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CONSEJO SUPERIOR

Circular número 5475 (30/05/09)


MESA DIRECTIVA

Reunión realizada el 28/5/09


Miembros asistentes:


Dres. Gerardo Rafael Salas (B. Blanca), presidente; Pedro Martín Augé (La Plata), vicepresidente; Fernando Román González (Mar del Plata), secretario; Marcela Nussbaum (Zárate-Campana), tesorera, y Adrián Rubén Lamacchia (Dolores), protesorero.


Dos ex consejeros, Dres. Carlos Guillermo Garavaglia (San Nicolás) y Horacio Alberto Vero (Mercedes), se hicieron presentes en distintos tramos de la reunión para saludar a sus pares, y el último de ellos compartió el almuerzo con la Mesa Directiva.


Asuntos considerados:


En primer lugar, se explicó el motivo por el cual no pudo concretarse una reunión conjunta de las Mesas Directivas del Colegio y de la Caja de Previsión, fincado en la circunstancia de que, tanto el presidente como el vice de este último organismo, se hallan ausentes del país. En consecuencia, luego de una comunicación con el secretario de dicho ente, se acordó, en principio, que el encuentro tendrá lugar el jueves 4 de junio, aunque esto debe confirmarse en el transcurso de los próximos días. El objetivo de la mencionada reunión es intentar un consenso entre ambas instituciones respecto de los proyectos de reformas vinculados al régimen previsional.


Atento al requerimiento formulado por el Dr. Capponi acerca de la instrumentación de la formación de mediadores, y de acuerdo con lo resuelto por el último Consejo Superior, se dispuso remitir una circular a los Colegios Departamentales, a fin de que los mismos eleven a la mayor brevedad posible los antecedentes docentes de los postulantes a ser formadores, advirtiéndoles que la currícula respectiva deberá concentrarse en la Fundación de Ciencias Jurìdicas y Sociales (CI.JU.SO.).


Luego se tomó conocimiento de la presentación de la demanda que se formula contra la Agencia Provincial de Recaudación (A.R.B.A.), la cual ha quedado radicada en el Juzgado de 1ª Instancia en lo Contencioso Administrativo número 1, de La Plata; y también se anotició sobre los recursos extraordinarios interpuestos por el Colegio provincial en lo que concierne al artículo 74 del Código Procesal de esta última materia. En el transcurso de la mañana, los Dres. Salas y González, en presencia de un escribano público, suscribieron un poder especial para juicios a favor de los doctores Brumat, Herranz y Anna, y se incorporó, asimismo, una demanda individual modelo elaborada por este último asesor (Ver ANEXO).


A continuación, el Dr. Salas informó acerca del expediente incoado por el Dr. Néstor Eugenio Venialgo, de Morón, que fue girado, por nota del 26 de marzo ppdo., al Colegio Departamental respectivo, sin haberse recibido respuesta hasta el momento, aunque trascendió que dicho profesional ya habría sido rehabilitado en la matrícula.


Visto el contenido de la comunicación recibida recientemente de la Secretaría de Asuntos Institucionales de la Suprema Corte de Justicia, y surgiendo de la misma que ya no existe inconveniente para que las Oficinas de Mandamientos y Notificaciones continúen diligenciando las cédulas procedentes de los Tribunales de Disciplina de los Colegios, se dispuso remitir una circular informativa en ese sentido.


La secretaría institucional informó, por otra parte, que ha comenzado la elaboración de la Memoria del Colegio, correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1º de mayo de 2008 y el 30 de abril de 2009.


Se tomó conocimiento del informe elaborado por la Dra. Norma Alicia Ojeda, encargada de la Comisión de Enlace con el Poder Legislativo, decidiéndose encomendarle la obtención del texto de los distintos proyectos a que alude el mismo, para proceder oportunamente a su remisión a los Colegios Departamentales, a fin de que formulen las observaciones que estimen pertinentes.


En el capítulo de asuntos ingresados, se contó con una nota del Colegio de La Plata, elevando el dictamen elaborado por la Comisión de Estudio y Defensa de la Ley 5177, respecto de la presentación de una letrada con relación a la credencial única que se entrega a los abogados en cada juramento, y el tema se pasó a estudio de la secretaría institucional.


Por último, se aprobó el contrato del encargado del programa SALM y página WEB de la institución (Ver ANEXO).


En cuanto a la próxima reunión del cuerpo, en principio se fijó la fecha del jueves 4 de junio, a las 16 horas, aunque de cualquier modo queda supeditada, en lo que respecta a su comienzo, a la posibilidad de la reunión conjunta referida en el primer párrafo de los “asuntos considerados”.


A N E X O S

Demanda individual contra A.R.B.A.

SUMARIO:

ACTOR: Perez, Juan.

DEMANDADO: Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.

MATERIA: Amparo.

MONTO: Indeterminado.

DOCUMENTACIÓN ACOMPAÑADA: Copia autenticada del ejemplar Nro. 26.034 del Boletín Oficial (parte pertinente). Copia de los instructivos sobre las metodologías utilizadas para calcular los anticipos mensuales (4).

PROMUEVE ACCIÓN DE AMPARO.

Sr. JUEZ:

JUAN PEREZ, D.N.I. 99.9999.999, abogado, Tomo XX Folio 99 del CALP, por mi propio derecho, monotributista (CUIT: 99-99999999-9), constituyendo domicilio procesal en Calle Xxxxxxxxxxxx Nº 999 de Xxxxxxxx, a V.S. respetuosamente me presento y digo:

I.- OBJETO:

Que en legal tiempo y forma, vengo por el presente a promover formal demanda de amparo contra la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires, en los términos de la ley provincial 13.928 y el art. 20 inc. 2 de la Constitución Provincial, ante la manifiesta arbitrariedad e ilegalidad de la Resolución Normativa Nº 111/2008, dictada por dicha agencia con fecha 28 de noviembre de 2008, y publicada en el Boletín Oficial con fecha 9 de diciembre de 2008 (B.O. N 26.034), por cuanto introduce modificaciones relativas al sistema de liquidación y pago de los anticipos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a partir del 1 de noviembre de 2008.

En general, es jurisprudencia reiterada que aún frente a la no consumación de los recursos ordinarios, si la decisión, en el área pertinente, pudiera ser tardía y productora de daños irreparables, queda abierta la acción de amparo (CNCiv, Sala C, 5.11.87, in re: "Alvarez Rosalía v. Municipalidad de Buenos Aires", LL, 1989-A-297; etc.). En el mismo sentido se ha dicho: “La exclusión de esta vía porque existan otros medios, no puede fundarse en una apreciación meramente ritual, toda vez que la institución tiene por objeto una efectiva protección del derecho más que una ordenación o resguardo de la competencia” (Fallos 299:350; 305:307, 307.444; Cám. Nacional Admin. Fed. Sala I, 20/12/88).

Calificada doctrina sostiene que luego de la reforma de 1994 la vía aquí escogida ha dejado de ser excepcional y de interpretación restrictiva, dado que “...juega como alternativa principal y no subsidiaria” (MORELLO, Augusto; Diario JA, 28/12/94, en igual sentido Rivas, LL, 1994-1330; Palacios, LL, 1995-D-1242; Carattini, LL, 1995-A-874; Quiroga Lavie, LL, 1996-E-1057, etc).

Asimismo, mediante el presente se solicita el dictado de una medida

cautelar, tendiente a suspender la aplicación de la normativa impugnada, por cuanto dispone la liquidación administrativa de los anticipos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y en consecuencia, se mantenga la vigencia de las Disposiciones Normativas Serie “B” Nº 17/2006 y 78/2006, como medio cumplimiento de las obligaciones impositivas, a través del sistema de confección, presentación y pago mediante declaraciones juradas realizadas por los contribuyentes.

Por último, se solicita expresamente que se tenga por debidamente introducida la cuestión federal desarrollada en el punto VIII, y se pondere y resuelva la misma, de acuerdo a la doctrina legal de la CSJN.

II.- LEGITIMACIÓN:

II. A.- Legitimación Activa:

Que de acuerdo a las liquidaciones administrativas correspondientes a los anticipos del impuesto sobre los ingresos brutos, que se acompañan al presente, este profesional resulta ser contribuyente directo del mentado tributo, estando comprendido en las previsiones de la R.N. 111/2008, régimen que se reputa de ilegal y arbitrario, y que al regular las relaciones tributarias entre la Agencia de Recaudación de la provincia, y este contribuyente, causa un perjuicio de insusceptible reparación ulterior.

Por lo tanto, y siendo este letrado parte de la relación jurídica sustancial que origina el presente conflicto, solicito sea reconocida la legitimación activa para promover la esta acción de amparo.

II. B.- Legitimación Pasiva:

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires reviste la calidad de sujeto legitimado pasivo de la presente pretensión, en tanto es el organismo que ha dictado –en uso de sus atribuciones- la Resolución Normativa N 111/2008, cuya anulación se persigue en este proceso.

Para mayor abundamiento, vale recordar que la ARBA, fue creada por la ley 13.766 (publicada el 17/12/2007, B.O. 25.802), como entidad autárquica de derecho público (art. 1). Asimismo, el art. 4 de la citada ley, dispone que es atribución de la Agencia:

“a) Dictar normas generales obligatorias para los responsables y terceros en las materias que las leyes la autorizan a reglamentar la situación de aquellos frente a la Administración.”

De acuerdo a lo expuesto, la presente acción se dirige a la anulación de un reglamento de carácter general, dictado por la AGENCIA DE RECAUDACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, lo que la erige en sujeto legitimado pasivo del proceso.

III. PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN.

En el caso, se encuentran cumplidos los requisitos de admisibilidad de la acción de amparo, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 20 de la Constitución Provincial y la Ley 13.928.

III. A. Acto arbitrario:

Nos encontramos ante una acto -en el caso, el acto administrativo de alcance general R.N. 111/2008, y las respectivas liquidaciones administrativas de los anticipos- arbitrario e inconstitucional del Estado Provincial que configura una ilegítima requisición de fondos bajo el ropaje de un anticipo tributario, afectando de ese modo el derecho constitucional de propiedad y de reserva de ley en materia tributaria, en mi calidad de abogado contribuyente del impuesto sobre los ingresos brutos (art. 14, 17 y 19 de la Constitución Nacional).

III.B.- Autoridad pública fundamentalmente responsable:

El acto impugnado proviene de una entidad autárquica dependiente, en última instancia, del Estado provincial, tal lo que se detalló en el punto II.B desarrollado supra.

III. C.- Lesión a garantías y derechos constitucionales:

El accionar demostrado por la ARBA, en el dictado y aplicación de la R.N. 111/08, se encuentra en pugna con numerosos principios constitucionales, los que, en honor a la brevedad, se desarrollan in extenso en el cuerpo del presente, y en particular, en el punto VIII infra.

III. D.- Competencia para entender en el caso:

La nueva formulación del amparo plasmada por la reforma constitucional de 1994 despeja toda duda al respecto, ya que señala enfáticamente que “El amparo procederá ante cualquier juez” (art. 20 inc. 2, idem, art. 3 ley 13.928), fórmula que no ha cobijado ninguna exclusión, lo que conlleva a una interpretación de la voluntad del constituyente en la dirección propuesta en el presente acápite. También ha sido la solución de la Corte en los casos “Vázquez”, Ac. 73.808; “D’Biassi”, causa B-59.181, y “Riusech”, causa B 59.168.

La Corte Suprema de Justicia Nacional también sostiene dicha doctrina a partir del nuevo art. 43 de la C.N. (ver “Empresa Distribuidora del Sur S.A.”, CSJN, 22/05/1997). En sentido concordante se expresa la totalidad de la doctrina (Morello-Vallefín, en El Amparo. Régimen Procesal, Ed. Platense; Bidart Campos, Germán, en Régimen Legal del Amparo; Sagües, Néstor P., en Ley de Amparo).


III. E.- Omisión no jurisdiccional:

El accionar remiso, continuo, permanente, que causa agravio y lesión a las garantías constitucionales de esta partes resulta una típica acción positiva del Estado, por lo que la acción de amparo resulta procedente en el sentido expresado por el articulo 20 inc. 2 de la Constitución Provincial.

III. F.- Plazo para interponer la acción:

Atento a lo normado por el art. 6 in fine de la ley 13.928, la presente acción se deduce dentro del plazo legal de 30 días, a partir de la toma de conocimiento de la liquidación administrativa del anticipo del impuesto sobre los ingresos brutos, cuya copia se adjunta al presente.

III. G.- Improcedencia de remedios ordinarios:

Tratándose de una cuestión de violación de derechos y garantías constitucionales que afectan a este letrado en su calidad de contribuyente, y ante la cual, no existe un procedimiento reglado de reclamación contra las liquidaciones emitidas por el Fisco, la acción o remedio adjetivo procedente lo constituye la acción de amparo. Ello es así por la necesidad de contar con un remedio rápido, ágil y eficiente en la restauración de las garantías conculcadas, la magnitud y naturaleza de la lesión inferida.

VI.- ANTECEDENTES:

Como se lo adelantó, la ARBA, en ejercicio de sus atribuciones, procedió al dictado de la R.N. Nº 111/2008, por la cual introdujo profundas modificaciones en el régimen de liquidación e ingreso de los anticipos correspondientes al impuesto sobre los ingresos brutos (sistema denominado comúnmente como Arbanet). En el presente punto, se desarrollará sucintamente una relación de los hechos que llevaron al dictado de la citada norma –cuya anulación se persigue-, y a la actual situación del régimen instaurado.

Vale recordar que con la entrada en vigencia de la ley 13.850 (de reforma tributaria), se modificó el art. 182 del Código Fiscal, ratificándose legalmente que el impuesto sobre los ingresos brutos reviste el carácter de anual –en cuanto a su periodicidad-, y que se ingresará mediante anticipos mensuales liquidados por la Autoridad de Aplicación.


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