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Última reforma publicada en el periódico oficial del gobierno del estado de guanajuato, NÚmero 142, segunda parte, 04 de septiembre de 2009

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ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO NÚMERO 134, CUARTA PARTE, DE FECHA 05 DE JULIO DEL 2018.


Código publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 19, de fecha 8 de marzo de 1934.


El ciudadano MELCHOR ORTEGA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, a los habitantes del mismo, sabed:


Que el H. Congreso del Estado se ha servido dirigirme el siguiente Decreto:


DECRETO NÚMERO 341


La H. XXXIV Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, decreta:


CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO


LIBRO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES


TÍTULO PRIMERO

PARTES


CAPÍTULO I

Personas que Pueden Intervenir en un Procedimiento Judicial


ARTÍCULO 1. Solamente puede iniciarse la actividad judicial a instancia de parte legítima.


ARTÍCULO 2. Puede intervenir en un procedimiento judicial toda persona que tenga interés directo o indirecto en el negocio que amerite la intervención de la autoridad judicial.


ARTÍCULO 3. Las personas de que habla el Artículo anterior intervendrán por sí o por medio de las personas que las representen de acuerdo con la Ley Civil.


En todos los asuntos donde se ventilen cuestiones relacionadas con menores de edad, se dará de oficio intervención a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato para que se constituya como representante coadyuvante, con el fin de garantizar su interés superior.

(Párrafo adicionado. P.O. 11 de septiembre de 2015)


A petición del Ministerio Público, de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, o de oficio, cuando existan indicios de conflicto de intereses entre quienes ejerzan la representación originaria, o de éstos con sus representados menores de edad o por una representación deficiente o dolosa, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato ejercerá su representación en suplencia, previo incidente de restricción, suspensión o revocación de la representación originaria.

(Párrafo adicionado. P.O. 11 de septiembre de 2015)


ARTÍCULO 4. Mientras una persona conserve las características señaladas por el artículo 2o., será parte en el negocio judicial.


ARTÍCULO 5. Cuando haya transmisión a un tercero del interés de que habla el artículo 2o., la parte que haya transmitido sus intereses perderá aquel carácter y lo adquirirá aquel a cuyo nombre se haya verificado la transmisión.


ARTÍCULO 6. Las substituciones personales de las partes en un procedimiento judicial no afectaran a éste, a menos que dichas substituciones impliquen variación en la relación substancial.


ARTÍCULO 7. Cuando la ley o el contrato que establezca la organización de un ente colectivo dispongan que el representante, para intervenir como actor o como demandado, necesita de la autorización de aquél, cuando éste sea el demandado y no otorgue, con la oportunidad debida, tal autorización, transcurridos los términos legales, se le considerará rebelde.


ARTÍCULO 8. El Ministerio Público tendrá, dentro del procedimiento judicial, la misma situación que otra parte cualquiera salvo las disposiciones especiales de la ley; pero estará exento de prestar las garantías que este Código u otras leyes impongan a las partes.


Contra el Estado, los Municipios o cualquiera otra entidad del derecho público no podrá dictarse mandamiento de ejecución ni providencia de embargo. Las resoluciones que impongan una obligación a dichas entidades serán cumplimentadas por la autoridad correspondiente, dentro de los límites de sus atribuciones.


ARTÍCULO 9. Siempre que una parte, dentro de un juicio, esté compuesta de diversas personas, deberá tener una sola representación, para lo cual nombrarán los interesados un representante común.


Si se tratare de la actora, el nombramiento de representante será hecho en la demanda o en la primera promoción, sin lo cual no se le dará curso.


Si fuere la demandada, el nombramiento se hará, a más tardar, dentro de los tres días siguientes al vencimiento del término del último de los emplazados, para contestar la demanda. En cualquier otro caso, el nombramiento se hará, a más tardar, dentro de los tres días siguientes al vencimiento del término señalado por la ley para el ejercicio de un derecho.


Si el nombramiento no fuere hecho por los interesados dentro del término correspondiente, lo hará de oficio el juez, de entre los interesados mismos.


El representante deberá hacer valer todas las acciones o excepciones comunes a todos los interesados y las personales de cada uno de ellos.


ARTÍCULO 10. Los cambios de representante procesal de una parte no causan perjuicio alguno a la contraria, mientras no sean hechos saber judicialmente. Tampoco perjudicarán a una parte los cambios operados en la parte contraria, por relaciones de causante a causahabiente, mientras no se hagan conocer en igual forma.


Cuando se verifiquen estos cambios con infracción de lo dispuesto en el párrafo anterior, la actividad procesal se desarrollará y producirá sus efectos con toda validez, como si no se hubiese operado el cambio, en tanto no se haga saber judicialmente.






CAPÍTULO II

Obligaciones y Responsabilidades de las Partes


ARTÍCULO 11. La parte que pierde debe reembolsar a su contraria las costas del proceso.


Se considera que pierde una parte cuando el juez acoge, parcial o totalmente, las pretensiones de la parte contraria.


Si dos partes pierden recíprocamente, el juez puede exonerarlas de la obligación que impone el párrafo primero, en todo o en parte; pudiendo imponer un reembolso parcial contra una de ellas, según las proporciones de las pérdidas.


Las costas del proceso consisten en la suma que, según la apreciación del juez y teniendo en consideración las disposiciones arancelarias, ha debido desembolsar la parte que obtenga, excluido el costo de todo acto o forma de defensa que se consideren superfluos.


Todo gasto inútil que una parte ocasione a la contraria, será a cargo de la primera; sea que gane o pierda el juicio.


ARTÍCULO 12. Cuando la parte que pierda no haya, con su actitud, provocado el juicio, y haya en este procedido con ecuanimidad, sin alterar las cuestiones ni provocar dilación o entorpecimiento injustificados, puede el juez exonerarla, en todo o en parte, del pago de las costas. En caso contrario, además de los daños y perjuicios ocasionados por el litigio, puede el juez, al condenar en costas, agravar estas hasta en un diez por ciento.


ARTÍCULO 13. Cuando haya fundado temor de que una parte no pueda responder, en su oportunidad, del pago de las costas, a petición de la contraria se le exigirá garantía, cuyo monto fijara el juez, o se le embargarán bienes suficientes si no la otorga, para garantizar, a juicio del tribunal, el pago de aquellas, sujetándose a los procedimientos de las medidas precautorias.


ARTÍCULO 14. Cuando sean varias las personas o partes que pierdan, el juez distribuirá, entre ellas, proporcionalmente a sus respectivos intereses, la carga de las costas, cuyo importe se distribuirá entre las partes o personas que hayan obtenido, proporcionalmente también a sus respectivos intereses.


ARTÍCULO 15. En todo caso en que este Código exija el otorgamiento de una garantía, el fiador deberá tener bienes bastantes dentro de la circunscripción territorial del tribunal ante el cual deba otorgarse, o poseer la parte, bienes raíces dentro de la misma circunscripción sobre los que se establezca hipoteca en primer lugar, o bien, podrá constituirse la garantía en depósito en efectivo, por la cantidad que fije el tribunal, en el Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia.

(Artículo Reformado. P.O. 13 de agosto de 2004)



TÍTULO SEGUNDO

AUTORIDAD JUDICIAL


CAPÍTULO I

Competencia


ARTÍCULO 16. Los negocios civiles son decididos en el Estado, por los jueces menores, los jueces de partido o las salas del Supremo Tribunal de Justicia.

(Artículo Reformado. P.O. 13 de agosto de 2004)


ARTÍCULO 17. No influyen sobre la competencia del juez los cambios, en el estado de hecho, acaecidos después de verificado el emplazamiento.


ARTÍCULO 18. A falta del juez normalmente competente, conocerá del negocio el que lo substituya, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial.


ARTÍCULO 19. Ningún tribunal puede negarse a conocer de un asunto, sino por considerarse incompetente. El auto en que un juez se negare a conocer, es apelable.


ARTÍCULO 20. Ningún juez puede sostener competencia con su tribunal de alzada, pero sí con otro juez o tribunal que, aún superior en grado, no ejerza sobre él jurisdicción.

(Artículo Reformado. P.O. 13 de agosto de 2004)


ARTÍCULO 21. Las partes pueden desistir de una competencia antes o después de la remisión de los autos al superior, si se trata de competencia por territorio.


ARTÍCULO 22. Es nulo lo actuado por el tribunal que fuere declarado incompetente, salvo disposición contraria de la ley y en los casos de incompetencia superveniente. El tribunal que resuelva la incompetencia declarará de oficio la nulidad.


SECCIÓN PRIMERA

Competencia por Materia


ARTÍCULO 23. Los Jueces Menores son competentes para conocer exclusivamente de negocios, contenciosos cuya cuantía no sea mayor de la cantidad que resulte de multiplicar por dos mil la Unidad de Medida y Actualización diaria.

(Artículo reformado. P.O. 01 de julio de 2016)


ARTÍCULO 24. Los jueces de partido conocerán de todos los negocios no comprendidos en el artículo anterior, de los no valuables en dinero y en segunda instancia, de los recursos en contra de las sentencias que dicten los jueces menores.

(Artículo Reformado. P.O. 1 de junio de 1999)


ARTÍCULO 25. Las Salas del Supremo Tribunal de Justicia conocerán en segunda instancia de los negocios de la competencia de los jueces de partido.

(Artículo Reformado. P.O. 1 de junio de 1999)


ARTÍCULO 26. El valor del negocio se fijara por lo que reclame el actor. Los réditos, daños y perjuicios no se tomarán en consideración si se refieren a época posterior a la fecha de la demanda, aun cuando en ella se reclamen.


Cuando lo reclamado no tenga un valor fijo en la demanda, atentas las condiciones del negocio, deberá el juez ante quien se presente aquélla fijarlo discrecionalmente, oyendo, en caso necesario, un perito nombrado por el, para definir la competencia, siendo apelable esta resolución. La determinación del tribunal de alzada fijará definitivamente la competencia, de tal manera que el juez declarado competente lo será para resolver el negocio, aun cuando, con posterioridad, resulte en el procedimiento, que la cuantía del negocio no queda comprendida dentro de su competencia.


Para fijar la competencia tratándose de obligaciones de las que deriven prestaciones periódicas se atenderá al importe de su valor en doce meses. Cuando sólo se reclamen prestaciones periódicas vencidas se estará a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo.

(Párrafo Adicionado. P.O. 5 de febrero de 1981)


ARTÍCULO 27. En el caso de reconvención es juez competente el que lo sea para conocer de la demanda original. En negocios de la competencia de los jueces menores, si lo reconvenido excede de su competencia, será competente para conocer del negocio el juez de partido. El mismo precepto es aplicable al caso de tercerías.

(Artículo Reformado. P.O. 13 de agosto de 2004)


ARTÍCULO 28. Para los actos o medidas preparatorias, precautorias o de aseguramiento, es competente el juez que lo sea para el negocio principal.


En casos de urgencias, puede dictar la providencia el juez de partido o menor.

(Reformado. P.O. 13 de agosto de 2004)


SECCIÓN SEGUNDA

Competencia Territorial


ARTÍCULO 29. La competencia territorial es prorrogable por mutuo consentimiento de las partes, expreso o tácito.


Hay prórroga tácita:


I. De parte del actor, por el hecho de ocurrir al tribunal, entablando su demanda


II. De parte del demandado, por contestar la demanda y por reconvenir al actor; y


III.- De parte de cualesquiera de los interesados, cuando desista de una competencia.


ARTÍCULO 30. Por razón de territorio es juez competente:


I. El del lugar que el demandado haya señalado para ser requerido judicialmente sobre el cumplimiento de su obligación;


II. El del lugar convenido para el cumplimiento de la obligación;


III. El de la ubicación de la cosa, tratándose de acciones reales sobre inmuebles o de controversias derivadas del contrato de arrendamiento. Si las cosas estuvieren situadas o abarcaren dos o más circunscripciones territoriales, será competente el juez que prevenga en el conocimiento del negocio;


IV. El del domicilio del demandado, tratándose de acciones reales sobre muebles o de acciones personales o del estado civil. Si hubiese varios demandados y sus domicilios se ubican en dos o más circunscripciones territoriales de partido, es competente el juez que prevenga en el conocimiento del negocio.

(Párrafo Reformado. P.O. 13 de agosto de 2004)


Tratándose de responsabilidad civil, es juez competente el del lugar donde se realizó el hecho que le haya dado origen, o el del domicilio del demandado a elección del actor o demandante.

(Párrafo Adicionado. P.O. 5 de enero de 1988)


En los juicios de alimentos es juez competente el del domicilio del actor o del demandado a elección del acreedor alimentario.

(Párrafo Adicionado. P.O. 19 de diciembre de 1989)


V. El juez del lugar en que haya tenido su domicilio el autor de la sucesión en la época de su muerte, tratándose de juicios hereditarios; a falta de ese domicilio será juez competente el de la ubicación de los bienes raíces, observándose, en lo aplicable, lo dispuesto en la fracción III. A falta de domicilio y bienes raíces es juez competente el del lugar del fallecimiento del autor de la herencia.


Es también competente el juez de que trata ésta fracción, para conocer:


a). De las acciones de petición de herencia;


b). De las acciones contra la sucesión, antes de la partición y adjudicación de los bienes; y


c). De las acciones de nulidad, rescisión y evicción de la partición hereditaria; y


VI. En los actos de jurisdicción voluntaria, salvo disposición contraria de la ley, es juez competente el del domicilio del que promueve, pero si se trata de bienes raíces, lo será el del lugar en que estén ubicados, observándose, en lo aplicable, lo dispuesto en la fracción III.


ARTÍCULO 31. En los procedimientos relativos a adopción y tutela de los menores incapacitados es juez competente el de la residencia del menor o incapacitado.

(Artículo Reformado. P.O. 30 de julio de 1996)


ARTÍCULO 32. Para suplir el consentimiento del que ejerce la patria potestad y para conocer de los impedimentos para contraer matrimonio, es juez competente el del lugar en que hayan presentado su solicitud los pretendientes.

(Artículo Reformado. P.O. 05 de julio de 2018)


ARTÍCULO 33. Para suplir la licencia marital y para conocer de los juicios de nulidad del matrimonio, es juez competente el del domicilio conyugal.


El propio juez es competente para conocer de los negocios de divorcio, y, tratándose de abandono de hogar, lo será el del domicilio del cónyuge abandonado.


SECCIÓN TERCERA

Substanciación de las Competencias


ARTÍCULO 34. Las contiendas de competencia podrán promoverse por inhibitoria o por declinatoria.


La inhibitoria se intentará ante el juez o tribunal a quien se considere competente, pidiéndole que dirija oficio al que se estime no serlo, para que se inhiba y le remita los autos.


La declinatoria se propondrá ante el juez o tribunal a quien se considere incompetente, pidiéndole que se separe del conocimiento del negocio y remita los autos al tenido por competente. La declinatoria se promoverá y substanciará en forma incidental.


En ningún caso se promoverán de oficio las contiendas de competencia.


ARTÍCULO 35. Si por los documentos que se hubieren presentado o por otras constancias de autos, apareciere, con absoluta claridad, que el litigante que promueve una competencia se ha sometido a la jurisdicción del tribunal que conoce del negocio, se declarará de plano mal promovida la competencia y sin lugar a decidirla, continuando su curso el negocio.


ARTÍCULO 36. Cuando dos o más tribunales se nieguen a conocer de determinado asunto, la parte interesada ocurrirá al tribunal superior común, a fin de que ordene a los que se nieguen a conocer, que le envíen los expedientes en que se contengan sus respectivas resoluciones.


Recibidos los autos por dicho tribunal, citará a las partes y al Ministerio Público a una audiencia de alegatos, que se efectuará dentro del tercer día, y en la cual pronunciará su resolución.


ARTÍCULO 37. El juez ante quien se promueva la inhibitoria, mandará librar oficio requiriendo al juez que se estime incompetente para que se abstenga de conocer del negocio. El auto que niegue el requerimiento es apelable.


Luego que el juez requerido reciba el oficio inhibitorio, acordará la suspensión del procedimiento y, dentro del tercer día, decidirá si acepta o no la inhibitoria. Si las partes estuvieren conformes al ser notificadas del proveído que acepte la inhibición, se remitirán los autos al requirente. En cualquier otro caso remitirá los autos al Tribunal Superior, comunicándolo al competidor para que haga igual cosa, y ambos emplazarán a las partes para ante el propio tribunal.


Recibidos los autos en el tribunal que deba decidir la competencia, se citará a las partes y al representante del Ministerio Público a una audiencia de alegatos, que se verificará dentro de los tres días siguientes a la citación, y en ella se pronunciará la resolución. Resuelta la competencia, se enviarán los autos al juez declarando competente, con testimonio de la sentencia, de la cual se remitirá otro al juez contendiente.


ARTÍCULO 38. El litigante que hubiere optado por uno de los medios de promover una competencia, no podrá abandonarlo y recurrir al otro. Tampoco podrá emplearlos sucesivamente; el que hubiere dado preferencia a uno de ellos deberá pasar por su resultado.


ARTÍCULO 39. Todo tribunal está obligado a suspender sus procedimientos luego que expida la inhibitoria, o luego que, en su caso, la reciba. Igualmente suspenderá sus procedimientos luego que se promueva la declinatoria, sin perjuicio de que, en los casos urgentes, pueda el tribunal practicar todas las diligencias que sean necesarias.


ARTÍCULO 40. La infracción del artículo anterior producirá la nulidad de lo actuado. En este caso, el juez será responsable de los daños y perjuicios que se originen a las partes.


CAPÍTULO II

Impedimentos


ARTÍCULO 41. Fijada la competencia de un juez, conforme a lo dispuesto por el capítulo precedente, conocerá del negocio en que se haya fijado si no se encuentra comprendido en los siguientes casos de impedimento:


I. Tener interés directo o indirecto en el negocio;


II. Tener dicho interés su cónyuge, sus parientes consanguíneos, en línea recta, sin limitación de grados, los colaterales dentro del cuarto y los afines dentro del segundo;


III. Tener el funcionario de que se trate, su cónyuge o sus hijos, relación de intimidad con alguno de los interesados, nacida de algún acto religioso o civil, sancionado o respetado por la costumbre;


IV. Ser pariente por consanguinidad o afinidad del abogado o procurador de alguna de las partes, en los mismos grados a que se refiere la fracción II;


V. Ser, él o alguno de sus hijos, heredero, legatario, donante, donatario, socio, acreedor, deudor, fiado, fiador, arrendatario, arrendador, principal, dependiente o comensal habitual de alguna de las partes o administrador actual de sus bienes;


VI. Haber hecho promesas o amenazas, o manifestado de otro modo su odio o afecto por alguno de los litigantes;


VII. Haber asistido a convites que diere o costeare especialmente para él alguno de los litigantes, después de comenzado el negocio, o tener mucha familiaridad con alguno de ellos, o vivir con él, en su compañía, en un mismo domicilio;

(Fracción Reformada. P.O. 13 de agosto de 2004).


VIII. Admitir él, su cónyuge o alguno de sus hijos, dádivas o servicios de alguna de las partes, después de empezado el negocio;


IX. Haber sido abogado o procurador, perito o testigo, en el negocio de que se trate;


X. Haber, por cualquier motivo, externado, siendo funcionario judicial, su opinión, antes del fallo;


XI. Haber conocido como juez, árbitro o asesor; resolviendo algún punto que afecte a la substancia de la cuestión, en la misma instancia o en alguna otra;


XII. Seguir él o alguna de las personas de que trata la fracción II, contra alguna de las partes, un proceso civil, como actor o demandado, o una causa criminal, como acusador, querellante o denunciante;


XIII. Haber sido alguna de las partes o sus abogados o patronos, denunciante, querellante o acusador del funcionario de que se trate o de alguna de las personas mencionadas en la fracción II;


XIV. Ser él, o alguna de las personas de que trata la fracción II, contrario de cualquiera de las partes, en negocio administrativo que afecte sus derechos;


XV. Seguir él, o alguna de las personas de que trata la fracción II, algún proceso civil o criminal en que sea juez, Agente del Ministerio Público, árbitro o arbitrador, alguno de los litigantes;


XVI. Ser tutor o curador de alguno de los interesados, y


XVII. Estar en una situación que pueda afectar su imparcialidad en forma análoga o más grave que las mencionadas.


ARTÍCULO 42. No se estimarán como externamiento de opinión las resoluciones dictadas para fijar el procedimiento o para resolver cuestiones incidentales o de cualquiera otra naturaleza que no entrañen conocimiento del fondo de la cuestión.


ARTÍCULO 43. Lo dispuesto en el artículo 41 es aplicable a los secretarios.


ARTÍCULO 44. No es aplicable lo dispuesto en el artículo 41 en los siguientes casos:


I. En las diligencias preparatorias del juicio o de la ejecución;


II. En la cumplimentación de exhortos o despachos;


III. En las diligencias de mera ejecución, entendiéndose por tales aquellas en las que el tribunal no tenga que resolver cuestión alguna de fondo;


IV. En las diligencias precautorias, y


V. En los demás casos que no radiquen jurisdicción ni impliquen conocimiento de causa.


SECCIÓN PRIMERA

Excusas


ARTÍCULO 45. Los magistrados, jueces y secretarios tienen el deber de excusarse del conocimiento de los negocios en que ocurra alguno de los impedimentos señalados en el artículo 41, expresando concretamente en qué consiste el impedimento.


ARTÍCULO 46. Si el impedimento está comprendido en cualquiera de las dieciséis primeras fracciones del artículo 41, la resolución en que el juez o magistrado se declare impedido será irrecurrible, y pasará el negocio a quien corresponda conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial. En igual caso, si se tratare de impedimento del secretario, propondrá su excusa al juez o magistrado, quien en su resolución determinará quién deba substituir a aquél en el negocio. Entre tanto se resuelve la excusa, quedará en suspenso el procedimiento.

(Artículo Reformado. P.O. 13 de agosto de 2004)


ARTÍCULO 47. Si el impedimento estuviere comprendido en la fracción XVII del artículo 41, sólo será irrecurrible la resolución si se conformaren con ella las partes; en caso contrario, remitirá el funcionario excusado el expediente a quien deba conocer de la excusa, acompañando un informe sobre el particular.

(Párrafo Reformado. P.O. 13 de agosto de 2004)


Recibidos los autos en el tribunal que deba decidir la excusa, se tramitará ésta por el procedimiento incidental.


Resuelta la excusa se devolverán los autos al funcionario que deba seguir conociendo del negocio.


En este caso, si la excusa fuere del secretario, el magistrado o juez que conozca del negocio recabará informe de aquél y la resolverá por el procedimiento incidental, indicando en su resolución quién deba substituirlo. En todo caso, la resolución que decida la excusa es irrecurrible.

(Párrafo Reformado. P.O. 13 de agosto de 2004)







SECCIÓN SEGUNDA

Recusaciones


ARTÍCULO 48. Las partes pueden recusar a los funcionarios de que trata este capítulo, cuando estén comprendidos en alguno de los casos de impedimento.


Toda parte legítima puede hacer uso de la recusación; en los casos en que deba haber representante común, sólo éste podrá hacer uso de ella. La recusación se interpondrá ante el tribunal que conozca del negocio.


ARTÍCULO 49. Puede interponerse la recusación en cualquier estado del juicio, hasta antes de empezar la audiencia final, a menos que, después de iniciada, hubiere cambio de personal.


En los procedimientos de ejecución no se dará curso a ninguna recusación antes de practicar el aseguramiento o de hacer el embargo o desembargo, en su caso. Tampoco se dará curso a la recusación cuando se interponga en el momento de estarse practicando una diligencia, sino hasta que ésta termine.


ARTÍCULO 50. Interpuesta la recusación se suspende el procedimiento hasta que sea resuelta, para que se prosiga el negocio ante quien deba seguir conociendo de él.


ARTÍCULO 51. Interpuesta la recusación no podrá la parte alzarla en ningún tiempo ni variar la causa, a menos de que sea superviviente.


ARTÍCULO 52. Los magistrados y jueces que conozcan de una recusación son irrecusables para este solo efecto.


ARTÍCULO 53. Toda recusación interpuesta con violación de alguno de los preceptos anteriores se desechará de plano.


ARTÍCULO 54. Dada entrada a una recusación, si se tratare de un secretario la resolverá, previo informe del recusado, el magistrado o juez que conozca del negocio, por el procedimiento incidental. En la resolución se determinará quien debe seguir interviniendo.


Si el recusado fuere un magistrado o juez, enviará el asunto a quien deba conocer de la recusación, acompañado de un informe; la falta de este establece la presunción de ser cierta la causa de la recusación.


Si la causa debiere constar auténticamente, no se admitirá si no se prueba en dicha forma.


Recibido el negocio en el tribunal que debe decidir la recusación, se resolverá por el procedimiento incidental.


En todo caso la resolución que decida una recusación es irrecurrible.

(Párrafo Reformado. P.O. 13 de agosto de 2004)


CAPÍTULO III

Facultades y Obligaciones de los Funcionarios Judiciales


SECCIÓN PRIMERA

Juez


ARTÍCULO 55. Los jueces y magistrados tienen el deber de mantener el buen orden y de exigir que se les guarde el respeto y consideración debidos, tanto por parte de los litigantes y personas que ocurran a los tribunales, como por parte de los funcionarios y empleados de estos, y sancionarán inmediatamente, con correcciones disciplinarias, cualquier acto que contravenga este precepto. Si algún acto llegare a constituir delito, se levantará acta circunstanciada para consignarse al Ministerio Público.


La imposición de la corrección disciplinaria, se decretará en cuaderno por separado.


ARTÍCULO 56. Son correcciones disciplinarias:


I. Apercibimiento

II. Multa del equivalente de 1 a 15 veces la Unidad de Medida y Actualización diaria vigente en el momento y lugar que se cometa la falta que amerite corrección. Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, la multa no deberá exceder de una Unidad de Medida y Actualización diaria y tratándose de trabajadores no asalariados, el equivalente a un día de su ingreso.

(Fracción reformada. P.O. 01 de julio de 2016)


III. Suspensión de empleo hasta por quince días.


ARTÍCULO 57. Dentro de los tres días de haberse hecho saber una corrección disciplinaria a la persona a quien se hubiere impuesto, podrá esta pedir, ante el mismo tribunal, que la oiga en justicia. Recibida la petición, citará el tribunal, para dentro de los ocho días siguientes, a una audiencia al interesado, en la que, después de escuchar lo que expusiere en su descargo, resolverá en el mismo acto, sin ulterior recurso.


ARTÍCULO 58. Los tribunales no admitirán nunca incidentes, recursos o promociones, notoriamente maliciosos o improcedentes. En resolución debidamente fundada y motivada, los desecharán de plano, sin necesidad de mandarlos hacer saber a las otras partes, ni dar traslado, ni formar artículo.

(Artículo Reformado. P.O. 13 de agosto de 2004)


ARTÍCULO 59. Por una ocasión, sobre una cuestión concreta, de forma oficiosa o a petición de parte, los jueces y magistrados podrán ordenar que se subsanen omisiones en la substanciación, para el solo efecto de regularizar el procedimiento, siempre que no se trate de violaciones a las formalidades del mismo, que no se afecte algún derecho procesal adquirido por alguna de las partes o cuando no incida en el fondo del negocio planteado y que la regularización se realice dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación del auto a regularizar.

(Artículo Reformado. P.O. 04 de septiembre de 2009)


ARTÍCULO 60. Los tribunales, para hacer cumplir sus determinaciones, pueden emplear cualesquiera de los siguientes medios de apremio:


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