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Ley Orgánica de Defensa del Consumidor

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CAPITULO XV 

Disposiciones generales 

Disposiciones finales 

Disposiciones transitorias 

LEY ORGANICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

EL H. CONGRESO NACIONAL  

CONSIDERANDO:  

QUE, la generalidad de ciudadanos ecuatorianos son víctimas permanentes de todo tipo de 

abusos por parte de empresas públicas y privadas de las que son usuarios y consumidores; 

QUE, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 7 del artículo 23 de la Constitución Política 

de la República, es deber del Estado garantizar el derecho a disponer de bienes y servicios  

públicos y privados, de óptima calidad; a elegirlos con libertad, así como a recibir información 

adecuada y veraz sobre su contenido y características;  

QUE, el artículo 92 de la Constitución Política de la República dispone que la ley establecerá los  

mecanismos de control de calidad, los procedimientos de defensa del consumidor, la reparación 

e indemnización por deficiencias, daños y mala calidad de bienes y servicios, y por la 

interrupción de los servicios públicos no ocasionados por catástrofes, caso fortuito o fuerza 

mayor, y las sanciones por la violación de estos derechos; 

QUE, el artículo 244, numeral 8 de la Carta Fundamental señala que al Estado le corresponderá 

proteger los derechos de los consumidores, sancionar la información fraudulenta, la publicidad 

engañosa, la adulteración de los productos, la alteración de pesos y medidas, y el 

incumplimiento de las normas de calidad; 

QUE, la Ley de Defensa del Consumidor publicada en el Registro Oficial No. 520 de septiembre 

12 de 1990, a consecuencia de todas sus reformas se ha tornado inoperante e impracticable; 

más aún si se considera que dicha ley atribuía competencia para su ejecución a diversos  

organismos; sin que ninguno de ellos haya asumido en la práctica tales funciones; 

QUE, la Constitución Política de la República en su artículo 96 faculta al Defensor del Pueblo 

para defender y excitar la observancia de los derechos fundamentales consagrados en ella, así 

como para observar la calidad de los servicios públicos; 

QUE, en la actualidad la Defensoría del Pueblo, pese a sus limitaciones, ha asumido de manera 

eficiente la defensa de los intereses del consumidor y el usuario, a través de la Defensoría 

Adjunta del Consumidor y Usuario; y,  

En uso de sus facultades constitucionales y legales expide la siguiente:  

LEY ORGANICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

CAPITULO I 

PRINCIPIOS GENERALES 

Art. 1.- AMBITO Y OBJETO.- Las disposiciones de la presente ley son de orden público y de 

interés social, sus normas por tratarse de una Ley de carácter orgánico, prevalecerán sobre las 


disposiciones contenidas en leyes ordinarias. En caso de duda en la interpretación de esta Ley, 

se la aplicará en el sentido más favorable al consumidor.  

El objeto de esta ley es normar las relaciones entre proveedores y consumidores, promoviendo 

el conocimiento y protegiendo los derechos de los consumidores y procurando la equidad y la 

seguridad jurídica en las relaciones entre las partes.  

Art. 2.- DEFINICIONES.- Para efectos de la presente ley, se entenderá por: 

ANUNCIANTE.- Aquel proveedor de bienes o de servicios que ha encargado la difusión pública 

de un mensaje publicitario o de cualquier tipo de información referida a sus productos o servicios.  

CONSUMIDOR.- Toda persona natural o jurídica que como destinatario final, adquiera, utilice o 

disfrute bienes o servicios, o bien reciba oferta para ello. Cuando la presente ley mencione al 

Consumidor, dicha denominación incluirá al Usuario. 

CONTRATO DE ADHESION.- Es aquel cuyas cláusulas han sido establecidas unilateralmente 

por el proveedor a través de contratos previamente impresos o en formularios sin que el 

consumidor, para celebrarlo, haya discutido su contenido. 

DERECHO DE DEVOLUCION.- Facultad del consumidor para devolver o cambiar un bien o 

servicio, en fecha inmediata a la de la recepción del mismo, cuando no se encuentra satisfecho o 

no cumple sus expectativas, siempre que la venta del bien o servicio no haya sido hecha 

directamente, sino por correo, catálogo, teléfono, internet, u otros medios similares.  

ESPECULACION.- Práctica comercial ilícita que consiste en el aprovechamiento de una 

necesidad del mercado para elevar artificiosamente los precios, sea mediante el ocultamiento de 

bienes o servicios, o acuerdos de restricción de ventas entre proveedores, o la renuencia de los  

proveedores a atender los pedidos de los consumidores pese a haber existencias que permitan 

hacerlo, o la elevación de los precios de los productos por sobre los índices oficiales de inflación, 

de precios al productor o de precios al consumidor.  

INFORMACION BASICA COMERCIAL.- Consiste en los datos, instructivos, antecedentes, 

indicaciones o contraindicaciones que el proveedor debe suministrar obligatoriamente al 

consumidor, al momento de efectuar la oferta del bien o prestación del servicio.  

OFERTA.- Práctica comercial consistente en el ofrecimiento de bienes o servicios que efectúa el 

proveedor al consumidor. 

PROVEEDOR.- Toda persona natural o jurídica de carácter público o privado que desarrolle 

actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución, alquiler o 

comercialización de bienes, así como prestación de servicios a consumidores, por los que se 

cobre precio o tarifa. Esta definición incluye a quienes adquieran bienes o servicios para 

integrarlos a procesos de producción o transformación, así como a quienes presten servicios  

públicos por delegación o concesión. 

PUBLICIDAD.- La comunicación comercial o propaganda que el proveedor dirige al consumidor  

por cualquier medio idóneo, para informarlo y motivarlo a adquirir o contratar un bien o servicio. 

PUBLICIDAD ABUSIVA.- Toda modalidad de información o comunicación comercial, capaz de 

incitar a la violencia, explotar el miedo, aprovechar la falta de madurez de los niños y  

adolescentes, infringir valores sociales y culturales o inducir al consumidor a comportarse en 

forma perjudicial o peligrosa para la salud y seguridad personal y colectiva. 

Se considerará también publicidad abusiva toda modalidad de información o comunicación 

comercial que incluya mensajes subliminales. 

PUBLICIDAD ENGAÑOSA.- Toda modalidad de información o comunicación de carácter  

comercial, cuyo contenido sea total o parcialmente contrario a las condiciones reales o de 

adquisición de los bienes y servicios ofrecidos o que utilice textos, diálogos, sonidos, imágenes o 

descripciones que directa o indirectamente, e incluso por omisión de datos esenciales del 

producto, induzca a engaño, error o confusión al consumidor. 

SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS.- Se entienden por servicios públicos domiciliarios los  

prestados directamente en los domicilios de los consumidores, ya sea por proveedores públicos  

o privados tales como servicio de energía eléctrica, telefonía  

convencional, agua potable, u otros similares. 

DISTRIBUIDORES O COMERCIANTES.- Las personas naturales o jurídicas que de manera 

habitual venden o proveen al por mayor o al detal, bienes destinados finalmente a los 

consumidores, aun cuando ello no se desarrolle en establecimientos abiertos al público. 


PRODUCTORES O FABRICANTES.- Las personas naturales o jurídicas que extraen, 

industrializan o transforman bienes intermedios o finales para su provisión a los consumidores. 

IMPORTADORES.- Las personas naturales o jurídicas que de manera habitual importan bienes  

para su venta o provisión en otra forma al territorio nacional. 

PRESTADORES.- Las personas naturales o jurídicas que en forma habitual prestan servicios a 

los consumidores. 

Art. 3 .- DERECHOS Y OBLIGACIONES COMPLEMENTARIOS.- Los derechos y obligaciones  

establecidos en la presente ley no excluyen ni se oponen a aquellos contenidos en la legislación 

destinada a regular la protección del medio ambiente y el desarrollo sustentable, u otras leyes  

relacionadas  

CAPITULO II 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONSUMIDORES 

Art. 4.- DERECHOS DEL CONSUMIDOR.- Son derechos fundamentales del consumidor, a más  

de los establecidos en la Constitución Política de la República, tratados o convenios  

internacionales, legislación interna, principios generales del derecho y costumbre mercantil, los  

siguientes: 

Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de bienes y servicios, así 

como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el acceso a los servicios básicos;  

Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios competitivos, de 

óptima calidad, y a elegirlos con libertad;  

Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad;  

Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes y  

servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, calidad, condiciones de 

contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieren 

presentar;  

Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por parte de los  

proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo referido a las condiciones óptimas de 

calidad, cantidad, precio, peso y medida;  

Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los métodos comerciales  

coercitivos o desleales;  

Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del consumo responsable y a la 

difusión adecuada de sus derechos;  

Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por deficiencias y mala calidad 

de bienes y servicios;  

Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de asociaciones de consumidores y  

usuarios, cuyo criterio será consultado al momento de elaborar o reformar una norma jurídica o 

disposición que afecte al consumidor; y,  

Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela administrativa y judicial de sus  

derechos e intereses legítimos, que conduzcan a la adecuada prevención, sanción y oportuna 

reparación de los mismos;  

Derecho a seguir las acciones administrativas y/o judiciales que correspondan; y,  

Derecho a que en las empresas o establecimientos se mantenga un libro de reclamos que estará 

a disposición del consumidor, en el que se podrá anotar el reclamo correspondiente, lo cual será 

debidamente reglamentado.  

Art. 5.- OBLIGACIONES DEL CONSUMIDOR.- Son obligaciones de los consumidores: 

1. Propiciar y ejercer el consumo racional y responsable de bienes y servicios;  

2. Preocuparse de no afectar el medio ambiente mediante el consumo de bienes o servicios que 

puedan resultar peligrosos en ese sentido; 

3. Evitar cualquier riesgo que pueda afectar su salud y vida, así como las de los demás, por el 

consumo de bienes o servicios lícitos; y,  

Informarse responsablemente de las condiciones de uso de los bienes y servicios a consumirse.  

CAPITULO III 


REGULACION DE LA PUBLICIDAD Y SU CONTENIDO 

Art. 6.- PUBLICIDAD PROHIBIDA.- Quedan prohibidas todas las formas de publicidad 

engañosa o abusiva, o que induzcan a error en la elección del bien o servicio que puedan afectar 

los intereses y derechos del consumidor.  

Art. 7.- INFRACCIONES PUBLICITARIAS.- Comete infracción a esta Ley el proveedor que a 

través de cualquier tipo de mensaje publicitario induce al error o engaño, especialmente cuando 

se refiere a: 

1. País de origen, comercial o de otra índole del bien ofrecido o sobre el lugar de prestación del 

servicio pactado o la tecnología empleada; 

2. Los beneficios y consecuencias del uso del bien o de la contratación del servicio, así como el 

precio, tarifa, forma de pago, financiamiento y costos del crédito; 

3. Las características básicas del bien o servicio ofrecidos, tales como componentes, 

ingredientes, dimensión, cantidad, calidad, utilidad, durabilidad, garantías, contraindicaciones, 

eficiencia, idoneidad del bien o servicio para los fines que se pretende satisfacer y otras; y, 

4. Los reconocimientos, aprobaciones o distinciones oficiales o privadas, nacionales o 

extranjeras, tales como medallas, premios, trofeos o diplomas. 

Art. 8.- CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LA PUBLICIDAD.- En las controversias que 

pudieren surgir como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto en los artículos  

precedentes, el anunciante deberá justificar adecuadamente la causa de dicho incumplimiento.  

El proveedor, en la publicidad de sus productos o servicios, mantendrá en su poder, para 

información de los legítimos interesados, los datos técnicos, fácticos y científicos que dieron 

sustento al mensaje. 

CAPITULO IV 

INFORMACION BASICA COMERCIAL  

Art. 9.- INFORMACION PUBLICA.- Todos los bienes a ser comercializados deberán exhibir sus  

respectivos precios, pesos y medidas, de acuerdo a la naturaleza del producto.  

Toda información relacionada al valor de los bienes y servicios deberá incluir, además del precio 

total, los montos adicionales correspondientes a impuestos y otros recargos, de tal manera que 

el consumidor pueda conocer el valor final. 

Además del precio total del bien, deberá incluirse, en los casos en que la naturaleza del producto 

lo permita, el precio unitario por kilogramo, litro o metro. 

Art. 10.- IDIOMA Y MONEDA.- Los datos y la información general expuesta en etiquetas, 

envases, empaques u otros recipientes de los bienes ofrecidos; así como la publicidad, 

información o anuncios relativos a la prestación de servicios, se expresarán en idioma castellano, 

en moneda de curso legal y en las unidades de medida de aplicación general en el país; sin 

perjuicio de que el proveedor pueda incluir, adicionalmente, esos mismos datos en otro idioma, 

unidad monetaria o de medida. 

La información expuesta será susceptible de comprobación.  

Art. 11.- GARANTÍA.- Los productos de naturaleza durable tales como vehículos, artefactos  

eléctricos, mecánicos, electrodomésticos, y electrónicos, deberán ser obligatoriamente 

garantizados por el proveedor para cubrir deficiencias de la fabricación y de funcionamiento. Las  

leyendas "garantizado", "garantía" o cualquier otra equivalente, sólo podrán emplearse cuando 

indiquen claramente en que consiste tal garantía; así como las condiciones, forma, plazo y lugar  

en que el consumidor pueda hacerla efectiva. 

Toda garantía deberá individualizar a la persona natural o jurídica que la otorga, así como los  

establecimientos y condiciones en que operará. 

Art. 12.- PRODUCTOS DEFICIENTES O USADOS.- Cuando se oferten o expendan al 

consumidor productos con alguna deficiencia, usados o reconstruidos, tales circunstancias  

deberán indicarse de manera visible, clara y precisa, en los anuncios, facturas o comprobantes. 


Art. 13.- PRODUCCION TRANSGÉNICA.- Si los productos de consumo humano o pecuario a 

comercializarse han sido obtenidos o mejorados mediante transplante de genes o, en general, 

manipulación genética, se advertirá de tal hecho en la etiqueta del producto, en letras  

debidamente resaltadas. 

Art. 14.- ROTULADO MINIMO DE ALIMENTOS.- Sin perjuicio de lo que dispongan las normas  

técnicas al respecto, los proveedores de productos alimenticios de consumo humano deberán 

exhibir en el rotulado de los productos, obligatoriamente, la siguiente información: 

a) Nombre del producto; 

b) Marca comercial; 

c) Identificación del lote; 

d) Razón social de la empresa; 

e) Contenido neto; 

f) Número de registro sanitario; 

g) Valor nutricional; 

h) Fecha de expiración o tiempo máximo de consumo; 

i) Lista de ingredientes con sus respectivas especificaciones; 

j) Precio de venta al público; 

k) País de origen; y,  

l) Indicación de si se trata de alimento artificial, irradiado o  

genéticamente modificado. 

Art. 15.- ROTULADO MINIMO DE MEDICAMENTOS.- Sin perjuicio de lo establecido en las  

normas especiales, los medicamentos en general y los productos naturales procesados, deberán 

contener información sobre: 

a) Nombre del producto, genérico o de marca; 

b) Marca comercial; 

c) Identificación del lote; 

d) Razón social de la empresa; 

e) Contenido neto; 

f) Número de registro sanitario; 

g) Fecha de expiración o tiempo máximo de consumo; 

h) Lista de componentes con sus respectivas especificaciones; 

i) Precio de venta al público; 

j) País de origen; 

Contraindicaciones; y,  

En cuanto a productos naturales debe identificarse la procedencia, y si hay elementos culturales  

o étnicos en el origen.  

Art. 16.- INFORMACION DE BIENES DE NATURALEZA DURABLE.- A más de la información 

que el proveedor debe hacer constar para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 

anteriores, cuando se trate de bienes de naturaleza durable, se deberá informar sobre la 

seguridad de uso, instrucciones sobre un adecuado manejo y advertencias. 

CAPITULO V 

RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR 

Art. 17.- OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR.- Es obligación de todo proveedor, entregar al 

consumidor información veraz, suficiente, clara, completa y oportuna de los bienes o servicios, 

de tal modo que éste pueda realizar una elección adecuada y razonable. 

Art. 18.- ENTREGA DEL BIEN O PRESTACION DEL SERVICIO.- Todo proveedor está en la 

obligación de entregar o prestar, oportuna y eficientemente el bien o servicio, de conformidad a 

las condiciones establecidas de mutuo acuerdo con el consumidor. Ninguna variación en cuanto 

a precio, tarifa, costo de reposición u otras ajenas a lo expresamente acordado entre las partes, 

será motivo de diferimiento. 


Art. 19.- INDICACION DEL PRECIO.- Los proveedores deberán dar conocimiento al público de 

los valores finales de los bienes que expendan o de los servicios que ofrezcan, con excepción de 

los que por sus características deban regularse convencionalmente. 

El valor final deberá indicarse de un modo claramente visible que permita al consumidor, de 

manera efectiva, el ejercicio de su derecho a elección, antes de formalizar o perfeccionar el acto 

de consumo. 

El valor final se establecerá y su monto se difundirá en moneda de curso legal. 

Las farmacias, boticas, droguerías y similares deberán exhibir de manera visible, además del 

valor final impreso en cada uno de los medicamentos o bienes de expendio, la lista del precio 

oficial de los medicamentos básicos, aprobados por la autoridad competente.  

Art. 20.- DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.- El consumidor podrá optar por la rescisión del 

contrato, la reposición del bien o la reducción del precio, sin perjuicio de la indemnización por 

daños y perjuicios, cuando la cosa objeto del contrato tenga defectos o vicios ocultos que la 

hagan inadecuada o disminuyan de tal modo su calidad o la posibilidad del uso al que 

habitualmente se le destine, que, de haberlos conocido el consumidor, no la habría adquirido o 

hubiera dado un menor precio por ella. 

Art. 21.- FACTURAS.- El proveedor está obligado a entregar al consumidor, factura que 

documente el negocio realizado, de conformidad con las disposiciones que en esta materia 

establece el ordenamiento jurídico tributario. 

En caso de que al momento de efectuarse la transacción, no se entregue el bien o se preste el 

servicio, deberá extenderse un comprobante adicional firmado por las partes, en el que constará 

el lugar y la fecha en la que se lo hará y las consecuencias del incumplimiento o retardo. 

En concordancia con lo previsto en los incisos anteriores, en el caso de prestación de servicios, 

el comprobante adicional deberá detallar además, los componentes y materiales que se empleen 

con motivo de la prestación del servicio, el precio por unidad de los mismos y de la mano de 

obra; así como los términos en que el proveedor se obliga, en los casos en que el uso práctico lo 

permita.  

Art. 22.- REPARACION DEFECTUOSA.- Cuando un bien objeto de reparación presente 

defectos relacionados con el servicio realizado e imputables al prestador del mismo, el 

consumidor tendrá derecho, dentro de los noventa días contados a partir de la recepción del 

bien, a que se le repare sin costo adicional o se reponga el bien en un plazo no superior a treinta 

días, sin perjuicio a la indemnización que corresponda. 

Si se hubiere otorgado garantía por un plazo mayor, se estará a este último. 

Art. 23.- DETERIORO DE LOS BIENES.- Cuando el bien objeto del servicio de 

acondicionamiento, reparación, limpieza u otro similar sufriere tal menoscabo o deterioro que 

disminuya su valor o lo torne parcial o totalmente inapropiado para el uso normal al que está 

destinado, el prestador del servicio deberá restituir el valor del bien, declarado en la nota de 

ingreso, e indemnizar al consumidor por la pérdida ocasionada. 

Art. 24.- REPUESTOS.- En los contratos de prestación de servicios cuyo objeto sea la 

reparación de cualquier tipo de bien, se entenderá implícita la obligación de cargo del prestador 

del servicio, de emplear en tal reparación, componentes o repuestos nuevos y adecuados al bien 

de que se trate, a excepción de que las partes convengan expresamente lo contrario. 

El incumplimiento de esta obligación dará lugar, además de las sanciones e indemnizaciones 

que correspondan, a que se obligue al prestador del servicio a sustituir, sin cargo adicional 

alguno, los componentes o repuestos de que se trate. 

Art. 25.- SERVICIO TECNICO.- Los productores, fabricantes, importadores, distribuidores y 

comerciantes de bienes deberán asegurar el suministro permanente de componentes, repuestos 

y servicio técnico, durante el lapso en que sean producidos, fabricados, ensamblados, 

importados o distribuidos y posteriormente, durante un período razonable de tiempo en función a 


la vida útil de los bienes en cuestión, lo cual será determinado con las normas técnicas del 

Instituto Ecuatoriano de Normalización -INEN-. 

Art. 26.- REPOSICION.- Se considerará un solo bien, aquel que se ha vendido como un todo, 

aunque esté conformado por distintas unidades, partes, piezas o módulos, no obstante que estas  

puedan o no prestar una utilidad en forma independiente unas de otras. Sin perjuicio de ello, 

tratándose de su reposición, esta se podrá efectuar respecto de una unidad, parte, pieza o 

módulo, siempre que sea por otra igual a la que se restituya y se garantice su funcionalidad. 

Art. 27.- SERVICIOS PROFESIONALES.- Es deber del proveedor de servicios profesionales, 

atender a sus clientes con calidad y sometimiento estricto a la ética profesional, la ley de su 

profesión y otras conexas. 

En lo relativo al cobro de honorarios, el proveedor deberá informar a su cliente, desde el inicio de 

su gestión, el monto o parámetros en los que se regirá para fijarlos dentro del marco legal 

vigente en la materia y guardando la equidad con el servicio prestado. 

Art. 28.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA Y DERECHO DE REPETICION.- Serán 

solidariamente responsables por las indemnizaciones civiles derivadas de los daños ocasionados  

por vicio o defecto de los bienes o servicios prestados, los productores, fabricantes, 

importadores, distribuidores, comerciantes, quien haya puesto su marca en la cosa o servicio y,  

en general, todos aquellos cuya participación haya influido en dicho daño. 

La responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan. 

Tratándose de la devolución de la cantidad pagada, la acción no podrá intentarse sino respecto 

del vendedor final. 

El transportista solo responderá por los daños ocasionados al bien con motivo o en ocasión del 

servicio por el prestado 

Art. 29.- DERECHO DE REPETICION DEL ESTADO.- Cuando el Estado ecuatoriano sea 

condenado al pago de cualquier suma de dinero por la violación o inobservancia de los derechos  

consagrados en la presente Ley por parte de un funcionario público, el Estado tendrá derecho de 

repetir contra dicho funcionario lo efectivamente pagado. 

Art. 30.- RESOLUCION.- La mora en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor  

de bienes o servicios, permitirá al consumidor pedir la resolución del contrato, sin perjuicio de las  

indemnizaciones que pudieren corresponder. 

Art. 31.- PRESCRIPCION DE LAS ACCIONES.- Las acciones civiles que contempla esta Ley  

prescribirán en el plazo de doce meses contados a partir de la fecha en que se ha recibido el 

bien o terminado de prestar el servicio. 

Si se hubiese otorgado garantía por un plazo mayor, se estará a éste, para efectos de 

prescripción. 

CAPITULO VI 

SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 

Art. 32.- OBLIGACIONES.- Las empresas encargadas de la provisión de servicios públicos  

domiciliarios, sea directamente o en virtud de contratos de concesión, están obligadas a prestar  

servicios eficientes, de calidad, oportunos, continuos, permanentes y a precios justos.  

Art. 33.- INFORMACION AL CONSUMIDOR.- Las condiciones, obligaciones, modificaciones y  

derechos de las partes en la contratación del servicio público domiciliario, deberán ser  

cabalmente conocidas por ellas en virtud de la celebración de un instrumento escrito. Sin 

perjuicio de dicho instrumento, los proveedores de servicios públicos domiciliarios mantendrán 

dicha información a disposición permanente de los consumidores en las oficinas de atención al 

público. 

El consumidor tiene el derecho de ser oportuna y verazmente informado sobre la existencia o no 

de seguros accesorios al contrato de prestación del servicio, cobertura y demás condiciones. En 


caso de seguros de vida, su monto nunca podrá ser menor al establecido en el Código del 

Trabajo. 

Sin perjuicio de la cobertura que los seguros accesorios den para el caso de muerte o perjuicio a 

la salud del consumidor, la empresa proveedora de servicios públicos domiciliarios, será 

directamente responsable de indemnizar por los daños causados a los consumidores por 

negligencia o mala calidad en la prestación de dichos servicios. 

Art. 34.- RECIPROCIDAD.- Las empresas proveedoras de servicios públicos domiciliarios están 

en la obligación de otorgar un trato recíproco a los consumidores, aplicando en lo referente a 

reintegros y devoluciones, los mismos criterios que se utilicen para los recargos por mora en el 

pago del servicio. 

Art. 35.- REGISTRO DE RECLAMOS.- Las empresas proveedoras de servicios públicos 

domiciliarios deben contar con una oficina y un registro de reclamaciones en donde constarán las 

presentadas por los consumidores. Dichos reclamos deberán ser subsanados en el plazo 

perentorio que contendrá el Reglamento a la presente Ley. 

Art. 36.- SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES.- Los consumidores de servicios públicos que 

se prestan a domicilio y requieren instalaciones específicas, deben ser convenientemente 

informados sobre las condiciones de seguridad de las instalaciones y de los artefactos. 

Art. 37.- INSTRUMENTOS Y UNIDADES DE MEDICION.- La autoridad competente queda 

facultada para intervenir de oficio, o a petición de parte interesada, en la verificación del buen 

funcionamiento de los instrumentos de medición de energía, combustible, comunicaciones, agua 

potable, o cualquier otro similar, cuando existan dudas sobre las lecturas efectuadas por las 

empresas proveedoras del servicio. 

Tanto los instrumentos como las unidades de medición deberán ser legalmente reconocidos y 

autorizados. Las empresas proveedoras del servicio garantizarán al consumidor el control 

individual de los consumos. Las facturas deberán ser entregadas al usuario con no menos de 

diez días de anticipación a su vencimiento. 

Art. 38.- INTERRUPCION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.- Cuando la prestación del 

servicio público domiciliario se interrumpa o sufra alteraciones por causas imputables al 

proveedor, éste deberá reintegrar los valores cobrados por servicios no prestados dentro del 

plazo de 30 días, contado desde la fecha en que se realice el reclamo. Sin perjuicio de lo 

señalado, el proveedor reconocerá los daños y perjuicios ocasionados al consumidor por la 

interrupción culposa del servicio. 

Art. 39.- FACTURACION DE CONSUMO EXCESIVO.- Cuando el consumidor considere que 

existe facturación excesiva en la planilla de un período, podrá cancelar únicamente un valor 

equivalente al promedio del consumo mensual de los seis meses inmediatamente anteriores. 

Para poder ejercer este derecho, el consumidor debe presentar hasta dentro de los 10 días 

posteriores al vencimiento de la factura o planilla, las correspondientes al período de 6 meses 

inmediatos anteriores a la objetada. De no contar con los documentos anotados, el consumidor 

podrá solicitar las respectivas copias a la empresa prestadora del servicio, en cuyo caso, el plazo 

anotado comenzará a correr desde la fecha en que se entregan las copias. 

La empresa proveedora del servicio dispondrá de un plazo de 30 días a partir del reclamo del 

usuario para acreditar que el consumo facturado fue efectivamente realizado, en cuyo caso 

tendrá derecho a reclamar el pago de la diferencia más los intereses legales correspondientes.  

Si el pago efectuado por el consumidor en ejercicio del derecho contemplado en el inciso primero 

del presente artículo excede del valor real de consumo, la empresa otorgará un crédito idéntico a 

dicho exceso a favor del consumidor, el mismo que deberá hacerse efectivo en la planilla 

inmediata posterior. 

Mientras se desarrolle el trámite previsto en los incisos precedentes, la empresa proveedora 

estará obligada a seguir prestando el servicio sin interrupción alguna.  


Art. 40.- VALORES DE LAS PLANILLAS.- En las planillas emitidas por las empresas  

proveedoras de servicios públicos domiciliarios, deberá constar exclusivamente el valor del 

consumo respectivo más los recargos legales pertinentes y cobros adicionales establecidos por  

leyes y ordenanzas. Queda prohibido incluir en dichas planillas rubros adicionales extraños a los  

mencionados. 

Es un derecho del consumidor el conocer el valor exacto que debe cancelar por concepto de 

consumo y recargos legales adicionales, por tanto, queda prohibido el planillaje en base de 

sistemas diferentes a la medición directa, tales como valores presuntivos o estimativos. Con 

excepción del sector rural que no disponga de instrumentos de medición. Por excepción, en caso 

de pérdida, daño o imposibilidad física de acceder al sistema de medición, la planilla 

correspondiente al período inmediatamente posterior al momento del daño, podrá ser emitida por  

un valor equivalente al promedio mensual de los 6 períodos inmediatamente anteriores. En tal 

caso, es obligación de quien presta el servicio público domiciliario, reparar o reponer el sistema 

de medición respectivo o notificar al consumidor sobre la imposibilidad física de acceder al 

medidor para que éste solucione dicha situación, con la finalidad de que la factura o planilla del 

siguiente período sea emitida en función de datos reales. Si quien presta el servicio no cumple 

con la obligación de reparar o reponer el sistema de medición, en ningún caso los montos de las  

planillas de los períodos posteriores podrán ser aumentados presuntiva o estimativamente, 

siendo obligación del consumidor en los siguientes períodos, pagar exclusivamente un valor igual 

al del presente período mensual de las planillas de los seis meses inmediatamente anteriores.  

Los proveedores de servicios públicos domiciliarios que sufrieren pérdidas por deficiencias  

técnicas, u otras causas debidamente comprobadas imputables a la empresa, deberán asumirlas  

en su totalidad, quedando prohibido el traslado de dichas pérdidas a las planillas de los  

consumidores. 

CAPITULO VII 

PROTECCION CONTRACTUAL 

Art. 41.- EL CONTRATO DE ADHESION.- El contrato de adhesión deberá estar redactado con 

caracteres legibles no menores a un tamaño de fuente de 10 puntos, de acuerdo a las normas  

informáticas internacionales, en términos claros y comprensibles y no podrá contener remisiones  

a textos o documentos que, no siendo de conocimiento público, no se faciliten al consumidor  

previamente a la celebración del contrato. 

Cuando en un contrato de adhesión escrito con determinado tamaño de caracteres existiese 

además, textos escritos con letras o números significativamente más pequeños, éstos se 

entenderán como no escritos. 

Las partes tienen derecho de que se les entregue copias debidamente suscritas y sumilladas de 

los contratos y todos sus anexos. Si no fuere posible hacerlo en el acto por carecer de alguna 

firma, el proveedor entregará de inmediato una copia con la constancia de ser fiel al original 

suscrito por éste; la copia así entregada se tendrá por el texto fidedigno de lo pactado para todos  

los efectos legales. 

Art. 42.- IDIOMA OFICIAL.- Los contratos de adhesión relativos a las actividades regidas por la 

presente ley, deberán estar escritos en idioma castellano, salvo aquellas palabras de otro idioma 

que el uso haya incorporado al léxico. Las cláusulas que no cumplan con dichos requisitos, no 

producirán efecto alguno respecto del consumidor. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, en los contratos impresos o formularios  

prevalecerán las cláusulas que se agreguen, por sobre las del formulario, siempre que el 

consumidor lo apruebe por escrito. Las condiciones de la oferta se entienden siempre 

incorporadas al contrato 

Art. 43.- CLAUSULAS PROHIBIDAS.- Son nulas de pleno derecho y no producirán efecto 

alguno las cláusulas o estipulaciones contractuales que: 

Eximan, atenúen o limiten la responsabilidad de los proveedores por vicios de cualquier  

naturaleza de los bienes o servicios prestados;  

Impliquen renuncia a los derechos que esta ley reconoce a los consumidores o de alguna 

manera limiten su ejercicio;  


Inviertan la carga de la prueba en perjuicio del consumidor;  

Impongan la utilización obligatoria de un arbitraje o mediación, salvo que el consumidor  

manifieste de manera expresa su consentimiento;  

Permitan al proveedor la variación unilateral del precio o de cualquier condición del contrato;  

Autoricen exclusivamente al proveedor a resolver unilateralmente el contrato, suspender su 

ejecución o revocar cualquier derecho del consumidor nacido del contrato, excepto cuando tal 

resolución o modificación esté condicionada al incumplimiento imputable al consumidor;  

Incluyan espacios en blanco, que no hayan sido llenados o inutilizados antes de que se suscriba 

el contrato, o sean ilegibles;  

Impliquen renuncia por parte del consumidor, de los derechos procesales consagrados en esta 

ley, sin perjuicio de los casos especiales previstos en el Código de Procedimiento Civil, Código 

de Comercio, Ley de Arbitraje y Mediación y demás leyes conexas; y,  

Cualquier otra cláusula o estipulación que cause indefensión al consumidor o sean contrarias al 

orden público y a las buenas costumbres.  

Lo determinado en el presente artículo incluye a los servicios que prestan las Instituciones del 

Sistema Financiero. 

Art. 44.- TERMINACION ANTICIPADA.- En los contratos de adhesión referentes a la prestación 

de servicios, tales como telefonía celular, medicina prepagada, televisión satelital o por cable u 

otros similares, el consumidor podrá dar por terminado unilateralmente el contrato en cualquier  

tiempo, previa notificación por escrito con al menos quince días de anticipación a la finalización 

del período en curso. En estos casos, en el contrato de adhesión no se podrá incluir cláusulas ni 

disposición alguna que impongan al consumidor multas, sanciones o recargos de ninguna 

naturaleza, atribuida a la terminación anticipada de dicho contrato y de incluirlas no tendrán 

ningún efecto jurídico. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, el consumidor mantendrá la obligación de 

cancelar los saldos pendientes únicamente por servicios efectivamente prestados hasta la fecha 

de la terminación unilateral del contrato, así como los valores adeudados por la adquisición de 

los bienes necesarios para la prestación del servicio, de ser el caso. 

Art. 45.- DERECHO DE DEVOLUCION.- El consumidor que adquiera bienes o servicios por  

teléfono, catálogo, televisión, internet o a domicilio, gozará del derecho de devolución, el mismo 

que deberá ser ejercido dentro de los tres días posteriores a la recepción del bien o servicio, 

siempre y cuando lo permita su naturaleza y el estado del bien sea el mismo en el que lo recibió. 

En el caso de servicios, el derecho de devolución se ejercerá mediante la cesación inmediata del 

contrato de provisión del servicio. 

Art. 46.- PROMOCIONES Y OFERTAS.- Toda promoción u oferta especial deberá señalar, 

además del tiempo de duración de la misma, el precio anterior del bien o servicio y el nuevo 

precio o, en su defecto, el beneficio que obtendría el consumidor, en caso de aceptarla.  

Cuando se trate de promociones en que el incentivo consista en la participación en concursos o 

sorteos, el anunciante deberá informar al público sobre el monto o número de premios de 

aquellos, el plazo y el lugar donde se podrán reclamar. El anunciante estará obligado a difundir  

adecuadamente el resultado de los concursos o sorteos  

Art. 47.- SISTEMAS DE CREDITO.- Cuando el consumidor adquiera determinados bienes o 

servicios mediante sistemas de crédito, el proveedor está obligado a informarle en forma previa, 

clara y precisa: 

El precio de contado del bien o servicio materia de la transacción;  

El monto total correspondiente a intereses, la tasa a la que serán calculados; así como la tasa de 

interés moratorio y todos los demás recargos adicionales;  

El número, monto y periodicidad de los pagos a efectuar; y,  

La suma total a pagar por el referido bien o servicio.  

Se prohibe el establecimiento y cobro de intereses sobre intereses. El cálculo de los intereses en 

las compras a crédito debe hacerse exclusivamente sobre el saldo de capital impago. Es decir, 

cada vez que se cancele una cuota, el interés debe ser recalculado para evitar que se cobre 


sobre el total del capital. Lo dispuesto en este artículo y en especial en este inciso, incluye a las  

Instituciones del Sistema Financiero. 

El proveedor está en la obligación de conferir recibos por cada pago parcial. El pago de la cuota 

correspondiente a un período de tiempo determinado hace presumir el de los anteriores.  

Art. 48.- PAGO ANTICIPADO.- En toda venta o prestación de servicios a crédito, el consumidor  

siempre tendrá derecho a pagar anticipadamente la totalidad de lo adeudado, o a realizar pre­

pagos parciales en cantidades mayores a una cuota. En estos casos, los intereses se pagarán 

únicamente sobre el saldo pendiente.  

Lo prescrito en el presente artículo incluye al sistema financiero. 

Art. 49.- COBRANZA DE CREDITOS.- En la cobranza de créditos, el consumidor no deberá ser  

expuesto al ridículo o a la difamación, ni a cualquier tipo de coacción ilícita ni amenaza de 

cualquier naturaleza, dirigida a su persona, por el proveedor o quien actúe en su nombre. 

La obligación impuesta al proveedor, será exigible, sin perjuicio de las acciones penales a las  

que hubiere lugar. 

Art. 50.- PAGOS CON TARJETA DE CREDITO.- El precio para el pago con tarjeta de crédito, 

será el mismo precio que al contado. Toda oferta, promoción, rebaja o descuento exigible 

respecto a la modalidad de pago al contado, será también exigible por el consumidor que efectúa 

pagos mediante el uso de tarjetas de crédito, salvo que se ponga en su conocimiento oportuna y  

adecuadamente, en la publicidad o información respectiva y de manera expresa, lo contrario. 

CAPITULO VIII 

CONTROL DE LA ESPECULACION 

Art. 51.- Sin perjuicio de lo que al respecto establecen las normas penales, queda 

absolutamente prohibida la especulación. Igualmente queda prohibida cualquier otra práctica 

desleal que tienda o sea causa del alza indiscriminada de precios de bienes y/o servicios.  

Así mismo se adoptarán las medidas necesarias para evitar la fuga de alimentos fuera del 

territorio nacional, que pudieran provocar desabastecimiento de los mercados internos. 

Art. 52.- El INEC o el Organismo que haga sus veces elaborará mensualmente, en base de 

criterios netamente técnicos, el Indice Oficial de Inflación, el Indice de Precios al Productor y el 

Indice de Precios al Consumidor. 

Art. 53.- Cuando se detecte indicios de procesos especulativos en base del Indice Oficial de 

Inflación, del Indice de Precios al Productor o del Indice de Precios al Consumidor, los  

Intendentes de Policía, Subintendentes de Policía y Comisarios Nacionales, a petición de 

cualquier interesado o aún de oficio, podrán realizar los controles necesarios a fin de establecer  

la existencia de tales procesos especulativos. 

Art. 54.- En casos especiales de excepción, el Presidente de la República, fundamentando 

debidamente la medida, podrá regular temporalmente los precios de bienes y servicios. Dicha 

regulación la podrá ejercer el Presidente de la República cuando la situación económica del país  

haya causado una escalada injustificada de precios. Se ejecutará mediante Decreto Ejecutivo, en 

el que se debe establecer el vencimiento de la medida cuando hayan desaparecido las causas  

que motivaron la respectiva resolución. En todo caso, la regulación debe ser revisada dentro de 

períodos no superiores a los seis meses, o en cualquier momento a solicitud de los interesados. 

Para determinar los precios por regular, deben ponderarse los efectos que la medida pueda 

ocasionar en el abastecimiento. 

La regulación referida en los párrafos anteriores, podrá consistir en fijación temporal de precios,  

el establecimiento de márgenes de comercialización o cualquier otra forma de control. 

Los Ministros de Economía y Finanzas y, de Comercio Exterior y las autoridades competentes  

establecidas en la presente ley, velarán por el cumplimiento correcto de la regulación 

mencionada en el presente artículo. 


CAPITULO IX 

PRACTICAS PROHIBIDAS  

Art. 55.- Constituyen prácticas abusivas de mercado, y están absolutamente prohibidas al 

proveedor, entre otras, las siguientes: 

Condicionar la venta de un bien a la compra de otro o a la contratación de un servicio, salvo que 

por disposición legal el consumidor deba cumplir con algún requisito;  

Rehusar atender a los consumidores cuando su stock lo permita;  

Enviar al consumidor cualquier servicio o producto sin que éste lo haya solicitado. En tal 

hipótesis, se entenderán como muestras gratis los bienes y/o servicios enviados;  

Aprovecharse dolosamente de la edad, salud, instrucción o capacidad del consumidor para 

venderle determinado bien o servicio;  

Colocar en el mercado productos u ofertar la prestación de servicios que no cumplan con las  

normas técnicas y de calidad expedidas por los órganos competentes;  

Aplicar fórmulas de reajuste diversas a las legales o contractuales; y,  

Dejar de fijar plazo para el cumplimiento de sus obligaciones, o dejarlo a su único criterio.  

El redondeo de tiempo para efectivizar el cobro de intereses, multas u otras sanciones  

económicas en tarjetas de crédito, préstamos bancarios u otros similares.  

CAPITULO X 

PROTECCION A LA SALUD Y SEGURIDAD 

Art. 56.- SUPLETORIEDAD: Las disposiciones del presente capítulo sólo se aplicarán en lo no 

previsto por las normas especiales que regulan la provisión de determinados bienes o servicios  

que por sus características deban sujetarse a un tratamiento especial. 

Art. 57.- ADVERTENCIAS PERMANENTES.- Tratándose de productos cuyo uso resulte 

potencialmente peligroso para la salud o integridad física de los consumidores, para la seguridad 

de sus bienes o del ambiente, el proveedor deberá incorporar en los mismos, o en instructivos  

anexos, las advertencias o indicaciones necesarias para que su empleo se efectúe con la mayor  

seguridad posible. 

En cuanto al expendio de bebidas alcohólicas, cigarrillos y otros derivados del tabaco y  

productos nocivos para la salud, deberá expresarse clara, visible y notablemente la indicación de 

que su consumo es peligroso para la salud, de acuerdo a lo que al respecto regule el 

Reglamento a la presente Ley. Dicha advertencia deberá constar, además, en toda la publicidad 

del bien considerado como nocivo. 

En lo que se refiere a la prestación de servicios riesgosos, deberán adoptarse por el proveedor  

las medidas que resultaren necesarias para que aquellas se realice en adecuadas condiciones  

de seguridad, informando al usuario y a quienes pudieren verse afectados por tales riesgos, de 

las medidas preventivas que deban usarse. 

Art. 58.- PRODUCTOS RIESGOSOS.- En caso de constatarse que un bien de consumo adolece 

de un defecto o constituye un peligro o riesgo de importancia para la integridad física, la salud, la 

seguridad de las personas o del medio ambiente, aún cuando se utilice en forma adecuada, el 

proveedor del mismo deberá, sin perjuicio de las responsabilidades a las que hubiere lugar, 

informar de tal hecho a los consumidores del bien, retirarlo del mercado y, cuando sea 

procedente, sustituirlo o reemplazarlo a su costo. 

Art. 59.- PROHIBICION DE COMERCIALIZACION.- Comprobada por cualquier medio idóneo, la 

peligrosidad o toxicidad de un producto destinado al consumo humano, en niveles considerados  

como nocivos o peligrosos para la salud del consumidor, la autoridad competente dispondrá el 

retiro inmediato de dicho bien o producto del mercado y la prohibición de circulación del mismo. 

Los daños y perjuicios producidos por la acción de dichos bienes o productos serán de cargo del 

proveedor, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar. 

Art. 60.- LICENCIAS.- Las patentes, autorizaciones, licencias u otros documentos o permisos  

otorgados por el Estado a ciertos proveedores para la investigación, desarrollo o 

comercialización de bienes o servicios que puedan resultar peligrosos o nocivos para la salud del 


consumidor, en ningún caso eximirán de la responsabilidad por los daños y perjuicios  

efectivamente ocasionados a dichos consumidores, daños que de conformidad a lo dispuesto por  

esta u otras leyes, serán de cargo de los proveedores y de todos quienes hayan participado en la 

cadena de producción, distribución y comercialización de los mencionados bienes. 

CAPITULO XI 

ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES 

Art. 61.- ASOCIACION DE CONSUMIDORES.- Se entenderá por Asociación de Consumidores, 

toda organización constituida por personas naturales o jurídicas, independientes de todo interés  

económico, comercial, religioso o político, cuyo objeto sea garantizar y procurar la protección y la 

defensa de los derechos e intereses de los consumidores; así como, promover la información, 

educación, representación y el respeto de los mismos. 

Art. 62.- REQUISITOS.- Para poder actuar válida y legítimamente en la promoción y defensa de 

los derechos que esta Ley consagra, las Asociaciones de Consumidores deberán cumplir, 

además de los requisitos exigidos por la legislación general, con los siguientes: 

Obtener su personería jurídica en el Ministerio de Bienestar Social;  

Conformarse con un número no menor a cincuenta miembros;  

No incluir como asociados a personas jurídicas que se dediquen a actividades comerciales;  

Mantenerse al margen de actividades comerciales, religiosas o políticas;  

No perseguir fines de lucro;  

No aceptar anuncios de carácter comercial en sus publicaciones; y,  

No realizar una explotación comercial selectiva en la información y consejos que ofrezcan al 

consumidor.  

Art. 63.- OBJETIVOS.- Entre otros, son objetivos de las Asociaciones de Consumidores: 

Difundir el conocimiento de las disposiciones de esta Ley y sus disposiciones conexas;  

Promover y proteger los derechos de los consumidores;  

Representar los intereses individuales o colectivos de los consumidores ante las autoridades  

judiciales o administrativas; así como, ante los proveedores, mediante el ejercicio de acciones, 

recursos, trámites o gestiones a que esta Ley se refiere, cuando esto sea solicitado 

expresamente por los consumidores;  

Realizar programas de capacitación, orientación y educación del consumidor,  

Promover la organización de los consumidores con sentido solidario para proteger sus derechos;  

Promover el conocimiento sobre el precio, la cantidad, la calidad, peso, medida, rotulado e 

información de los bienes y servicios;  

Denunciar la práctica o manejo que atente contra los derechos del consumidor consagrados en 

la presente ley;  

Desarrollar una conciencia ambiental, individual o de grupo sobre las consecuencias del 

consumo en el ambiente y la necesidad de preservar los recursos naturales; y,  

Prestar la debida colaboración a las autoridades que requieran de su contingente para la 

investigación de las infracciones establecidas en la presente Ley.  

CAPITULO XII 

CONTROL DE CALIDAD 

Art. 64.- BIENES Y SERVICIOS CONTROLADOS.- El Instituto Ecuatoriano de Normalización, 

INEN, determinará la lista de bienes y servicios, provenientes tanto del sector privado como del 

sector público, que deban someterse al control de calidad y al cumplimiento de normas técnicas, 

códigos de práctica, regulaciones, acuerdos, instructivos o resoluciones. Además, en base a las  

informaciones de los diferentes ministerios, y de otras instituciones del sector público, el INEN 

elaborará una lista de productos que se consideren peligrosos para el uso industrial o agrícola y  

para el consumo. Para la importación y/o expendio de dichos bienes, el ministerio 

correspondiente, bajo su responsabilidad, extenderá la debida autorización. 

Art. 65.- AUTORIZACIONES ESPECIALES.- El Registro Sanitario y los Certificados de venta 

libre de Alimentos, serán otorgados según lo dispone el Código de la Salud, de conformidad con 


las normas técnicas, regulaciones, resoluciones y códigos de práctica, oficializados por el 

Instituto Ecuatoriano de Normalización –INEN- y demás autoridades competentes, y serán 

controlados periódicamente para verificar que se cumplan los requisitos exigidos para su 

otorgamiento. Para la introducción de bienes importados al mercado nacional, será requisito 

indispensable contar con la homologación del Registro Sanitario y de los Permisos de 

Comercialización otorgados por autoridad competente de su país de origen, según lo dispone el 

Reglamento a la presente Ley y las demás leyes conexas, salvo los casos de aplicación de 

acuerdos de reconocimiento mutuo vigentes y los que pudieren entrar en vigencia a futuro entre 

la República del Ecuador y otros países, en el marco de los procesos de integración. 

Art. 66.- NORMAS TECNICAS.- El control de cantidad y calidad se realizará de conformidad con 

las normas técnicas establecidas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización –INEN-, entidad 

que también se encargará de su control sin perjuicio de la participación de los demás organismos 

gubernamentales competentes. De comprobarse técnicamente una defectuosa calidad de dichos 

bienes y servicios, el INEN no permitirá su comercialización; para esta comprobación técnica 

actuará en coordinación con los diferentes organismos especializados públicos o privados, 

quienes prestarán obligatoriamente sus servicios y colaboración. 

Las normas técnicas no podrán establecer requisitos no características que excedan las 

establecidas en los estándares internacionales para los respectivos bienes. 

Art. 67.- DELEGACION.- El Instituto Ecuatoriano de Normalización –INEN- y las demás 

autoridades competentes, podrán, de acuerdo con la ley y los Reglamentos, delegar la facultad 

de control de calidad mencionada en el artículo anterior, a los Municipios que cuenten con la 

capacidad para asumir dicha responsabilidad. 

Art. 68.- UNIDADES DE CONTROL.- El Instituto Ecuatoriano de Normalización –INEN­

promoverá la creación y funcionamiento de los departamentos de control de calidad, dentro de 

cada empresa pública o privada, proveedora de bienes o prestadora de servicios. Así mismo, 

reglamentará la posibilidad de que, alternativamente, se contraten laboratorios de las 

universidades y escuelas politécnicas o laboratorios privados debidamente calificados para 

cumplir con dicha labor. 

Art. 69.- CAPACITACION.- El Instituto Ecuatoriano de Normalización –INEN- realizará 

programas permanentes de difusión sobre normas de calidad a los proveedores y consumidores, 

utilizando, entre otros medios, los de comunicación social, en los espacios que corresponden al 

Estado, según la Ley. 

CAPITULO XIII 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

Art. 70.- SANCION GENERAL.- Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley, siempre que no 

tengan una sanción específica, serán sancionadas con multa de cien a mil dólares de los 

Estados Unidos de América o su equivalente en moneda de curso legal, y si es del caso, el 

comiso de los bienes, o la suspensión del derecho a ejercer actividades en el campo de la 

prestación del servicio o publicidad, sin perjuicio de las demás sanciones a las que hubiere lugar. 

El pago de las sanciones pecuniarias no libera al proveedor de cumplir con las obligaciones que 

le impone esta ley. 

Art. 71.- INDEMNIZACION, REPARACION, REPOSICION Y DEVOLUCION.- Los consumidores 

tendrán derecho, además de la indemnización por daños y perjuicios ocasionados, a la 

reparación gratuita del bien, y, cuando no sea posible, a su reposición o a la devolución de la 

cantidad pagada, en un plazo no superior a treinta días, en los siguientes casos: 

Cuando en el producto que se hubiere adquirido con determinada garantía y, dentro del plazo de 

ella, se pusiere de manifiesto la deficiencia o características del bien garantizado, siempre que 

se hubiere destinado al uso o consumo normal de acuerdo a la naturaleza de dicho bien. Este 

derecho se ejercerá siempre y cuando el proveedor haya incumplido con la garantía;  


Cuando cualquier producto, por sus deficiencias de fabricación, elaboración, estructura, calidad o 

condiciones sanitarias, en su caso, no sea apto para el uso al cual está destinado, y, 

Cuando considerados los límites de tolerancia permitidos, el contenido neto de un producto 

resulte inferior al que debiera ser o la cantidad sea menor a la indicada en el envase o empaque.  

Sin perjuicio de las acciones civiles, penales o administrativas a que hubiere lugar, el proveedor 

que incurriere en uno de los casos contemplados en este artículo, e incumpliere su obligación 

una vez fenecido el plazo establecido, será sancionado con una multa equivalente al valor del 

bien o servicio, que en ningún caso será inferior a ciento veinte dólares de los Estados Unidos de 

América o su equivalente en moneda de curso legal, sin que por ello se extinga su obligación de 

reparar o reponer el bien, o en su caso restituir lo pagado. 

Art. 72.- El proveedor cuya publicidad sea considerada engañosa o abusiva, según lo dispuesto 

en el artículo 7 de la presente Ley, será sancionado con una multa de mil a cuatro mil dólares de 

los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda de curso legal. Cuando un mensaje 

publicitario sea engañoso o abusivo, la autoridad competente dispondrá la suspensión de la 

difusión publicitaria, y además ordenará la difusión de la rectificación de su contenido, a costa del 

anunciante, por los mismos medios, espacios y horarios. La difusión de la rectificación no será 

menor al 30% de la difusión del mensaje sancionado. 

Art. 73.- El proveedor que incurra en lo establecido en el artículo 23 de la presente ley, e 

incumpla las obligaciones allí establecidas, será sancionado con la clausura temporal o definitiva 

del establecimiento. 

Art. 74.- En caso de incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 58 de la presente Ley, el 

infractor será sancionado con multa de mil a cinco mil dólares de los Estados Unidos de América 

o su equivalente en moneda de curso legal. 

Art. 75.- SERVICIOS DEFECTUOSOS.- Cuando los servicios prestados sean manifiestamente 

defectuosos, ineficaces, causen daño o no se ajusten a lo expresamente acordado, los 

consumidores tendrán derecho, además de la correspondiente indemnización por daños y 

perjuicios, a que le sea restituido el valor cancelado. Además, el proveedor de tales servicios, 

será sancionado con una multa de cincuenta a quinientos dólares de los Estados Unidos de 

América o su equivalente en moneda de curso legal, sin perjuicio de las demás acciones a que 

hubiere lugar. 

Art. 76.- ESPECTACULOS PUBLICOS.- Serán sancionados con multa equivalente al diez por 

ciento (10%) del valor recaudado en taquilla, las personas naturales o jurídicas organizadores de 

espectáculos públicos, incluidos los artísticos y deportivos, que pongan en venta una cantidad de 

localidades que supere la capacidad de los respectivos recintos; sin perjuicio de su obligación de 

restituir lo pagado, a quienes, a causa de lo señalado, no hayan podido ingresar al espectáculo. 

En caso de reincidencia a lo dispuesto en el presente artículo, la multa será equivalente al veinte 

por ciento (20%) del valor de la taquilla, sin perjuicio de las sanciones civiles o penales a que 

hubiere lugar. 

Art. 77.- SUSPENSION INJUSTIFICADA DEL SERVICIO.- El que suspendiere, paralizare o no 

prestare, sin justificación o arbitrariamente, un servicio previamente contratado y por el cual se 

hubiere pagado derecho de conexión, instalación, incorporación, mantenimiento o tarifa de 

consumo, será sancionado con una multa de mil a cinco mil dólares de los Estados Unidos de 

América o su equivalente en moneda de curso legal, sin perjuicio de las demás acciones a las 

que hubiere lugar. 

Adicionalmente, el Estado y las entidades seccionales autónomas y/o los concesionarios del 

ejercicio del derecho para la prestación del servicio, responderán civilmente por los daños y 

perjuicios ocasionados a los habitantes, por su negligencia y descuido en la prestación de los 

servicios públicos que estén a su cargo, y por la carencia de servicios que hayan sido pagados. 

Art. 78.- COBRO DURANTE LA SUSPENSION DEL SERVICIO.- El proveedor de servicios 

públicos o privados, no podrá efectuar cobro alguno por el mismo, durante el tiempo en que se 


encuentre interrumpido y, en todo caso, estará obligado a descontar o reembolsar al consumidor 

el valor del servicio pagado y no devengado. 

Art. 79.- REQUERIMIENTO DE INFORMACION.- Sin perjuicio de la facultad de las autoridades 

de asistirse por la fuerza pública, será sancionado con multa de quinientos a cinco mil dólares de 

los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda de curso legal, el proveedor que se 

negare a proporcionar la información requerida por autoridad competente o que proporcionare 

información falsa. 

La misma pena será impuesta al proveedor que impida a la autoridad competente, por cualquier 

medio, la inspección de los lugares de prestación de servicios, producción, expendio o 

almacenamiento de bienes, productos o que se oponga a la verificación de la información 

proporcionada. 

Art. 80.- REINCIDENCIA.- En caso de reincidencia en las infracciones que establece la presente 

ley, la multa señalada podrá ser elevada al doble, además de la clausura temporal o definitiva del 

establecimiento; se considerará reincidente al proveedor que sea sancionado por una misma 

infracción a esta Ley, dos veces o más dentro del mismo año calendario. 

Para la aplicación de las multas, la autoridad competente tendrá en cuenta de manera especial, 

la gravedad de la infracción, la cuantía de lo disputado y las condiciones económicas del 

infractor. 

CAPITULO XIV 

COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO 

Art. 81.- FACULTAD DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.- Es facultad de la Defensoría del 

Pueblo, conocer y pronunciarse motivadamente sobre los reclamos y las quejas, que presente 

cualquier consumidor, nacional o extranjero, que resida o esté de paso en el país y que 

considere que ha sido directa o indirectamente afectado por la violación o inobservancia de los 

derechos fundamentales del consumidor, establecidos en la Constitución Política de la 

República, los tratados o convenios internacionales de los cuales forme parte nuestro país, la 

presente Ley, así como las demás leyes conexas. 

En el procedimiento señalado en el inciso anterior, la Defensoría del Pueblo podrá promover la 

utilización de mecanismos alternativos para la solución de conflictos, como la mediación, siempre 

que dicho conflicto no se refiera a una infracción penal. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, el consumidor podrá acudir, en cualquier 

tiempo, a la instancia judicial o administrativa que corresponda. 

Art. 82.- PROCEDIMIENTO ANTE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.- En lo relacionado con tal 

procedimiento, serán aplicables las disposiciones del Título III de la Ley Orgánica de la 

Defensoría del Pueblo, así como las disposiciones reglamentarias que para este efecto dicte el 

Defensor del Pueblo. 

Art. 83.- INFORME.- Una vez agotado el procedimiento anterior y, en caso de que las partes no 

hayan llegado a un acuerdo, la Defensoría del Pueblo elaborará un informe en base del cual 

solicitará a las autoridades competentes la iniciación del respectivo proceso investigativo del que 

se podrá desprender la imposición de las sanciones establecidas en la presente Ley, así como la 

exigencia de que se dé cumplimiento a la obligación pendiente. 

El informe emitido por la Defensoría del Pueblo será apreciado por el juez de acuerdo a su sana 

crítica 

El Defensor del Pueblo podrá acudir ante el Juez de Contravenciones de su respectiva 

jurisdicción a fin de solicitar el inicio del respectivo proceso. 

Art. 84.- JUZGAMIENTO DE INFRACCIONES.- Son competentes para conocer y resolver sobre 

las infracciones a las normas contenidas en la presente Ley, en primera instancia, el Juez de 

Contravenciones de la respectiva jurisdicción, y, en caso de apelación, el Juez de lo Penal de la 

respectiva jurisdicción. 


El juzgamiento de las infracciones previstas en esta Ley se iniciará mediante denuncia, 

acusación particular o excitativa fiscal. 

Propuesta la denuncia y una vez citado el acusado, el Juez señalará día y hora para la audiencia 

oral de juzgamiento, la misma que deberá llevarse a cabo dentro del plazo de diez días contados  

a partir de la fecha de la notificación. Dicha audiencia iniciará con la contestación del acusado. A 

esta audiencia concurrirán las partes con todas las pruebas de las que se crean asistidos, 

previniéndoles que se procederá en rebeldía. 

Se dispondrá que las partes presenten sus pruebas, luego de lo cual se dictará sentencia en la 

misma audiencia, de ser posible, caso contrario, se lo hará dentro del plazo perentorio de tres  

días. 

Si el consumidor anexa a su denuncia el informe emitido por la Defensoría del Pueblo, se 

considerará su contenido de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley. 

Art. 85.- INTERVENCION DE PERITOS.- Si para el establecimiento de los hechos fuere 

necesaria, a criterio del juez, la intervención de peritos o se requiriere informes técnicos, se 

suspenderá la audiencia solo para este objeto y se concederá el plazo de hasta quince días para 

la presentación de los mismos, al vencimiento del cual, previo señalamiento de día y hora, se 

reanudará la audiencia y se procederá en la forma en que se indica en el artículo anterior.  

Si el peritaje o informe técnico, a criterio del juez, tuviere que practicarse en el exterior, el plazo 

antes señalado podrá extenderse hasta por treinta días. 

Art. 86.- RECURSO DE APELACION.- De la sentencia que dicte el juez de contravenciones se 

podrá interponer el recurso de apelación dentro del término de tres días contados a partir de la 

notificación con el fallo. Dicho recurso será presentado ante el juez de contravenciones quien lo 

remitirá al respectivo juez de lo penal. La sentencia que dicte el juez de lo penal causará 

ejecutoria. 

Art. 87.- DAÑOS Y PERJUICIOS.- La sentencia condenatoria lleva implícita la obligación del 

sentenciado de pagar daños y perjuicios al afectado, costas y honorarios. El cobro de daños y  

perjuicios se lo hará de conformidad con lo que dispone el artículo 391 del Código de 

Procedimiento Penal, publicado en el Registro Oficial N° 360, de 13 de enero del 2000. 

Art. 88.- ACCION POPULAR.- Se concede acción popular para denunciar las infracciones  

previstas en esta Ley. 

CAPITULO XV 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 89.- PLANES DE ESTUDIO.- El Ministerio de Educación y Cultura incluirá, como eje 

transversal, dentro del pensum de asignaturas ya existentes, un componente relacionado a la 

educación del consumidor; con tal finalidad ejecutará programas de capacitación docente e 

incluirá mensajes acerca de los derechos del consumidor en los textos y otros medios  

pedagógicos.  

La educación del consumidor privilegiará las siguientes áreas: 

El conocimiento de los derechos y obligaciones;  

Promover la capacidad para elegir con mayor libertad y eficacia entre los bienes y servicios que 

ofrece el mercado;  

Planificar y satisfacer mejor sus necesidades; y,  

Evitar riesgos derivados de un uso inadecuado de bienes y servicios.  

Art. 90.- DIFUSION PUBLICA.- Para la difusión pública permanente de los derechos, principios  

y normas establecidas en la presente Ley, la Defensoría del Pueblo, a más de estar plenamente 

facultada para realizar cualquier tipo de convenios o acuerdos de difusión gratuita con los medios  

de comunicación, hará uso de los espacios que por ley corresponden al Estado.  

Art. 91.- SERVICIO DE TELEFONIA.- Las empresas públicas o privadas que presten servicios  

de telefonía fija o móvil celular, bajo ningún concepto podrán aplicar mecanismos de redondeo 


de tarifas; la facturación se hará por el tiempo real de uso, expresado en minutos y segundos, 

según corresponda. 

Art. 92.- CENTROS DE ACOPIO.- Las autoridades de los Organismos Seccionales, dentro de 

sus respectivas jurisdicciones, procurarán y promoverán la creación de centros de acopio en los  

que los productores podrán comercializar directamente sus productos.  

Art. 93- INTERESES POR MORA.- Cuando fuere procedente el cobro de intereses por mora en 

el pago atrasado de facturas y planillas de servicios, el consumidor pagará el interés legal por el 

tiempo efectivo de mora. Caso contrario, el afectado podrá acudir ante la autoridad competente 

para la tutela de su derecho. 

Art. 94.- MULTAS.- Los fondos provenientes de las multas impuestas en cumplimiento de las  

disposiciones de la presente Ley, serán depositadas en la Cuenta Unica del Tesoro Nacional. El 

equivalente al cincuenta por ciento (50%) de estos recursos se administrarán de conformidad 

con la Ley de Presupuestos, su reglamento y demás normas técnicas vigentes. El restante 

cincuenta por ciento (50%) se destinará así: veinte y cinco por ciento (25%) al establecimiento de 

programas de difusión y capacitación en lo relacionado con la educación del consumidor, tareas  

que se desarrollarán a través de la Defensoría del Pueblo y las Asociaciones de Consumidores; 

y, el otro veinte y cinco por ciento (25%) al Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) para el 

ejercicio de las competencias asignadas en esta Ley. 

Art. 95.- SUPLETORIEDAD.- En todo lo no previsto en esta Ley, en lo relativo al Procedimiento 

para el juzgamiento de las infracciones aquí determinadas, se estará a lo que dispone el Código 

de Procedimiento Civil.  

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA.- Derógase la Ley de Defensa del Consumidor, publicada en el Registro Oficial 

número 520 de 12 de septiembre de 1990 y todas sus posteriores reformas. De igual forma, 

derógase el Reglamento de dicha Ley, expedido mediante Decreto N° 2201-A, publicado en el 

Registro Oficial N° 625 de 19 de febrero de 1991, y todas sus reformas. 

SEGUNDA.- Sustitúyase el artículo 148 del Código de Comercio por el siguiente: 

"Art. 148.- Las ofertas públicas contenidas en circulares, catálogos, avisos publicitarios,  

proformas, obligan a quien las hace; salvo que en la misma oferta se señale un determinado 

plazo de validez de la misma o que las condiciones de la oferta original sean modificadas por  

una oferta posterior." 

TERCERA.- Derógase la Disposición Transitoria Décima Cuarta de la Ley para la 

Transformación Económica del Ecuador, publicada en el Registro Oficial N° 34 de 13 de marzo 

de 2000. 

CUARTA.- Una vez concluido el proceso de Modernización del INEN, este Instituto pasará a 

constituir una dependencia técnica del Consejo Nacional de Calidad creado mediante Decreto 

Ejecutivo No. 401 publicado en el Registro Oficial No. 87 de 30 de mayo del 2000. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

PRIMERA.- En tanto empiecen a funcionar los Juzgados de Contravenciones, los Intendentes y  

Subintendentes de Policía y los Comisarios Nacionales serán competentes para conocer y juzgar  

las infracciones contempladas en la presente ley. En lo referente a indemnizaciones por daños y  

perjuicios, mientras empiezan a funcionar los juzgados de contravenciones, serán competentes  

los jueces de lo civil.  

SEGUNDA.- Los proveedores tendrán el plazo máximo de nueve meses contados a partir de la 

promulgación de la presente Ley en el Registro Oficial, para dar cumplimiento a lo dispuesto en 


los artículos 14, 15 y 16 de esta Ley, tiempo en el que deberán incorporar en sus etiquetas, 

envases, empaques o manuales de uso de los bienes ofrecidos, los cambios establecidos. 

TERCERA.- Durante los noventa días inmediatos posteriores a la vigencia de esta Ley, el 

Presidente de la República o el Ministro al que delegue para el efecto, realizará la difusión 

pública de los derechos, obligaciones, principios y normas establecidas en la presente Ley, para 

lo cual hará uso de los espacios que por Ley le corresponden al Estado, en los diferentes medios 

de comunicación colectiva. 

CUARTA.- Una vez concluido el proceso de modernización del Instituto Ecuatoriano de 

Normalización –INEN-, este Instituto pasará a constituir una dependencia técnica del Consejo 

Nacional de Calidad, creado mediante Decreto Ejecutivo No. 401, publicado en el Registro Oficial 

No. 87 de 30 de mayo el 2000. 

QUINTA.- El Presidente de la República, mediante Decreto Ejecutivo expedirá dentro del plazo 

de noventa días a partir de la vigencia de esta Ley, el Reglamento general para su aplicación.  

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones del 

Pleno del Congreso Nacional del Ecuador, a los cuatro días del mes de julio del año 2000. 

Ing. Juan José Pons Arízaga 

Presidente 

Lcdo. Guillermo H. Astudillo Ibarra 

Secretario General 

Publicado en el Registro Oficial No. 116 de 10 de julio del 2000. 



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