Política y Normativa de la Propiedad (CONAPON) se constituye como un órgano de consulta, propuesta, discusión y diálogo sobre los distintos tipos de propiedad que determine la ley. Tendrá las siguientes funciones:

1. Proponer al Consejo Ejecutivo las políticas y normativas sobre propiedad;

2. Ejercer el control social sobre la gestión del Instituto de la Propiedad (IP);

3. Emitir acuerdos que promuevan la clarificación y simplificación de las normas y procedimientos internos para lograr su mejor adaptación a las necesidades de la sociedad contribuyendo a la seguridad y transparencia de las transacciones registrables;

4. Proponer al Consejo Ejecutivo normas para el control, regulación, organización y funcionamiento interno del Instituto de la Propiedad;

5. Crear los procedimientos, convocar, supervisar, desarrollar y proporcionar los listados resultantes de los concursos públicos por oposición, para escoger a los registradores, inspectores generales e integrantes de la Superintendencia de Recursos;

6. Denunciar a los órganos competentes del Estado cuando el órgano interno deje de evacuar las investigaciones de oficio o denuncias de irregularidades contra los funcionarios o empleados del Instituto de la Propiedad (IP) en un plazo de 30 días; y,

7. Aprobar su reglamento interno.

Artículo 19.- La Comisión Nacional de Política y Normativa de la Propiedad (CONAPON) actuará en forma colegiada. Estará integrado por un representante de cada una de las siguientes instituciones y organizaciones:

1. Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia, cuyo titular la presidirá.
2. Instituto Nacional Agrario (INA);
3. Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR);
4. Foro Nacional de Convergencia (FONAC);
5. Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP);
6. Consejo Nacional Anticorrupción (CNA);
7. Confederaciones campesinas;
8. Pobladores urbanos de zonas marginales;
9. Indígenas;
10. Afrohondureños;
11. Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Honduras (FECOPRUH);
12. Asociación de Municipios de Honduras (AMHON).

Los representantes de las organizaciones indicadas en los numerales 4 al 12 serán nombrados por el Presidente de la República por el período de dos años a propuesta de las mismas quienes desempeñarán sus funciones ad-honorem.

CAPÍTULO VI: DE LA INSPECTORIA GENERAL

Artículo 20.- La Insectoría General es el órgano encargado de velar por el cumplimiento de las funciones que por ley tiene atribuidas el Instituto de la Propiedad (IP). Podrá actuar de oficio o a instancia de parte.

Artículo 21.- Son funciones de la Insectoría General las siguientes:

1. Vigilar y supervisar el cumplimiento de las funciones atribuidas a los funcionarios y empleados;
2. Velar por la ética, probidad y transparencia en el ejercicio de las funciones que por ley tienen atribuidos los empleados y funcionarios;
3. Investigar las denuncias que se presenten contra los funcionarios y empleados e informar al Consejo Ejecutivo;
4. Informar trimestralmente o cuando fuese necesario, al Consejo Ejecutivo sobre los actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones; y,
5. Las demás que señale la ley.

Artículo 22.- El nombramiento de los funcionarios se hará de entre las personas que por oposición ganen los concursos públicos convocados por el Comisión Nacional de Política y Normativa de la Propiedad (CONAPON).

Artículo 23.- Para optar al cargo de Inspector General se requiere ser profesional del Derecho y cumplir los demás requisitos establecidos en el Artículo 13.

CAPÍTULO VII: DE LA SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS

Artículo 24.- La Superintendencia de Recursos es el órgano encargado de conocer de los recursos de apelación interpuestos contra los actos de los Directores Generales y los registradores.

Artículo 25.- El nombramiento de los miembros de la Superintendencia de Recursos se hará de la misma forma establecida para el Inspector General.

Artículo 26.- El recurso de apelación deberá interponerse y formalizarse en el mismo escrito ante el órgano que dictó la resolución, dentro de los tres días siguientes a la notificación de la misma debiendo remitirse los autos a la Superintendencia al día siguiente de dicha formalización. La Superintendencia deberá resolver en un plazo máximo de diez días a partir de la recepción de los autos.

Artículo 27.- Contra las resoluciones emitidas por la Superintendencia no cabra recurso alguno agotando la vía administrativa.

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