Página principal



Mesa directiva

Descargar 150.22 Kb.

Mesa directiva





Descargar 150.22 Kb.
Página3/6
Fecha de conversión13.12.2018
Tamaño150.22 Kb.
1   2   3   4   5   6

Así, por ejemplo, el art. 5 de la R.N. 111/2008, establece que a los efectos del cálculo del anticipo, se tomará en consideración -entre otros parámetros- las declaraciones juradas presentadas. Claramente se observa que se toman con consideración las DDJJ presentadas bajo el anterior régimen, que se corresponden con otro período fiscal, para calcular el monto del anticipo del año corriente. Aún así, se desconoce completamente en qué medida se toma esta información.

El mismo artículo, es el que se encarga de fijar la base de cálculo que utiliza ARBANet, estableciendo además, que se tomará en consideración la información vinculada al contribuyente, y la información proporcionada por los agentes de recaudación y demás datos obtenidos a través de otros organismos públicos o privados.

Primero, hay que destacar la falta total de conocimiento por parte de este contribuyente, de cuál es la información con que cuenta ARBA vinculada a esta parte. Esto hace que sea imposible controlar de manera adecuada la forma en que se calculan los anticipos, quedando a exclusivo arbitrio del Fisco.

Nótese además que en cuanto a la información proporcionada por los agentes de recaudación, se podría inferir que los mismos proporcionan al Ente Fiscal los datos referidos a las retenciones o percepciones que va aplicando a los contribuyentes, y los montos respectivos.

Al efectuarse una retención sobre un pago de honorarios profesionales, el agente está informando este hecho, comunicando además el monto total -del honorario- sobre el cual se practica la retención. Así, el Fisco puede saber en parte cual es el monto imponible. Pero la Administración no solo no toma en cuenta la información respectiva al período del anticipo en curso, sino que se vale de otra serie de presunciones, para tratar de englobar aquellas posibles operaciones que puedan haberse realizado, y que no estén alcanzadas por ningún régimen de recaudación, y por lo tanto, no son informadas y conocidas por el Fisco. Solo podrían llegar a su debido y correcto conocimiento, de informarse por el propio contribuyente.

Piénsese, por ej., en la actividad del abogado, que al hacérsele un pago mediante cheque, de una indemnización por daños y perjuicios por parte de alguna compañía aseguradora, el profesional, en virtud de su mandato, estará percibiendo tanto sus honorarios profesionales, como aportes, y el capital de la indemnización de su mandante. Al momento de librar el pago, la aseguradora practicará la respectiva retención, pero además, el profesional, al depositar el cheque en su cuenta para girar los fondos respectivos a su mandante, estará registrando un movimiento de dinero que no corresponde en forma total a una retribución por su actividad, y sobre lo cual deba tributar IIBB.

Tanto la retención practicada por la aseguradora, como el depósito del cheque por el monto total, serían tomados en cuenta por ARBANet para la liquidación del anticipo. Esta forma de liquidación presuntiva, apareja como consecuencia que se estén gravando fondos –el capital de la indemnización perteneciente al mandante- como propios del letrado, originando un anticipo desmedido, y que no se podrá afrontar. Esta situación, descripta a modo ejemplificativo e hipotético, se está dando día a día en el desenvolvimiento de la actividad del profesional del derecho, lo que ha originado un sinnúmero importante de reclamos, que no han sido atendidos ni resueltos, y que son provocados por violar el requisito de calcular los anticipos sobre base cierta, desconociendo las realidades y modalidad con que se desarrolla la actividad del abogado que ejerce su profesión de manera liberal.

A modo de resumen, y ejemplificativo, podrá constatarse los propios dichos de la ARBA sobre la forma de calcular los ingresos, plasmada en los instructivos puestos a disposición en el sitio web, y que se adjuntan al presente.

Para el caso de información obtenida de las acreditaciones en cuenta bancaria, se expresa que:

“Utilizando información de contribuyentes “cumplidores” se calcula un coeficiente de nivel de bancarización igual al cociente entre las acreditaciones informadas y los ingresos totales. La caracterización de “cumplidores” es atribuida considerando varias dimensiones, que son detalladas en el cuerpo del informe. Luego se analiza la distribución de dicho coeficiente en distintos grupos de contribuyentes, definidos en función de su actividad y tamaño. De cada grupo se selecciona el valor mediano, es decir aquel valor superado exactamente por el 50% de los contribuyentes, que luego es extrapolado al universo de “no cumplidores””

“(…) Una vez calculado el coeficiente de nivel de bancarización, el ingreso se computa como el cociente entre las acreditaciones informadas y el coeficiente calculado.

Los ingresos del mes j para el contribuyente i son entonces, las acreditaciones bancarias reportadas por los agentes de información para ese contribuyente y mes, divididas por el coeficiente de nivel de bancarización calculado para ese contribuyente y mes. Dicho coeficiente, tal como se lo define en este informe, muestra la participación de las acreditaciones bancarias en el ingreso total. Por lo tanto, conociendo las acreditaciones en cada caso pueden recuperarse los ingresos originales.”

Como se observa, ni siquiera se calcula directamente sobre las acreditaciones bancarias observadas, sino que de acuerdo al nivel de estas, más un coeficiente formado por la información proporcionada por los agentes de recaudación, se llega a un monto presunto de ingresos derivados de tales acreditaciones.

Respecto de la metodología basada en los regímenes de retención, se establece lo siguiente:

“Utilizando información de contribuyentes “cumplidores” se calcula un porcentaje de ventas retenidas igual al cociente entre las ventas retenidas y los ingresos totales. La caracterización de “cumplidores” es atribuida considerando varias dimensiones, que son detalladas en el cuerpo del informe. Luego se analiza la distribución de dicho coeficiente en distintos grupos de contribuyentes, definidos en función de su actividad y tamaño. De cada grupo se selecciona el valor mediano, que luego es extrapolado al universo de “no cumplidores”.

El objetivo último es contar con una valoración de la participación de las ventas retenidas en los ingresos totales de todos los contribuyentes retenidos, para así calcular los ingresos a partir de las operaciones informadas por los Agentes de Recaudación.”

“(…) Una vez calculados los porcentajes de ventas retenidas, el ingreso se computa como el cociente entre las retenciones sufridas y el porcentaje calculado, dividido por la alícuota promedio de retención correspondiente al contribuyente.

Los ingresos del mes j para el contribuyente i son entonces, las retenciones declaradas por los agentes de retención para ese contribuyente y mes, divididas por el porcentaje de ventas retenidas calculado para ese contribuyente y mes. Este cociente resulta en el monto de retenciones que el contribuyente hubiera sufrido si todas sus ventas hubiesen estado retenidas. Si dividimos este cociente por la alícuota de retención promedio del contribuyente i para el mes j, obtenemos el ingreso calculado para el contribuyente i durante el mes j.”.

Por último, lo mismo pasa con la método que tiene en cuenta la información derivada de tarjetas de compra. El cálculo se realiza a partir del cómputo de un coeficiente de Ventas con tarjeta de débito o crédito/ Ingresos Totales para un grupo de control considerados “cumplidores”.

No solo se utilizan coeficientes que presuponen una base imponible presunta, sino que además se utiliza datos de otros contribuyentes, para extrapolarlos, y presumir ingresos gravados en contribuyentes considerados por este sistema como “no cumplidores”. Más allá del reproche fiscal que merezcan esta clase de contribuyentes, lo cierto es que tanto para cumplidores, como para no cumplidores, sus ingresos son calculados presuntivamente, violando los preceptos de la ley de coparticipación federal, por cuanto establece lisa y llanamente que el cálculo de los anticipos debe hacerse sobre base cierta.

Y si bien se puede pensar que la información proveniente de los sistemas descriptos puede ser, dentro de todo, las más acercada a la realidad del contribuyente –aún cuando lejos está de serlo-, piénsese en lo que resultará de las metodologías derivadas de “Índice de ajuste por crecimiento de precios y actividad, construido a partir de índices de precios y actividad oficiales” , “Remuneraciones pagadas”, “Aportes Jubilatorios”, “Declaraciones en Ganancias”, “Índice verde” y los curiosamente denominados “Objetos Asociados”.

Cabe traer a colación lo dispuesto por GIULIANI FONROUGE, quien claramente ha expuesto la diferencia entre base cierta y presunta, al sostener que:

“Hay determinación con base cierta cuando la administración fiscal dispone de todos los antecedentes relacionados con el presupuesto de hecho, no sólo en cuanto a su efectividad, sino a la magnitud económica de las circunstancias comprendidas en él; en una palabra, cuando el Fisco conoce con certeza el hecho y valores imponibles. Los elementos informativos pueden haberle llegado por conducto del propio deudor o del responsable (declaración jurada) o de terceros (declaración jurada o simple información, o bien por acción directa de la administración (investigación y fiscalización) y, por supuesto, deben permitir la apreciación “directa y cierta” de la materia imponible; de lo contrario, la determinación sería presuntiva.” (GIULIANI FONROUGE, Carlos M.; Derecho Financiero, La Ley, Buenos Aires, 2004, pág. 441).

Y no solo radica la cuestión en el hecho de que se calcule el importe del anticipo de manera arbitraria, sino que además, la fijación del modo del cálculo queda a total y completo arbitrio de la Administración, quien podrá cambiarlo sin más, violentando claramente el principio de reserva de ley, que establece que todos los elementos del tributo –incluida la base de cálculo- deben estar fijados por ley formal.

En este sentido, la SCBA ha dejado claramente sentado que:

“Por otra parte, tiene dicho este Tribunal que uno de los principios básicos relativos a los impuestos en general es el que predica la necesidad de su certidumbre, que se traduce en que la cuota que se ha de pagar debe ser cierta y no arbitrariamente determinada” (SCBA; B 52614, sentencia de fecha 24/03/1998, in re "Franceschi, Bade y Cía. S.A. contra Municipalidad de Tigre. Demanda contencioso administrativa", el resaltado me pertenece).

“El principio de certeza impone un orden racional, para que las normas legales sean claras y precisas, de modo tal que permitan a las personas prever en grado razonable las consecuencias que se pueden derivar de sus actos a la luz del orden jurídico.” (SPISSO, Rodolfo R.; Derecho Constitucional Tributario, Lexis Nexis Depalma, Buenos Aires, 2000, pág. 254).

De lo expuesto, cabe concluir que el sistema denominado ARBANet, para la liquidación de los anticipos del impuesto sobre los ingresos brutos, utiliza directamente una base de cálculo presunta, en clara violación de los preceptos de la ley de coparticipación federal, y derivando en la exigencia de que este contribuyente tenga que ingresar una suma de dinero, en concepto de impuesto, completamente arbitraria, lo que debe traer aparejado su declaración de ilegalidad, y consiguiente anulación de la Resolución Normativa Nº 111/2008.

VII. A. 3.- Inaplicabilidad de la base presunta sobre las acreditaciones bancarias a los profesionales del derecho:

A mayor abundamiento de todo lo expuesto, cabe destacar que el utilizar las presunciones que emplea ARBANet ocasiona un grave y particular perjuicio, en el caso de los abogados como el que acciona, toda vez que se produce un notorio choque con las particularidades que reviste el ejercicio liberal de la profesión.

Más arriba se ejemplificó las dificultades que apareja el presumir ingresos para un abogado, derivado de los movimientos y acreditaciones en su cuenta bancaria. A esto se suma que el sistema impugnado, tiende a establecer una media o promedio de ingresos, y en consecuencia, exigir los anticipos en virtud de esto.

Esto trae aparejado que en el caso de los abogados, donde los ingresos brutos gravados por la percepción de honorarios, pueden ser esporádicos a lo largo del año, se refleje en que el sistema tiende a exigir un impuesto aún cuando en determinados períodos no se registre ingreso alguno.

Asimismo, sabido es que en el actuar del abogado, la cuenta bancaria no es solo un medio de cobro de honorarios -por lo cual debe tributar-, sino que es un forma de operatoria con clientes y demás sujetos, donde se acreditan no solo honorarios, sino fondos de todo tipo, que no se encuentran gravados por el impuesto.

Actualmente se llega a la inconsistencia de que si se acredita en la cuenta, por ej., fondos obtenidos por un préstamo hipotecario, el sistema ARBANet presume que son ingresos por lo cuales de debe tributar, y utiliza dicho parámetro para el cálculo del anticipo. De nuevo, cuando se depositen las cuotas para cancelar el préstamo, el sistema no solo utilizará dichos depósitos para calcular el impuesto, sino que además, sobre tales acreditaciones, efectuará las respectivas retenciones a cuenta del impuesto anual.

Pero la problemática del pretender tomar las acreditaciones bancarias en las cuentas de los abogados para querer reconstruir presuntamente base imponible, tiene larga data, y ha merecido el rechazo de los órganos especializados en materia tributaria, justamente por las características que adopta el ejercicio de la profesión.

Así, al fallar en la causa “Funes”, el Tribunal Fiscal de la Nación, tuvo la oportunidad de expedirse sobre el asunto, al sostener:

"Que la falta de idoneidad del indicio utilizado para la determinación del impuesto, surge de la importante circunstancia -cuya ignorancia no puede aducir el Fisco- de que su abogado, en el ejercicio de su profesión, normalmente cobra por cuenta y orden de sus clientes capital e intereses de los juicios que en su representación tramita y, normalmente esos montos son puestos a disposición por cheque judicial en que, a la orden del abogado patrocinante, se ponen fondos que engloban distintos conceptos, como ser capital, intereses, tasas judiciales o de impuesto de sellos y honorarios de los profesionales intervinientes."

"Que el medio idóneo para determinar aún en forma presuntiva el gravamen, hubiera sido oficiar a los juzgados en que el apelante tramitaba juicios para que informaran sobre los honorarios regulados, al Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires o para que informara sobre los montos que en concepto de cargas previsionales le hubieran retenido al apelante, y declaraciones testimoniales y recibos de clientes del estudio"

"Que la Dirección General Impositiva no puede actuar discrecionalmente cuando el propio artículo 25 de la ley al referirse a la estimación presuntiva expresa que ella deberá fundarse en hechos y circunstancias conocidos que, por su conexión normal con lo que las leyes respectivas prevén como hecho imponible, permita inducir en el caso particular, la existencia y la medida del mismo. Es indudable entonces que el indicio debe estar vinculado en forma normal con el tipo de actividad habitual que realiza el contribuyente, y, para el caso del ejercicio de una profesión liberal como la de abogado, los depósitos bancarios no constituyen un indicio razonable para la determinación de la obligación del contribuyente frente al impuesto a los réditos."

"Que por lo expuesto este Tribunal considera que la resolución apelada está viciada insanablemente de nulidad por haber excedido el poder administrador facultades regladas por la ley 11.683, que, sólo le permite efectuar una determinación sobre base presunta ante la carencia real de elementos para hacerlo sobre base cierta. Ese vicio de nulidad se ve acentuado en el caso por la elección por parte de la Dirección de un indicio inadecuado -los depósitos bancarios- para estimar presuntivamente los réditos provenientes del ejercicio de una profesión liberal -la de abogado- principal fuente de ingresos del contribuyente" (TFN, causa “Funes, Orlando Lucio”, de fecha 14/08/73, publicado en La Ley Online)

Como se observa, el hecho de querer utilizar este tipo de presunciones no se ajusta a la realidad y a las alternativas y pormenores que hacen a este tipo específico de actividad profesional que es la abogacía.

La irrazonabilidad de la utilización de esta metodología de liquidación, sumado a la patente contradicción con los claros preceptos de la ley de Coparticipación Federal, que impone la liquidación sobre base cierta, hace que la pretensión de esta parte, deba ser acogida sin condicionamientos, anulándose, por consiguiente, la Resolución Normativa Nº 111/2008.

VII. B.- Violación al principio de Legalidad y Reserva de Ley en materia tributaria:

Respecto del principio en examen, calificada doctrina ha sostenido que:

“El principio de la legalidad del impuesto encuentra su fundamento en la necesidad de proteger a los contribuyentes en su derecho de propiedad, por cuanto los tributos importan restricciones a ese derecho, ya que en su virtud se sustrae a favor del Estado algo del patrimonio de los particulares, y en el estado de derecho ello no es legítimo si no se obtiene por decisión de los órganos que en las formas democráticas de gobierno representan a la soberanía popular.” (GARCIA BELSUNCE, Horacio A.; Estudios Financieros, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1966, pág. 217 y ss.; también en Temas de Derecho Tributario, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1982, pág. 79 y ss.).

VII. B. 1.- Indeterminación de la base imponible del anticipo:

Uno de los pilares sobre los cuales se erige la tributación, es el del principio de legalidad, y más precisamente, de reserva de ley, por cuanto todos los elementos que hacen al tributo (aspecto material del hecho imponible, base de cálculo, alícuota, sujetos, etc.) deben estar previamente fijados por ley, y el Fisco solo podrá exigir el pago del tributo, en tanto y en cuanto, respecto de un sujeto, se configuren tales extremos.

Este principio básico y fundamental del Estado de Derecho -por el cual 'ningún tributo puede ser establecido o impuesto sin el consentimiento de los representantes de la nación' (no taxation without representation), expresión del más antiguo principio político de la autoimposición o del consentimiento de los impuestos cuyo origen se remonta a la Edad Media, asegura a los ciudadanos un límite claro al poder tributario del Estado, a la vez que lo resguarda de cualquier actuar arbitrario y desmedido.

“La razón del principio de legalidad se fundamenta en que la obediencia que las personas prestan a los gobernantes se basa racionalmente en la creencia que éstos gobiernan en nombre de la ley y de acuerdo con sus prescripciones. La finalidad del principio es afianzar la seguridad jurídica mediante la predeterminación de las conductas debidas, de modo que tanto gobernados como gobernantes sepan a qué atenerse al conocer de antemano qué es lo que tienen que hacer u omitir.” (SPISSO, Rodolfo R.; op. cit., pág. 253).


1   2   3   4   5   6

Similar:

Mesa directiva iconProyecto de ley n° 220 de 2017 CÁmara 001 de 2016 senado
En cumplimiento de la honrosa designación que la mesa directiva de la Comisión Primera
Mesa directiva iconMicrosoft Word d-158-s parent Annual Consent Form Spanish 8-26-13. doc
El objetivo de este manual de los padres/tutores es ser un recurso para las familias y la comunidad. La Mesa Directiva del Distrito...
Mesa directiva iconShoreline unified school district
Agradezco todo el trabajo que se hizo para prepararse para la reunión, y el apoyo de la Mesa Directiva de susd que nos permitió compartir...
Mesa directiva iconProceso de Apoyo y Reconocimiento Externo de insarag de los procesos nacionales de acreditación usar (parei) Grupo regional de insarag en las Américas Formulario de aplicación
La Secretaría insarag presentará su aplicación a la Mesa directiva regional insarag para aprobación y le
Mesa directiva iconRevisión de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 96/71/ce del Parlamento Europeo y del Consejo,...
Mesa directiva iconInformacion proporcionada por el juzgado civil y comercial n° 7 de lomas de zamora
Rta. El Juzgado en lo que concierne a la atención al público, cuenta en su mesa de entradas de contradictorios con mesa rápida la...
Mesa directiva iconUniversidad de el salvador facultad multidisciplinaria oriental
Miembros de Junta Directiva, para celebrar Reunión Ordinaria en la Sala de Sesiones de Junta Directiva, se procedió al inicio de...
Mesa directiva iconInstrucciones para la industria farmacéutica sobre transmisión electrónica de sospechas de reacciones adversas de medicamentos de uso humano con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (aemps)
El Reglamento (UE) 1235/2010 y la Directiva 2012/26/ue y la Directiva 2010/84/ue que modifica


Descargar 150.22 Kb.