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No obstante esto, del relato desarrollado en la presente pieza ha quedado suficientemente demostrada la ilegalidad del sistema de liquidación de anticipos instaurado por la R.N. 111/2008, y los perjuicios que irroga a a este letrado en su carácter de contribuyente.

Como se expuso, el sistema contraría palmariamente los preceptos de la ley de coparticipación federal, al establecer un sistema de liquidación sobre base presunta, exigiendo montos en concepto de anticipos sin la posibilidad de saber como se llega al mismo, que información se utiliza para la liquidación, y sin contar con un medio idóneo de impugnación o reclamo. Todo ello sumado al hecho de que los incesantes saldos a favor que genera el sistema, ante la imposibilidad de excluirse de los desmedidos regímenes de recaudación, configuran un empréstito forzoso que no ha sido instaurado por el Congreso provincial.

De esta manera, se estima haber demostrado los requisitos necesarios para hacer procedente el dictado de la medida cautelar por la verosimilitud del derecho acreditado, fumus bonis Juris (conf. DE LAZZARI, Eduardo, Medidas Cautelares, T. I, pág. 28; MORILLO y otros; “Códigos …” T. II- C, págs. 493/494; ARAZI, Roland; Medidas Cautelares, Ed. Astrea, Pág. 7; CSJN., in re “Baliarda S.A. c. Provincia de Mendoza s/ Acción Declarativa” del 30.5.95; id. 23.11.95, Doctrina Judicial 1.996-1-611; 1.997-1-218).

VIII. A. 2.- Peligro en la demora:

El aludido art. 22 de la ley 12.008, requiere que existiere la posibilidad de sufrir un perjuicio inminente o la alteración o el agravamiento de una determinada situación de hecho o de derecho.

En tal sentido, el perjuicio causado a todos los matriculados por el sistema ARBANet ha sido expuesto y detallado a lo largo de la presentación, resultando innecesario repetirlo, máxime cuando el daño ya no es probable o inminente, sino más bien cierto, concreto y actual.

Asimismo, atento a que mes a mes se siguen liquidando los anticipos bajo esta nueva modalidad, todos los perjuicios derivados de este régimen se reeditan con cada nuevo período, agravándose la situación de los matriculados, y tal es el supuesto que contempla la segunda parte del art. 22.1.b de la ley 12.008, por lo que corresponde tener por acreditado este requisito.

VIII. A. 3.- No afectación grave del interés púbico:

Respecto del punto en examen, cabe señalar que la medida solicitada no implica ninguna afectación del interés público, toda vez que lo que se solicita es la suspensión de la aplicación del sistema ARBANet instaurado por la R.N. 111/2008, permitiendo a este contribuyente cumplir sus obligaciones fiscales del mismo modo que lo venían haciendo bajo el anterior régimen -de autodeclaración-, el que, por otra parte, ha estado vigente desde la instauración del Cód. Fiscal hasta el mes de diciembre del pasado año.

De esta manera, no se afecta interés público alguno, ni se ocasiona perjuicio a las rentas fiscales, ya que los anticipos que sean debidos serán correctamente ingresados en la misma medida que el Fisco los venía percibiendo hasta hace seis meses, sin ninguna objeción, y es, además, el sistema que se mantiene vigente para contribuyentes con ingresos brutos mayores a $450.000 anuales.

VIII. A. 4.- Contracautela:

En relación al presente requisito, se podrá ponderar que no se derivará perjuicio alguno para la demandada, del cumplimiento de la medida cautelar. Ello, toda vez que como se explicó, las obligaciones fiscales de los alcanzados por la cautela se continuarán cumpliendo en tiempo y forma.

En forma subsidiaria, y como contracautela, se ofrece caución juratoria, a prestarse por Secretaría en la forma de estilo.

VIII. CASO FEDERAL:

Se formula expreso planteo de caso federal para el supuesto improbable de que las instancias ordinarias no acogieran la defensa deducida formal o sustancialmente, conforme a las prescripciones del articulo 14 de la ley 48, a fin de articular oportunamente el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por violación de los preceptos constitucionales individualizados en el cuerpo del presente.

VIII. 1.- Principio de legalidad y reserva de ley:

El actuar de la Administración debe estar amparado en expresas directivas legales, y como consecuencia, no puede obligarse al particular a hacer lo que la ley no manda, tal el principio que emana del art. 19 de la Constitución Nacional.

Al establecer una obligación tributaria sin ley, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires ha violado los artículos 4, 17, 19 y 75 inciso 2º, de la Constitución Nacional, que contemplan el principio de reserva de ley en la faz normativa (cfr. José Osvaldo Casás, Principios Jurídicos de la Tributación, en “Tratado de Tributación”, dirigido por Horacio A. García Belsunce, Editorial Astrea, Año 2003, Buenos Aires, Tomo I, Volumen I, p. 261), esto es, que la obligación tributaria debe ser sancionada únicamente por el Congreso, lo cual resulta de estricta aplicación a las Provincias, conforme lo prevé el artículo 5º y 31º de la Carta Magna.

En este sentido, la Corte Suprema de Justicia Nacional ha sostenido que:

“(...) resulta necesario recordar que el principio de legalidad o de reserva de la ley no es sólo una expresión jurídico formal de la tributación, sino que constituye una garantía substancial en este campo, en la medida en que su esencia viene dada por la representatividad de los contribuyentes. En tal sentido este principio de raigambre constitucional abarca tanto a la creación de impuestos, tasas o contribuciones como a las modificaciones de los elementos esenciales que componen el tributo, es decir el hecho imponible, la alícuota, los sujetos alcanzados y las exenciones” (C.S.J.N. in re: “Nación AFJP c. Provincia de Tucumán”, Fallos 329:1154, de fecha 09/05/2006).

De ahí, pues, que en esta materia, la competencia del Poder Legislativo es exclusiva (C.S.J.N. en Fallos: 321:366, in re "Luisa Spak de Kupchik y otro c/ Banco Central de la República Argentina y otro"; Fallos: 316:2329; 318:1154 y 323:3770) y, concordantemente con ello, la CSJN ha afirmado reiteradamente que ninguna carga tributaria puede ser exigible sin la preexistencia de una disposición legal encuadrada dentro de los preceptos y recaudos constitucionales, esto es, válidamente creada por el único poder del Estado investido de tales atribuciones (causa 'Eves Argentina S.A.', Fallos: 316:2329 -considerando 10 y su cita-, entre otros).

Como se demostró, al liquidarse los anticipos con métodos e información desconocidos, y alterando la base imponible prevista para el impuesto sobre los ingresos brutos, se está exigiendo un tributo sin ley que lo ampare.

Asimismo, la Administración se aparta del principio general fijado por el Código Fiscal, de determinar las obligaciones sobre base presunta, sin norma que la autorice a tales efectos. En tal sentido, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, ha violado también el principio de legalidad en la faz aplicativa (cfr. José Osvaldo Casás, Principios Jurídicos de la Tributación, cit., p. 262 y ss.), en tanto no ha subordinado su actuar a la ley.

Ha sostenido la CSJN que

“Es inherente al ejercicio de la actividad administrativa que ésta sea desempeñada conforme a la ley, pues constituye una de las expresiones del poder público estatal, que tiene el deber de someterse a ella. En esa sujeción al orden jurídico radica una de las bases del estado de derecho, sin la cual no sería factible el logro de sus objetivos”. Agregando que: “La administración debe ser legal; si su actividad es ilegal debe rectificarse, en primer término, por la propia administración pública, y a falta de ella, por el órgano jurisdiccional competente. El administrado debe tener garantías de justicia respecto de la Administración Pública” (CSJN in re “Recurso de hecho: Bauhoffer, Martha B. en autos: Naveiro de La Serna de López, Helena M.”, de fecha 19/11/1992, Fallos 315:2771)

Ello así, ha habido una notoria violación al principio de reserva de ley o legalidad, en los términos expuestos, causando una cuestión federal, lo que permite abrir la vía del remedio extraordinario.

VIII. 2.- Seguridad Jurídica:

El reglamento impugnado de la Agencia de Recaudación, al dejar librado a su exclusivo arbitrio la determinación de la base imponible y -por ende- el impuesto a pagar, afecta también el principio de seguridad jurídica, valor al que la Corte Suprema de Justicia Nacional ha reconocido jerarquía constitucional (cfr. Fallos: 220:5; 243:465; 251:78; 253:47; 254:62; 316:3231; 317:218, entre otros).

Ello implica -también- prescindir de la "...necesidad de que el Estado prescriba claramente los gravámenes y exenciones para que los contribuyentes puedan fácilmente ajustar sus conductas respectivas en materia tributaria" (C.S.J.N. Fallos: 253:332; 315:820; 316:1115, más recientemente en autos “DGI en autos BBVA TF-19.323-I”, de fecha 02/12/08, Fallos: 331:2649), vulnerando claramente la seguridad jurídica.

VIII. 3.- Razonabilidad:

El acto impugnado, en tanto permite a la Agencia de Recaudación liquidar una carga tributaria (denominada “anticipo”) con absoluta prescindencia de las normas legales y constitucionales aplicables, resulta -además- manifiestamente arbitrario e irrazonable, vulnerando los artículos 28 y 33 de la Constitución Nacional.

Así, el reglamento atacado, no sólo fue emitido incumpliendo el principio de reserva de ley o legalidad, lo cual afecta el debido proceso adjetivo o formal (como se expuso en el Punto VIII.1), sino que además, resulta inconstitucional por vulnerar el debido proceso sustantivo o material, o en otros términos, por carecer de razonabilidad.

En efecto, el principio de razonabilidad importa, dentro de nuestro constitucional, la exclusión de toda arbitrariedad o irrazonabilidad, en el ejercicio de las prerrogativas de los poderes públicos. Ello quiere decir que existe un patrón, un criterio, un estándar jurídico, que obliga a dar a la ley -y a los actos estatales de ella derivados inmediata o mediatamente- un contenido razonable, justo, valioso, de modo que alguien puede ser obligado a hacer lo que manda la ley o privado de hacer lo que ella prohíbe, siempre que el contenido de esa ley sea razonable, sea justo, y sea válido (conf. BIDART CAMPOS, Germán; Derecho Constitucional, Tomo II, Editorial Ediar, págs. 118-119)

Es dable advertir, sin dificultades, que el reglamento dictado viola el mencionado principio, toda vez que permite a la ARBA exigir una obligación tributaria en forma arbitraria, sin sujeción al bloque de legalidad, dejando a su sola voluntad el establecimiento de la deuda que le corresponde abonar a cada contribuyente. De ello se deduce, la manifiesta iniquidad de la norma impugnada.

En tal sentido, solicito la aplicación de la doctrina judicial del Máximo Tribunal Nacional, que desde antiguo ha establecido que

“las leyes son susceptibles de cuestionamiento constitucional cuando resultan irrazonables, o sea, cuando los medios que arbitran no se adecuen a los fines cuya realización procuren, o cuando consagren una manifiesta iniquidad” (C.S.J.N., Fallos: 98:20; 147:462; 150:89; 160:247; 171:348; 199:433; 200:450; 247:121; 249:252; 250:418; 253:478; 256:341; 263:460; 288:325 y finalmente, 299:428 del 28/12/77).

Lo expuesto, causa cuestión federal suficiente para acudir -vía recurso extraordinario- a la Corte Nacional.

VIII. 4.- Jerarquía normativa y supremacía constitucional:

Como se lo expuso, la Resolución Normativa Nº 111/2008, resulta repugnante, directa o indirectamente, a numerosos principios y normas de la constitución nacional, provincial, ley de coparticipación federal y Código Fiscal -los que han sido detallados a lo largo del presente-, motivo por el cual impugnamos dicho reglamento por violar expresamente el artículo 31 de la Constitución Nacional, que establece la jerarquía normativa y supremacía constitucional.

“Nuestra constitución en sus arts. 4, 17 y 67 consagra la máxima de que solo el Congreso impone las contribuciones nacionales, y estas disposiciones, en virtud de lo sintéticamente expuesto, han de ser entendidas como bases inmutables igualmente para los gobiernos de provincia con referencia a las propias legislaturas, ya que los Estados particulares deben conformar sus instituciones a los principios de la Constitución nacional, expresa o virtualmente contenidos en ella (arts. 5, 31 y 108)” (CSJN; Fallos 155:290, 184:542, 186:521 entre otros)

En tal sentido, debido a que nuestra Carta Magna es rígida, cualquier intento de las normas inferiores —en el presente caso locales— de modificar dicho cuerpo normativo, al no seguir el procedimiento de reforma constitucional previsto en el artículo 30 de la C.N., es jurídicamente insostenible y debe fulminarse con su nulidad.

En efecto, las cuestiones constitucionales suscitadas y expresadas en este escrito, deben ser resueltas en todos los procedimientos judiciales y en todas las instancias, debido a que de lo contrario, se omitiría aplicar la Constitución Nacional, vulnerando claramente la supremacía constitucional.

Por lo expuesto, en caso de no proceder al tratamiento de los planteos de inconstitucionalidad alegados, dejo expresamente introducida la cuestión federal para acceder por recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia Nacional, por violación de los artículos 30 y 31 de la Constitución Nacional.

VIII. 5.- Derecho de propiedad:

El Reglamento que se impugna, también viola el artículo 17 de la Constitución Nacional. En efecto, la CSJN ha sostenido que:

“El término 'propiedad', cuando se emplea en los arts. 14 y 17 CN. o en otras disposiciones de ese estatuto comprende, como lo ha dicho esta Corte, 'todos los intereses apreciables que un hombre puede poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida y de su libertad'. Todo derecho que tenga un valor reconocido como tal por la ley, sea que se origine en las relaciones de derecho privados sea que nazca de actos administrativos (derechos subjetivos privados o públicos), a condición de que su titular disponga de una acción contra cualquiera que intente interrumpirlo en su goce así sea el Estado mismo, integra el concepto constitucional de 'propiedad'” (CSJN, en autos "Bourdieu, Pedro E. v. Municipalidad de la Capital Federal", de fecha 16/02/1925, Fallos: 145:307).

Partiendo de tal concepto, la reglamentación dictada por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, al pretender establecer una carga tributaria basada en su sola voluntad, vulnera dicho principio. En tal sentido se ha pronunciado la Corte Nacional frente a actos similares del Poder Ejecutivo (y organismos autárquicos), donde tuvo la oportunidad de expresar:

“Que según surge de los artículos 4 y 67, inciso 2º, de la Constitución Nacional [actual 75 inciso 2º] y la doctrina de esta Corte que tiene establecido que el cobro de una contribución sin ley que la autorice, vulnera la garantía de la propiedad del art. 17 de la Ley Suprema (doctrina de Fallos: 155:290; 174:225; 180:3894; 186:521; 195:539; 206:21 y sus citas), sólo por ley del Congreso de la Nación se podría haber creado un gravamen que incidiera en el contrato celebrado entre el usuario y la empresa prestataria del servicio de transporte afectando la salida de los accionantes al exterior del país”, agregando que “...en orden al punto cuadra añadir que este principio de reserva de la ley tributaria, de rango constitucional y propio del Estado de Derecho, únicamente admite que una norma jurídica con la naturaleza de ley formal tipifique el hecho que se considera imponible y que constituirá la posterior causa de la obligación tributaria, por más que se motive la resolución adoptada en genéricas 'pautas de políticas fijadas por las autoridades económicas' (fs. 16) y la existencia 'de un estado de calamidad económica interna' (y fs. 54 del expte. E-98), debido a que dicho sistema supone un Estado cuyas potestades son limitadas y se hallan sujetas en ese deslinde de competencias fijadas en la Constitución, predispuesto para garantizar una estabilidad calculable entre gobernantes y gobernados (Fallos: 248:291)” (CSJN, en autos “Alberto Francisco Jaime Ventura y otra v. Banco Central de la República Argentina”, de fecha 26/02/76, Fallos: 294:152)

En consecuencia, la violación de este derecho fundamental por el obrar ilegítimo del Fisco provincial, habilita el planteo de esta cuestión federal para ocurrir oportunamente -de ser necesario- mediante el remedio extraordinario federal.

VIII. 6.- Principio de igualdad:

En el presente caso, y tal como se expuso, la discriminación efectuada por parte del sistema ARBANet, en cuanto exceptúa del mismo a los contribuyentes que hayan obtenido ingresos brutos mayores a $ 450.000 en el período anterior o estén comprendidos en las previsiones del Convenio Multilateral, importa una clara desigualdad y una discriminación irrazonable, y como tal, viola lisa y llanamente el artículo 16 de la Constitución Nacional; 1º de la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano; 2º de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; Preámbulo, 1º y 7º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 24º de la Declaración Americana sobre Derechos Humanos, considerandos del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales.

Por lo expuesto, el tratamiento distinto de las partes en idéntica situación, produce una violación de la constante y uniforme doctrina de la Corte Suprema de Justicia Nacional, quien ha sostenido desde antaño que la garantía de la igualdad ante la ley ha de traducirse en la paridad de trato para quienes se encuentran en idénticas condiciones, y en que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias (Fallos 138:813; 16:118; 74:133).

En tal sentido sostuvo dicho tribunal desde hace mucho tiempo que:

“El texto de tal disposición, inspirada por la conciencia democrática de sus autores, que abominaban toda primacía ilegítima, que no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento, que suprime los títulos de nobleza y los fueros personales, para declarar enseguida, que todos los habitantes son iguales ante la ley, demuestra con toda evidencia cuál es el alto propósito que la domina: el derecho de todos a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de los que se concede a otros en iguales circunstancias (Fallos: 16:118, 101:401)” (Corte Suprema de Justicia Nacional, en autos “Eugenio Díaz Velez c. Provincia de Buenos Aires”, de fecha 20/06/1928, Fallos 151:359)


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