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Mecanismo de seguimiento de la implementacion de la convención interamericana contra la corrupción mesicic

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MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA OEA/Ser.L.

IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN SG/MESICIC/ doc.410/13 rev.4

INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN 21 marzo 2014

Vigésima Tercera Reunión del Comité de Expertos Original: inglés

Del 18 al 21 de marzo de 2014

Washington, D.C.













GUYANA


INFORME FINAL


(Aprobado en la sesión plenaria del 21 de marzo de 2014)

SUMARIO

El presente informe contiene el análisis integral de la implementación en la República Cooperativa de Guyana del artículo III, Párrafo 9, de la Convención Interamericana contra la Corrupción, correspondiente a “órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas”, que fue seleccionada por el Comité de Expertos del MESICIC para la Cuarta Ronda; y el seguimiento de la implementación de las recomendaciones que se le formularon a la República Cooperativa de Guyana en la Primera Ronda.

El análisis se efectuó dentro del marco de la Convención, el Documento de Buenos Aires, el Reglamento del Comité y las metodologías adoptadas por el mismo para la realización de las visitas in situ y para la Cuarta Ronda, incluidos los criterios allí establecidos para orientar el análisis sobre tratamiento igualitario para todos los Estados parte, equivalencia funcional, y el propósito tanto de la Convención como del MESICIC de promover, facilitar y fortalecer la cooperación entre los Estados Parte en la prevención, detección, sanción y erradicación de la corrupción.


Para llevar a cabo el análisis se contó con la respuesta de la República Cooperativa de Guyana al cuestionario; la información suministrada por organizaciones de la sociedad civil; la información recogida por la Secretaría Técnica; y con una nueva e importante fuente de información, como lo fue la visita in situ realizada entre el 8 y el 10 de octubre de 2013 por los miembros del subgrupo de análisis de la República Cooperativa de Guyana, integrado por Haiti y Trinidad y Tobago, con el apoyo de la Secretaría Técnica, con ocasión de la cual se pudo precisar, aclarar y complementar la información suministrada por la República Cooperativa de Guyana y escuchar opiniones de organizaciones de la sociedad civil, lo cual contribuyó a que el Comité contara con información objetiva y completa sobre dichos temas y facilitó la obtención de información sobre buenas prácticas.


El análisis de los órganos de control superior se orientó, de acuerdo con lo previsto en la metodología para la Cuarta Ronda, a determinar si los mismos cuentan con un marco jurídico, si esté es adecuado para los propósitos de la Convención y si existen resultados objetivos; y teniendo en cuenta lo observado se formularon las recomendaciones pertinentes al Estado analizado.


Los órganos de control superior de la República Cooperativa de Guyana analizados en este informe son: la Oficina de Auditoría de Guyana (AOG), la Dirección de la Fiscalía (DPP), las Comisiones del Servicio, en particular la Comisión del Servicio Público y la Comisión del Servicio Judicial, y la Administración Nacional de Adquisiciones y Licitaciones (NPTA).


Algunas de las recomendaciones formuladas a la República Cooperativa de Guyana en relación con los anteriores órganos apuntan a propósitos tales como los que se destacan a continuación:


Dotar a la Oficina de Auditoría, a la Dirección de la Fiscalía, a la Comisión del Servicio Judicial y al Tribunal de Apelaciones del Servicio Público con los recursos presupuestales y humanos necesarios para el adecuado desempeño de sus facultades y funciones, dentro los recursos disponibles.


Considerar el establecimiento de una estrategia anticorrupción articulada, que podría incluir el establecimiento de unidades especializadas anticorrupción en el Departamento de Policía de Guyana y en la Dirección de la Fiscalía.


En relación con la Auditoría General, promover campañas de difusión entre el público en general sobre la manera en que puede colaborar con la Oficina de Auditoría en sus funciones, en especial las de la Unidad de Auditoría Forense, para identificar y disuadir el fraude y la corrupción en Guyana; y mejorar el sitio Web de la Oficina de Auditoría incluyendo un número telefónico específico o un formato electrónico (seguro) para quejas, para las personas interesadas en presentar informes, quejas o denuncias de fraude o corrupción. Asimismo, ofrecer orientación en el sitio Web sobre la forma de enviar informes, quejas o denuncias útiles y cómo los interesados pueden obtener un seguimiento de su estado.


Con respecto a la Dirección de la Fiscalía, fortalecer las habilidades y capacidades de los funcionarios de la Dirección de la Fiscalía para procesar casos de fraude y corrupción y proveer asesoría jurídica oportuna para las investigaciones de estos casos realizadas por la Oficina de Auditoría, el Departamento de Policía y cualquier otro órgano, a través de oportunidades más amplias de capacitación a los miembros del personal de la Dirección de la Fiscalía, en especial sobre el procesamiento de actos de corrupción y la cooperación internacional conexa; e implementar mecanismos de coordinación formales entre la Policía y la Dirección de la Fiscalía, para crear procedimientos o lineamientos establecidos para dirigir las investigaciones relacionadas con actos de corrupción, de manera que se pueda colaborar más tempranamente y se preste asesoría jurídica antes de la institución de los cargos.


En relación con las Comisiones del Servicio, fortalecer la Comisión del Servicio Judicial suministrándole los recursos presupuestales y humanos necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones, incluyendo la preparación y la implementación de programas de capacitación para los magistrados, jueces y funcionarios jurídicos y judiciales, dentro de los recursos disponibles; considerar modificar el Reglamento del Servicio Público en el sentido de que el hecho de que un funcionario haya sido absuelto de un cargo penal presentado en cualquier corte no impida que se instituya un proceso en su contra con base en el Reglamento del Servicio Público con respecto de un supuesto acto de mala conducta implícito en dicho cargo penal; establecer y publicar pautas y procedimientos por escrito antes de cualquier delegación de las facultades de la Comisión del Servicio Público, a fin de permitir la vigilancia y supervisión de manera que se asegure que las funciones delegadas por la Comisión se ejerzan correctamente; y reestablecer el Tribunal de Apelaciones del Servicio Público.


En lo relativo a la Administración Nacional de Adquisiciones y Licitaciones, emitir un nuevo Reglamento para la Ley de Adquisiciones 2003 a fin de establecer procedimientos y mecanismos de inhabilitación claros y eficientes, incluyendo sanciones pecuniarias, particularmente para las empresas que se determine que han pagado sobornos a cualquier funcionario o servidor público guyanés, asegurándose, a la vez, contar con salvaguardias contra la aplicación abusiva o injustificada de la sanción de inhabilitación; y mantener y publicar una lista constantemente actualizada de las empresas y particulares inhabilitados en la Gaceta Ofician así como en el sitio Web de la Administración Nacional de Adquisiciones y Licitaciones y requerir que las instituciones de los tres poderes y todas las esferas del gobierno verifiquen dicha lista antes de adjudicar contratos a oferentes, proveedores, contratistas o consultores.


Con respecto al seguimiento de las recomendaciones formuladas a la República Cooperativa de Guyana en la Primera Ronda sobre las que el Comité estimó que requerían atención adicional en los informes de la Segunda y Tercera Rondas, con base en la metodología de la Cuarta Ronda y teniendo en cuenta la información suministrada por la República Cooperativa de Guyana en su respuesta al cuestionario y en la visita in situ, se determinó cuáles de dichas recomendaciones habían sido implementadas satisfactoriamente, cuáles requerían atención adicional y cuáles precisaban ser reformuladas. Se hizo además un recuento de las que quedan vigentes, el cual se incluye como Anexo I del informe.


Entre los avances relativos a la implementación de tales recomendaciones se destacan: la promulgación de la Ley de Asistencia Recíproca en Materia Penal 2009 y de la Ley de Acceso a la Información 2011, así como la ratificación de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal.


Algunas de las recomendaciones formuladas a la República Cooperativa de Guyana en la Primera Ronda que están todavía pendientes o se han reformulado apuntan a propósitos como: Llevar a cabo un análisis exhaustivo de las causas de los persistentes sobrepagos a contratistas y al personal señalados en los informes anuales de la Oficina de Auditoría y adoptar las medidas necesarias para hacer frente a este asunto, cerciorándose de que existan sistemas para evitar la reocurrencia de estos sobrepagos, además de perseguir vigorosamente la recuperación de los montos pagados en exceso; Hacer cumplir las sanciones existentes en la Ley de la Comisión de Integridad y considerar la implementación de sanciones adicionales y otros tipos de penas, como la inhabilitación del servicio públicos en aquellos casos en que el funcionario declarante hubiese dejado su cargo sin haber presentado la declaración final, con vistas a asegurar que las sanciones vigentes sean suficientemente disuasivas, tomando en cuenta los artículos pertinentes de la “Ley modelo sobre declaración de intereses, ingresos, activos y pasivos de quienes desempeñan funciones públicas”;1 y dotar al Comisionado de Información con los recursos humanos y financieros que requiere para el desempeño adecuado de sus funciones, tomando en cuenta la disponibilidad de recursos.

COMITÉ DE EXPERTOS DEL MECANISMO DE

SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA

CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN


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