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XDO. DO SOCIAL N. 3 

VIGO 

 

SENTENCIA: 00199/2014 

 

C/LALÍN Nº 4 - 3ª PLANTA  (C.I.F. S-3613055-G) 

 

Tfno: 986 817459, -8,-7,-6 

Fax: 986 817460 

NIG: 36057 44 4 2013 0000768 

N02700 

 

Nº AUTOS: IMPUGNACION DE ACTOS DE LA ADMINISTRACION 0000153 

/2013 

 

DEMANDANTE/S: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A 

ABOGADO/A:  

PROCURADOR: JOSE ANTONIO FANDIÑO CARNERO 

GRADUADO/A SOCIAL:  

 

DEMANDADO/S:  CONSELLERIA DE TRABALLO E BENESTAR SOCIAL 

ABOGADO/A:  LETRADO COMUNIDAD(SERVICIO PROVINCIAL) 

PROCURADOR:  

GRADUADO/A SOCIAL:  

 

 

 

SENTENCIA 199/14 

 

 

En Vigo, a 31 de marzo de 2014. 

 

Vistos por mí, Susana Junquera Romero, Juez sustituta del 

Juzgado de lo Social nº 3 de Vigo, los presentes autos sobre 

impugnación de acto administrativo seguidos a instancia del 

Grupo  Banco Bilbao Vizcaya  contra la Conselleria de Traballo 

e Benestar Social de la Xunta de Galicia, procede dictar la 

presente resolución en base a los siguientes,   

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 

PRIMERO.- Que el día 11 de febrero de 2013 y por turno de 

reparto correspondió a este Juzgado de lo Social demanda 

suscrita por la parte actora frente a la demandada 

manifestada, en la que después de alegar los hechos y 

fundamentos legales que estimó procedentes a su derecho, 

pedía se dictase sentencia de acuerdo con los pedimentos del 

suplico de la demanda. 

 

SEGUNDO.- Que admitida a trámite la demanda y señalado 

día y hora para la celebración del acto del juicio, éste 

tuvo lugar el día señalado (06/02/2014) con el resultado que 


    

 

2

consta en el acta, quedando los autos conclusos para 

sentencia.   

 

 

HECHOS PROBADOS 

 

 

1.- La Inspección de Trabajo extendió acta de infracción 

nº I362011000115817 en  fecha 24 de noviembre de 2011 al 

grupo BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., describiendo 

hechos que considera constitutivos de infracción en materia 

de prevención de riesgos laborales que califica como grave y 

proponiendo la imposición de sanción a la empresa por 

importe de 40.985 euros. (Acta cuyo contenido se da aquí por 

reproducida –folios 444-450)   

 

2.- Previo trámite de alegaciones, la Xefatura 

Territorial de la CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR de la 

XUNTA DE GALICIA dictó resolución a 08/02/2012 mediante la 

cual acuerda confirmar el acta de infracción nº 

I362011000115817 e imponer al Grupo BBVA una sanción de 

multa de 40.985 euros. (folios 630-632)  

 

3.- Frente a la anterior resolución la empresa actora 

presentó recurso de alzada, que fue desestimado mediante 

resolución de 29/11/2012. 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 

PRIMERO.- La parte actora impugna la resolución 

administrativa de fecha 8/02/2012 que acuerda la imposición 

de la sanción expresada en el hecho probado 2º y la 

resolución administrativa de fecha 29/11/2012 que desestima 

el recurso de alzada interpuesto contra la anterior y pide 

que se declare la nulidad de la resolución administrativa de 

8/02/2012, del Informe Ampliatorio formulado por la 

Inspección de Trabajo y la nulidad del acta de infracción 

por diversas causas que examinaremos a continuación. De 

mantenerse la comisión de la infracción, solicita se reduzca 

la sanción. Se opone la demandada afirmando que la empresa 

tiene conocimiento de la actuación inspectora desde su 

inicio, que en la ampliación del informe de inspección no se 

incorpora ningún elemento nuevo y no hay indefensión ni  

caducidad, que el acta de infracción se apoya en el informe 

del técnico del ISSGA y que lo fundamental es que plan de 

prevención de riesgos laborales que tiene la empresa no 

cumple las finalidades que la ley exige lo que equivale a la 

ausencia del mismo. 

 

SEGUNDO.- En el escrito de demanda, extenso y prolijo, se 

contienen diferentes alegaciones que pasamos a examinar. 


    

 

3

 En primer lugar,  pide la actora la nulidad de las 

resoluciones impugnadas por infracción del art. 18 aptos. 3 

y 4 del RD 928/1998 y del art. 52.1 del RDL 5/2000; a su 

entender se ha producido vulneración del principio de 

legalidad procedimental y del derecho de defensa como 

consecuencia de no haberle notificado el informe ampliatorio 

de la inspección de trabajo y de no haberle concedido el 

trámite de audiencia posterior a la notificación. 

 

Del examen de los anteriores preceptos, que deben ser 

interpretados de forma sistemática y por tanto teniendo en 

cuenta lo que establece el art. 84.4 de la Ley 30/1992, de 

26 de noviembre,  se desprende que la obligatoriedad del 

trámite de audiencia se hace depender de la existencia de 

hechos nuevos, distintos a los incorporados en el acta de 

infracción notificada al demandante. Pero del examen de la 

documental practicada resulta que tal circunstancia no 

concurre en el presente caso, ya que los hechos que se 

valoran como constitutivos de la infracción no se modifican 

ni existen hechos nuevos aportados al expediente. Por tanto, 

en relación con este extremo, no se aprecia la vulneración 

de los preceptos invocados por la actora. 

 

En relación a la indefensión, conviene recordar la 

Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 1.999 afirma 

“… el concepto de indefensión, desde el punto de vista 

constitucional reviste una doble dimensión, por cuanto que a 

una indefensión formal con el menoscabo del derecho de 

defensa, se une también una indefensión real y material que 

lleva como consecuencia que no toda infracción y vulneración 

de normas procesales consiguen una indefensión en sentido 

jurídico constitucional (Sentencias números  118/83 48/86 

102/87 155/88)” y en Sentencia de 24 de mayo de 1995 señala 

que “la indefensión con relevancia jurídico constitucional 

se produce cuando la vulneración de las normas procesales 

lleva consigo la privación del derecho a la defensa con el 

consiguiente perjuicio real y efectivo para los intereses 

del afectado. Y, en fin, que la Constitución, art. 24.1, no 

protege en situaciones de simple indefensión formal…, sino 

en supuestos de indefensión material en los que se haya 

podido razonablemente causar perjuicio al recurrente, sin 

olvidar que los principios de economía procesal y de 

seguridad, cual la sentencia recurrida refiere, abonan 

también la tesis por ella adoptada, pues la vuelta atrás de 

las actuaciones, dada la posición de las partes, daría lugar 

a una mera repetición de actuaciones sin alteración de los 

términos del debate”. 

 

Aplicando la doctrina anterior al caso que nos ocupa debe 

concluirse que no se ha producido  indefensión alguna. En 

todo momento la empresa ha tenido conocimiento de las 

actuaciones administrativas, ha podido alegar lo que 

consideró conveniente a su derecho sin que se aprecie 


    

 

4

omisión de información o de trámites que hubiesen podido 

producir indefensión. 

 

TERCERO.- En segundo lugar alega la demandante caducidad 

de las actuaciones previas de comprobación, ya que según 

afirma se iniciaron el 14 de mayo de 2010. Se opone la 

demandada alegando que se promovieron nuevas actuaciones de 

comprobación y se hicieron constar como antecedente las 

actuaciones previas caducadas en base al art. 8 del RC 

928/1998.  

 

Y esta última tesis es la que debe prosperar. En el acta 

de infracción se hace constar que las actuaciones 

inspectoras se inician el 15 de septiembre de 2011 y las 

actuaciones que comienzan el 14 de mayo de 2010 figuran como 

antecedentes de la actuación inspectora, ajustándose por 

tanto al precepto invocado. 

 

CUARTO.-En tercer lugar se reclama la nulidad de las 

resoluciones administrativas antedichas por falta de 

motivación y por confirmar un acta que carece de presunción 

de certeza. 

 

A este respecto conviene recordar que el artículo 53.2 

del TRLISOS otorga presunción de veracidad, con carácter 

“iuris tantum” al relato de hechos que contiene el acta de 

infracción y el mismo valor al contenido en los informes 

emitidos por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y 

esta presunción, según doctrina reiterada de nuestro 

Tribunal Supremo está fundada en la imparcialidad y 

especialización que, en principio debe reconocerse al 

Inspector actuante. Esta presunción, por su carácter, admite 

prueba en contrario, pero esta prueba ha de ser suficiente 

para desvirtuar las afirmaciones contenidas en el informe 

del Inspector y en el acta de infracción y esto no se 

consigue en el presente caso, a juicio de esta juzgadora, ya 

que, frente afirmaciones claras contenidas en el acta de 

infracción tales como: 

 

“la evaluación de riesgos psicosociales…únicamente se 

realiza en aquellos centros en los que se considera existe 

dicho riesgo. Los representantes de la empresa declararon en 

la comparecencia que seleccionan los centros en los cuales 

se realiza la evaluación psicosocial en función de 

determinados criterios…Añadieron que parten de la base de 

que no existe riesgo psicosocial y por ello no es necesaria 

la realización de una evaluación específica en los centros 

de Pontevedra.”  

 

“la documentación aportada por los representantes 

sindicales permite comprobar…que, desde el año 2006, CCOO 

cuestiona el modelo aplicado para evaluar los riesgos 

psicosociales, habiendo  propuesto el método ISTAS 21, 


    

 

5

haciéndose caso omiso de dicho requerimiento por parte del 

Grupo.” 

 

la parte actora las rebate sosteniendo que no existe 

obligatoriedad legal de realizar una evaluación  de riesgos 

psicosociales en todos los centros de trabajo, de acuerdo 

con la normativa aplicable. Pero esta afirmación no puede 

sostenerse. El art. 4.2d) consagra un derecho que 

corresponde a cada trabajador, que quedaría vacío de 

contenido si no se hace evaluación en cada uno de los 

centros de trabajo, para valorar la existencia de tales 

riesgos psicosociales, que atendiendo al tipo de actividad 

de la actora, forman parte de la categoría “riesgos 

laborales”. Afirma la inspectora actuante en el acta de 

infracción (folio 448) que el Grupo BBVA es una empresa cuya 

actividad son los servicios financieros. Los empleados de la 

banca realizan un trabajo fundamentalmente de atención al 

público, desarrollando distintas tareas que exigen un 

elevado nivel de atención, responsabilidad, carga mental y 

exigencia psíquica que se ve incrementada por el manejo de 

dinero ajeno, el riesgo de atracos y las exigencias cada vez 

mayores de las entidades bancarias a sus empleados en el 

cumplimiento de sus objetivos dada la mala situación 

económica actual. Tales afirmaciones constituyen fiel 

reflejo de la realidad del trabajo de los empleados de la 

demandante, cada uno de los cuales es titular del derecho 

que recoge con carácter general el art. 4.2d) E.T. y 

desarrolla toda la normativa de Prevención de Riesgos 

Laborales. Este derecho tiene su contrapartida en el deber 

que al empresario le impone el art. 14.2 de la LPRL. No hay 

que olvidar que la actuación administrativa se inicia como 

consecuencia de la denuncia de un Delegado de Prevención y a 

partir de entonces es cuando se procede a comprobar por la 

inspección si los hechos denunciados son o no reales y 

susceptibles de constituir infracción prevista en el 

ordenamiento.  

 

El argumento de la demandante es poner en duda la 

existencia de los mismos, insistiendo en ese extremo,  pero 

goza de mayor objetividad la valoración que hace la 

inspectora, tras la comprobación correspondiente, que 

mantiene una posición equidistante del denunciante y de la 

empresa,  que las afirmaciones legítimas, pero sin duda 

interesadas de la actora. 

 

De modo que la petición de nulidad por falta de 

motivación tampoco puede prosperar. 

 

QUINTO.-En cuarto lugar pide la demandante que se declare 

la nulidad de la resolución de 8 de febrero por falta de 

tipicidad y encaje en el tipo legal de la infracción. 

Tampoco puede admitirse tal petición. El art. 12.1 B) 

TRLISOS tipifica una infracción por incumplimiento de una 


    

 

6

obligación legal que se impone a la empresa. Y volvemos a la 

argumentación expuesta en el fundamento jurídico anterior. 

Si se considera –como hace la inspectora-que la adecuada 

observancia de la normativa sobre prevención de riesgos 

laborales exige que en todos los centros de trabajo de la 

actora se realice una evaluación de riesgos psicosociales, 

se cumple el tipo infractor. Y reiteramos que tal afirmación 

está latente en la normativa que trata de proteger a cada 

trabajador en cada centro de trabajo. Refuerza esta tesis el 

hecho de que se ponen de manifiesto por la demandada en el 

acto de juicio, la existencia de riesgos derivados de 

factores psicosociales actuales y reales en los centros, que 

se concretan en la presión que ejerce sobre cada trabajador 

la exigencia de una alta productividad, obligación de 

trabajar tardes que no se computan, trabajar horas 

extraordinarias obligatoriamente, la no sustitución de  los 

trabajadores de baja en la mayoría de los casos con la carga 

de trabajo que supone para la plantilla que sigue 

trabajando, entre otros.. Y examinada la documental aportada 

por la demandada, se constata que tales afirmaciones están 

sustentadas por el contenido del expediente que presenta la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en concreto en el 

informe del ISSGA (folios 1.172-1.193) en el que se recoge 

el detalle de la investigación realizada por los Técnicos de 

Inspección y en l se hace constar que la Responsable 

nacional del Área Técnica del Servicio de Prevención Propio 

Grupo BBVA-Madrid y la Responsable nacional del Área de 

Medicina del Trabajo del Servicio de Prevención Propio Grupo 

BBVA-Madrid, afirman y concluyen: “no se advierten 

evidencias, ni siquiera indicios, de la existencia con 

carácter general de riesgos derivados de factores 

psicosociales”(f.1.190)y el Inspector que emite el informe 

añade que la empresa le remitió otro documento que 

contradice las afirmaciones realizadas en el documento 

anterior, al proceder después de un atraco a la inscripción 

automática en el Curso de Riesgos Psicosociales de los 

trabadores con previsión de baja médica y el ofrecimiento de 

este curso a los otros trabajadores, contradiciéndose a sí 

misma: “Si la empresa afirma que no existen riesgos 

psicosociales ¿por qué ofrece y obliga a la inscripción 

automática en el curso de riesgos psicosociales a los 

trabajadores que están de baja médica tras un 

atraco?”(f.1.191) 

 

SEXTO.- Admitida la comisión de la infracción, reclama la 

actora se tipifique y sancione una infracción leve, se 

gradúe la misma en su grado mínimo  y en su tramo inferior 

o, manteniendo la infracción grave, se gradúe en grado 

mínimo, tramo inferior. 

Debe rechazarse tal pretensión. La infracción cometida es 

la tipificada en el art. 12.1b) de la LISOS: 

 


    

 

7

“No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y, en su 

caso, sus actualizaciones y revisiones, así como los 

controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la 

actividad de los trabajadores que procedan, o no realizar 

aquellas actividades de prevención que hicieran necesarias 

los resultados de las evaluaciones, con el alcance y 

contenido establecidos en la normativa sobre prevención de 

riesgos laborales.” 

 

El fondo de la argumentación de la actora es que no 

existe la obligación de realizar evaluación de riesgos 

psicosociales en todos los centros de trabajo como parte del 

cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 

laborales habida cuenta del tipo de actividad que 

desarrollan los trabajadores del Grupo BBVA. Rechazada esta 

afirmación en los fundamentos jurídicos anteriores, resulta 

claro que la demandante ha cometido la infracción tipificada 

en el art. 12.1 b). En consecuencia la tipificación está 

correctamente realizada y a tal infracción corresponde la 

sanción impuesta. 

 

Finalmente, por lo que respecta a la alegación de 

vulneración del principio de proporcionalidad en la 

graduación de la sanción, hay que señalar que la 

Administración demandante indica en el acta de infracción 

los dos criterios que aplica para graduar la sanción; la 

inobservancia de las propuestas realizadas por los delegados 

de prevención y el número de trabajadores afectados por la 

parcialidad de la evaluación realizada en la provincia de 

Pontevedra. 

Las afirmaciones de la actora en su escrito de demanda no 

desvirtúan los criterios aplicados, por lo que se estima 

impuesta la sanción conforme a derecho. 

 

Por todo lo cual y no siendo posible acoger ninguno de 

los motivos impugnatorios articulados por la demandante 

procede la desestimación de la demanda. 

 

SEPTIMO.-Contra la presente resolución cabe interponer 

recurso de suplicación por razón de la cuantía 

(art.191.3.g)LRJS) lo que se hará saber a las partes. 

 

Vistos los preceptos legales citados y por las razones 

expuestas; 

 

FALLO 

 

 

DESESTIMO la demanda interpuesta por el Grupo BBVA contra la 

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR de la XUNTA DE GALICIA, 

confirmando las resoluciones administrativas impugnadas. 

 


    

 

8

 

Notifíquese la presente resolución a las partes, 

haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer 

recurso de suplicación.  

 

 

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior 

sentencia por el Sr. Magistrado-Juez que la suscribe en el 

día de la fecha, celebrando audiencia pública y a mi 

presencia, Secretario, de lo que doy fe. 

 

 

 

 



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