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REPRESENTACIÓN PROCESAL  

  

 

Desde hace tiempo estamos asistiendo como el Tribunal Superior de Justicia de 

Cataluña, tanto la sección Segunda como la Quinta, confirma en apelación las 

resoluciones dictadas por los Juzgados contencioso-administrativos en las que se 

acuerda el archivo de las actuaciones por inadmisión a trámite de la demanda, ante la 

falta de otorgamiento al letrado designado de Oficio de la representación, según los 

cauces establecidos en el artículo 24 de la LEC.  

 

En efecto, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña resolvía, hasta fechas 

recientes, la problemática anteriormente citada, siguiendo criterios distintos. Según la 

Sección Segunda del referido Tribunal, en base al principio “pro actione” que emana 

del derecho a la tutela judicial efectiva, la aportación a los autos de la designa al 

letrado efectuada por el Turno de Oficio del Colegio de Abogados era suficiente para 

acreditar la representación del justiciable, no siendo imprescindible el apoderamiento 

posterior. Por otro lado, la Sección Quinta sostenía que en el supuesto de falta de 

apoderamiento expreso al letrado designado del Turno de Oficio como representante 

procesal, el órgano judicial que estuviera conociendo del asunto oficiase al Colegio de 

Procuradores para la designación del profesional que represente al justiciable, 

posibilitando de manera efectiva el derecho a la tutela judicial.  Por tanto, eran 

planteamientos diferentes que conducían a la misma solución posibilitar la efectividad 

de la tutela judicial.  

 

Como hemos avanzado, recientemente se ha producido un cambio de criterio por 

parte de ambas Secciones del TSJ de Cataluña. La sección Quinta del TSJ, entiende, 

entre otros argumentos, que es subjetivo y personal el ejercicio del derecho de acceso 

a la Jurisdicción, en cuanto parte integrante del derecho fundamental a la tutela 

judicial, no del letrado, así como consideran que no hay constancia de la orden 

expresa del extranjero para interponer el recurso contencioso-administrativo. Por otro 

lado, la Sección Segunda estima que la simple designa del Colegio de Abogados solo 

comprende la defensa técnica del extranjero, no la representación. Sostiene por tanto 

esta sección que al no constar la voluntad de la persona extranjera en conferir su 

representación al letrado, ni tampoco ser manifiesto su interés en recurrir en vía 

contenciosa, son ajustadas a derecho las resoluciones que acuerdan el archivo de las 

actuaciones. 

 

Desde nuestra Subcomisión hemos realizado un seguimiento sobre el posicionamiento 

de otros Tribunales Superiores de Justicia en este asunto. Sorprendentemente en el 

resto del estado español, la mera designa realizada por el Colegio de Abogados o el 

reconocimiento de Justicia Gratuita es suficiente para legitimar al letrado como 

representante procesal del justiciable extranjero. Por tanto, nos encontramos con la 

situación que el acceso al proceso dependerá del órgano judicial conocedor del 

asunto, lo que provoca una clara vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. 

Tal como establece la Sala Tercera del  TS de 15 diciembre de 2005 “La inadmisión de 

la demanda – en este caso el archivo – es una decisión grave, que debe ser adoptada 

con prudencia y estricta necesidad.  La exigencia de formalismos no estrictamente 

necesarios ni legalmente establecidos puede significar, en caso de resolución 

desfavorable por tal motivo, la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva “.  

 

La tutela judicial, en relación concreta con los extranjeros, ha merecido una reiterada 

consideración en diversas sentencias del Tribunal Constitucional. Así en la STC 

99/1985, de 30 de septiembre se expresa que el derecho a la tutela judicial efectiva se 

encuentra entre los derechos “que pertenecen a la persona en cuanto tal y no como 

ciudadano” y que “ corresponden por igual a españoles y extranjeros y cuya regulación 


ha de ser igual para todos” conclusión a la que llega invocando el artículo 10.2 de la 

CE, en relación con los artículos 10 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, 6.1 del Convenio de Roma, de 4 de noviembre de 1950 y 14.1 del pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 19 de diciembre de 1966. En 

concreto, en ésta sentencia se expresa que “ el derecho a la tutela efectiva, y por ello 

las garantías judiciales, vinculadas al ejercicio de los derechos fundamentales, son 

disfrutadas sin consideración de nacionalidad por españoles y extranjeros”.  

 

Asimismo es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional que el derecho a la tutela 

judicial efectiva reconocido en el artículo 24.1 de la Carta Magna comprende, entre 

otros, el derecho de acceso a la justicia, es decir el derecho a  provocar que la 

actividad jurisdiccional desemboque en una decisión judicial. El derecho a la tutela 

judicial efectiva es un derecho prestacional de configuración legal, encontrándose su 

efectivo ejercicio supeditado a la concurrencia de los presupuestos y requisitos que, en 

cada caso, haya establecido el legislador, quien no puede  fijar obstáculos o trabas 

arbitrarios o caprichosos que impidan el acceso al proceso, vulnerando la tutela judicial 

efectiva garantizada constitucionalmente. Por esta razón, también se satisface el 

derecho a la tutela judicial efectiva con la obtención de una resolución de inadmisión, 

que impide entrar en el fondo de la cuestión planteada, si esta decisión se funda en la 

existencia de una causa legal que así lo justifique, aplicada razonablemente por el 

órgano judicial. Pero se ha de tener presente que los órganos judiciales están 

obligados a aplicar las normas que regulan los requisitos y presupuestos procesales 

teniendo siempre presente el fin perseguido por el legislador al establecerlos, evitando 

aplicaciones o interpretaciones de los presupuestos procesales  que eliminen u 

obstaculicen injustificadamente a que un órgano judicial conozca y resuelva en 

Derecho la pretensión a él sometida.  

 

Asimismo el TC ha sostenido en reiteradas ocasiones que el principio “pro actione” 

opera en el ámbito del acceso a la jurisdicción con especial intensidad, de tal manera, 

que si bien el principio no obliga a la forzosa selección de la interpretación más 

favorable a la admisión e entre todas las posibles, si proscribe aquellas decisiones que 

por su rigorismo, por si formalismo excesivo o por cualquier otra razón revelen una 

desproporción clara entre los fines que aquellas causas preservan y los intereses que 

sacrifican. Asimismo en la sentencia del Tribunal Constitucional 149/1996 de 30 de 

septiembre establece que el órgano judicial no hace lo posible para la subsanación del 

defecto procesal que pudiera considerarse como subsanable o impone un rigor en las 

exigencias más allá de la finalidad a que las mismas responden, la resolución judicial 

que cerrase la vía del proceso o del recurso sería incompatible con la efectividad del 

derecho a la tutela judicial.  

 

La ley Orgánica del Poder  Judicial  establece en su artículo 543 que  “Corresponde 

exclusivamente a los procuradores la representación de las partes en todo tipo de 

procesos, salvo cuando la ley autorice otra cosa”. Precisamente es la ley reguladora 

de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa la que prevé otra cosa, al establecer en 

su artículo 23 que las partes en sus actuaciones ante órganos unipersonales, podrán 

conferir la representación a un Procurador y serán asistidas, en todo caso, por 

Abogado. Cuando las partes confieran su representación al Abogado, será a ésta a 

quien  se notifiquen las actuaciones”. Función, la de la representación, asumible por 

los Abogados, tal y como establece el artículo 8 del Estatuto General de la Abogacía, “ 

siempre que no esté reservada por ley a otras profesiones”.  

 

En cuanto al otorgamiento de la representación procesal, la ley ritual en su artículo 24 

establece que el poder otorgante habrá de ser autorizado por notario o conferido por 

comparecencia ante el Secretario Judicial del tribunal que vaya a conocer del asunto, 

acompañándose la escritura de poder al primer escrito que el procurador presente o 


en su caso, al realizar la primera actuación; y el otorgamiento apud acta deberá ser 

efectuado al mismo tiempo que la presentación del primer escrito o, en antes de 

realizar la primera actuación.  Sin embargo, todos sabemos que esta fórmula de 

otorgamiento de la representación no es la única. 

 

En efecto, en los temas derivados de la Asistencia Jurídica Gratuita, las designas 

realizadas por los Colegios profesionales son suficientes para acreditar la 

representación, tanto del Procurador como del letrado cuando no sea preceptiva la 

intervención del anterior, no exigiendo nunca los Juzgados o Tribunales conocedores 

del asunto ningún tipo de apoderamiento en el sentido fijado por el artículo 24 de la 

LEC. La excepción la encontramos en (nuestra) jurisdicción contenciosa 

administrativa.  

 

Entendemos que la razón por la que los órganos judiciales no exigen el apoderamiento 

que fija la ley Ritual en los temas de Justicia Gratuita viene motivado porque en éstos 

casos el nombramiento del/os profesionales viene fijada por la ley no por la libre 

elección del justiciable. El beneficiario de Justicia Gratuita no acude ni al Notario ni al 

Secretario para designar a un determinado profesional ya que éstos no son elegidos 

sino establecidos por los diferentes Colegios. 

 

Entre los argumentos que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha esgrimido 

para no reconocer la representación de los letrados con la mera designa de oficio 

están por un lado que la previsión de asistencia letrada no podía extenderse a un 

otorgamiento de representación procesal para litigar en vía contenciosa y por otro la 

falta de orden expresa por parte del extranjero de la interposición del correspondiente 

recurso contencioso administrativo, desconociéndose de esta manera el interés del 

mismo en la interposición del mismo. Ante estas argumentaciones, consideramos 

necesario destacar que el interés se deduce desde el momento en que el justiciable 

solicitó asistencia letrada para recurrir una propuesta o una resolución  desfavorable, 

no habiendo decaído en  fase administrativa esta desfavorabilidad, por tanto, es más 

que manifiesta la voluntad del extranjero de ejercitar todas las acciones posibles 

(administrativas o judiciales) para obtener una resolución más favorable. A sensu 

contrario, tampoco existe indicio alguno que acredite la voluntad reacia del extranjero 

en acudir a la vía judicial, especialmente teniendo en cuenta las escasas 

consecuencias negativas para el justiciable de Justicia Gratuita el hecho de obtener 

una sentencia desestimatoria. Recordemos que el artículo 36.2 de la ley de Justicia 

Gratuita establece que el beneficiario estará obligado únicamente al pago de las 

costas procesales en caso de condena si dentro de los tres años siguientes a la 

terminación del proceso viniere a mejor fortuna. 

 

No entendemos asimismo la práctica de nuestros Juzgados contencioso- 

administrativos en la que, en vez de formular requerimiento personal al extranjero a fin 

de que efectúe el apoderamiento apud acta a favor del letrado, lo dirigen directamente 

al letrado, al que paradójicamente no le reconocen la representación de su cliente. 

Entendemos que el Juzgado al dirigir este acto de comunicación al abogado, están 

reconociendo su representación puesto que el artículo 23 LJCA establece que se 

dirigirán las notificaciones al letrado cuando éste ostente la representación. En caso 

contrario, nos encontraríamos en lo que consideramos una nulidad de actuaciones.  

 

Tanto los Juzgados contenciosos administrativos como el Tribunal Superior de Justicia 

consideran que en estos supuestos de falta de apoderamiento al letrado como 

representante legal, ha de ser el Colegio de Abogados el que ha de cursar la solicitud 

al Colegio de Procuradores a fin de designar un representante procesal, sin embargo 

olvidan que el Colegio de Abogados, tal y como establece el art. 15.1 de la ley 1/1996 

de Asistencia Jurídica Gratuita, únicamente puede dirigir esta solicitud cuando la 


intervención del procurador sea preceptiva. Dicha “potestad” la de requerir el 

nombramiento de Procurador cuando no es preceptiva su intervención, corresponde al 

órgano judicial que conoce del proceso no al Colegio de Abogados (artículo 21 de la 

ley de Asistencia Jurídica Gratuita). En el mismo sentido, el artículo 6.3 de la citada 

LAJG. 

 

Asimismo si los órganos judiciales consideran que los letrados designados de oficio no 

han de asumir la “carga profesional” que supone ostentar la representación 

profesional, pueden hacer uso de la facultad del artículo 21 de LAJG antes aludido.  

 

Por lo tanto, de acuerdo con el criterio de la Sala 3ª del TS, cuando señala que 

nuestros tribunales deben huir de formalismos que supongan la vulneración del 

derecho a la tutela judicial, entendemos que la mejor solución para “subsanar” los 

supuestos de “falta de localización” del justiciable extranjero nos la brinda el artículo 21 

de LAJG, puesto que, esta vía permite acceder al proceso y en definitiva, posibilitar la 

efectividad de la tutela judicial.  

 

 

TSJ. Cataluña. Sección 5ª. Nº 741/2005. Rec.: 177/2005 

TSJ. Cataluña. Sección 5ª. Nº 763/2005. Rec.: 231/2004 

TSJ. Cataluña. Sección 5ª. Nº 156/2005. Rec.: 123/2004 

TSJ. Cataluña. Sección 2ª. Nº 993/2004. Rec.: 52/2004 

TSJ. Madrid. Sección 2ª. Nº 1161/2005. Rec.: 409/2005 

TSJ. Madrid. Sección 2ª. Nº 487/2005. Rec.: 81/2005 

TSJ. Andalucía. Sección 3ª. Rec.: 10/2005 

 

TSJ. Cataluña. Sección 5ª. Nº 227/2006. Rec.: 150/2005 

TSJ. Cataluña. Sección 2ª. Nº 1296/2005. Rec.: 114/2004 

 

STC 99/1985, 30 de septiembre. 

STC 149/1996, 30 de septiembre. 

 

STS. Sala 3ª, 15 de diciembre de 2005 

 

 

 

 

 

 

 



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