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Ley del Municipio Libre del Estado de Colima

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ARTÍCULO 119.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior los Ayuntamientos expedirán en el ámbito de su competencia, ente otros, los siguientes reglamentos:

I.- Los que regulen a los organismos que integran a la administración pública paramunicipal;

II.- Los que regulen la prestación de los servicios públicos municipales;

III.- Los que regulen la zonificación, planeación y desarrollo urbano de conformidad con las bases establecidas en las leyes estatales en la materia;

IV.- Los que regulen la protección al ambiente y la ecología;

V.- Los que garanticen la transparencia gubernamental y el ejercicio del derecho de acceso a la información pública municipal;

VI.- Los relativos a salud pública y educación, previa coordinación con la autoridad estatal;

VII.- Los que estructuren los organismos de participación ciudadana y vecinal;

(REFORMADA DECRETO 513, P.O. 36, SUPL. 2, 11 JULIO 2015)

VIII.- Los que regulen las actividades de los habitantes del Municipio y establecen la relación del Ayuntamiento con los particulares, en un marco de respeto al derecho, la paz pública y la tranquilidad, que propicien el desarrollo de la vida comunitaria, y fomenten una cultura basada en valores y buenos vecinos; y

IX.- Los demás que sean necesarios para dar cumplimiento a las leyes municipales.

(REFORMADO DEC. 144, P.O. 39, SUPL. 02, 08 SEPTIEMBRE 2007)

ARTÍCULO 119 BIS.- Los ordenamientos jurídicos que regulen materias, procedimientos, funciones y servicios públicos a cargo del Municipio deberán contener como mínimo las disposiciones sobre:

I.- Materia que regulan;

II.- Fines que persiguen;

III.- Atribuciones de las autoridades competentes;

IV.- Derechos y obligaciones de las personas;

V.- Procedimiento para la obtención de licencias, permisos o autorizaciones;

VI.- Faltas e infracciones;

VII.- Sanciones; y

VIII.- Vigencia.

Los Ayuntamientos vigilarán que los ordenamientos jurídicos municipales que al efecto expidan o reformen guarden concordancia con las disposiciones de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios.”

(REFORMADO DEC. 144, P.O. 39, SUPL. 02, 08 SEPTIEMBRE 2007)

ARTÍCULO 119 TER.- Todos los municipios deberán contar con el Reglamento del Gobierno Municipal y con aquellos ordenamientos que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines. Sin menoscabo de esta obligación aquellos Municipios que no cuenten con bandos de policía y gobierno, reglamentos y disposiciones administrativas de observancia general y obligatoria, aplicarán las disposiciones similares de los municipios de Colima o Manzanillo. En cada caso, el Cabildo expedirá el acuerdo correspondiente, que deberá publicarse en el Periódico Oficial.”


TÍTULO SÉPTIMO

DEL PROCESO CONTENCIOSO MUNICIPAL

CAPÍTULO UNICO


ARTICULO 120.- Los actos y resoluciones dictadas por el cabildo, presidente municipal, titulares de las dependencias y entidades de la administración pública municipal y paramunicipal, que afecten los derechos de los particulares, podrán ser impugnados ante los órganos contencioso-administrativos municipales, mediante el recurso de inconformidad.

ARTICULO 121.- El recurso de inconformidad se substanciará de conformidad con el procedimiento establecido en la ley de la materia.


ARTICULO 122.- Las resoluciones dictadas por los órganos contencioso-administrativos municipales podrán ser recurridas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, mediante el recurso de revisión.


TÍTULO OCTAVO

DISPOSICIONES FINALES


CAPÍTULO I

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES


ARTICULO 123.- A quienes infrinjan las disposiciones contenidas en esta Ley, reglamentos, bandos de policía y buen gobierno, así como en otras disposiciones administrativas de observancia general en el municipio, se les impondrá las siguientes sanciones:

I. Multa de tres a diez mil unidades;

II. Arresto hasta por treinta y seis horas;

III. Jornadas en favor de la comunidad;

IV. Suspensión de funcionamiento; y

V. Clausura del establecimiento o actividad.


(REFORMADO DECRETO 513, P.O. 36, SUP. 2, 11 JULIO 2015)

En los municipios que cuenten con Juez Cívico, las sanciones establecidas en el presente artículo, se deberán fincar mediante resolución definitiva.



ARTICULO 124.- La infracción a las leyes, reglamentos y demás disposiciones municipales se hará constar por los inspectores y verificadores municipales o personal autorizado, en acta circunstanciada que contendrá por lo menos:

I. Lugar, fecha y hora en que se practica la diligencia;

II. El señalamiento claro y específico de la infracción o infracciones cometidas;

III. Artículo o artículos de la ley, reglamento o disposición municipal que se haya infringido;

IV. Declaración de la persona con quien se entendió la diligencia, en su caso, o su negativa en el caso de que no sea su deseo hacerla;

V. Nombre, firma y domicilio de dos testigos propuestos por la persona con quien se entendió la diligencia o por los inspectores y verificadores municipales o personal autorizado, en ausencia o negativa de aquélla; y

VI. Nombre y firma autógrafa del inspector, verificador o persona autorizada y de quien atendió la diligencia. La negativa de este último a firmar el acta, no le resta valor a la misma.

El inspector, verificador o personal comisionado entregará, en su caso, una copia del acta a la persona con quien se entienda la diligencia, aún en el caso de que ésta se hubiera negado a firmarla, haciéndole saber que dispone de setenta y dos horas, contados a partir del día siguiente de aquel en que se levantó el acta, para que acuda ante el titular de la dependencia municipal correspondiente para alegar lo que a su derecho convenga y rendir las pruebas que considere convenientes. Lo señalado en este párrafo deberá asentarse en el formulario del acta correspondiente.

(ADIC. DEC. 252, P.O. 64, SUPL. 1, 14 DICIEMBRE 2013)

ARTÍCULO 124 Bis.- Se exceptúan los requisitos contenidos en las fracciones IV, V y VI del artículo 124 de esta Ley, en la elaboración de actas circunstanciadas por infracciones en materia de tránsito conocidas a través de equipos o sistemas tecnológicos y gestionadas con el uso de medios electrónicos, subsistiendo para la autoridad que impone la sanción la obligatoriedad de realizar la notificación de la infracción vía correo certificado con acuse de recibo en el domicilio del propietario del vehículo con el que se cometió, motivando y fundamentado el acto de autoridad.


(REFORMADO DECRETO 513, P.O. 36, SUP. 2, 11 JULIO 2015)

ARTICULO 125.- El Juez Cívico, o la autoridad municipal competente, dentro de los cinco días siguientes a la conclusión del plazo a que se refiere el artículo 124, emitirá la resolución procedente, con base en los hechos consignados en el acta así como en el alegato producido por el infractor y las pruebas aportadas, en su caso.


(REFORMADO DECRETO 513, P.O. 36, SUP. 2, 11 JULIO 2015)

ARTICULO 126.- La aplicación de las sanciones corresponderá originariamente al presidente municipal, quien podrá delegarla en la dependencia administrativa competente o en un servidor público que se denominará Juez Cívico, y oficial calificador en materia de Tránsito y Vialidad, en los términos de esta Ley así como en los reglamentos y disposiciones municipales aplicables


ARTICULO 127.- Si el infractor fuera jornalero, obrero o trabajador, la multa no deberá exceder del importe de su jornal o salario de un día. Tratándose de trabajadores no asalariados la multa no excederá del equivalente de un día de su ingreso.


Si del expediente relativo y de la infracción cometida, se desprenden hechos constitutivos de delitos, se pondrá el caso en conocimiento del ministerio público.


ARTICULO 128.- Para los efectos y aplicación de las sanciones, se atenderá a lo dispuesto por el reglamento relativo, a las circunstancias en que se cometió la infracción y a la situación económica y personal del infractor.


(ADICIONADO DECRETO 513, P.O. 36, SUP. 2, 11 JULIO 2015)

ARTÍCULO 128 Bis.- Corresponde al presidente municipal conocer de los recursos de las infracciones administrativas, quien delegará la responsabilidad en el Juez Cívico, quien conocerá, además de las facultades otorgadas en el Reglamento Interior del Juzgado Cívico, de las medios de impugnación a las sanciones aplicadas en materia de Tránsito y Vialidad, impuestas por el Juez Calificador.


CAPÍTULO II

DE LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL


ARTICULO 129.- Tienen obligación de presentar declaración de situación patrimonial:

I. El presidente municipal;

II. Los regidores;

III. El síndico;

IV. Los servidores públicos de confianza; y

V. Los demás señalados en los reglamentos municipales.


ARTICULO 130.- La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los plazos y términos que al efecto señale la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

CAPÍTULO III

DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS


ARTICULO 131.- Para los efectos de las responsabilidades a que se alude en este capítulo, se reputarán como servidores públicos municipales a los miembros del ayuntamiento o del concejo municipal, en su caso, y en general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión, de cualquier naturaleza en la administración pública municipal u organismos paramunicipales, así como cualquier persona que maneje fondos y recursos económicos municipales, los que serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.


ARTICULO 132.- Para la determinación de las responsabilidades, procedimientos, sanciones y recursos administrativos se estará a lo dispuesto por la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.


ARTICULO 133.- El ayuntamiento y sus dependencias, en los ámbitos de sus respectivas competencias, podrán abstenerse de sancionar al infractor, por una sola vez, cuando lo estime pertinente, justificando la causa de la abstención, siempre que se trate de hechos que no revistan gravedad ni constituyan delito.


ARTICULO 134.- Las sanciones económicas constituyen créditos fiscales en favor del erario municipal que se harán efectivos mediante el procedimiento económico-coactivo de ejecución, tendrán la prelación prevista para dichos créditos y se sujetarán en todo a las disposiciones fiscales vigentes en el municipio.


ARTICULO 135.- Tratándose de los servidores públicos de base, la suspensión y la destitución se sujetarán a lo previsto en la ley que regula las relaciones laborales de aquellos con el municipio.


(REFORMADO DECRETO 337, P.O. 28, SUPL. 01, 18 DE JUNIO DEL 2011)

ARTICULO 136.- La falta de cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 45 fracción IV inciso d), 47 fracción IV inciso c), 51 fracción VII, 72 fracción XIII y 78 fracciones III y XI, será responsabilidad imputable a quien motive la no presentación del dictamen de revisión de la cuenta pública municipal del ejercicio fiscal al Congreso.


T R A N S I T O R I O S


ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el Periódico Oficial.


ARTICULO SEGUNDO.- Se abroga la Ley Orgánica del Municipio Libre, expedida por el Congreso del Estado, mediante decreto número 58, el 12 de enero de 1995 y publicado en el periódico oficial el 14 del mismo mes y año, y demás disposiciones que se opongan a la presente Ley, con excepción de lo previsto en el artículo siguiente.


(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO DEC. 74, P.O. 23, 08 MAYO 2004)

ARTÍCULO TERCERO.- Los ayuntamientos de los municipios en que se divide el territorio del Estado de Colima deberán establecer los órganos de lo contencioso administrativo municipales a más tardar en el año 2008, siempre y cuando su población sea de por lo menos cincuenta mil habitantes. En caso de que para el año aludido existan municipios que no tengan una población de por lo menos cincuenta mil habitantes, los ayuntamientos de los mismos estarán obligados a establecer los órganos de lo contencioso administrativo municipal en un plazo de dos años contados a partir de que cuenten con por lo menos el número de habitantes referido. En tanto no se dé el supuesto aludido en este artículo, queda en vigor el capítulo III del Título Noveno de la Ley Orgánica del Municipio Libre, denominado De los Recursos Administrativos”


En tanto entre en vigor la ley que establezca los órganos para dirimir las controversias que se susciten entre las administraciones municipales y los particulares y los ayuntamientos establezcan los órganos a que se refiere el párrafo anterior, las personas afectadas podrán interponer el recurso señalado en el capítulo arriba mencionado. Asimismo continua en vigor el sistema actual de Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. Dicho Tribunal seguirá substanciando los asuntos municipales en trámite al entrar en vigor la ley respectiva, aplicando la normatividad vigente.


ARTÍCULO CUARTO.- Los ayuntamiento deberán expedir todos los reglamentos que contempla la presente Ley, a más tardar el 21 de marzo de 2002. Asimismo contarán con un año a partir de la entrada en vigor del presente decreto para crear los consejos previstos en esta Ley.


El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.


Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil uno.


C. Roberto Alcaraz Andrade, Diputado Presidente. Rúbrica. C. Rubén Vélez Morelos, Diputado Secretario.

Rúbrica. C. Jaime Enrique Sotelo García, Diputado Secretario. Rúbrica.


Por tanto mando se imprima, publique, circule y observe.

Dado en Palacio de Gobierno, a los 30 días del mes de marzo del año dos mil uno.


EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, LIC. FERNANDO MORENO PEÑA, Rúbrica. EL

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, LIC. JORGE HUMBERTO SILVA OCHOA. Rúbrica.


N.DE E. A CONTINUACION SE TRANSCRIBEN LOS ARTICULOS TRANSITORIOS

DE LAS REFORMAS A LA PRESENTE LEY.

 

DECRETO 74, P.O. 23, 08 MAYO 2004

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El

Estado de Colima”.


DECRETO 102, P.O. 36, SUPL. 3, 24 JULIO 2004

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial "El Estado de Colima".


SEGUNDO.- La revisión y fiscalización de la cuenta pública municipal correspondiente al ejercicio fiscal 2003, se sujetará a las bases y disposiciones constitucionales del sistema anual de rendición de cuentas establecidas antes de la presente reforma.


TERCERO.- Para el caso de la aprobación por el Cabildo y su remisión al Congreso del dictamen de revisión de los resultados de la cuenta pública, correspondiente al primer semestre del 2004, por única vez se amplía el plazo al 31 de agosto de 2004. Sujetándose la Contaduría Mayor de Hacienda y el Congreso del Estado para su revisión y fiscalización a la fecha establecida en el artículo 33 fracción XI de la Constitución local.


DECRETO 75. P.O. 22, SUPL. 1. 12 DE MAYO DE 2007

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en le Periódico Oficial “El Estado de Colima”.


DECRETO 144, P.O. 39, SUPL. 02, 08 SEPTIEMBRE 2007


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